El empresario Fernando Azcárraga López, ex alcalde de Tampico y primo-hermano de Emilio Azcárraga Jean -presidente y dueño de Televisa-, fue plagiado a la salida de una cafetería en la colonia Lomas de Rosales de la ciudad tamaulipeca de Tampico.
Testigos refirieron que el priísta y un acompañante fueron interceptados por un comando poco después de las 12:00 horas de hoy. Minutos después, elementos del Ejército comenzaron operativos en la periferia para dar con los responsables. Hasta ahora no hay reporte de las acciones.
El político Fernando Azcárraga es hermano de Francisco Azcárraga, presidente de la división Televisa del Golfo, asentada en Tampico.
En otros hechos, reportes ciudadanos dan cuenta de una balacera en la avenida Hidalgo, de esa ciudad
Isabel Miranda de Wallace, madre del empresario secuestrado y asesinado Hugo Wallace, exigió a un juez federal que imponga sentencias máximas a las cuatro personas detenidas y procesadas por el plagio de su hijo.
En entrevista con Notimex, la también presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, celebró que el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del DF, haya revocado las sentencias que originalmente impuso el Juzgado 16 de Distrito del reclusorio Norte.
“El juez ahora va a tener que corregir el error que cometió y yo estoy a favor de que le hayan regresado el caso, aunque lo que sí me molesta es que después de tantos años no podamos tener una sentencia justa todavía”, señaló.
El 24 de diciembre del 2009, el juez Augusto Octavio Mejia Ojeda, impuso sentencias de 47 años de cárcel para Cesar Freyre Morales, 28 años para Juana Hilda González Lomelí, y 30 años para los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz.
Isabel Wallace apeló dichas resoluciones al considerarlas mínimas y presentó una apelación, la cual fue resuelta por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, el cual determinó revocarlas.
“El problema es que el juez federal no aplicó la legislación del DF para el secuestro agravado, sino que aplicó lo que se le ocurrió, y ahora el Tribunal ya le regresó el expediente diciéndole que tiene que hacerlo distinto”, dijo.
La madre de la víctima recordó que el Código Penal del DF establece penas de hasta 70 años para el delito de secuestro agravado, por lo que consideró que a eso deben ascender las sentencias que se impongan a los involucrados.
Wallace esperó se conozca a la brevedad las nuevas sentencias, después de que el Ministerio Público exponga las conclusiones del caso
Diego Fernández de Cevallos cumple hoy 100 días secuestrado y ello coincidió con una serie de rumores sobre su presunta liberación en la zona del Bajío, pero hasta anoche, la condición del llamado “Jefe Diego”, era como desaparecido.
Desde la noche del 14 de mayo pasado, cuando ocurrió el secuestro de quien fuera candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) en 1994, hasta ahora, solamente en dos ocasiones se han hecho públicas cartas y fotografías de su plagio.
La primera ocasión sucedió seis días después de su secuestro, la noche del 20 de mayo pasado, cuando empezó a divulgarse en las redes sociales una fotografía del político panista, donde aparecía con el torso desnudo, los ojos vendados y un letrero escrito a mano con fecha de 16 de mayo.
Luego de la divulgación de esa fotografía desde la dirección de correo identificada como misteriosos.desaparecedores@yahoo.com, la familia del influyente y prominente abogado blanquiazul pidió a las autoridades federales que dejaran de investigar para facilitar las negociaciones con los plagiarios.
Del secuestro de Fernández de Cevallos, que cimbró a la clase política de México, no se volvió a tener noticia hasta el pasado 26 de julio, cuando sus captores enviaron una nueva fotografía de el ex senador y ex diputado con una carta manuscrita fechada el 10 junio y que era dirigida a su hijo Diego.
Mientras que la fotografía de Fernández de Cevallos es muy similiar a la primera, en el texto del manuscrito atribuido a “El Jefe Diego”, éste pide a su hijo mayor que haga una contraoferta seria a la suma pedida para dejarlo en libertad; habla del “infierno” que sufre por su cautiverio y suplica a su familia actuar con urgencia, ya que “el tiempo es determinante y no sé cuánto aguante más”, afirma.
En medio de esta situación, ayer se produjo una serie de rumores y versiones encontradas sobre su presunta liberación. Hasta el cierre de esta edición, no hubo confirmación
El corporativo Femsa, la embotelladora de cerveza y refrescos más grande de Latinoamérica, aclaró que dos de sus guardias murieron ayer en un enfrentamiento con grupos de la delincuencia organizada, y rechazó que el atentado ocurrió por un intento de secuestro contra un hijo de un directivo de la empresa.
