El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, señaló que el problema de la obesidad infantil es multifacético, por lo que es necesaria una estrategia conjunta para combatirla desde distintos puntos y no sólo regulando las cooperativas escolares, si no a todas las tiendas.

En entrevista con W Radio, Lujambio señaló que uno de los puntos importantes para la SEP es el regular qué comen los niños en los planteles, “pero lo que arreglo en la escuela se desarregla en casa” porque los padres no tienen claridad respecto al efecto que tienen ciertos platillos “en la obesidad de sus hijos”.

El secretario de Educación dijo que la dependencia a su cargo y la secretaría de Salud están discutiendo juntos una estrategia que sea multifactorial para combatir el mal.

“Necesitamos que SEP y Salud logremos un acuerdo en lo que tendremos qué hacer y segundo, reunirnos con la industria alimentaria para enfrentar eficazmente el problema”, dijo.

Lujambio reconoció que el país vive una emergencia por la obesidad infantil, “por supuesto, absolutamente el problema ya llegó a un nivel de gravedad de veras subrayado que puede ser muy grave en el futuro”, pues supone un problema para “las finanzas públicas enfrentar diabetes, por ejemplo, de manera masiva”.

Respecto a sus declaraciones, sobre que es inútil para combatir el mal regulando sólo las cooperativas escolares, aclaró que éstas sólo son un tipo de tienda y hay que normar a todos los expendios que venden comida.

“No todos los expendios son cooperativos, si sólo regulo las cooperativas no estoy regulando los expendios de las tiendas que ofrecen comida a los niños en las escuelas”, pues señaló que hay concesiones y son figuras jurídicas a las cooperativas, por lo que “necesitamos una norma paraguas”, una norma que cubra todas las figuras

Los gobiernos del mundo deberían intensificar sus esfuerzos para limitar el acceso a los sedantes que se suelen añadir subrepticiamente a la bebida de las mujeres para limitar su capacidad de resistirse a los abusos sexuales y de recordarlos después, advirtió el miércoles la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Los depredadores sexuales pueden conseguir fácilmente dichos fármacos pese a los esfuerzos por controlarlos, agregó en su informe anual el organismo de fiscalización independiente y cuasi judicial encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización de la ONU sobre drogas.

Los gobiernos deberían adoptar medidas urgentes para limitar el acceso a dichos sedantes y llamar la atención del público sobre los riesgos de dejar alimentos y bebidas sin atender durante encuentros públicos como las fiestas, dijo.

“El fenómeno de las drogas cita-violación, aunque bastante nuevo, se está extendiendo rápidamente a medida que los abusadores sexuales intentan eludir los controles más estrictos utilizando sustancias no restringidas por las convenciones internacionales sobre fármacos”, dijo el organismo con sede en Viena en una declaración adjunta al informe.

El abuso del flunitrazepam -que se vende bajo la marca Rohypnol- se ha reducido, gracias a los esfuerzos internacionales, pero el reporte dijo que los delincuentes usan ahora ácido gama-hidroxibutírico -conocido como GHB- o ketamina y gama-butirolactone, o GBL.

“Como en muchos países la mayoría de estos fármacos están disponibles con facilidad, suelen caer en manos criminales”, dijo la junta.

Aunque GHB fue puesto bajo control internacional en el 2001, no todos los países han estipulado regulaciones a nivel nacional, agrega. Mientras tanto, ketamina y GBL siguen al margen de las convenciones sobre fármacos y por lo tanto pueden conseguirse fácilmente.

“Los narcotraficantes obtienen las sustancias en cuestión por medio de farmacias en Internet y el sistema postal, o por manufactura ilícita”, dijo el informe.

Para hacer frente al problema, la junta instó a los gobiernos a trabajar en colaboración con las industrias farmacéutica y química y asegurarse de que la policía y los fiscales tengan la autoridad legal para tomar acciones adecuadas contra los perpetradores o sospechosos.

“En muchos países, el uso de sustancias para facilitar la comisión de un delito no constituye delito”, dijo el informe.

La situación en Haití aún es caótica. Miles de damnificados se quejan de la falta de ayuda y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó un llamado de ayuda urgente por mil 200 millones de dólares para ofrecer asistencia humanitaria de emergencia a niños de 28 países, incluido Haití.

La directora ejecutiva adjunta de UNICEF, Hilde F. Johnson, recordó que Haití ya era un país clasificado como “en crisis” por la agencia desde antes de que ocurriera el terremoto del 12 de enero debido a que “había sufrido los efectos de varios huracanes, además de disturbios y enfrentamientos civiles”.

Han crecido, además, las quejas de que traficantes venden alimentos provenientes de sacos de asistencia o incluso los bonos que está repartiendo la ONU para cambiar por suministros

Diez misioneros de EU detenidos en Haití fueron acusados ayer de secuestro de niños y asociación criminal para intentar sacar del país a menores de forma ilegal.

Tras anunciar los cargos, el fiscal adjunto de Haití, Jean Ferge Joseph, dijo a los 10 estadounidenses que su caso sería enviado a un juez para su investigación. “Ese juez puede liberarlos, pero también puede determinar que sigan detenidos para nuevos procedimientos”, dijo el fiscal a los cinco hombres y cinco mujeres en una audiencia.

Los estadounidenses, en su mayoría de una iglesia bautista con sede en Idaho, parecían estar conmocionados; algunos agitaban sus cabezas en señal de incredulidad.

Los misioneros fueron detenidos la semana pasada en la frontera de Haití con República Dominicana cuando trataban de cruzar en un autobús con 33 niños que dijeron habían quedado huérfanos tras el terremoto del 12 de enero.

Las autoridades haitianas dijeron que el grupo no contaba con la autorización ni los documentos de viaje necesarios para sacar de Haití a los niños. Los estadounidenses, quienes de nuevo fueron puestos bajo custodia policial a la espera de la decisión del juez, niegan haber participado en tráfico de menores y dijeron que sólo querían ayudar a los huérfanos abandonados tras el sismo. Pero tras su arresto surgió evidencia de que la mayoría de los niños interceptados con ellos no eran huérfanos.

La policía haitiana dijo que algunos padres admitieron haber entregado a sus niños a los misioneros creyendo que tendrían educación y una mejor calidad de vida. El abogado de los detenidos, Edwin Coq, señaló que el veredicto podría tomar hasta tres meses. Sorpresivamente, Coq acusó a la líder del grupo, Laura Silsby, de haber engañado a sus colegas. “Voy a hacer todo lo posible para sacar a los nueve”, enfatizó, aunque agregó que seguía representando a Silsby también. “Ellos fueron ingenuos”, agregó Coq. “No tenían ninguna idea de lo que estaba ocurriendo (en Haití) y no sabían que requerían documentos oficiales para cruzar la frontera. Pero Silsby sí”, indicó.

El cargo de secuestro tiene una sentencia de entre cinco y 15 años de prisión; el de asociación delictiva es castigado con entre tres y nueve años. En Washington, Gordon Duguid, vocero del Departamento de Estado, dijo que el gobierno estadounidense aún estaba esperando un reporte de su embajada.

“Pero los 10 fueron acusados de violar la ley haitiana y el caso está (en manos de) la ley haitiana, a través de un proceso judicial transparente”, señaló Duguid