Conforme avanzan los momentos y tiempos políticos en Estados Unidos, la presión por las elecciones que tienen verificativas en ciertos estados de la unión, están a la vuelta de la esquina.
Barack Obama si bien ha logrado magros resultados está haciendo lo correcto dentro del margen de lo permitido, siendo que tiene la mayoría en el congreso norteamericano.
No olvidemos que la reforma de salud que en EU se aprobó este mismo año, le ha venido costando varios dolores de cabeza (y como decimos los analistas, trastornos de sueño) así como la enemistad de muchos.
Propios y extraños, ven que la cruzada de la Casa Blanca por mantener aun el control de la política de la nación ante las urnas en unas semanas, esta complicada.
Demasiados frentes de guerra abiertos, han logrado debilitar a Barack Obama ante la opinión pública de electores que no mostrando razón en su elección, podrían castigarle sin ton ni son.
Los latinoamericanos están esperando una reforma que mitigue un poco la situación que guardan en EU, pero no se ve fácil una reforma integral que ciudadanice a 13 millones de inmigrantes.
La economía es sin duda, una cuenta pendiente, el crecimiento del déficit, los rescates que se dieron al inicio de su administración así como los magros resultados que se vienen viendo en créditos, empleo y confianza, no son las mejores armas para pedir el voto de confianza en Obama.
¿Qué hacer?
Llamar refuerzos, el ex presidente Bill Clinton, esposo de la senadora Hillary Clinton por el estado de Nueva York, llega a buscar apoyos y aparecer en medios de comunicación diciendo que “EU va por buen camino”.
Debo reconocer que el ex presidente Clinton goza de un encanto entre propios y extraños, liberales y conservadores y esta con la tarea a cuestas de echar al partido adelante y evitar a toda costa, la perdida de la mayoría demócrata en el congreso norteamericano.
¿Lo lograra?
A sólo unas horas de que la juez Susan R. Bolton escuche en una corte de Phoenix los argumentos del gobierno federal para suspender la aplicación de la legislación antiinmigrante de Arizona, un bloque de 81 congresistas republicanos han presentado argumentos para tratar de “matar” el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Departamento de Justicia.
En un documento presentado como “amigos de la corte” —que han utilizado para solidarizarse con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer—, los republicanos sostienen que la demanda del gobierno federal carece de mérito y que el estado de Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración ilegal.
En su argumentación, de casi 10 páginas, el bloque de congresistas republicanos han querido así reforzar la postura de la gobernadora Jan Brewer ante la avalancha de mociones y argumentos presentados contra la SB1070 por organizaciones defensoras de los derechos civiles y por algunas entidades extranjeras, entre ellos el bloque de países de América Latina que encabeza México y al que se han sumado Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.
En su alegato, el bloque republicano (que incluye a cinco senadores y a 76 representantes) sostiene que “los principios constitucionales del federalismo y la separación de poderes se encuentran bajo amenaza por las demandas que han sido presentadas contra el estado de Arizona”. Además, consideran que el Congreso de EU, que tiene plenos poderes para regular la presencia de inmigrantes o extranjeros en suelo estadounidense, “ha alentado continuamente a los estados para que éstos apoyen el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.
“Y la SB1070 es consistente con ese intento” por cumplir las leyes de inmigración, por lo que “se debería negar” la petición presentada por el Departamento de Justicia para suspender la entrada en vigor de la polémica ley el próximo 29 de julio. Al justificar este intento por obstaculizar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la administración Obama, el representante por California, Brian Bilbray, aseguró que “el gobierno federal incumplió su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal en relación con la inmigración, y la ley de Arizona no está por encima de los estatutos federales”.
A los argumentos presentados por el bloque de 81 congresistas republicanos se sumará este jueves la demanda que interpondrá la Asociación Latina de Republicanos por Arizona (ALRA).
