Un ciudadano francés detenido en México desde noviembre pasado acusado de secuestro denuncia torturas de la policía mexicana, al tiempo que insiste en su inocencia y asegura que le persiguen por criticar el sistema carcelario del país.
“Soy inocente. Pueden condenarme a 60 años de cárcel por haber denunciado la tortura que sufrí”, declara en la edición de hoy del vespertino “Le Monde” Gilles Moreaux, un empresario marsellés de 46 años afincado desde hace ocho en México.
A esa condena se enfrenta el francés acusado de haber secuestrado a una amiga mexicana, Irianelly Miranda Domínguez, en septiembre de 2008.
Ambos fueron rehenes y ella aseguró a la policía mexicana la implicación de Moreaux en el secuestro, lo que llevó a su detención en Puebla el 21 de noviembre de 2009.
A partir de entonces comenzó su calvario, según relata a “Le Monde”.”Me taparon los ojos y comenzaron a golpearme durante horas. Me desnudaron y me echaron agua helada por el cuerpo y me amenazaron de muerte. Me metieron un trapo en la boca y la nariz y empezaron a echar agua hasta que llenaron mis pulmones. Creía que me ahogaba”, precisa.
Indica que en esas condiciones confesó el secuestro, un testimonio logrado bajo tortura sobre el que está basada la acusación, según sus abogados.
“Habría firmado cualquier cosa con tal de que eso parara”, agrega Moreaux.El francés denuncia irregularidades en el proceso, como la desaparición de un informe médico en el que se demostraba que había sido torturado.
Moreaux también denuncia las condiciones de detención que vive en México: “somos tres en una celda de 4 metros cuadrados sin ventanas. Duermo en el suelo con cucarachas y ratas, sin agua potable ni electricidad. Pero nada comparado al calvario que he sufrido”. El detenido pide ayuda a las autoridades francesas para que intercedan por su caso.
París ha solicitado en varias ocasiones la entrega de Florence Cassez, una francesa de 35 años condenada a 60 años de cárcel por tres secuestros y violencia organizada y que lleva cuatro años entre rejas en México
Luego de varios meses de silencio, el empresario Nelson Vargas recriminó a los legisladores que tienen una tarea pendiente:
“Urgen medidas concretas para proteger a las víctimas del secuestro y sus familiares”.
Al inicio de su discurso, se disculpó por derramar algunas lágrimas, al recordar el drama del secuestro de su hija Silvia.
“Nos asesoraron mal. Mi conciencia no está tranquila”, admitió.
Vargas pidió que por ningún motivo se congelen las cuentas de los familiares para evitar el pago del secuestro, y pidió que se instrumente un programa de acción para certificar negociadores y evitar así “a los vividores que se aprovechen de las víctimas”.
Criticó el “tortuguismo” del Congreso:
“queremos acciones no buenas intenciones”.
En México, dijo Vargas, la delincuencia opera “libremente”.
Dijo que a los servidores públicos corruptos hay que borrarlos de las nóminas.
Vargas pidió dejar de ver los intereses políticos y legislar para enfrentar los problemas que agobian
“Que lejos estamos de que los corruptos en el sector privado y público tengan temor porque la autoridad los este vigilando”.
El ex funcionario del gobierno foxista lamentó la actuación de los jueces, quienes, consideró, actúan con opacidad.
Es difícil confiar en la autoridad, dijo Vargas, pues en su caso no le han dado respuesta
Las cifras del secuestro han escalado de manera alarmante al registrar cinco mil casos al año en el país, de los cuales se denuncia una cuarta parte, ante este problema la Cámara de Diputados tiene listo el predictamen de la Ley General contra el Secuestro.
El documento establece incluir, por primera vez, la figura del “secuestro extorsivo político”, así como federalizar este delito. De esta manera, las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada.
Mientras que los estados tendrían a su cargo los llamados secuestros exprés y virtuales, destaca el proyecto de dictamen en poder, mismo que se prevé discutir y aprobar entre los diputados que integran la Comisión de Justicia en las próximas semanas.
Los diputados señalan en el predictamen que por primera vez se incluiría en la legislación mexicana el “secuestro extorsivo político”, que sancionará a las personas o grupos de ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías para presionar a favor de demandas sociales o ciudadanas.
México ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de secuestros y extorsiones telefónicas reales y virtuales, destacó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en su informe Secuestro, Actualización y Marco Jurídico.
El estudio legislativo, elaborado el año pasado, sostiene que muchas bandas de secuestradores se han ligado a las grandes mafias del narcotráfico.
Entre 2007 y mayo de 2008, indica, la PGR logró obtener auto de formal prisión contra 273 presuntos integrantes de bandas de secuestradores, 64 de ellos estaban ligados al cártel del Golfo, y 40 más al cártel de Tijuana. Es decir, cuatro de cada 10 tenían vínculos con alguno de estos grandes grupos delictivos.
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y encargado de la redacción del dictamen, Josué Valdés Huezo, dijo en entrevista que el secuestro “político” será equiparado con la privación ilegal de la libertad y tendrá penalidades menores al secuestro tradicional y exprés.
La llamada Ley General contra el Secuestro incluye temas como el plagio o robo de niños con fines de venta y explotación, así como la creación del fondo económico para la atención a víctimas del secuestro.
La base del dictamen es la iniciativa del ex diputado del PRI, César Camacho, en conjunto con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, algunas ideas de la iniciativa del PVEM, y de las propuestas de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación “Alto al Secuestro”.
