Descuartizó a niña frente a sus padres, culpable en EU

El exintegrante de Los Zetas será sentenciado en octubre próximo, y se prevé que el veredicto sea cadena perpetua.

Millán Vázquez es un despiadado sicario, quien en Piedras Negras, Coahuila descuartizó con un hacha a una niña viva, frente a sus padres, y asesinó y “cocinó” al menos a una docena de víctimas, mientras en San Antonio acudía a misa los domingos.

Para juzgarlo por sus crímenes cometidos en México, los fiscales de la Corte de Texas utilizaron un apartado especial de la ley que lo permite. El hecho marcó un hito en la justicia estadunidense.

Pese a que el abogado defensor de Millán, Jaime Cavazos, alegó que todas las historias vertidas en el juicio carecían de pruebas, Russell Leachman, fiscal auxiliar estadunidense, señaló que tienen en su poder evidencias –desde registros telefónicos hasta la muerte de un informante– que condenaban al acusado.

Durante el juicio, varios de los testigos que rindieron testimonio describieron las actividades de Millán Vázquez en la organización criminal de Los Zetas, y contaron sobre los sobornos que hicieron para comprar autoridades en el estado.

Por ejemplo, Adolfo Efrén Tavira Alvarado, exgerente de programación de Televisa, rindió su testimonio en el juicio y confesó que Los Zetas “controlaban la policía municipal de Piedras Negras. También compraron mandos de la Policía Federal y algunos miembros del Ejército y tenían arreglos con la PGR. Con la Marina no pudieron”, dijo.

Añadió: “Supe de una contribución que le entregaron al gobernador en el año 2012. Era para el gobernador Rubén Moreira, no sé cuánto dinero era. Estuve presente en una entrega pero me salí antes de que se realizara la entrega. Fue en el Rancho de Beto Casas. Le entregaron una Suburban llena de maletas de dinero, pero no supe la cantidad”.

Otro de los testigos, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo de un exalcalde de Piedras Negras que tiene dos hermanos desaparecidos, aseguró que se desempeñó como operador financiero de Los Zetas y que entregó cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira para comprar protección a la organización criminal.

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