Grave la violacion de los derechos humanos en Honduras

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenó el golpe de Estado en Honduras y denunció “graves violaciones a los derechos humanos” en un comunicado dado a conocer este martes en París.
“La FIDH condena el golpe de Estado en contra del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue secuestrado por el Ejército y deportado por la fuerza a Costa Rica el día 28 de junio”, señala el comunicado.
“Hacemos pública nuestra preocupación por los hechos subsiguientes que se han registrado en ese país centroamericano que constituyen violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos de Honduras y que podrían desembocar en hechos más graves de violencia”, agrega en seguida.
En detalle, la FIDH señala que se “han producido detenciones ilegales, se han girado órdenes de captura en contra de dirigentes sindicales y otros líderes sociales”.
A todo esto se agregan “violaciones al derecho de libertad de circulación del pueblo hondureño, la militarización de la capital, la interrupción del servicio público de transporte y la clausura de varios medios de comunicación”, denuncia la organización.
En este contexto, la FIDH expresa su profunda preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos que ya han sido víctimas de una oleada de asesinatos y amenazas en los últimos meses y por la vida e integridad física de los miembros del gabinete del presidente Zelaya y sus familiares y, en general, por el pueblo de Honduras.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos exige el restablecimiento del orden democrático y del diálogo, así como la liberación de los miembros del Gobierno detenidos ilegalmente, la restitución de Zelaya y la adopción de medidas de protección para los defensores de derechos humanos y líderes sociales.
También pide una convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la Carta Democrática en el ámbito regional interamericano, para abordar la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro

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