La administración del presidente Barack Obama presentó el pasado 6 de junio ante una corte de Phoenix una demanda para declarar inconstitucional la polémica legislación. El Departamento de Justicia argumenta que la ley de Arizona no sólo es violatoria de la ley de supremacía de la Constitución en la medida que la migración es regulada por las leyes federales y no por la legislación estatal, sino que puede derivar en hostigamiento a extranjeros y ciudadanos estadounidenses.
En caso de que la juez Susan R. Bolton no acepte la impugnación presentada por el gobierno de Obama antes del próximo día 29, la SB1070 entraría inmediatamente en vigor.
La ley otorga poderes a las policías locales para pedir papeles a individuos que han sido detenidos en el estado y, en caso de ser indocumentados, entregarlos a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo para ser expulsados del país.
Entre tanto, el jefe de la Mesa Directiva del Senado de México, Carlos Navarrete Ruiz, anunció ayer en Ginebra el apoyo de los líderes de Parlamentos de 10 países y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa contra la ley SB1070 de Arizona
El presidente Barack Obama fustigó a los senadores republicanos el sábado, acusándolos de obstaculizar por cálculo político las medidas que extenderían los pagos a desempleados y aumentarían los préstamos a pequeños negocios.
En su alocución semanal por la radio y la internet, Obama dijo que la cúpula del partido opositor ha decidido ”obstaculizar nuestra recuperación y nuestro progreso”, al bloquear votaciones sobre medidas que el presidente dice ayudarían a reactivar la economía.
”Estas medidas no son solamente las que necesitan las personas más afectadas por la recesión”, dijo Obama. ”Todos nosotros las necesitamos”.
El discurso fue grabado en la Casa Blanca antes de que Obama volase a Maine el viernes para vacaciones con su familia.
Los legisladores han estado enfrascados en debates desde hace semanas sobre la extensión de los pagos por desempleo para trabajadores que han estado desocupados por largos períodos de tiempo. La última extensión expiró al final de mayo, dejando a 2,5 millones de personas sin pagos.
La cámara baja ya aprobó un proyecto de ley para extender los pagos hasta noviembre, pero con la muerte del senador Robert Byrd, los demócratas no tienen los 60 votos necesarios para superar los procedimientos obstruccionistas republicanos. El Senado planea debatir la medida nuevamente el martes.
Obama dijo que era la obligación moral y práctica de los legisladores extender los pagos, y citó a algunos economistas según los cuales extender el seguro de desempleo es una de las formas más eficientes de estimular la economía, porque coloca dinero en manos de personas que muy probablemente lo van a gastar de manera inmediata.
Los 34 mil millones de dólares necesarios para extender los pagos se añadirían a la creciente deuda del país. Los republicanos han estado aprovechando la preocupación y la indignación del público por esa deuda, diciendo que solamente apoyarían la extensión si se encuentra una forma de pagar por la ley.
Obama replicó en su discurso, diciendo que los republicanos están montando resistencia a expensas de los desempleados ”luego de años que defender políticas que convirtieron un superávit récord en un déficit enorme”.
Obama llamó además a los legisladores a enviarle un paquete de exenciones fiscales y extensiones de créditos para pequeñas empresas. Los demócratas esperan forzar a los republicanos a votar sobre la propuesta de ley para pequeños negocios antes del receso del Congreso en agosto
La petición del presidente Felipe Calderón al Congreso de Estados Unidos para que vuelva a instaurar la prohibición a la venta de armas de asalto y las críticas que hizo a la ley antiinmigrantes de Arizona generó entre políticos conservadores un fuerte rechazo al mandatario mexicano.
Al dirigirse en sesión solemne al Congreso General de Estados Unidos, Calderón se refirió al combate al crimen organizado que realiza su gobierno, lo que aprovechó para lanzar un llamado de cooperación:
“Existe un tema donde México necesita de su ayuda: detener el flujo de armas de alto poder y otro armamento legal a través de la frontera”.
