Hacia 1857 México aportó al mundo el concepto del Juicio de Amparo plasmándose en la Constitución Federal de 1857 y 60 años después en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Así como en su momento el amparo se percibió como una protección a personas y entidades en contra de acciones arbitrarias o que de algún modo violentaran derechos fundamentales por parte del gobierno a los afectados, los sindicatos se percibían como las agrupaciones que se dedicarían a proteger y salvaguardar los derechos laborales e intereses sociales, económicos y profesionales de grupos de empleados en contra de los patrones.

Es sin embargo un hecho que en México se ha usado la figura sindical como fuerza política en busca de en muchas ocasiones situaciones o condiciones fuertemente injustas a favor del trabajador. En este concepto mal entendido de un sindicato y con aquella creatividad del empresariado mexicano se han dado una serie de acciones en ambos frentes que buscan igualar las condiciones y las fuerzas.

Así como los sindicatos agremian y buscan enrolar a sus filas a grupos de trabajadores para aumentar las cuotas y enriquecer a algunos cuantos, por otro lado los patrones crean sindicatos blancos que ellos mismos controlan.

Si bien los sindicatos blancos emplazan a huelga a los patrones continuamente en busca de condiciones cada vez más ventajosa, los patrones hacen que los sindicatos blancos emplacen a huelga y conjuran con acuerdos en ocasiones por debajo de la media en la industria o con aumentos que no alcanzan siquiera cifras de inflación.
Al igual que la figura del Juicio de Amparo ha sido abusada e incluso en muchas ocasiones no respetada por los demandados, la figura cada vez más abusada de los sindicatos hoy empieza a perder fuerza. Dos casos de gran relevancia en esto son el de Luz y Fuerza del Centro y los de ASPA y ASSA con el caso de Compañía Mexicana de Aviación. En ambos casos citados, los patrones atribuyen la falta de viabilidad futura de las empresas en los costos laborales que representan los contratos colectivos.

Y es que en el primero, el Gobierno Federal decide dar por terminado el contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Electricistas que trabajaban para Luz y Fuerza del Centro. Con apego a la Ley Federal del Trabajo, a los códigos de que se desprende y a su reglamento, el Gobierno anuncia la liquidación de Luz y Fuerza, incluyendo el pago a trabajadores y la terminación del contrato. En una movida controversial, Gobierno Federal ingresa los bienes de Luz y Fuerza al SAE e instaura como prestador del servicio de provisión de suministro eléctrico al Valle de México y áreas antes atendidas por LyFC a la Comisión Federal de Electricidad.

Por medio de demandas, juicios de amparo y denuncias, el sindicato buscó anular las acciones del Gobierno en torno a LyFC, argumentando ilegalidad, fraude, falta de transparencia en el manejo de figuras y cifras y por último una situación de patrón sustituto en CFE con respeto a LyFC. EN una serie de eventos adversos para el sindicato, los juicios y denuncias han tenido resultados y sentencias desfavorables, incluso, los juicios de amparo fueron desechados. El Sindicato de Electricistas por tanto perdió no sólo las querellas, sino que de pronto se vio reducido a una asamblea de ex trabajadores de LyFC sin poder alguno.

En el caso de ASPA, el sindicato de pilotos y de ASSA, el de sobrecargos fueron víctima de una situación similar, que sin embargo no les da la opción de demandas, denuncias, amparos o cualquier otro. El tema aquí es que el patrón, Compañía Mexicana de Aviación anuncia la inviabilidad de la empresa, sus tenedores en ese entonces aplican un valor de $1.00 a la empresa y la ofrecen a los sindicatos con condiciones en extremo desfavorables, tema que no pudo ser aceptado por los sindicatos. En respuesta, el patrón, CMA ataca de forma frontal el problema, anuncia y promueve el Concurso Mercantil en cortes mexicanas y la protección por bancarrota en Estados Unidos. Más allá de esto, anunció cancelación de rutas y frecuencias y la suspensión de venta de boletos. Más presión a los sindicatos a bajar las demandas y acceder a las condiciones de reducción de plazas, sueldos, prestaciones y cambio en las condiciones del contrato de trabajo sólo pudieron venir a través del anuncio de la tenedora, Nuevo Grupo Aeronáutico de seguir operando sus líneas subsidiarias, MexicanaClick y MexicanaLink que no cuentan con los vicios de los contratos colectivos de trabajo.

