Tras la inédita jornada de violencia que azotó el viernes pasado a Michoacán, las fuerzas federales han intensificado operativos en la zona de Tierra Caliente, concretamente en los municipios Múgica, Parácuaro y Apatzingán, en busca de los responsables de los desmanes.

Policías federales recorren las calles en busca de integrantes del crimen organizado. La presencia de los uniformados fue más evidente en el poblado de Antúnez, municipio de Parácuaro, donde se han establecido algunos retenes.

Como se recordará, el viernes pasado se registraron cuatro narcobloqueos en esta ciudad y uno más en el municipio de Pátzcuaro, en una aparente venganza del grupo criminal La Familia Michoacana por el arresto de dos de sus líderes.

Los detenidos son Luis Fernando Peña Árciga y Emanuel Sánchez Castillo. De acuerdo con las autoridades estatales, la ola violenta, que incluyó la quema de por lo menos 19 vehículos, obedeció a un intento de la organización criminal por rescatar a los aprehendidos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la integración de las averiguaciones previas penales por los incidentes de violencia.

La dependencia llamó a los propietarios de automóviles dañados a levantar las denuncias correspondientes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy en la primera votación sobre el caso ABC, que no señalará a autoridades “responsables”, como lo proponía en su proyecto, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En una votación de ocho contra tres, el Alto Tribunal rechazó la propuesta del ministro ponente acerca de que la resolución de la Corte fuera un señalamiento de responsabilidades políticas, éticas y morales, y que los ministros se limitarán a mencionar a los “involucrados” en estos hechos.

Al inicio de la sesión Arturo Zaldívar defendió su postura y dijo a los integrantes del pleno que los señalamientos a su propuesta fueron aislados, y “que se sacó de contexto su proyecto”.

Sostuvo que en los argumentos que se expusieron el lunes hubo “discusiones sobre las hojas del árbol, pero no del árbol”; aseguró que lo que causó inquietud fueron cuestiones políticas, éticas y morales.

Recalcó que la Corte es un órgano político y la cabeza de uno de los tres poderes de la unión y su autoridad deriva de la Constitución, por lo que sus resoluciones tienen trascendencia política y moral, cuando hay personas que incurrieron en violaciones graves de garantías.

uego de las posturas en contra de su dictamen, consideró que si el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución no sirve para fincar responsabilidades, “si fuera eso cierto, pues realmente el 97 no sirve para nada; y si no sirve para nada, y lo digo con el mayor de los respetos, pues no ejerzamos la facultad pero si la ejercemos, vamos a darle un sentido”.

Al respecto ocho de los ministros señalaron que la Constitución no los faculta para señalar a los responsables, y Margarita Luna hizo referencia a las aseveraciones de Zaldívar; sostuvo que “no es temor a la palabra” sino que este impedimento se le debe adjudicar al constituyente, que es el encargado de redactar la Carta Magna.

Una vez expuestos los argumentos, el ministro presidente Guillermo Ortiz llamó a votación y los únicos que apoyaron la posición de Arturo Zaldívar fueron Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, en tanto que el resto se pronunció por apegarse al criterio que se utilizó para el caso Oaxaca, de sólo señalar a involucrados