Al filo de las 14:30 horas de ayer, un grupo de guardias de Femsa que se desplazaba por la avenida Ignacio Morones Prieto, a la altura del Colegio Americano de Santa Catarina, se topó con dos camionetas con pistoleros de la delincuencia organizada, contó un vocero de la empresa.
En la balacera murieron dos escoltas, tres más quedaron heridos y cuatro fueron “levantados”.
“Por la madrugada las cuatro personas desaparecidas se reportaron a la empresa y se encuentran en buen estado de salud”, mencionó el vocero de Femsa.
El portavoz de la embotelladora atribuyó el enfrentamiento al clima de inseguridad que se vive actualmente en la zona metropolitana de Monterrey.
Versiones extraoficiales atribuyeron el enfrentamiento a un intento de secuestro. Además, la madrugada de este sábado se informó sobre la muerte de dos de los cuatro escoltas que fueron liberados por sus captores.
La empresa emitió un comunicado para “agradecer y rendir un homenaje a nuestros compañeros, que nos han dado ejemplo de valor, al dar su vida heroicamente en cumplimiento de su trabajo”.
“Estamos totalmente consternados e indignados por estos acontecimientos. Reprobamos que personas inocentes y de bien, padres de familia, personas entregadas a su trabajo se vean afectadas por la violencia que está imperando en nuestra ciudad”, subrayó el texto de FEMSA.
“Es importante destacar que hoy más que nunca tenemos que valorar la labor entregada que el Ejército y la Marina de México están llevando a cabo en esta lucha”, concluyó el comunicado de la empresa
Una fuerte movilización del grupo de operaciones mixtas se generó cerca de las 4:00 de la mañana en esta ciudad debido al pedido de apoyo del servicio médico forense al interior de empresas Titán, de Grupo Femsa, debido a que al lugar arribaron en un auto dos escoltas heridos junto con los cuerpos de dos más.
Los guardias mencionaron que fueron privados de su libertad y luego liberados con la consigna de dirigirse a la sede de su empresa.
En el cruce de las calles Miguel Barragán y Alfonso Reyes se reportó el arribo de un vehículo Ford Fusion, utilizado por quienes se presume son custodios de un directivo de la empresa regiomontana.
En el automóvil estaban dos guardaespaldas heridos y en la cajuela se localizaron a las dos víctimas, lo que provocó una amplia movilización de autoridades policiales que mantiene resguardado el sector, mientras inician las indagatorias.
Estos guardias estuvieron presentes el día de ayer en la balacera y fallido levantón de dos hijos de un alto funcionario de FEMSA, que se registraron en el municipio de Santa Catarina, frente al Colegio Americano.
Las víctimas fueron identificadas como Felipe Mares Flores y Arsenio Martín Chávez Morales, ambos de 35 años de edad, y fueron trasladados al anfiteatro del Hospital Universitario.
Los otros dos escoltas heridos fueron trasladados para su atención a un nosocomio local, sin que se proporcionaran datos personales de estos.
El grupo de Operaciones Mixtas que conforma el Ejército Mexicano, fuerzas federales y también la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron a resguardar el lugar y a iniciar con las pesquizas correspondientes.
De acuerdo a las primeras indagatorias, el vehículo fue llevado por delincuentes hasta la misma empresa Titán, para que desde ahí se reportaran los hechos a autoridades
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su profunda preocupación por el secuestro colectivo de cuatro periodistas en México y advirtió que con este caso los problemas de la libertad de expresión en el país adquieren una dimensión inédita que afecta a toda la nación.
Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de la nación, alertó el órgano especializado de la CIDH en un comunicado.
La relatoría destacó el hecho de que el secuestro colectivo la semana pasada de los informadores –ya liberados– Alejandro Hernández, Héctor Gordoa, Javier Canales y Oscar Solís “obligó a los medios de comunicación mexicanos a ceder ante la petición de los secuestradores de publicar determinada información.
Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar condicionamientos externos de su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas, agregó.
Por ello, una vez más la relatoría, que recordó que en lo que va de año han sido secuestrados al menos nueve periodistas en México en una escalada de violencia que sufren los comunicadores de esa nación, reiteró su llamamiento al Estado para impulsar políticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad de expresión de una manera efectiva, y que desalienten la repetición de estos lamentables hechos.
Entre otros, solicitó de manera urgente a las autoridades mexicanas combatir la impunidad de los crímenes contra los informadores.
Para ello, considera necesario la identificación y procesamiento de los responsables de estos crímenes con el objetivo de evitar más actos violentos dirigidos a acallar, castigar o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales.
Asimismo, calificó de indispensable que México fortalezca la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como que traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados”
