La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró válido que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envíe al retiro a los militares cuya obesidad les impida realizar su trabajo, tras declarar constitucional los artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El máximo tribunal determinó que el artículo 226, segunda categoría, fracción 23, de dicha ley, que establece la obesidad como causa de inutilidad, no viola las garantías de igualdad y no discriminación por razón de salud y de libertad de trabajo contenidas en los artículos uno, cuatro y cinco constitucionales.
La resolución se adoptó durante la sesión en la que se negó el amparo 129/2010, en el que se impugnó el contenido del artículo 226, ya que debe darse una interpretación en el sentido de que provocará inutilidad para el servicio de las armas sólo cuando por lo avanzado de la enfermedad provoque invalidez.
Los ministros concluyeron que esta norma no viola las garantías que establecen los artículos uno, cuatro y cinco de la Constitución, en virtud de que dependerá del grado de avance de la enfermedad, en el caso de obesidad, para que se vea obligado a dejar el servicio castrense, lo cual no sólo preserva que la función del Ejército se realice en condiciones óptimas, sino que además se impide que una persona a quien la enfermedad lo invalide tenga que continuar en servicio pese a haber perdido una de sus actitudes físicas que inciden, dado el grado de avance, incluso en la realización de labores cotidianas”
La Guardia Nacional inicia hoy la primera fase del despliegue de mil 200 soldados para reforzar la seguridad a lo largo del suroeste de Estados Unidos, en medio de una fuerte polémica sobre la militarización de la frontera.
Aunque en estados como California, Texas y Nuevo México el despliegue militar marchará hoy como estaba previsto, en Arizona el desembarco tardará unas semanas más.
En un retén del lado estadunidense, en Nogales, sólo se veían vehículos de la Patrulla Fronteriza.
El portavoz de la Guardia Nacional de Arizona, el primer teniente Valentine Castillo, ha dicho que los soldados se someterán a revisión de antecedentes y exámenes médicos, y recibirán capacitación para las labores en la frontera.
El 1 de agosto tan sólo marca el comienzo del despliegue y los estados fronterizos tendrán hasta finales de septiembre para completarlo, según el Departamento de Seguridad Nacional.
La demora en Arizona suscitó críticas del senador republicano y ex candidato presidencial John McCain, quien promueve, junto al senador Jon Kyl, un plan para el envío de 3 mil soldados para ayudar en el combate al contrabando de drogas, armas y personas que se cuelan por la frontera con México.
“Esta Administración parece prometer mucho, pero cuando ves la letra pequeña, simplemente no cumple”, se quejó recientemente McCain en declaraciones a la cadena Fox.
“Hemos pedido información (sobre el despliegue) tanto por escrito como verbalmente y sólo nos contestan “ya les avisaremos”", agregó.
Tanto McCain como la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, buscan la reelección en noviembre próximo, y su plataforma destaca la seguridad fronteriza.
El combate a la inmigración y el reforzamiento de la seguridad fronteriza se perfilan como asuntos prioritarios de cara a las primarias republicanas del próximo 4 de agosto en Arizona.
La campaña de McCain ha colocado anuncios en televisión y pancartas en varios tramos de la autopista interestatal 10, destacando su compromiso con la seguridad en la frontera sur.
Su rival, el ex legislador J.D. Hayworth, recuerda a la opinión pública que McCain fue uno de los arquitectos de la fallida reforma migratoria de 2007.
En total, 524 soldados serán desplegados en Arizona, 250 en Texas, 224 en California y 72 en Nuevo México. Otros 130 realizarán tareas de apoyo logístico.
La Guardia Nacional ayudará únicamente en tareas de logística, mantenimiento e inteligencia, para que la Patrulla Fronteriza pueda enfocar sus recursos en la persecución y detención de indocumentados.
En Texas, la Guardia Nacional comenzó su llegada en el Valle del Río Grande, una zona donde ha mermado el cruce de indocumentados debido a una mayor presencia de la Patrulla Fronteriza.
Pero en esa misma zona ha aumentado drásticamente la narcoviolencia. Se calcula que en lo que va del año, cerca de mil 700 personas han sido asesinadas en Ciudad Juárez (México), considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo, y va camino de superar los más de 2 mil 700 de 2009.
