Los hispanos ocupan una razonable cuota de poder en el gobierno de Barack Obama y el nivel de aprobación del presidente sigue siendo muy elevado tras un año en el cargo, pero la crisis económica y la reforma migratoria pendiente amenazan con ensombrecer ese balance. A finales de 2009, Obama había propuesto a 49 hispanos en puestos de alta responsabilidad en su gobierno, de los cuales 35 fueron aprobados por el Senado, en comparación con los 34 bajo George W. Bush y 30 bajo Bill Clinton, según datos de la Casa Blanca.
En el gabinete de Obama hay dos secretarios latinos, Hilda Solís (Trabajo) y Ken Salazar (Interior). Durante la presidencia del republicano Ronald Reagan (1981-1989) llegaron a ser tres, pero al inicio de su presidencia, Obama consiguió algo realmente histórico: lograr que entrara en la Corte Suprema por primera vez una juez hispana, Sonia Sotomayor.
El propio Obama llegó a confesar luego que era la decisión que más le llenaba de orgullo, ante una durísima oposición republicana que no le dio tregua en ningún frente. Nunca antes la comunidad hispana en Estados Unidos se movilizó tanto en favor de un presidente en unas elecciones: cerca del 67% de los hispanos que acudieron a las urnas (10 millones, cifra récord de participación) votaron por Obama.
Un año después, el nivel de popularidad de Obama entre los hispanos, la principal minoría en el país (unos 46 millones) sigue siendo muy alto. Un 73% aprueba la gestión del primer presidente negro estadounidense, en comparación con apenas un 49% de aprobación entre la población a nivel general, según Gallup. Pero la crisis pesa: los hispanos cerraron 2009 con una tasa de desempleo del 12,9%, casi tres puntos porcentuales por encima de la media del país. Algunos estudios calculan que cerca de medio millón perdieron sus casas en el naufragio inmobiliario.
Las organizaciones de presión como La Raza exigen políticas particulares para la minoría hispana. “Los trabajadores latinos y los de otras minorías han estado haciendo todo lo que pueden para encontrar un trabajo”, expresó recientemente la presidenta de La Raza, Janet Murguía, “pero si el gobierno no hace su parte, el desempleo continuará plagando nuestras comunidades”.
“¿En qué se traduce que haya más latinos en posiciones de poder?” se pregunta Arnoldo Torres, consultor y analista político independiente. Aunque el gobierno ha promovido acciones específicas para la comunidad, como ayudas en el sector de la construcción, sus responsables insisten en que deben ofrecer las mismas soluciones a los hispanos que al resto de la población.
Esa fue la intención del paquete de estímulo económico aprobado a principios de la presidencia, y también de la ambiciosa reforma sanitaria.
Pero esa reforma sanitaria, aún a debate en el Senado, no incluirá con toda probabilidad a los 12 millones de indocumentados, lo que empieza a despertar irritación en organizaciones y líderes de la comunidad. Es en el Congreso donde la suerte política de Obama en la comunidad hispana puede decantarse hacia el desencanto.
Los demócratas dominan de forma histórica ambas cámaras del Congreso, pero la reforma migratoria aparece cada vez como menos prioritaria. Obama dijo que quería que se presentara alguna iniciativa en el primer año de gestión, pero ese plazo no se ha cumplido, a excepción de un proyecto de ley presentado por el representante demócrata Luis Gutiérrez.
“Dependemos de una sola persona para resolver nuestros problemas. Tenemos que ser más prácticos”, critica Torres en referencia a las esperanzas de reforma migratoria de la comunidad, que ya fueron derrotadas en dos ocasiones, en 2006 y 2007.
Cuatro inmigrantes del Sur de Florida comenzaron el año emprendiendo una caminata de 2 mil 413 kilómetros a la que llaman el “Sendero de Sueños” para generar apoyo a favor de medidas que incluyan una reforma de las leyes migratorias.
El recorrido, desde la famosa Torre de la Libertad de Miami hasta llegar a la ciudad Washington, pretende hacer un llamado para que el gobierno abra una vía hacia la ciudadanía de inmigrantes indocumentados.
