La 40 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comenzará mañana domingo en esta capital, asumirá el compromiso de limitar el gasto militar en la región, afirmó hoy el canciller peruano José Antonio García Belaunde.
En declaraciones a periodistas locales, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú dijo que la Declaración de Lima, que será firmada al término del cónclave hemisférico, busca reafirmar el compromiso de limitar el gasto en armas en el continente.
García Belaunde, quien será el anfitrión de la cita que congregará en Lima a una treintena de cancilleres de la región, señaló que el documento reflejará “el compromiso de los países con una efectiva limitación en la adquisición de armas”.
El jefe de la diplomacia peruana recordó además que la limitación del gasto en defensa constituye uno de los principios fundamentales establecidos en la Carta de la OEA.
“La Declaración de Lima, que esta asamblea se propone adoptar, reafirma el compromiso de los países con los principios fundamentales de la Carta de la OEA”, subrayó.
García Belaunde detalló que uno de los principios rectores del organismo interamericano “implica un compromiso de los países para alcanzar una efectiva limitación en la adquisición de armas, justamente para dedicar los recursos al desarrollo”
La presidenta Cristina Fernández dijo el viernes que Argentina no volverá a utilizar la fuerza militar para recuperar las islas Malvinas, al cumplirse 28 años del inicio de una cruenta guerra con Gran Bretaña por la posesión del archipiélago.
“No nos vengan a correr con fantasmas de que los argentinos tratamos de tomar militarmente las islas”, dijo la mandataria en un acto en la ciudad sureña de Ushuaia en conmemoración del Día del Veterano de Guerra y los Caídos en las Malvinas.
“Esta presidenta” y “esta sociedad no pueden ser vistas por el mundo como una amenaza”, subrayó. Calificó de “ridículas” versiones que no especificó en el sentido de que Argentina podría volver a utilizar la fuerza para recuperar el archipiélago.
El conflicto comenzó con el desembarco de tropas argentinas el 2 de abril de 1982 y terminó con la rendición del gobierno de Buenos Aires el 14 de junio. Durante los combates murieron 649 argentinos y 272 británicos.
“Pretender soberanía a 14.000 kilómetros de distancia no es sostenible por el derecho, la geografía ni por el sentido común”, agregó la mandataria al recordar la lejanía de Gran Bretaña sobre el archipiélago, que ocupó Gran Bretaña por la fuerza en 1833 y que Argentina dice haberlo heredado de la corona española.
“No es (el del Reino Unido) un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo”, destacó Fernández en su discurso a la vera del canal de Beagle, en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, a unos 3.200 kilómetros de la capital argentina y a menos de 1.000 kilómetros en línea recta de las Malvinas.
Recordó que desde 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Comité de descolonización, viene reiterando anualmente su pedido para que los gobiernos de Londres y Buenos Aires se sienten a negociar sobre el tema.
A nivel diplomático, las relaciones se acaban de tensar tras una escalada del Reino Unido por exploraciones hidrocarburíferas que de manera unilateral iniciaron británicos e isleños en la zona.
Fernández agradeció la solidaridad de “nuestros hermanos latinoamericanos sin excepción”, que apoyaron en recientes foros los reclamos argentinos.
En este contexto, el 24 de febrero último, el canciller Jorge Taiana llevó su reclamo a las Naciones Unidas y el 20 de marzo a la Organización de Estados Americanos.
En ambos casos, Argentina pidió que el Reino Unido acepte su obligación de no innovar en el área de disputa, tal como lo establece una resolución de la Asamblea General de la ONU.
Organizaciones políticas y sociales tenían previsto para este viernes marchas en la capital argentina hacia la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, en repudio a la ocupación británica en las islas Malvinas, a las que los británicos llaman Falkland.
El amplio apoyo que recibió hoy José Miguel Insulza, para otro mandato como secretario general de la OEA, le debe permitir acometer reformas para agilizar el organismo, pero no es de ninguna manera una carta blanca para su gestión.