Pidió a los congresistas reconsiderar la restitución de la prohibición a la venta de armas de asalto, que fue derogada en 2004. “Entiendo que la Segunda Enmienda garantiza a todos los buenos ciudadanos americanos la capacidad de defenderse a sí mismos. Pero créanme que muchas de estas armas no están terminando en manos de americanos honestos (…) están terminando en manos de criminales”, explicó.
En el tema migratorio, ratificó su desacuerdo con la ley migratoria de Arizona.
“No sólo ignora una realidad que no puede borrar por decreto, sino que también introduce una terrible idea de usar los rasgos raciales como base para aplicar la ley”, dijo mientras recibía el aplauso sólo del ala demócrata. Se dijo convencido de la necesidad de una “reforma migratoria integral”, para lograr una frontera común segura.
En su intervención, de 36 minutos, el Presidente fue ovacionado al menos 27 veces. La fracción demócrata no regateó los aplausos ni la dirigente del PRI, Beatriz Paredes, o el senador Carlos Navarrete, del PRD.
Al final de la sesión varios legisladores republicanos consideraron “inapropiado” e “injerencista” el discurso.
El senador por Texas, John Cornyn, dijo que los estadounidenses no tienen que sacrificar sus libertades para resolver problemas de otras naciones.
Orrin Hatch, de Utah, consideró inapropiado que un jefe de Estado cuestione leyes de su país. Jeff Sessions, de Alabama, señaló que la solución es un muro fronterizo. “Así no pasarían armas al sur ni indocumentados o drogas al norte”
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó ayer los festejos del 5 de mayo en los jardines de la Casa Blanca para repudiar públicamente la legislación antinmigrante de Arizona, así como para insistir en que se propone trabajar a partir de este mismo año con demócratas y republicanos para hacer realidad una reforma migratoria justa y comprensiva.
Ante un selecto grupo de aproximadamente 300 personas que se congregaron en el jardín de las rosas de la Casa Blanca —y entre quienes destacaban en primera fila el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el embajador de México, Arturo Sarukhán—, el presidente Obama volvió a insistir en su intención de revisar los elementos constitucionales de una ley que amenaza con vulnerar los derechos civiles de cientos de miles de ciudadanos e inmigrantes de origen latino.
“No podemos permitir que se señale a la gente por su aspecto, por la forma en que habla o por su vestimenta. No podemos convertir a ciudadanos estadounidenses y a inmigrantes que respetan la ley en sujetos de sospecha y abusos. No podemos dividir al pueblo americano de esa forma. Esa no es la forma de ser de Estados Unidos”, aseguró Obama ante un auditorio que festejó su mensaje, en momentos en que el temor a una oleada antiinmigrante vuelve a preocupar a la comunidad latina en EU.
El mensaje de Obama, un intento por aplacar las críticas del caucus hispano que le ha criticado por su falta de resolución a la hora de impulsar un acuerdo bipartidista, ha querido así cauterizar las heridas de las fuerzas hispanas vivas en el Capitolio, y de una comunidad inmigrante que ha rechazado mediante marchas multitudinarias la promulgación de la legislación antiinmigrante SB1070 en Arizona.
“Por supuesto que será difícil. Pero se puede hacer, se necesita hacer”, insistió Obama en referencia a los contactos que deberá reiniciar para tratar de recomponer el consenso bipartidista que apenas la semana naufragaba, tras el anuncio de Lindsay Graham, el único senador republicano que se había comprometido a apoyar un proyecto de reforma migratoria, de abandonar el barco de la negociación.
El pronunciamiento de Obama contra la legislación antiinmigrante de Arizona deberá sortear el ambiente en contra que hoy se respira en el Congreso, donde la totalidad de los republicanos y un sector conservador del Partido Demócrata se han resistido a arrimar el hombro para impulsar una reforma migratoria que no es bien vista por los electores, cuando el índice de desempleo se mantiene inamovible en 9.8%.