Los cuatro inmigrantes, que son estudiantes, planean realizar el recorrido caminando, sean cuales sean las condiciones climáticas.
Los activistas esperan que otros estudiantes y activistas se les unan durante la marcha para poder llegar a la capital el 1 de mayo, un día dedicado desde hace años a las manifestaciones de miles de inmigrantes por todo el país.
Algunos de los cuatro estudiantes tienen sus papeles en regla y otros son indocumentados. Aún así, todos aseguran estar dispuestos a correr riesgos para llamar la atención de los jóvenes que, como ellos, fueron traídos a Estados Unidos como niños y ahora están aquí de forma ilegal.
“Estoy cansado de volver de la escuela cada semestre y oír de otro amigo que fue arrestado y deportado”, dijo Juan Rodríguez recientemente durante una reunión de activistas.
Rodríguez, presidente de la organización estudiantil del campus Interamericano de Miami Dade College, y otros, dijeron quedar inspirados por los trabajadores del campo que caminaron a lo largo del estado de California durante los años 70 y por las marchas de derechos civiles de los años 60.
Los activistas creen que escribir cartas y llamar a políticos no es suficiente.
Rodríguez admitió conocer la propuesta legislativa para cambiar las leyes migratorias presentada en diciembre por el congresista Luis Gutiérrrez, pero señaló que iniciativas similares ya han sido propuestas antes.
Además de abrir las vías para que los indocumentados obtengan la ciudadanía, los activistas también piden mejoras en la seguridad fronteriza y exhortan al presidente Barack Obama a que detenga las detenciones rutinarias y la deportación de indocumentados que tienen hijos y cónyuges que son ciudadanos estadunidenses.
Los estudiantes quieren además que Obama frene la deportación de jóvenes traídos a Estados Unidos como niños y que ahora son indocumentados que desean entrar a la universidad o al ejército a cambio de la oportunidad de obtener una tarjeta de residencia a través del programa “Dream Act”.
Decenas de personas asisten a la sala de emergencias del Centro Médico Sutter Solano todos los días en esta ciudad del norte de California azotada por la recesión. Con frecuencia no tienen seguro médico ni dinero, y son indocumentados. Pero todos reciben atención médica, sin que nadie haga preguntas incómodas.
Varios centros de salud de Vallejo crearon un programa de asistencia médica para personas de bajos recursos que no toma en cuenta el status migratorio de los pacientes y que ha generado muchas críticas, pues se usa dinero de los contribuyentes para ofrecer servicios a indocumentados.
El caso fue analizado por un jurado investigador y por la junta municipal.
La iniciativa sobrevivió, pero el revuelo que generó es un recordatorio de lo delicado que es el tema de la atención médica de los indocumentados en Estados Unidos, ya sea en Vallejo o en Washington, donde los legisladores tratan de evitar el asunto en las negociaciones de una reforma al sistema de salud.
Los indocumentados representan una tercera parte de los aproximadamente 24 millones de personas de menos de 65 años que se quedarían sin seguro médico si se aprueba el proyecto de ley de salud que se ventila en el Congreso.
El programa de Vallejo, ciudad de 120.000 habitantes al noreste de San Francisco, surgió de la necesidad de aliviar la carga de salas de emergencia que no daban abasto y de equilibrar los presupuestos de los hospitales.
Vallejo fue muy afectada por las quiebras hipotecarias y se declaró en bancarrota en mayo del 2008. Un creciente desempleo dejó a mucha gente sin los seguros médicos de sus trabajos y la cantidad de personas que se presentaban en la sala de emergencia del Sutter Solano aumentaba año tras año, lo mismo que el porcentaje de pacientes que no enfrentaban situaciones de emergencia. Los centros de salud, no obstante, están obligados por ley a atender a toda persona que se presente con un problema físico, por menor que sea y tenga o no recursos para pagar.