El chileno, que fue reelegido hoy por aclamación para un segundo mandato al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA), sabe que el contundente apoyo que le han dado los 33 países miembros activos del organismo representa una confianza que él tendrá que ganarse de nuevo día a día.
Y es que las críticas a su gestión y a su persona, a menudo muy duras, no han desaparecido ni lo harán por el simple hecho de haber sido reelegido por otros cinco años.
“Él sabe que hay problemas, que es muy criticado, y que tiene que resolver las diferencias que tiene con algunos países, y por tanto no se va a tomar este segundo periodo como secretario general como un mandato de continuidad”, dijo a Efe el presidente del Diálogo Interamericano, Peter Hakim.
En general, las críticas, justificadas o no, son irónicamente contradictorias, pues unos le acusan de ser demasiado blando y complaciente con algunos países, de no tomar la iniciativa y de no intervenir en determinadas situaciones en las que debería, mientras que otros le acusan de excederse a veces en sus funciones y de actuar con demasiado impulso.
“Hay varios países que no están satisfechos con la OEA, pero tampoco es fácil encontrar una solución en un organismo multilateral cuyo margen de maniobra está limitado por el estricto respeto a la soberanía de los países, y el secretario general tiene pocos recursos para actuar”, sostuvo Hakim.
Por eso, uno de sus deberes en este nuevo mandato que arranca a finales de mayo debe ser “buscar más apoyos directos de países con peso” como EE.UU., Brasil, México y Argentina, entre otros, y consultarles para ver “hasta qué punto le dejan actuar, qué quieren que haga y si hay un poco más de margen para una mayor iniciativa en su gestión”, afirmó.
En política, “el líder es el que elige el ritmo del movimiento, la actuación y las iniciativas, pero si un grupo no quiere no puede hacer nada”, aseguró Hakim.
Es por eso por lo que el propio Insulza suele subrayar que la OEA es lo que sus Estados miembros quieren que sea.
Y justo por eso, debe buscar a partir de ahora ya no el respaldo de los votos, sino el que necesita para llevar a cabo su trabajo diario, sobre todo en situaciones complicadas, en las que debería poder actuar.
Si lo consigue, tendrá la tranquilidad que necesita para ser más activo y agresivo, una característica que algunos han echado de menos en él.
En ese supuesto, en opinión de Hakim, Insulza tendrá una “cierta base de legitimidad” para actuar y estará menos expuesto si lo hace.
El problema de la OEA es que siempre actúa por consenso, porque todos los países participan en igualdad de condiciones y eso dificulta el diálogo y el acuerdo, más aún en un momento en el que el continente está profundamente dividido ideológicamente, recordó.
Insulza “está preso de la Carta Democrática Interamericana. Y un líder tiene que tener flexibilidad”, argumentó Hakim, explicando la base del problema.
En este sentido, otro de sus cometidos debe ser reformar la Carta, tal y como prometió cuando presentó su programa.
Uno de los mayores logros de Insulza ha sido colocar a la OEA en el centro de todos los grandes sucesos y conflictos de la región, pero al mismo tiempo eso ha evidenciado la capacidad limitada que tiene el ente para resolver, en algunas ocasiones, problemas graves.
Entre sus éxitos figuran haber evitado una escalada del conflicto entre Ecuador y Colombia en 2008, desactivado la crisis político-institucional de Nicaragua en 2005 e impedido otra en 2009 en Guatemala, y haber acompañado a Bolivia entre 2006 y 2009 en el complicado y a veces tenso proceso de cambio y transformación democrática.
Y se produjo, quizás, por la dependencia del requerimiento de que sean los Gobiernos los que invoquen la Carta Democrática para que se pueda actuar. Cuando Tegucigalpa la invocó, la ruptura de la democracia era ya inevitable.
El chileno quiere introducir formas y procedimientos más rápidos y flexibles que le permitan actuar de manera preventiva.
Para Hakim, sin embargo, la Carta “no está mal redactada”, sino que el problema es que “los países no pueden acordar cómo implementarla y por tanto el obstáculo es “la falta de iniciativa”.
