Las afrentas entre legisladores podrían terminarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las agresiones verbales de los diputados y senadores se considerarán daño moral.

Por mayoría de ocho (de diez) votos los ministros decidieron lo anterior al otorgar un amparo a Manuel Bartlett Díaz contra el panista Germán Martínez, quien lo acusó de ser culpable del fraude electoral de 1988.

Durante una sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), el 31 de mayo de 2006, el ex presidente del PAN confrontó a Bartlett y lo culpó de la caída del sistema durante las elecciones de 1988, y del asesinato del periodista Manuel Buendía.

Los ministros aseguraron que con estos dichos se cometió agravio contra Bartlett Díaz.

Entrevistado en la sede de la SCJN, el priista pidió que se le reestablezcan “un buen nombre y una buena imagen.”

Las opiniones de los diputados no podrán juzgarse cuando se emitan dentro de un recinto legislativo y cuando se encuentren en su carácter de diputados. Sin embargo, las acusaciones realizadas en cualquier otro lugar constituyen daño moral, según la SCJN.

Con esto, la Suprema Corte puso límites al fuero entre los legisladores en un juicio que enfrentó a dos políticos con rivalidad histórica. En marzo de 2009, el priista se refirió al panista como “el hombre más torpe que había conocido”.

Excélsior publicó ayer que la propuesta del alto tribunal sería a favor del ex secretario de Gobernación.

La decisión de la SCJN de que los senadores y diputados federales sí pueden ser reconvenidos por las expresiones que realizan, generó ayer reacciones opuestas entre senadores del PRI y el PAN

En un proceso legislativo exprés y prácticamente por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados reformó el Artículo 40 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, con lo que, en un nuevo cambio histórico legal, se puso freno al activismo político de la jerarquía católica en México.

Con 363 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, la LXI Legislatura dio a luz a su primer dictamen de reformas, después de seis meses y medio de trabajos, con un debate —sin exabruptos ni reticencias de parte del PAN, cuyos legisladores cedieron ante los posicionamientos “modernos” y “reales” de PRI y PRD— que no duró más de dos horas.

La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el PRI apenas este mes y dictaminada en menos de dos semanas, con el apoyo inmediato del PRD, de todos los partidos minoritarios y, al final también del PAN.

Al fundamentar el dictamen, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que “en pleno siglo XXI es necesario que México siga tres principios constitucionales: respeto a libertad de conciencia, autonomía de lo político frente a las normas religiosas y la no discriminación directa o indirecta de los seres humanos”.

Ante el pleno de la sesión en el palacio legislativo de San Lázaro, el hoy diputado federal por el PRD planteó que el interés de los legisladores es “lograr que la laicidad sea la fórmula eficaz para la pluralidad y una solución positiva entre religiones mayoritarias y el Estado, evitando que las gerencias de unos cuantos se hagan dominantes mediante la fuerza del gobierno y no del convencimiento legítimo”.

La reforma al Artículo 40, dijo, implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tiene el derecho a la libertad de conciencia y a la de adherirse a cualquier práctica filosófica colectiva e individual, sin que el Estado sea garante de convicciones.

Castro y Castro enfatizó que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado.

Al fijar la postura del PRI, el diputado César Augusto Santiago Ramírez —autor de la iniciativa de reforma aprobada— expresó que, a pesar de que el Estado laico existe y tiene una definición en el país, las actividades religiosas pretenden participar en los debates políticos y han complicado la relación iglesia-Estado, la cual debe ser pulcra y libre, por lo que se manifestó a favor del dictamen que reforma la Constitución, ya que en ningún momento ataca a una u otra religión.

Santiago Ramírez afirmó que la reforma trata de proteger la libertad religiosa, evitar la intención de un Estado confesional o ateo. “Se trata de promover con libertad y respeto las discusiones contemporáneas que exige el movimiento constitucional.”

En su oportunidad, el legislador Gustavo González Hernández, del PAN, aseveró que la reforma al Artículo 40 Constitucional afecta la laicidad moderna, que es un proyecto político de autonomía, por lo que el Estado laico no debe “cerrar los ojos” ante los fenómenos religiosos que se presentan como un hecho cultural, tradicional o mayoritario en el país.

González Hernández subrayó que la neutralidad del Estado laico no debe traducirse en una actitud antirreligiosa o en un postura atea, por lo que en la actualidad debe defenderse la libertad religiosa como un derecho ciudadano. “No es sano ni compatible la modificación del 40 Constitucional.”

Por el PRD, el diputado Feliciano Marín Díaz expuso en tribuna que al incorporar el carácter laico al Artículo 40 Constitucional se da un gran paso en el Estado mexicano, al establecer la laicidad como uno de los cinco ejes rectores del orden constituido; sin embargo, señaló que falta agregar que quienes infrinjan este precepto serán sujetos de una responsabilidad que deberá ser sancionada.

“El laicismo rechaza los orígenes teocráticos en los que una iglesia controla el poder político y a la vez rechaza los regímenes políticos que se sirven de una religión oficial para legitimarse ideológicamente, además rechaza que se pretenda utilizar a las creencias religiosas para apoyar o descalificar a adversarios políticos, exacerbando las contradicciones y divisiones de la población”, expuso

El presidente del perredismo capitalino, Manuel Oropeza, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frene la controversia interpuesta por la PGR contra las reformas permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y que puedan adoptar.

En conferencia de prensa, Oropeza Morales subrayó que las reformas entrarán en vigor la primera semana de marzo, “independientemente del curso que siga este juicio de revisión constitucional” en la Corte.

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital opinó que la PGR debería diseñar una estrategia para evitar que los sicarios atenten contra la vida de los mexicanos, en lugar de “frenar la ampliación de las libertades en la ciudad de México”.

Acompañado por el secretario general del PRD en la ciudad, Jesús Valencia, Manuel Oropeza cuestionó la capacidad del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, sobre todo por el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

La PGR interpuso ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Civil del Distrito Federal, recurso que fue admitido por el máximo tribunal del país

La consultoría estadounidense The McMullen Company, especializada en peritajes de incendio, culminó su estudio sobre las causas que originaron el siniestro en la guardería ABC, que costó la vida de 49 niños.

Ayer, el resultado fue entregado por el representante de ese despacho, Steve Van Recley, a los magistrados integrantes de la comisión investigadora del caso ABC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla.

El informe se depositó en sobre cerrado y su contenido no será revelado hasta que la SCJN dé a conocer su veredicto sobre si hubo o no violaciones a las garantías individuales de niños, trabajadores y padres de familia de la estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los deudos estiman que antes del 15 de julio que concluye el periodo ordinario de sesiones, la Corte emita su resolución que, en parte, estará basada en este peritaje internacional.

“Esta es la primera vez que la Suprema Corte recurre a una investigación privada”, señaló Mota Cienfuegos.

Indicó que el resultado lo llevarán a la capital del país para integrarlo a la averiguación