Nuestra Carta Magna establece la obligación, a cuanta persona viva y trabaje en el país, de contribuir a las arcas públicas en la medida de sus posibilidades. Como casi todo se politiza y se sujeta a interpretaciones variopintas, alguien ha decidido cosas tan sui géneris como no gravar a los pobres, sin ofrecer una explicación convincente de qué se debe entender por pobre, o exentar ciertas actividades, como la agricultura.
Aquí, con el pretexto de que los agricultores son pobres -sin hacer caso a los priistas, quienes vociferan que gracias a sus gobiernos revolucionarios y sus repartos agrarios los agricultores salieron de la pobreza (sic)- los exentan o sujetan a tratamientos especiales.
Asimismo existe una canasta “básica” que está exenta, pero que nadie se ha tomado el tiempo de estudiar quién consume. No se sujeta al pago de impuestos a los sindicatos, no vaya a ser que se ponga al descubierto cómo han hecho sus fortunas ciertos personajes, ni a los partidos políticos se les exige el mínimo de rendición de cuentas.
Con esto y la necedad de las autoridades de pedir los famosos requisitos fiscales en facturas y recibos, para procesarlos y aceptarlos como deducibles, y su miedo a dejar un solo impuesto en el caso del IETU e ISR y la complejidad de los formatos y cálculos que se piden para llenarlos, una cada vez mayor proporción de empresas ha optado por la informalidad, al no registrarse en el padrón y así evadir todo tipo de contribución al fisco.
En el despacho encargado de estudiar estos asuntos, también se les ha olvidado estudiar qué tan justo y equitativo es el esquema imperante de deducibles para familias y empresas, lo cual se lograría analizando cuál es la tasa efectiva de pago de cada causante, y como consecuencia existe la presunción de que algunos causantes, personas físicas y morales de bajos ingresos, pagan más impuestos que los de muy altos ingresos, sin que nadie diga ni haga nada.
Luego vamos al lado del gasto y vemos cosas tan sorprendentes como el presupuesto para el sector salud, o educación, que desperdicia una nada despreciable cantidad en burocracia y gastos excesivos de administración, con duplicidades y sin un estándar de trabajo que garantice un mínimo de productividad y eficiencia, lo cual deja sin servicios de calidad justamente al segmento más bajo de la población, a los pobres, quienes deben sacar recursos de donde puedan para atenderse en servicios privados de dudosa calidad, pero que al menos les dan la sensación de que están siendo atendidos.
Luego viene la parte que los gobiernos dedican a infraestructura urbana básica, como agua potable, alcantarillado, parques y jardines, alumbrado público, mercados y pavimentación, áreas donde observamos una presencia de servicios informales, ofreciendo todo tipo de bienes y servicios, que resultan ser los verdaderos beneficiarios de esos gastos.
Estos tipos no contribuyen nada al erario, aunque existe una bien identificada red de corrupción y rentas que cobran ciertos personajes, que se encargan de repartir entre una compleja estructura burocrática y de rentistas que ejercen todo tipo de funciones, abarcando áreas tan diversificadas como el coyotaje, puestos organizativos y directivos en partidos políticos, líderes de acarreos, golpeadores, invasores, rateros, tratantes de blancas, productores de pornografía, revendedores de entradas a espectáculos, falsificadores de documentos, gestores y cuanta ocupación ilegal se nos ocurra.
Cuantificar los ingresos de estos tipos es muy difícil, si no es que imposible. De ahí la necedad de algunos en sugerir que la mejor forma de tratarlos y meterlos al redil sea mediante un impuesto generalizado al consumo, pero como esto les suena a los defensores de pobres como tecnocracia malévola, pues seguirá durmiendo el sueño de los justos.
Se dice en los manuales y textos de finanzas públicas que un objetivo (no el único) de la política fiscal es promover una redistribución del ingreso, cobrando más a los más ricos y gastando más en los más pobres.
Podemos ver que en nuestro sufrido país esto no aplica en absoluto, aunque en el discurso de cualquier político de medio pelo seguramente figura. Entonces muy pocos pagan lo que deben y muchos no pagan en absoluto. Muy pocos se benefician del gasto y las grandes mayorías se hacen “justicia”, si así se puede llamar, por su propia cuenta, al no pagar, utilizar los servicios públicos como si fueran sólo de ellos y darse el lujo de comprar voluntades y favores de servidores públicos.
No hemos hablado del tan llevado y traído gasto social y sus programas, porque sobre el tema hay que decir primero que su diseño incentiva que la gente prefiera seguir siendo pobre en lugar de buscar mecanismos para salir de su situación por sus propios medios.
Luego hay que decir que se derrocha en gastos de administración y burocracia, al existir varias instancias que “vigilan” la aplicación de los recursos, pero que no se toman el tiempo y el espacio para evaluar a fondo los programas. La famosa encuesta que se utiliza para medir la pobreza está demasiado politizada, es limitada y parcial, pero esto tampoco nadie lo dice.
Así, la política fiscal se ha ido llevando, dadas las circunstancias, por el mejor camino posible, aunque convendría trabajar en un nuevo diseño, que tome en cuenta que lo que conviene hacer es mantener el equilibrio de las finanzas, garantizar la sostenibilidad a largo plazo y hacer que las mayoría contribuya. Todo lo demás se puede dejar fuera.
El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda José Antonio Meade defendió ante diputados el subsidio a impuestos incluidos en el paquete económico para 2010, pero mostró disposición a analizar, transparentar y modificar los regímenes especiales.
En una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, el funcionario recordó que para 2010 se propone un gasto fiscal (lo que se devuelve por el pago de impuestos) de 502 mil millones de pesos.
