El diputado local José Luis Aguilera Rico se pronunció por discutir la iniciativa de ley de su autoría, a fin de reformar el Código Penal estatal y castigar con prisión a quien obligue a los padres de familia a cubrir una cuota escolar.
El presidente de la Junta de Concertación Política dijo que ese compromiso lo hace en respuesta a las quejas de los padres de familia, que se ven obligados a cubrir las cuotas en escuelas públicas con el argumento de que si no lo hacen no les entregarán documentos a sus hijos.
Recordó que se trata de adicionar un capítulo al Código Penal estatal, donde se establece una pena de uno a seis años de prisión y de 20 a 200 días de multa a quien por cualquier medio obligue a cubrir las aportaciones o cuotas de padres de familia, consideradas como voluntarias por las leyes en la materia.
El también coordinador de la fracción del partido Convergencia en el Congreso estatal manifestó su preocupación por esa situación ya que esas conductas son recurrentes en los periodos de inscripción y reinscripción en las escuelas públicas de la entidad.
“Es necesario que este tema no sólo se discuta en una comisión ordinaria del Congreso del estado, sino que también se invite a la sociedad afectada para que abiertamente opine sobre las cuotas escolares”, enfatizó.
Señaló que se ha detectado que las asociaciones de padres de familia cobran cuotas escolares a nombre de las instituciones educativas y abren cuentas en bancos y cajas populares, las cuales manejan de acuerdo a intereses particulares.
Ante eso, confirmó su interés por que sea tomada en cuenta su propuesta de adicionar un nuevo tipo penal al Código en la materia, ya que con ello se busca apoyar a los padres de familia más vulnerables, que sólo pueden acceder a la educación pública gratuita para sus hijos
La Procuraduría General de la República (PGR) encontró el chip de identificación y localización que le fue implantado a Diego Fernández de Cevallos en 2004.
El chip fue hallado en un radio de 40 kilómetros a partir del rancho La Cabaña. La ubicación del dispositivo se realizó con ayuda de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), equipado con radares con un alcance de más de 400 kilómetros.
Peritajes de la PGR determinaron que el mismo 14 de mayo, día del secuestro, a Diego Fernández de Cevallos le fue extraído el chip de localización que le fue implantado cuando se desempeñaba como senador de la República.
Para el retiro del dispositivo, sus captores presuntamente utilizaron unas tijeras que sustrajeron de su estuche personal con el que arreglaba y recortaba su barba.
La Sedena rastreó el 15 de mayo el chip con una aeronave Embraer, de fabricación brasileña, por la entidad queretana y los estados circunvecinos.
Por medio de esta aeronave EMB-145 se fijó la zona de búsqueda, lo que permitió a la empresa con tecnología satelital, a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) ubicar el chip de localización del ex senador de la República Diego Fernández de Cevallos.
La hora de la desaparición del ex senador se establece a las 23:30 horas del viernes 14 de mayo de este año. Los peritos sostienen que la sangre, 300 mililitros aproximadamente, provenía de una herida realizada con un arma punzocortante debido a que las tijeras y el chip contenían el mismo tipo de sangre del abogado panista, por lo que no fue necesario practicar un estudio de ADN.
Las pruebas periciales establecen que esa herida fue provocada por sus captores para extraer el dispositivo de identificación y evitar de esta manera su localización.
Los peritajes precisan que en el secuestro intervinieron seis personas y que el chip, un dispositivo semejante en forma y tamaño a un grano de arroz, que le fue implantado al panista para su identificación en caso de secuestro, fue encontrado en 40 kilómetros a la redonda de donde fue encontrada su camioneta.
De los seis participantes se establece que cuatro de ellos lo sometieron, mientras que otro permaneció como conductor de la unidad donde fue llevado, mientras que otra persona mantuvo vigilancia permanente a las afueras del rancho mientras se cometía el ilícito.
Las huellas dactilares encontradas en la camioneta y la puerta de la casa del panista no están registradas en las bases de datos de identificación criminalística de las autoridades federales, ni de las procuradurías del país.
También se pidió colaboración a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés) quien tampoco encontró en sus registros las huellas halladas en la casa de Fernández de Cevallos.
En la mecánica del secuestro, los peritajes indican que el panista fue empujado y golpeado contra una pared de la entrada de su casa, y que les tomó de 15 a 20 minutos a sus captores ejecutar el ilícito
Esas y otras pruebas periciales que ha realizado fundamentalmente la PGR no han sido entregadas a ningún ministerio público ni federal ni de la Procuraduría de Justicia de Querétaro, al estar detenidas todas las investigaciones respecto de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos .
