La situación en Haití aún es caótica. Miles de damnificados se quejan de la falta de ayuda y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó un llamado de ayuda urgente por mil 200 millones de dólares para ofrecer asistencia humanitaria de emergencia a niños de 28 países, incluido Haití.
La directora ejecutiva adjunta de UNICEF, Hilde F. Johnson, recordó que Haití ya era un país clasificado como “en crisis” por la agencia desde antes de que ocurriera el terremoto del 12 de enero debido a que “había sufrido los efectos de varios huracanes, además de disturbios y enfrentamientos civiles”.
Han crecido, además, las quejas de que traficantes venden alimentos provenientes de sacos de asistencia o incluso los bonos que está repartiendo la ONU para cambiar por suministros
La policía informó que un empleado filipino de la UNICEF fue asesinado a tiros al sur de las Filipinas.
Una vocera de las Naciones Unidas indicó que el incidente no tuvo relación con su trabajo.
El funcionario policial Siegfredo Ramos indicó que la víctima, identificada como Néstor Bulahan, viajaba en una motocicleta taxi para reunirse con un conocido en la localidad de Parang cuando hombres armados le dispararon el jueves.
La vocera de la UNICEF Angela Travis indicó que Bulahan no se encontraba en funciones oficiales al momento del ataque y que el atentado no estuvo relacionado con su trabajo.
El asesinato ocurrió en la misma provincia, Maguindanao, donde un poderoso político local está acusado de ordenar la matanza de 57 personas el lunes, entre ellos periodistas, familiares y simpatizantes de un rival electoral
Ocho años después de la caída del régimen talibán, y pese a los miles de millones de dólares de ayuda internacional, Afganistán sigue siendo un país devastado, donde los derechos de los niños son violados continuamente, denunció el domingo una representante de UNICEF. Mortalidad infantil, trabajo infantil, matrimonios precoces, niños soldados o utilizados como kamikazes: todos estos males aquejan a Afganistán, donde la mitad de la población tiene menos de 15 años.
“Según nuestras investigaciones, la tasa de mortalidad infantil es la más alta del mundo, en un país donde el 70% de la población no tiene acceso al agua potable. Un 30% de los niños afganos trabajan de una u otra forma. 43% de la niñas son obligadas a casarse antes de los 15 años”, afirmó el domingo Catherine Mbengue, representante en Afganistán del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), durante una rueda de prensa en Kabul. Veinte años después de la adopción de la Convención de los derechos de los niños, ratificada en 1994 por Afganistán, la situación de los niños no cesa de degradarse en este país.
“La violencia contra los niños en Afganistán es generalizada”, denunció por su lado Hamida Barmaki, miembro de la Comisión independiente afgana de los derechos humanos (AIHRC). “Hoy, Afganistán es el peor lugar del mundo para los niños”, subrayó a su vez Fawzia Kofi, diputada afgana.
“En 2008, hubo 1.459 casos censados de abusos sexuales contra niños, pero no cabe la menor duda de que se trata apenas de la punta del iceberg”, precisó el responsable de la delegación de la Comisión europea en Afganistán, Hansjorg Kretschmer. Sin embargo, “hay progresos especialmente en materia educativa, con 6 a 7 millones de niños escolarizados. La mortalidad infantil retrocedió de 2,5 a 1,9%, y la mortalidad de los niños de menos de cinco años pasó de 1,6 a 1,3%”, destaca Kretschmer.
Pero “la ayuda dedicada a los niños de Afganistán es apenas una gota de agua en el océano, comparada con las enormes sumas gastadas en el sector de la seguridad o de la reconstrucción”, afirma el responsable europeo. Afganistán es el quinto país mas pobre del mundo. En su clasificación para 2009 divulgada el martes, la ONG Transparency international coloca a Afganistán en el segundo lugar entre los países mas corruptos del mundo, solamente por detrás de la caótica Somalia.
Afganistan es también, y de muy lejos, el primer productor de opio, transformado luego en heroína, con mas del 90% de la producción mundial.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) propuso hoy construir mecanismos de detección y respuesta a la vulnerabilidad de los niños migrantes.
La oficial de Protección de los Derechos de la Infancia de la Unicef en México, Alison Sutton, expuso que en este país ha iniciado el trabajo, a través de la mesa interinstitucional de diversas dependencias.
El objetivo, aseguró, es construir un modelo de atención al niño migrante y a las mujeres, al indicar que personal del departamento de atención a la infancia del Instituto Nacional de Migración (INM) se encarga de entrevistar a los niños.
Detalló que el objetivo es conocer si van por su propia voluntad o si son llevados por un ‘pollero’ o traficante de personas.
En el Primer Congreso Internacional Sobre Migración, Trata de Personas y Derechos Humanos, que concluye hoy en la Universidad Autónoma de Chiapas, expuso que se busca conocer la situación actual en este rubro.
El propósito, mencionó Alison Sutton, es aplicar este método para proteger a la infancia, pues lamentablemente ha aumentado la trata de personas en el mundo, dijo.
‘No se puede olvidar que los niños emigran por la situación económica, para escapar de la violencia intrafamiliar, impulsados muchas veces por el crimen organizado’, expuso.
Ante ello, aseguró que se necesita ver cada caso para proteger mejor a los infantes y ‘a veces el mejor camino no es regresarlos a sus países’.
Destacó que la procuración de justicia en el caso de trata de personas es muy compleja, aunque rechazó que los tratados internacionales, los acuerdos, convenios y lineamientos sean en vano.
Enfatizó que hay una oleada de acciones para proteger a los niños y se coordinan acciones del INM, la Unicef, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.
En México se hace un esfuerzo para proteger a los menores, la mayoría son niños de 12 a 16 años, tanto los que se encuentran en las fincas cafetaleras, como en el trabajo doméstico, indicó.
Dijo que la atención para estos niños abarca educación, salud, alimentación y seguridad, derechos que deben garantizarse, independientemente de su situación migratoria