Expuso que de ese monto más de 213 mil millones de pesos están relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 167 mil millones con el IVA, y el resto se distribuye en otros rubros.
Meade manifestó que el sistema tributario mexicano data de 1921, por lo cual sería conveniente hacer un corte en el camino para revisar los regímenes vigentes.
“El paquete económico es el mejor para sortear las dificultades que hoy enfrentamos.
“Damos la bienvenida a esta posibilidad de entrar a un análisis a fondo de todos y cada uno de los espacios que hay en la Ley para buscar construir un espacio tributario que esté acorde a las necesidades que tenemos”, subrayó.
El subsecretario de Ingresos agregó que se podrían revisar las bases tributarias que administran los estados para hacer más eficiente su recaudación y encontrar las mejores alternativas para que el cobro de impuestos rinda sus mejores objetivos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial legislativa Sebastián Lerdo de Tejada consideró relevante la disposición de Hacienda para revisar los regímenes especiales.
Ya que si no se cuenta con información real sobre el impacto de los subsidios, se crean inequidades entre los contribuyentes, indicó.
“El poder Legislativo al autorizar una prerrogativa fiscal a cierto grupo de contribuyentes debe saber si este es el mejor camino para alcanzar un objetivo de política pública, comparado con el uso del gasto público y ese es el centro del debate”, puntualizó.
Señaló que el examen del gasto fiscal es indispensable para determinar la dimensión de los privilegios fiscales que se otorgan, porque ninguna nación puede darse el lujo de privilegiar sin antes conocer y transparentar toda la información que implique el costo de esos subsidios.
azc
Defendió ante diputados el subsidio a impuestos incluidos en el paquete económico para 2010
El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda José Antonio Meade defendió ante diputados el subsidio a impuestos incluidos en el paquete económico para 2010, pero mostró disposición a analizar, transparentar y modificar los regímenes especiales.
En una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, el funcionario recordó que para 2010 se propone un gasto fiscal (lo que se devuelve por el pago de impuestos) de 502 mil millones de pesos.
Expuso que de ese monto más de 213 mil millones de pesos están relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 167 mil millones con el IVA, y el resto se distribuye en otros rubros.
Meade manifestó que el sistema tributario mexicano data de 1921, por lo cual sería conveniente hacer un corte en el camino para revisar los regímenes vigentes.
“El paquete económico es el mejor para sortear las dificultades que hoy enfrentamos.
“Damos la bienvenida a esta posibilidad de entrar a un análisis a fondo de todos y cada uno de los espacios que hay en la Ley para buscar construir un espacio tributario que esté acorde a las necesidades que tenemos”, subrayó.
El subsecretario de Ingresos agregó que se podrían revisar las bases tributarias que administran los estados para hacer más eficiente su recaudación y encontrar las mejores alternativas para que el cobro de impuestos rinda sus mejores objetivos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial legislativa Sebastián Lerdo de Tejada consideró relevante la disposición de Hacienda para revisar los regímenes especiales.
Ya que si no se cuenta con información real sobre el impacto de los subsidios, se crean inequidades entre los contribuyentes, indicó.
La Coparmex (que es en si la Confederación Patronal de la República Mexicana) antes aun de que inicie el presidente estadounidense Barack Obama, su visita oficial a México, fijo postura.
Cual es esta?
Sencilla, tres cuestiones que deben dar certidumbre a todo lo que viene siendo el marco jurídico que permita a los empresarios mexicanos, desarrollarse en el vecino país, aun cuando se ve que en muchos rubros, no hay una correspondencia real, ante que Estados Unidos respete el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o conocido por sus siglas como TLCAN.
Por lo cual, proponen crear una comisión tripartida para analizar el tema del proteccionismo, que pudiera dejar en desventaja a México frente a Estados Unidos en el momento en que los sindicatos de la unión americana no permiten, por sus cabildeadores, el que entren en acción, capítulos del TLCAN en vigor (como el del transporte y que México, ya castigo en represalia y correspondencia, a 99 artículos de la Unión Americana con gravámenes compensatorios).
Así como discutir puntos de la reforma migratoria que el presidente Barack Obama esta por iniciar a impulsar en el país ya que desean los patrones del país el ver a que se podría negociar e intercambiar una reforma migratoria, lo que menos desean es que sea a una revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
Por el momento, la Coparmex ha levantado su voz antes de la llegada de Barack Obama.
Me llama poderosamente la atención como es que el Gobierno federal desde los tiempos de Vicente Fox, desea a toda costa, el que Napoleón Gomes Urrutia sea de nuevo el líder del sindicato minero de México.
¿Y Elba Esther Gordillo?, ¿Romero Deschamps? O por ejemplo, que me dicen del rijoso del sindicato de Luz y Fuerza del Centro y tantos tantos tantos sindicatos que si estamos en el proceso de la modernización y claro esta, de la democracia como después de que llego por fin el voto, a las urnas españolas y siguieron esas anquilosadas instituciones que eran los sindicatos.
Pero cómo es posible, que las autoridades de México no puedan lograr un buen fallo y/o laudo para que o deja de tener todo el apoyo de los mineros mexicanos o simplemente piden a las autoridades canadienses que lo atrapen y extraditen a México y santo remedio.
Sé que los sindicatos mineros de Estados Unidos con quienes ha tenido relación durante décadas, le apoyan, pero ¡¿acaso los apoyos de sindicatos aun extranjeros son mas fuertes que los recursos de una nación como loe s México con sus instituciones y que estuvo invitada a la mesa con el grupo de los 20?!
No respondan, ya sé que si, sino vean lo que logro el sindicato de los auto transportistas de Estados Unidos y que a Barack Obama le costó ya el arancel a 90 productos agrícolas en su mayoría y la condena internacional por el mal trato a México.
Ni hablar.
