La dirigencia nacional del PRD exigió a la Procuraduría General de la República que investigue la presunta participación de internos del Cereso de Gómez Palacio, Durango, en el robo de urnas durante la jornada electoral del 4 de julio.
El dirigente nacional del partido, Jesús Ortega, acusó a través de una carta al gobernador de Durango de ser el responsable administrativo de estos hechos, al ser el superior jerárquico de los directivos del Cereso.
Tras la investigación que se inició contra funcionarios del Cereso que presuntamente permitían que los reos salieran del lugar a cometer actos delictivos, la dirigencia del partido exigió que se abra esta nueva línea de investigación.
Ortega reveló que el comité del PRD en la entidad denunció que hombres encapuchados, con armas largas, robaron urnas durante el día de la elección
Una purga postelectoral dejó fuera del Partido Acción Nacional a seis militantes distinguidos, entre los que se encuentra al ex alcalde de Chihuahua capital, Juan Blanco Saldívar y el exdiputado federal, César Reyes Roel.
También fue turnado a la Comisión de Orden la solicitud de expulsión de Luis Villegas Montes, quien estuvo al frente de la Dirección Jurídica del Directivo Estatal del PAN y se le acusa de que en las últimas semanas ha hecho públicas diversas acusaciones y difamaciones en contra del dirigente estatal del blanquiazul, Cruz Pérez Cuéllar.
La decisión de expulsar a estos panistas distinguidos fue tomada durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, celebrada el sábado en la tarde, reunión en la que se presentó la declaratoria de expulsión de seis militantes por haber participado, apoyado o haber sido candidatos de otros partidos políticos.
De acuerdo al informe del consejo estatal panista, en los casos de César Reyes Roel y Juan Blanco Saldívar determinaron su expulsión del Partido Acción Nacional por manifestar públicamente su apoyo a un candidato ajeno al blanquiazul.
Durante la campaña electoral pasada, se promovió en varias ocasiones la fotografía tomada en un restaurante en la que aparece el exalcalde chihuahuense Juan Blanco con el priísta César Horacio Duarte Jáquez, entonces candidato y ahora gobernador electo.
En la reunión del Consejo, el secretario general del CDE del PAN, Eduardo Fernández Sigala leyó la declaratoria de expulsión ante el pleno, pidió la participación de los consejeros y luego lo sometió a votación; la mayoría avaló la expulsión de los seis militantes.
El siguiente paso es informarle a la Comisión de Orden sobre dicha la declaratoria de expulsión de los ahora exmilitantes del PAN, para posteriormente notificarles, y los citará a cada uno de ellos para que rindan una declaración.
De igual manera la Comisión de Orden analizará la expulsión del ex representante jurídico del PAN, Luis Villegas, por haber realizado y publicado declaraciones en contra de la institución, así como del presidente del partido, Cruz Pérez Cuéllar.
Ya será la comisión quien determine qué castigo deberá asumir Luis Villegas, si es expulsado del partido o suspenderlo dos o tres años de la institución.
Villegas Montes es autor de la columna “Una Reflexión Personal”, la cual se difunde en distintos medios periodísticos de la entidad, recién estuvo en Oaxaca a donde acudió en apoyo de los trabajos electorales encabezados por el diputado federal Javier Corral Juardo.
También, dentro de la sesión se tomó el acuerdo de hacer un análisis de los resultados de la elección pasada, tanto en la interna como la externa.
Por disposición reglamentaria, el CDE presentó un informe administrativo de los ingresos y de egresos de las prerrogativas entregadas al partido, así como los gastos generales de las campañas
Legisladores del PRI, PRD, PVEM y PT pidieron a la Comisión Permanente promover una controversia constitucional por la salida de Héctor Osuna al frente de la Cofetel y el nombramiento de Mony de Swaan como comisionado de la misma.
En la petición los legisladores argumentan que Héctor Osuna renunció a la dirección de la Cofetel para dedicarse a actividades personales en Baja California y no por causas graves, única causal de renuncia admitida en el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Bajo ese argumento, los legisladores consideraron que el Ejecutivo federal violó la ley al aceptar la renuncia de Osuna Jaime.