La recesión agravó el panorama. En los dos últimos años hubo un aumento del 51% en la cantidad de gente que va a la sala de emergencias con problemas que se arreglarían con una visita al médico. La atención de pacientes sin seguro médico, con problemas menores, le costó al hospital 1,8 millones de dólares este año.
El programa de Vallejo hace que el hospital atienda solo las verdaderas emergencias. El resto de los pacientes es derivado a una clínica, donde se les cobra según una escala que tiene en cuenta sus ingresos.
Los participantes en el programa dicen que están ahorrando dinero, porque resulta más económico ofrecer al paciente tratamiento preventivo en una clínica que estar recibiéndolo a cada rato en la sala de emergencia. Los pacientes también están satisfechos con el arreglo.
Sergio Santana era un pintor sindicalizado que se quedó sin trabajo y sin seguro médico. Cuando sufrió una infección en un pie, fue tres veces a la sala de emergencia del Sutter Solano. El costo de su atención fue de 1.600 dólares.
Luego hizo una visita de seguimiento a la clínica y pagó 21,40 dólares.
“Cuando iba al hospital, no pensaba en los costos. Solo me preocupaba el pie”, declaró Santanta, quien es ciudadano estadounidense. “Pero están haciendo un buen trabajo (en la clínica) y pago lo que pagaba cuando tenía seguro”.
El proyecto que debate el Senado impediría que los indocumentados reciban subsidios del gobierno o paguen de su bolsillo por un seguro de salud privado.
El proyecto de la Cámara de Representante veta los subsidios pero contempla la compra de seguros por parte de una persona. De hecho, exige a que todo el mundo saque un seguro, por más que muchos no tengan dinero para hacerlo, según Shana Alex Lavarreda, investigadora del Center for Health Policy Research de la Universidad de California en Los Angeles.
“Está claro: Van a quedar afuera de la reforma”, afirmó Judy Solomon, del Centro sobre Prioridades de Política y Presupuesto (Center on Budget and Policy Priorities).
Eso generalmente implica ir a la sala de emergencia ante cualquier problema médico.
Quienes tratan de contener la inmigración creen que ofrecer atención médica al extranjero representa un incentivo para que venga más gente y no es justo para los contribuyentes, que subsidian esa atención.
Pero en el hospital de Vallejo dicen que el programa que reduce la cantidad de visitas a las salas de emergencia es un paso lógico.
Un año después de comenzar a funcionar, la clínica, llamada así, La Clínica, recibe unos 800 pacientes al mes. Un tercio de ellos son enviados por las salas de emergencia de hospitales.
A pesar de tener La Clínica muy cerca, la sala de emergencias del Sutter Solano recibió este año 6.000 pacientes más que lo anticipado.
“Me asusta pensar lo que pasaría si no tuviésemos La Clínica”, declaró el director ejecutivo del hospital Terry Glubka.
La directora de La Clínica, Monique Sims, dice que el status migratorio de un paciente “es irrelevante”
El representante Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois, presentó hoy un proyecto de ley que prevé la legalización de 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, iniciativa que cuenta con el apoyo de 87 legisladores.
Las bancadas hispana, asiática, afroamericana y progresista, así como defensores de los inmigrantes, expresaron su apoyo a la propuesta “Reforma Migratoria Integral 2009 para la Seguridad y la Prosperidad de Estados Unidos” (CIR ASAP).
El Título IV del proyecto de ley sobre la “legalización ganada” requiere presencia continua en el país al momento de la presentación de la iniciativa.
También requiere demostrar contribuciones al país mediante empleo, educación y servicio militar, someterse a una revisión de antecedentes penales y pagar una multa de 500 dólares, excepto los menores de 16 años.
No calificarán para la legalización personas con antecedentes penales serios y se impondrá una pena de cinco años de cárcel a quienes falsifiquen documentos para solicitar su ingreso al programa.
El proyecto incluye las propuestas Dream Act para legalizar a jóvenes indocumentados y AgJobs para trabajadores agrícolas.
El proyecto de ley es el primer paso de un complejo proceso para reformar el sistema de inmigración, que necesita acción del Senado para su promulgación por el presidente Barack Obama, que se espera para principios de 2010