En 2006, el entonces presidente George W. Bush ordenó el despliegue de la Guardia Nacional por un periodo de dos años. Al igual que entonces, el asunto ha suscitado críticas de grupos pro-inmigrantes y defensores de los derechos humanos.
La Red de la Frontera para los Derechos Humanos ha pedido al legislador demócrata de Texas Silvestre Reyes que encabece una oposición a la militarización de la frontera.
Los grupos pro-inmigrantes aseguran que este despliegue es más un gesto simbólico con fuerte carga político-electoral y que lo que Estados Unidos necesita es una reforma que saque de la sombra a la población clandestina.
Más de 24 mil personas han fallecido desde 2006 en el lado mexicano de la frontera debido a la narcoviolencia, y la seguridad en la transitada zona se perfila como un tema de campaña también para los comicios legislativos del próximo 2 de noviembre en Estados Unidos
Colombia pondrá en funcionamiento el sábado una base militar aérea, que entre sus tareas tendrá la de vigilar el espacio aéreo en la frontera con Venezuela y combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN en esa zona, anunció este viernes la Fuerza Aérea (FAC).
La base estará ubicada en Yopal, capital del petrolero departamento (provincia) de Casanare, indicó un comunicado de prensa que señaló que el presidente Alvaro Uribe la inaugurará.
“Esta unidad tendrá responsabilidad sobre los departamentos de Arauca (fronterizo con Venezuela) y Casanare, con un total de 69.000 km2 y contará con aeronaves de transporte, inteligencia y combate de ala fija y ala rotatoria”, puntualizó el comunicado.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, rompió las relaciones diplomáticas con Colombia el pasado 22 en reacción a la denuncia del gobierno de Uribe en la Organización de Estados Americanos (OEA), de que en el vecino país se esconden unos 1.500 guerrilleros de las FARC y el ELN.
La base militar aérea, además de proteger la infraestructura petrolera instalada en esa región del país, también tiene como tarea “combatir los diferentes grupos narcoterroristas que delinquen en esta parte del territorio colombiano como los frentes 28, 45 y 10 de las FARC y las cuadrillas José David Suárez y Adonai Ardila Pinilla del ELN”, agregó el comunicado de la FAC.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 8.000 y 2.500 combatientes según el Ejército, son las dos guerrillas izquierdistas que combaten al Estado colombiano
Autoridades militares de Guatemala informaron hoy que interceptaron en las costas guatemaltecas del Pacífico un aparato semi sumergible que contenía unas cinco toneladas de cocaína y se detuvo a cuatro presuntos narcotraficantes.
El oficial de la oficina de prensa del Ejército, Hesler Gutiérrez, dijo a Notimex que ‘el fuerte golpe al narcotráfico internacional’ se realizó durante un operativo efectuado la víspera en las costas del Pacífico.
La acción contra las drogas estuvo a cargo de unidades de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala y agencias antinarcóticos de Estados Unidos, con apoyo de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) .
En el operativo se detectó en aguas del Pacífico, frente a las costas del Puerto de San José, en el sureño departamento guatemalteco de Escuintla, un semi sumergible, del tipo de aparatos que utilizan los narcotraficantes.
Las autoridades interceptaron el semi sumergible y, tras constatar que transportaba cocaína, procedieron a detener a sus cuatro ocupantes, quienes ‘antes de ser evacuados de la nave activaron mecanismos preestablecidos para que la misma se hundiera’.
La oficina de prensa del Ejército de Guatemala indicó que no ha establecido la identidad y nacionalidad de los cuatro detenidos, y tampoco precisó la cantidad exacta de la droga -estimada en cinco toneladas de cocaína- que transportaba el aparato, que al final se hundió.
Las cuatro personas capturadas ‘y el material incautado (parte de la droga que transportaba el semi sumergible hundido) ‘ fueron puestos a disposición de las autoridades estadunidenses, se aclaró en la información oficial.