También argumentaron que el nombramiento de Mony de Swaan al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) incumple con la facción III del artículo 9-C de dicha ley.
En ese sentido aseguraron que De Swaan no cuenta con un desempeñado destacado en la materia ni con experiencia en actividades relacionadas sustancialmente con el sector de las telecomunicaciones como estipula dicho artículo.
La petición para que la Comisión Permanente presente la controversia ante la Suprema Corte de Justicia está firmada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Videgaray, Andrés Massieu, Alfonso Navarrete y Carlos Ramírez.
También firman los legisladores Agustín Guerrero y Rosalinda López del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Pablo Escudero, del Verde Ecologista de México (PVEM) así como Mario Di Costanzo del Partido del Trabajo (PT).
La propuesta viene incluida en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles
Diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentaron una iniciativa para eliminar el impuesto del 4 por ciento a las telecomunicaciones, es decir, el 3 por ciento por concepto del IEPS y el 1 por ciento del IVA, a fin de que los servicios satelitales, de telefonía fija y móvil regresen al formato en el que se encontraban antes de 2009, pues consideraron que los consumidores son los más afectados por esta carga impositiva.
Añadieron que alrededor del 70 por ciento de la población tiene un teléfono móvil y 21 millones de personas cuentan con líneas fijas; argumentaron que estos gravámenes afectaron principalmente a los usuarios de prepago, los cuales representan el 91 por ciento del total del mercado de telecomunicaciones
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acordó con el PRI que nombrará a los encargados de la cartera de Medio Ambiente en los estados y municipios donde participaron aliados, y ganaron, en los pasados comicios.
En un decálogo de compromisos, ambos partidos se comprometieron a impulsar desde los congresos locales las propuestas de otorgar vales para medicinas, un bono educativo para cursos de inglés y computación y poner a debate la discusión de la pena de muerte para secuestradores y asesinos.
Esas iniciativas fueron presentadas por el PVEM desde 2009 en el Congreso de la Unión, pero la discusión y su análisis se encuentran congeladas .
La organización ecologista Greenpeace se mostró preocupada por el “derecho” que tendrá el PVEM para designar a funcionarios ambientales.
Patricia Arendar, directora ejecutiva de la organización, consideró que el acuerdo PRI-PVEM es de una visión “muy limitada” porque el tema de la protección ecológica se aborda como un reparto de cuotas y cargos.
“El medio ambiente no es un botín político, tiene que ser un espacio para los mejores expertos, con probada trayectoria, de lo contrario vamos a seguir perdiendo 8.9% o más del Producto Interno Bruto (PIB) por los recursos naturales (mal utilizados)”, comentó.
El secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, Arturo Escobar, dijo que su partido no realizará ninguna imposición.
“Sólo sugeriremos una terna de nombres para que sea el mandatario estatal o municipal quien elija. Nos interesa poner a consideración la creación, por ejemplo, de procuradurías ambientales”, precisó.
El pacto entre verdes y priístas se pondrá en marcha en Veracruz, Hidalgo, Chihuahua, Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Tamaulipas, Durango (alcaldías) y en cinco municipios de Baja California
El líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones reconoció que para su partido el triunfo en Baja California es importante y por ello el reto no sólo es regresar sino renovarse.
“Hoy estamos convencidos que hubo una reflexión general en Baja California, que le regresa la confianza a un PRI que no nada más debe regresar, sino renovarse en todas y cada una de sus actitudes”, sostuvo.
En su opinión hubo un voto de castigo por parte de los bajacalifornianos, que se expresó en construir nuevamente la alternancia.
Por ello, estimó, “es la hora de hacer una nueva política en Baja California, intercambiando esfuerzos con las otras autoridades que hayan surgido, de partidos distintos al nuestro”.
“Hay que alejarnos completamente de cualquier revancha política y acercarnos mucho más al trabajo conjunto en beneficio de los bajacalifornianos”, enfatizó.