Más aún, pilotos y sobrecargos, al verse sin poder de negociación, sólo tuvo capacidad de emprender la búsqueda de algún socio financiero para la quebrada CMA y pedir prácticamente de rodillas el apoyo e intervención a Gobierno Federal. La actitud altanera, no de los trabajadores, pero de un par de añejos sindicatos desapareció. Con ella desapareció también el poder de los mismos. Hoy, aún con un nuevo socio capitalista al 95% de las subsidiarias de NGA, incluyendo CMA, Link y Click, los directivos y analistas entienden que la viabilidad y el futuro de las empresas, incluyendo trabajadores directos e indirectos, sindicalizados y no sigue siendo incierta. Tenedora K, encabezada por Grupo Industrial Omega y Grupo Arizán aún deben lidiar con el concurso mercantil de CMA y con el aún ausente acuerdo con sobrecargos. Estos dos pendientes pueden hundir el barco.

En resumen, los dos conflictos laborales / sindicales más representativos de este sexenio marcan una tendencia hacia la pérdida del valor y la fuerza de los sindicatos. Actos puntuales que buscan eliminar la dependencia y el lastre que fuerzas sindicales pueden significar a empresas, dependencias, paraestatales y patrones en general, si son bien planeados y ejecutados serán exitosos.

Esto nos lleva a pensar en la utilidad de la figura sindical, en su potencial obsolescencia y en su falta de poder real. Ya sea que hayan visto el SME, ASPA y ASSA a sus patrones como la gallina de los huevos de oro o que sus demandan hayan sido genuinas, hoy los 3 es un hecho, son casos de estudio y han puesto a remojar las barbas de los líderes de sindicatos como el de telefonistas, el del IMSS y de Pemex que muy pronto podrían ver la misma suerte, el primero con un patrón, Teléfonos de México que va en una clara picada financiera y los otros dos que tienen patrones con claro déficit en sus finanzas y posibilidad de quiebra a cercano plazo.

Y Usted, ¿qué opina?

Carlos A. Bazán-Canabal
Analista Financiero y Tecnológico
Twitter: @caBazan
Blog: www.bazan.mx

El juez sexto de distrito en materia de Trabajo en el Distrito Federal, negó un amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con lo que se confirma que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es patrón sustituto de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), lo cual había defendido la organización que encabeza Martín Esparza.

De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo, el amparo había sido en contra de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que a su vez, negó el trámite a un procedimiento de huelga que presentó el SME en contra de LyFC, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la CFE.

Cabe recordar que uno de los argumentos del sindicato para continuar con su demanda de reinstalación de trabajadores es la de hacer valer la figura de patrón sustituto, como uno de los derechos que les otorga la ley.

Sin embargo, en su resolución, el juez de distrito consideró que ante la extinción de LyFC, ésta desapareció de la vida jurídica y únicamente conservó su personalidad para los efectos de su liquidación, que por Ley se encuentra encomendada al SAE, pero no por ello, este último puede ser considerado patrón sustituto de los ex trabajadores de LyFC agremiados al SME.

El gobierno federal no cederá a chantajes ni movilizaciones por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “mucho menos cuando se ha acreditado la plena legalidad de la extinción de Luz y Fuerza del Centro”.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, consideró que el SME incurre en una “manifestación de intolerancia, falta de respeto a la ciudadanía so pretexto de ejercer su libre manifestación”, afectando los derechos de muchas otras personas.

Ante la posible radicalización de las movilizaciones del SME, Alarcón dijo que “claramente estamos preparados”, porque seguirá el proceso de liquidación.

En el caso de las autoridades capitalinas y federales, “pues también hacerles frente a estas movilizaciones, según el grado y la radicalización que estén pretendiendo alcanzar”, añadió Lozano.

En conferencia de prensa, el funcionario federal desmintió las versiones de que alguna oficina de gobierno haya “boletinado” a ex trabajadores de LFC para evitar su contratación en empresas privadas.

En cambio, recordó, entre otros mecanismos, en fecha reciente convino la colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para que se considere a aquellas personas capacitadas para referirlas a un empleo.

Otra opción para los ex trabajadores de LFC es formar cooperativas para ofrecer servicios a otras empresas, mediante un programa coordinado por la Secretaría de Economía.

El secretario del Trabajo recordó también a los inconformes que en su momento se informó “qué va a ocurrir en cada una de las instancias legales a las que se ha recurrido para echar abajo la extinción de Luz y Fuerza del Centro”.

Entre otras, “que no procedía la controversia constitucional, ni el amparo y así ha ocurrido. Cuando digo que no procede la figura de sustitución patronal, no me estoy anticipando, lo sé como abogado y como Secretario del Trabajo”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y negó el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra esta decisión de octubre de 2009.

Por unanimidad y de forma recurrente, los integrantes del máximo tribunal del país confirmaron de forma práctica cada uno de los argumentos expuestos en marzo de este año por la juez de Distrito, Guillermina Coutiño Mata, quien negó el amparo que promovió el sindicato contra esta decisión del Ejecutivo Federal.