Así, para poder cumplir con su promesa de flexibilizar la Carta y por ende poder actuar con más libertad, Insulza tendrá que buscar aliados firmes y un apoyo grande entre los Estados miembros.
Habrá que ver si, a la hora de la verdad, el respaldo es igual de unánime
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos elegirá en las próximas horas a su secretario general y secretario general adjunto para los próximos cinco años, anunció el miércoles la organización.
Los únicos candidatos en la reunión inicial del 39no período de sesiones son José Miguel Insulza, actual secretario general, y Albert Ramdin.
El chileno Insulza, de 66 años, es secretario general de la OEA desde 2005. Ramdin, diplomático surinamés de 52 años, asumió como secretario adjunto el mismo año
El Estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes, así como hay “serias restricciones” a los derechos humanos, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado este miércoles.
En el informe de casi 300 páginas, la CIDH observa un “debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela” que “ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos” en el país.
El Estado no ha “garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno” del presidente Hugo Chávez.
“Se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”, señaló la Comisión.
Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por parte de la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
La CIDH destacó que este informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, toda vez que el gobierno de Chávez se niega a permitirla desde 2002.
Caracas se rehúsa alegando que el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el gobierno de facto que se instaló durante 48 horas durante el fallido golpe militar de abril de 2002 contra Chávez.
Precisamente desde 2002 el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha incluido a Venezuela en un capítulo en su informe anual que dedica a aquellos países del continente donde los derechos humanos estarían más comprometidos.
La negativa del gobierno de Chávez a permitir la visita “debilita seriamente el sistema de protección colectivo” creado por la OEA, consideró la CIDH.
La comisión subrayó la falta de “condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor” en Venezuela.
Asimismo, constató “un patrón de impunidad” en casos de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas y personas que participaron en manifestaciones.
La CIDH reconoció los avances del gobierno de Chávez en materia social, económica y cultural, pero indicó que en aras de cumplir con las demandas de la población en estas áreas “no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales”.
La comisión identificó también en Venezuela restricciones a manifestaciones pacíficas, un “ambiente hostil” contra la oposición, inseguridad ciudadana, estado precario de los presos y, sobre todo, “la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos”.
Todos estos factores “contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela”, concluyó la CIDH.
La Comisión instó al gobierno de Venezuela a tomar los correctivos necesarios para revertir la deficiente situación de los derechos humanos, como permitir un ambiente propicio para el disenso político y el respeto de la independencia de los poderes públicos.
El crimen organizado “socava las bases de la democracia” y debe ser combatido con cooperación y rigor, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en un mensaje leído hoy ante la VIII Reunión de Ministros de Justicia de las Américas.
“La defensa de la democracia supone también el combate al crimen organizado trasnacional en todas sus formas”, pues se trata de un fenómeno que “afecta directamente la vida de los ciudadanos” y, por tanto, “socava las bases” de la confianza, dice el mensaje enviado por Insulza al encuentro ministerial que se celebra en Brasilia.
Según el programa oficial del encuentro, Insulza participaría hoy y mañana en la reunión de autoridades de Justicia, pero fuentes de la OEA explicaron que debió cancelar su asistencia por problemas de agenda.
En su mensaje, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó además a las autoridades reunidas en Brasilia a reforzar los mecanismos de combate a la corrupción, que también afecta la confianza de los ciudadanos en la democracia.
Según Insulza, “no basta con aprobar y legislar sobre derechos”, sino que también es necesario “velar por su efectiva y correcta aplicación”.
La búsqueda de mecanismos de cooperación que permitan un mejor combate al crimen organizado en el ámbito interamericano es uno de los principales objetivos de la VIII Reunión de Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales Generales de las Américas.
Documentos difundidos este miércoles en la apertura de la cita atribuyen la mayoría de los 27 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registran anualmente en América Latina a personas vinculadas a las bandas del crimen trasnacional.
También sostienen que el tráfico de drogas es una de las mayores amenazas a la seguridad ciudadana, y moviliza en la región unos 320.000 millones de dólares al año, una cifra que supera el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países latinoamericanos
