De acuerdo con especialistas y a informes de organizaciones no gubernamentales, Puebla se ubica como el tercer estado con mayor pobreza multidimensional en México, lugar que heredará quien gane la elección a la gubernatura, el 4 de julio.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ubica a Puebla como la tercera entidad con pobreza multidimensional, con 64 por ciento de su población, de ahí que en el estado hay 3.59 millones de personas en condiciones de pobreza.
Ante este contexto, los recursos recibidos por la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad han aumentado a partir de 2006. En dicho año contó con 162 millones de pesos, en 2007 aumentó a 391 millones y en 2008 se incrementó a 757 millones de pesos.
En la actualidad, 10 de los municipios poblanos son los más pobres del país. Al dejar en 2005 Melquiades Morales Flores la titularidad del Ejecutivo estatal, sólo había tres localidades en esa condición.
Para el próximo 4 de julio, cuando se elegirá nuevo gobernador, 26 diputados de mayoría relativa y 217 alcaldes, el mandatario estatal Mario Marín Torres dejará a 10 municipios con la mayor pobreza en el país.
Marcos Gutiérrez Barrón, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), refirió que el Coneval ubica al estado en tercer lugar en cuanto a la pobreza multidimensional, al estar en estar situación 64 por ciento de su población.
Detalló que el organismo toma en cuenta indicadores como el ingreso per cápita, los rezagos educativo y en salud, las características y espacios de vivienda, servicios básicos, la alimentación y la integración familiar.
“La información que se tiene es que, de 2006 al 2008, la pobreza aumentó en el país, pero también hay datos de que en ese mismo periodo aumentaron los recursos para el ataque a la pobreza, de ahí que se deben revisar la manera de cómo se aplican los programas sociales, ya que la aplicación no es óptima”, subrayó.
Al respecto, en entrevista con Notimex, Manuel Camacho Solís, coordinador del frente Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), dijo que si alguien hiciera una monografía de Puebla, se daría cuenta que hay muchos sectores pobres y que familias que habían ascendido a la clase media se han empobrecido.
“De ahí que el balance es negativo, hay lunares de prosperidad inmobiliaria en la capital, pero fuera de eso no se ven nuevas actividades económicas, a pesar del enorme potencial que tiene el estado sobre todo por sus recursos humanos”, destacó.
Por su parte, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Hidalgo Elguea, dijo que ante la falta de transparencia en Puebla no se tienen datos precisos de cómo funcionan los programas de desarrollo social en el estado.
Enfatizó que en Puebla no se evalúan los programas sociales, ya que sólo se otorgan los recursos y se aplica el dinero, de ahí que no se sabe qué programas son efectivos para incrementar el recurso o saber si hay deficiencias y cómo corregirlas.
En tanto, Humberto Aguilar Viveros, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado y coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que hay avances importantes en la materia, pero las grandes cifras las va a dar el INEGI con el censo.
“El mes pasado, el gobierno del estado dio a conocer una serie de avances importantes sustanciales en materia de educación, en donde se habla de que a nivel primaria y secundaria nos encontramos en los diez primeros; en electrificación, Puebla se encuentra con un 99 por ciento de cobertura”, aseguró.
Mientras tanto, en el quinto Informe de Gobierno de Mario Marín, se indica que la pobreza extrema en la entidad pasó del 26 por ciento al 18 por ciento en lo que va de su administración
La Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa advirtió que revisará con “lupa” la operación transparente de los más de 130 programas sociales que aplica el gobierno capitalino.
Para ello, la instancia que encabeza la priista Alicia Téllez, aprobó reunirse con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama.
Los legisladores acordaron analizar en conjunto los tipos de programas que llevan a cabo, la aplicación del gasto social, el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como las reglas y lineamientos de operación.
Además del programa anual de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles y sociales; los indicadores de evaluación; las prioridades, objetivos, previsiones básicas y resultados.
Advirtieron que también revisarán el padrón de beneficiarios; la participación de la sociedad civil en las políticas y programas sociales; apoyos y recursos económicos aplicados por el Banco Mundial.
Con el objetivo de crear programas de combate a la pobreza, desarrollo social y crecimiento económico.
Darán seguimiento a la atención de denuncias con respecto de la mala utilización de los recursos, entre otros.
Téllez, resaltó que entre los programas sociales que deberían ser revisados con mayor atención y conocer el resultado de los indicadores de evaluación, están la entrega de útiles y uniformes escolares, el apoyo a madres solteras y discapacitados, además del mejoramiento barrial.
Apuntó que la Ciudad de México requiere de mayor presupuesto para disminuir los índices de pobreza.
Sin embargo, dijo, que los recursos deben distribuirse y basarse en la transparencia y eficiencia en la aplicación de recursos.
Haciendo uso de los instrumentos administrativos con los que cuenta la La Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa aprobó reunirse con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social
La Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa advirtió que revisará con “lupa” la operación transparente de los más de 130 programas sociales que aplica el gobierno capitalino.
Para ello, la instancia que encabeza la priista Alicia Téllez, aprobó reunirse con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama.
Los legisladores acordaron analizar en conjunto los tipos de programas que llevan a cabo, la aplicación del gasto social, el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como las reglas y lineamientos de operación.
Además del programa anual de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles y sociales; los indicadores de evaluación; las prioridades, objetivos, previsiones básicas y resultados.
Advirtieron que también revisarán el padrón de beneficiarios; la participación de la sociedad civil en las políticas y programas sociales; apoyos y recursos económicos aplicados por el Banco Mundial.
Con el objetivo de crear programas de combate a la pobreza, desarrollo social y crecimiento económico.
Darán seguimiento a la atención de denuncias con respecto de la mala utilización de los recursos, entre otros.
Téllez, resaltó que entre los programas sociales que deberían ser revisados con mayor atención y conocer el resultado de los indicadores de evaluación, están la entrega de útiles y uniformes escolares, el apoyo a madres solteras y discapacitados, además del mejoramiento barrial.
Apuntó que la Ciudad de México requiere de mayor presupuesto para disminuir los índices de pobreza.
Sin embargo, dijo, que los recursos deben distribuirse y basarse en la transparencia y eficiencia en la aplicación de recursos.
Haciendo uso de los instrumentos administrativos con los que cuenta la administración local y la ALDF, entre los que se ubican las auditorías, sostuvo.
Durante la reunión de trabajo, la perredista Karen Quiroga planteó solicitar al funcionario público (Batres Guadarrama) el proyecto de presupuesto para el próximo año y cómo se distribuirá.
Por su parte, el perredista Juan José Larios Méndez propuso incluir a otras dependencias en las mesas de trabajo, toda vez que éstas también reciben recursos para programas sociales.
El también perredista Armando Jiménez Hernández se pronunció por asignar en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2010, los recursos necesarios para no afectar los programas sociales que actualmente se tienen previstos.
Finalmente, el panista Federico Manzo sugirió una reunión de trabajo con la Contraloría General del Distrito Federal para analizar el resultado de las auditorías realizadas a los programas sociales.