De esta manera, los ministros avalaron el proyecto que puso a consideración del pleno Juan Silva Meza, quien propuso negar el amparo al SME, organización laboral que demandó el amparo en contra de la extinción de la paraestatal, por considerar que el presidente, Felipe Calderón, no tenía facultades para emitir el decreto.

Previo a esta discusión, la Corte resolvió que los trabajadores no están facultados para promover recursos contra la extinción de la paraestatal, y que en caso de que no se respeten sus derechos laborales, los electricistas pueden recurrir a las instancias correspondientes a fin de hacerlos valer.

Entre los puntos más importantes, que se desahogaron en una sola sesión, la Corte confirmó que el Ejecutivo Federal sí tiene facultades para extinguir un organismo descentralizado, además el punto relativo a que no existió violación a la garantía de audiencia previa de los trabajadores, por la extinción de LFC.

Con una decisión unánime, los integrantes del pleno subrayaron que de acuerdo a la ley relativa a las entidades paraestatales, el presidente de la República sí puede decidir la extinción del organismo descentralizado cuando su funcionamiento ya no resulte conveniente.

Con esta decisión de la Suprema Corte, el caso fue resuelto en definitiva y no queda ningún recurso jurídico para revertir el decreto de extinción, publicado el 11 de octubre de 2009, pues los diversos recursos que promovieron legisladores, también fueron desechados en días pasados

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluar las presuntas violaciones a derechos humanos de electricistas durante la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La red entregó en la Segunda Sala de la SCJN un documento denominado “Amicus Curiae” (Amigo de la Corte), a fin de apoyar mediante el Sistema Interamericano el amparo indirecto promovido por el Sindicato Mexicano de Electrisistas (SME) contra el decreto de extinción de LFC.

En el oficio, firmado por el presidente de dicha organización, José Raúl Vera, así como por el obispo Samuel Ruiz, dicha red considera ilegal el despido de 44 mil trabajadores, que se hizo efectivo a partir del 10 de octubre de 2009.

Señala que los electricistas no fueron notificados de manera formal sino hasta el mismo día en que fueron desalojados de las instalaciones de la empresa.

Al momento de entregar este documento, inconformes del SME; de San Salvador Atenco, estado de México; de San Juan Copala, Oaxaca; de la CNTE; Organización Familia Pasta de Conchos, y Cananea, Sonora, realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más tarde, en una conferencia de prensa en el plantón del Zócalo donde varios integrantes del SME mantienen una huelga de hambre, Fernando Amezcua, secretario del Exterior de esa organización, informó que su compañero Cayetano Cabrera Esteva cumple 60 días sin ingerir alimentos y su condición de salud se deteriora rápidamente.

Asimismo, dio a conocer que esta mañana su compañera Guadalupe Vázquez Guzmán, de 38 años de edad y en huelga de hambre desde hace 50 días, fue trasladada de emergencia a la clínica 26 del IMSS debido a su mal estado de salud

Trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitaron al gobierno federal se les conceda operar la hidroeléctrica de Necaxa, en Puebla, como parte del programa para conformar pequeñas empresas y cooperativas que sean proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para plantear la propuesta, los ex electricistas se reunieron con los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y con funcionarios de la CFE por más de dos horas.

Al término del encuentro, que tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación, el líder disidente del extinto sindicato, Alejandro Muñoz, indicó que Necaxa mantiene excelentes posibilidades para volver a generar electricidad y está a punto de cumplir seis meses paralizada, luego de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).

“Necaxa es la que solicitamos y yo espero que nos la den para la operación, y estaríamos hablando de vender luz, echando a andar Necaxa se puede proveer y serían socios los mismos trabajadores del pueblo de Necaxa, y ahí tendrían la materia de trabajo para siempre”, indicó.

Muñoz explicó que los ex trabajadores del SME requerirían de un socio capitalista para reabrir la planta generadora, que, de acuerdo con la propuesta planteada, suministraría de fluido eléctrico a la CFE, la cual no está interesada en manejar esas instalaciones.

“Yo lo siento así, se nos va a otorgar, no le interesa a CFE, nada más hay que buscar el mecanismo de cómo, porque no es un terreno, es una planta de generación, y podemos venderle luz a la CFE y eso nos llama mucho la atención.

—¿Ya platicaron con Carlos Slim para que les preste? se le planteó al ex líder.

—No tanto que necesitáramos a Slim, sí puede entrar un inversionista, hay gente que sí tiene lana, pero estamos abiertos a la propuesta, la intención de nosotros es asegurar el trabajo de la gente y que no venga un empresario al agandaye y que obtenga el contrato explicó Muñoz