A pesar de ello, el presidente Obama se ha arriesgado a empeñar su palabra durante los festejos del 5 de mayo que, en Estados Unidos, se han convertido en una forma de honrar el legado hispano que hoy más que nunca se encuentra en entredicho por los alcances de una legislación que, precisamente, intenta reducir a su mínima expresión la presencia demográfica y cultural de los inmigrantes hispanos en Arizona
Líderes demócratas y republicanos del Congreso presentaron este jueves una medida bipartidista que, de aprobarse, retirará la ciudadanía estadounidense a personas vinculadas con grupos terroristas o que luchan contra Estados Unidos.
El senador independiente Joe Lieberman presentó el proyecto de ley durante una rueda de prensa en la que explicó que “ser ciudadano estadounidense significa algo” y quien traiciona a Estados Unidos al tomar las armas en su contra “renuncia a su derecho de ser un ciudadano estadounidense” .
El “Acta para la Expatriación de Terroristas”, secundada por el senador Scott Brown y los legisladores Jason Altmire y Charlie Dent de la Cámara de Representantes, permitiría que el Departamento de Estado retire la ciudadanía a estadounidenses capturados en el exterior y que tienen lazos con grupos terroristas.
Los detenidos también podrían ser procesados en un tribunal militar, según la iniciativa que busca ampliar y modernizar una ley federal de 1940 que estipula las categorías de actos sujetos a la “expatriación” .
La legislación, de todas maneras, no tiene carácter retroactivo por lo que, aún si la aprueban ambas cámaras del Congreso, ésta no aplicaría en el caso contra Faisal Shahzad, el paquistaní naturalizado estadounidense acusado por el fallido atentado en Times Square el sábado pasado.
La secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, explicó que su agencia ya tiene autoridad para expatriar a personas involucradas en actos terroristas pero se aplica principalmente a quienes “declaran algún tipo de alianza a un Estado extranjero” .
“Creo que como ya tenemos esta autoridad y se ha utilizado en el pasado, tendremos que evaluar cuidadosamente (la iniciativa)” , agregó Clinton, quien recordó que la ciudadanía estadounidense “es un privilegio, no un derecho” .
Clinton hizo esas declaraciones tras una reunión con el primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius.
Según explicaron los partidarios de la medida, el objetivo es impedir que los terroristas utilicen sus pasaportes para reingresar a suelo estadounidense.
Sin embargo, la medida también ha generado escepticismo entre algunos legisladores y grupos defensores de los derechos civiles.
El senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, dijo a la cadena Fox News que la medida “va demasiado lejos” y que “hay maneras de resguardar la seguridad sin abandonar algunos de los principios más fundamentales” de la nación.
“Retirar la ciudadanía de alguien sin algún tipo de proceso judicial me parece un pasado demasiado lejos” , explicó Durbin.
El senador republicano Lindsey Graham considera que esta medida eliminaría la posibilidad de que el Gobierno estadounidense procese a un estadounidense por cargos de traición.
“No quiero que se elimine de la mesa la capacidad de acusar a alguien de traición, a un ciudadano estadounidense que esté ayudando a Al Qaida o a los talibanes” , precisó Graham.
Mientras, Laura Murphy, directora de la oficina legal de Washington de la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU) , dijo en un comunicado que la legislación presentada hoy “es anticonstitucional e ineficaz” .
La iniciativa, según la experta, es especialmente “atroz” porque se basaría en sospechas y “en la determinación potencialmente errónea” que hagan las autoridades del Departamento de Estado sobre la culpabilidad de las personas.
“Este proyecto de ley pone de cabeza toda la noción del debido proceso” judicial en Estados Unidos, agregó Murphy.
Según un dictamen del Tribunal Supremo de EU, aunque algunos actos pueden fundamentar la revocación de la ciudadanía estadounidense, la única forma de que un estadounidense pierda su ciudadanía es si renuncia a ella expresamente
