Daniel Karam Toumeh, director general de IMSS, anunció nuevas medidas de seguridad para los prestadores del servicio de guarderías subrogadas que tendrán que implementar si quieren que el instituto les renueve sus contratos.
Entre las nuevas reglas de operación está que las guarderías cuenten con retardantes de fuego, puertas de emergencia abatibles, barra de pánico y detectores de humo conectados al sistema eléctrico.
En este mes, se revisarán 95% de los mil 500 contratos de los prestadores de guarderías, que le dan servicio al instituto, y que en su conjunto atienden a 218 mil niños de madres afiliadas al Seguro Social.
En Hermosillo, Sonora, elementos de la Agencia Federal de Investigación, detuvieron a Martín Lugo Portillo, quien fue jefe del Departamento de Bomberos Municipal, por su presunta responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC ocurrida el pasado 5 de junio.
Lo anterior fue confirmado ayer por Juan Francisco Matty Ortega, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Lugo Portillo era investigado por la Procuraduría General de la República por ser quien “avaló el peritaje” a la guardería en el que informó que ésta reunía las medidas de seguridad.
Reglas “no son negociables”
Daniel Karam, director general del IMSS, afirmó en conferencia de prensa que a raíz del incendio ocurrido en la guardería ABC, en donde murieron 49 niños, se elaboraron reglas más estrictas en materia de seguridad que no son “negociables”.
Anunció que se creó un fideicomiso, entre la Fundación IMSS y el gobierno de Sonora, de 120 millones de pesos, para que los niños afectados por el incendio tengan un apoyo económico vitalicio.
Recordó que el instituto tiene el compromiso y la obligación de prestar el servicio de guarderías para las madres derechohabientes. “Tenemos que asegurar que esa prestación se dé en condiciones de extrema seguridad para los niños”.
Aseguró que ese es el criterio que adquirirá mayor fuerza para la renovación de contratos que en su mayoría vencen en este mes.
Entre los nuevos requisitos está transparentar el nombre de los socios, los representantes legales y la directora de la guardería.
Karam Toumeh comentó que esta información será pública, así como documentación sobre asignación de contratos.
Como parte del programa de seguridad y transparencia que implementó el IMSS, toda nueva guardería que le preste el servicio, dijo, deberá ser producto de un proceso de licitación, y no de asignación directa.
Para fines de prestación de servicio, explicó, se revisará que la directora de la guardería tenga características para administrar y atender a los niños.
Aseguró que 30 guarderías subrogadas dejaron de prestar el servicio al instituto, porque no cumplían con los nuevos requisitos en materia de seguridad y funcionamiento.
El director del Seguro Social afirmó desconocer cuántas guarderías, de las mil 425 a las que se vence su contrato este mes, se les volverá a renovar.
Tensión por jubilaciones
El titular del IMSS mencionó que el instituto tendrá una fuerte tensión debido a que en lo que queda del año y el próximo, se jubilarán 40 mil trabajadores (entre médicos, enfermeras y personal administrativo) que colocan al Seguro Social en una importante presión financiera.
Adelantó que mientras no exista una solución a fondo para resolver la vulnerabilidad financiera del IMSS se continuarán utilizando las reservas del fondo laboral que son de 44 mil millones de pesos
El pleno del Senado de la República aprobó hoy en lo general, en la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones, reformas a la Ley de Amparo.
La reforma permite “abrir” la figura del amparo a más mexicanos, pues una vez que la Corte haya emitido cinco sentencias, tendrá el alcance general, y no sólo beneficiará a los interesados.
Luego de la participación de una serie de oradores, como Ricardo Monreal, coordinador de PT; Tomás Torres (PRD), y Alejandro Zapata Perogordo (PAN), el paquete de reformas se aprobó por 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Las reformas aprobadas este jueves amplían la posibilidad de que más mexicanos recurran al amparo, y por ende tengan mayor acceso a la justicia, y que la Corte se fortalezca.
De igual forma se retirará el llamado “efecto Otero” lo que permitirá que las resoluciones protejan a todos en esas hipótesis y se crearán los plenos de circuito, que van a resolver las contradicciones de tesis, cuando ésta se presenten entre tribunales de un mismo circuito.
Ahora el pleno procederá a analizar las reservas de artículos que realizaron los senadores, como Ricardo Monreal, coordinador del PT
Venezuela desea erradicar la extracción ilegal del coltán, un mineral altamente conductor usado en tecnología, intensificando sus operaciones militares en los vastos territorios del sur del país, explicó este jueves el vicepresidente Ramón Carrizález.
“Se está desarrollando la operación Oro azul para combatir la minería ilegal principalmente del coltán, que está siendo explotado (irregularmente) en los últimos años”, señaló Carrizalez, que encabezó una rueda de prensa en una de las más de 30 bases militares desplegadas en el sureño estado de Bolívar.
“Hemos tomado el control de los sitios de explotación, vamos a seguir incrementando esto para evitar que siga sustrayéndose este mineral estratégico”, añadió Carrizález, también ministro de Defensa.
La operación “Oro azul” está enmarcada en la estrategia de alcance nacional Centinela, lanzada en abril de este año con el objetivo de aumentar el resguardo de la extensa frontera de más de 2.000 kms que comparten Venezuela y Colombia, protagonistas de constantes tensiones diplomáticas.
El coltán es un mineral altamente conductor utilizado en la industria de los teléfonos celulares, computadoras y otros equipos electrónicos, así como también en la fabricación de misiles.
“No tenemos todavía precisión de la cantidad de coltán que tenemos acá, pero este mineral es estratégico”, admitió el vicepresidente.
Según los responsables venezolanos, el kilo de coltán se comercializa a 500 dólares y es extraído ilegalmente desde hace unos seis años en las llanuras y territorios selváticos de los estados colindantes de Bolívar y Amazonía, donde “Oro azul” ha desplegado unos 3.700 militares.
El hallazgo de este mineral fue anunciado en octubre por el presidente Hugo Chávez.
El programa Centinela, que ha desplegado casi 20.000 hombres en los estados fronterizos con Colombia, contempla además de “Oro azul”, las operaciones “Sierra 21″ en el estado Zulia, que busca erradicar las plantaciones ilegales de coca, y “Boquete”, en el estado de Apure, para la detección y destrucción de pistas clandestinas de aterrizaje que sirven al narcotráfico.
Otra de sus aristas es el combate a grupos paramilitares irregulares en el fronterizo estado de Táchira (este), donde esta semana dos guardias venezolanos fueron asesinados por presuntos paramilitares, según el gobierno venezolano.
La ratificación en Uruguay de la ley que evita juzgar a responsables de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura es “decepcionante”, afirmó este martes Human Rights Watch (HRW).
“Los resultados del plebiscito son decepcionantes, pero no olvidemos que la rendición de cuentas no es un concurso de popularidad que debe ser decidido por las mayorías”, indicó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.
“Uruguay tiene una obligación legal internacional para investigar y procesar a los responsables de crímenes atroces”, dijo Vivanco.
El domingo los uruguayos ratificaron por segunda vez en 20 años la vigencia de la Ley de Caducidad que otorga amnistías a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-85), en un plebiscito en paralelo a los comicios presidenciales y legislativos.
Por otra parte, HRW aplaudió la condena la semana pasada al ex dictador uruguayo Gregorio ‘Goyo’ Alvarez (1981-1985), a 25 años de prisión por 37 delitos cometidos durante la dictadura.
“Urgimos a los jueces a continuar por este camino”, agregó Vivanco.