La Procuraduría de Querétaro sigue con la indagatoria abierto SC/31/2010 ; sin embargo, esta no tiene ningún avance debido a que el gobierno federal ha detenido cualquier pesquisa para que la familia pueda negociar con los captores. Se identifica a el ex procurador General de la República Antonio Lozano Gracia como el negociador e interlocutor de la familia del abogado panista.
Hasta el cierre de esta edición se siguen estableciendo cinco líneas de investigación en torno a su secuestro: por motivos económicos, por venganza profesional o personal, por crimen organizado, por motivos de interés político y por organizaciones guerrilleras o subversivas
La Presidenta Municipal de Naucalpan, Azucena Olivares Villagomez, rechazó la propuesta de la Comisión Nacional de Gobernadores para integrar la figura de la policía única en las entidades del país.
La alcaldesa priista consideró más adecuado fortalecer la coordinación de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno, y establecer mayor capacitación para que la Policía Municipal pueda desempeñar mejor su trabajo.
‘No estaría yo de acuerdo (con la policía única); estoy de acuerdo con una coordinación de las tres instancias, la municipal, la estatal y la federal, pero acuérdense que hay delitos del fuero común y es cuando la gente se acerca para arroparlos’, destacó.
Ayer, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón anunció que presentará una propuesta de reforma legal y constitucional para impulsar el nuevo modelo policial.
La propuesta contempla la desaparición de las más de 2 mil corporaciones de seguridad municipales del país, y establecer 31 agrupamientos policiacos en cada una de los estados del país.
Olivares, quien preside la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) advirtió que la Constitución Mexicana establece la autonomía a los gobiernos municipales para contar con sus corporaciones de seguridad.
‘Contamos con la autonomía que tiene el municipio en el artículo 115 constitucional, estamos luchando y avocando por que la Policía Municipal es necesaria; es la policía cercana a la gente y es la que la comunidad conoce y sabe que está ahí’, comentó
El gobierno del estado, avaló la propuesta de desaparecer las policías municipales y en cambio, crear un mando único.
El gobernador José Calzada, mencionó que aunque se obedezca a diferentes mandos existe una policía consolidada, pero consideró difícil que esta propuesta emanada del presidente Felipe Calderón se encuentre lista antes del mes de diciembre.
“Vamos a esperarnos para ver que se propone con punto y coma, y de ahí se va a derivar en un diálogo y una discusión muy importante para el país, y en ese sentido, pues nosotros iremos ordenando las cosas para que en estas circunstancias, aquí transcurra con tranquilidad las cosas”.
Mencionó que en esta entidad, existe una excelente comunicación entre los diversos mandos policiales de los 18 municipios con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero esperarán la propuesta de la federación que sea turnada a la Legislatura local.
Por su parte, el diputado local, José Luis Aguilera Rico, consideró la propuesta como un “error” y un “grave retroceso” al sistema policial del país, además, los niveles de violencia no son comparativos con los estados del norte del país, con otros que tienen paz social
El secuestro de ex senador, Diego Fernández de Cevallos fue realizado por el grupo subversivo Ejército Popular Revolucionario (EPR) o cualquiera de sus escisiones como La Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) al dejar mensajes similares a los familiares de las víctimas.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia A.C, José Antonio Ortega especuló que el EPR es la organización criminal que privó de la libertad al político panista, al señalar que su desaparición es idéntica a la que sufrió el empresario Alfredo Harp Helú.
Destacó que entre 2004 y 2010 los diversos grupos subversivos han cometido por lo menos 50 secuestros contra empresarios que no han sido investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a pesar de que hay diversas denuncias en contra de presuntos líderes, como es el caso de Rogelio Ortega Martínez, profesor de la Universidad de Guerrero y presunto integrante de La Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
Mientras se extiende el manto del silencio oficial, el político queretano Diego Fernández de Cevallos mantiene su calidad de desaparecido.
El gobernador José Calzada Rovirosa dijo que no habrá información hasta que lo juzguen conveniente las procuradurías que trabajan en la investigación.
Y mientras la Comisión Permanente del Congreso prepara formular una enérgica condena contra la violencia, la Junta de Coordinación Política del Senado se propuso ir a un periodo extra de sesiones para aprobar las iniciativas que refuercen los mecanismos para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La ODCA, por medio de Manuel Espino, hizo votos por que el desenlace de este episodio “sea el mejor”.