El operativo antidrogas conjunto, así como la entrega de detenidos y de la droga decomisada en el Pacífico se cumplió ‘en el marco del Convenio de Cooperación en la Supresión del Tráfico Ilícito Marino y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas’ entre Guatemala y Estados Unidos
El organismo humanitario Amnistía Internacional (AI) urgió hoy al gobierno de Honduras a que investigue los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado ocurrido en ese país el 28 de junio del año pasado.
“El presidente (Porfirio) Lobo se ha comprometido públicamente con los derechos humanos aunque no ha actuado para protegerlos, lo que resulta inaceptable”, expresó Guadalupe Marengo, directora alterna para América de Amnistía Internacional.
El organismo indicó que desde que el presidente Lobo tomó posesión de la presidencia, los policías y militares responsables de los arrestos masivos, golpizas y torturas sucedidas tras el golpe de Estado no han sido llevados ante la justicia.
Asimismo, manifestó su preocupación respecto del deterioro en la libertad de expresión en Honduras, luego de que siete periodistas han sido asesinados durante los recientes tres meses.
El presidente Lobo “necesita mostrar su voluntad para terminar el clima de represión e inseguridad en Honduras, porque de otro modo la estabilidad en el país seguirá en riesgo”, asentó Marengo.
Lobo fue electo en noviembre pasado, en medio de una crisis política resultado del golpe que hace un año destituyó al ex presidente José Manuel Zelaya.
Cientos de personas fueron reprimidas durante las manifestaciones en apoyo al gobierno legítimo de Zelaya y al menos 10 personas perdieron la vida, de acuerdo con reportes de prensa.
Amnistía Internacional también indicó que la Comisión de la verdad y la reconciliación establecida en abril en Honduras debe ser parte de un plan integral para proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que el gobierno debe indagar y juzgar a los responsables de los abusos
Partidos políticos de izquierda en Colombia, junto a centrales obreras y organizaciones civiles locales, declararon hoy “no grata” la visita que cumplirá en Bogotá la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.
La coalición “Colombia No Bases” difundió un comunicado en el que expresó su rechazo a la visita de Clinton, la que calificó como “el último acto de sumisión ante Estados Unidos que protagonizará Alvaro Uribe Vélez como presidente, pero lamentablemente no el país”.
“Rechazamos la presencia de Hillary Clinton, representante de un gobierno que ha continuado la línea antidemocrática y guerrerista de la política exterior estadunidense”, consideró el conglomerado de izquierda.
Sostuvo que el objetivo de la visita de dos días que cumplirá Clinton a partir de este martes es revisar el acuerdo militar entre Washington y Bogotá, que facilita a Estados Unidos el uso de al menos siete bases militares en territorio colombiano.
Agregó que en el marco de la estadía de Clinton en Colombia, el presidente Uribe Vélez “aprovechará para rogar por enésima vez la aprobación de un Tratado de Libre Comercio (TLC), que sólo beneficiará a las multinacionales estadunidenses”.
Aunque el TLC fue firmado en noviembre de 2006, el acuerdo aún no ha sido ratificado por el Congreso de Estados Unidos, que demanda un mayor compromiso de Colombia en la defensa de los derechos humanos para los sindicalistas en el país sudamericano.
La Coalición advirtió que Washington “ya ha manifestado que se siente tranquilo con cualquiera de los dos candidatos” presidenciales que disputarán la segunda vuelta electoral el 20 de junio, en referencia al oficialista Juan Manuel Santos y el centrista Antanas Mockus.
Recordó, en ese sentido, que ambos aspirantes a la Presidencia de Colombia “le han garantizado al gobierno norteamericano el pleno respaldo y apoyo a la entrega de las bases militares colombianas”, conforme al convenio militar firmado el año pasado.
A juicio de la coalición opositora, tanto el TLC como el acuerdo militar representan “la mayor entrega de la soberanía nacional y de la dignidad del pueblo colombiano en toda la historia de la República”.
La coalición “Colombia No Bases” agrupa al partido Polo Democrático Alternativo (PDA), las principales centrales obreras del país, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio.
Clinton llegará esta noche a Bogotá y en su agenda del miércoles figuran encuentros con el presidente Uribe Vélez, así como con los candidatos Santos y Mockus