Se buscan definir los tipos penales, “se pretende una sanción de 20 a 45 años a los secuestradores y que se acumulen las penas si la víctima es menor de edad, si es mujer, si hay mutilación u homicidio, si se trata de delincuencia organizada o son reincidentes”, dijo Valdés Huezo.
En el proyecto de dictamen se plantea que el secuestro exprés, que ha crecido exponencialmente en el país y que actualmente se sanciona hasta con 20 años de cárcel en casi todos los códigos, se incremente a 30 o 35 años de prisión.
Respecto al “secuestro virtual” como no hay daño, habría sólo una tentativa fraudulenta, por lo que se equipara con el delito de fraude y tendría una penalidad menor a los 20 años de prisión, ya que dependerá también del daño económico en que incurra.
Valdés Huezo dijo a Notimex que se retomará el “modelo italiano” de combate al secuestro, que ha dado buenos resultados en esa nación y en donde se pretende evitar el pago de rescate para con ello desalentar este delito donde México es ya primer lugar mundial con más de cinco mil casos anuales, de los cuales sólo se denuncia una
cuarta parte.
De acuerdo con los últimos informes del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados se planteó prohibir la posibilidad de que existan negociadores, profesionales o intermediarios ajenos a las corporaciones policíacas.
Por esa razón, se rechazó la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, quien diseño un subsidio fiscal para quienes paguen los rescates.
En este sentido, se prevé por todos los medios que se evite el pago de los rescates, y para ello se pretende solicitar la
colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar las cuentas bancarias de los familiares y del secuestrado.
Sin embargo, se retoma de las propuestas de Miranda de Wallace el tema de la protección a las víctimas, en especial la ampliación de sus derechos tanto en el ámbito de la averiguación previa como del proceso penal, así como la reparación del daño.
Respecto a la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se rechazó la posibilidad de incluir la pena de muerte para los secuestradores, pero se retomaron varias propuestas en materia de protección a las víctimas de plagio.
“Queremos una Ley General contra el Secuestro que unifique criterios, que evite que un estado sancione con cinco años el secuestro y otros tengan penas de 40 años, así como frenar a las bandas que operan en varios estados”, dijo el diputado del PRI, Arturo Zamora.
Expuso que la nueva ley que alista la Cámara de Diputados prevé también la creación de cuerpos policiacos federales y agentes ministeriales especializados en materia de secuestro, así como la federalización del delito para evitar la impunidad con la operación de cientos de bandas.
A su vez, el diputado federal del PAN, Oscar Martín Paniagua, dijo que la nueva ley debe incluir el tema de castigo con cárcel a los familiares de los secuestradores que los encubran o “laven” dinero de esos ilícitos.
Dijo que si bien se trabaja en la redacción final del dictamen, aún se puede enriquecer con temas como agravantes si el secuestrado es mujer, si está embarazada, si es menor de edad, si es periodista, o si quienes participen sean funcionarios públicos.
Diez misioneros de EU detenidos en Haití fueron acusados ayer de secuestro de niños y asociación criminal para intentar sacar del país a menores de forma ilegal.
Tras anunciar los cargos, el fiscal adjunto de Haití, Jean Ferge Joseph, dijo a los 10 estadounidenses que su caso sería enviado a un juez para su investigación. “Ese juez puede liberarlos, pero también puede determinar que sigan detenidos para nuevos procedimientos”, dijo el fiscal a los cinco hombres y cinco mujeres en una audiencia.
Los estadounidenses, en su mayoría de una iglesia bautista con sede en Idaho, parecían estar conmocionados; algunos agitaban sus cabezas en señal de incredulidad.
Los misioneros fueron detenidos la semana pasada en la frontera de Haití con República Dominicana cuando trataban de cruzar en un autobús con 33 niños que dijeron habían quedado huérfanos tras el terremoto del 12 de enero.
Las autoridades haitianas dijeron que el grupo no contaba con la autorización ni los documentos de viaje necesarios para sacar de Haití a los niños. Los estadounidenses, quienes de nuevo fueron puestos bajo custodia policial a la espera de la decisión del juez, niegan haber participado en tráfico de menores y dijeron que sólo querían ayudar a los huérfanos abandonados tras el sismo. Pero tras su arresto surgió evidencia de que la mayoría de los niños interceptados con ellos no eran huérfanos.
La policía haitiana dijo que algunos padres admitieron haber entregado a sus niños a los misioneros creyendo que tendrían educación y una mejor calidad de vida. El abogado de los detenidos, Edwin Coq, señaló que el veredicto podría tomar hasta tres meses. Sorpresivamente, Coq acusó a la líder del grupo, Laura Silsby, de haber engañado a sus colegas. “Voy a hacer todo lo posible para sacar a los nueve”, enfatizó, aunque agregó que seguía representando a Silsby también. “Ellos fueron ingenuos”, agregó Coq. “No tenían ninguna idea de lo que estaba ocurriendo (en Haití) y no sabían que requerían documentos oficiales para cruzar la frontera. Pero Silsby sí”, indicó.
El cargo de secuestro tiene una sentencia de entre cinco y 15 años de prisión; el de asociación delictiva es castigado con entre tres y nueve años. En Washington, Gordon Duguid, vocero del Departamento de Estado, dijo que el gobierno estadounidense aún estaba esperando un reporte de su embajada.
“Pero los 10 fueron acusados de violar la ley haitiana y el caso está (en manos de) la ley haitiana, a través de un proceso judicial transparente”, señaló Duguid
