Los dos funcionarios con mayor rango involucrados por la Suprema Corte de Justicia en el incendio de la guardería ABC, Juan Molinar Horcasitas y Eduardo Bours, respondieron ayer al señalamiento de la Comisión de Investigación creada por el máximo tribunal.
En Madrid, Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y ex director del Instituto Mexicano de Seguro Social, descartó que vaya a renunciar a su puesto, luego de que las conclusiones de la Comisión lo responsabilizan, junto con otros 18 servidores públicos, de la tragedia en la que murieron 49 niños.
El funcionario rebatió el punto del informe que menciona que el Seguro Social no tenía facultades legales para subrogar el manejo de estancias infantiles. “El artículo 203 de la ley del IMSS es sumamente claro al señalar que las guarderías serán instaladas en los términos en que señale y decida el consejo técnico, cosa que se hizo”.
Informó que no ha podido hablar del tema con el presidente Felipe Calderón, “pero a mi regreso lo voy a buscar”. El secretario realiza una gira por España para promover obras de infraestructura.
En Hermosillo, el ex gobernador Eduardo Bours Castelo divulgó un comunicado en el que delimitó la responsabilidad de su administración al ámbito de la protección civil y únicamente en la bodega del gobierno estatal, donde inició el siniestro y que se encontraba contigua a la guardería.
“El informe precisa que a las diferentes instancias corresponden distintas responsabilidades: a unas cumplir con la vigilancia de las normas de protección civil; al gobierno del estado en lo referente a la bodega, tal y como lo establece la ley estatal; a otros, velar por las normas de seguridad de la guardería, tal como lo dije desde un principio”, señala el boletín.
En la Cámara de Diputados el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro, consideró que la Corte debería tener la facultad de presentar denuncias ante el Ministerio Público, “pues no tiene objeto investigar sin poder decir ‘consígnese al Ministerio Público para que éste proceda en sus términos’”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Uriel López, dio a conocer que llamará a comparecer al actual director del IMSS, Daniel Karam.
Carlos Navarrete, presidente del Senado, consideró que con el informe queda demostrado que la subrogación de guarderías no tiene bases legales.
Anoche la Secretaría de Gobernación anunció que se notificará a las autoridades y servidores públicos vinculados con los hechos investigados, quienes contarán con 15 días para contestar y presentar documentación que sirvan de sustento al ministro ponente.
Precisó que el reporte no representa la solución final del caso, sino que tiene un carácter preliminar
El antiguo abogado del dictador Saddam Hussein quiere abrir una causa al ex primer ministro británico Tony Blair por guerra “ilegal” a raíz de las declaraciones en las que dice que habría implicado a su país en la contienda bélica de Irak aunque el régimen no hubiera tenido armas de destrucción masiva.
Giovanni di Stefano, que defiende al ex ministro de Relaciones Exteriores iraquí Tarek Aziz, envió al Attorney General, el principal asesor jurídico del gobierno británico, una “solicitud de consentimiento para procesar” a Tony Blair.
Blair “infringió la Convención de Ginebra de 1957″ involucrando a su país en una guerra “no justificada por una necesidad militar y llevada a cabo de forma ilegal y gratuita”, estima Di Stefano, en la carta enviada a Londres, de la que la AFP obtuvo una copia.
El letrado cita la entrevista concedida por Blair este domingo a la televisión BBC1, en la que el ex jefe de gobierno declara que habría implicado a su país en la guerra de marzo de 2003 aunque Saddam Hussein no hubiera tenido armas de destrucción masiva.
Esto “confirma que la verdadera motivación para atacar Irak era cambiar el régimen y no por lo que (Blair) declaró al electorado británico, al parlamento y a los medios de comunicación en 2003″, estima Di Stefano en el texto.
El ministerio de Justicia británico ha declinado hacer comentarios y la oficina del Attorney General no ha contestado a las llamadas de la AFP.
Blair, jefe del gobierno británico desde 1997 hasta 2007, declaró a la BBC que la invasión de Irak estaba más justificada por “la idea” de que Saddam Hussein “representaba una amenaza para la región” que por la presencia de armas de destrucción masiva.
A la pregunta de si habría implicado a su país en la guerra en 2003 aunque Saddam Hussein no hubiera tenido armas de destrucción masiva contestó: “Habría continuado pensando que era justo derrocarlo. Evidentemente que habríamos empleado y desarrollado argumentos diferentes en cuanto a la naturaleza de la amenaza”.
Irán advirtió el martes que enjuiciará a cinco navegantes británicos si se demuestra que tenían “malas intenciones” al ingresar con su yate en aguas iraníes, en lo que Gran Bretaña considera un desvío accidental en el Golfo Pérsico. Londres trataba de impedir que el incidente se complicara con asuntos políticos, no sólo por el encono entre Teherán y Occidente por los planes nucleares de Irán, sino también por la agitación poselectoral iraní, la cual ha provocado temores entre los líderes del país de que haya una conspiración extranjera para derrocarlos.
Esas tensiones han complicado la posibilidad de lograr la libertad de tres estadounidenses arrestados en Irán a mediados de año después de que cruzaron la frontera provenientes de Irak. Sus familias y Washington señalan que cruzaron accidentalmente a Irán mientras paseaban, pero Teherán -después de investigarlos durante meses- decidió acusarlos de espionaje. El yate es el principal exponente de un programa de regatas auspiciado por el rey de Bahrein, una pequeña isla-nación árabe que ha estado tratando de convertirse en una potencia deportiva y financiera.
La nave iba de Bahrein a Dubai el miércoles para iniciar una carrera cuando tuvo un problema con su hélice, dijo Andrew Pindar, cuyo equipo Team Pindar es su propietario. La marea llevó al yate hasta aguas iraníes, donde fue capturada por la Guardia Revolucionaria cerca de la isla de Sirri, la cual se encuentra cerca de la boca del estrecho de Ormuz, frente a Dubai.
“Ciertamente no tenemos duda de que no hubo ningún intento malintencionado de parte de estas cinco personas”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, a reporteros en Londres. Insistió en que la entrada de la nave a las aguas iraníes fue involuntaria. “Esta es una historia humana… no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el programa de enriquecimiento nuclear”, dijo Miliband. “Estamos ansiosos de que esto se resuelva lo más pronto posible”.
En el 2007, Irán detuvo a 15 militares británicos en el Golfo Pérsico, alegando que ingresaron en aguas iraníes, aunque Gran Bretaña insistió en que estaban en aguas iraquíes. Al final todos fueron liberados sin que Londres se disculpara. El incidente más reciente, sin embargo, ocurre en un momento de más tensiones dentro de Irán. Desde las disputadas elecciones presidenciales de junio, la Guardia Revolucionaria ha estado reprimiendo furiosamente a la oposición, reclamando que forma parte de un complot occidental para derrocar al liderazgo clerical iraní.
El tribunal que juzga a los jemeres rojos camboyanos escuchará esta semana, 30 años después de los hechos, al fiscal y la defensa en el proceso de “Duch”, el jefe de la prisión de Tuol Sleng, donde unas 15.000 personas fueron torturadas y ejecutadas entre 1975 y 1979. Duch, de 67 años, cuyo verdadero nombre es Kaing Guek Eav, reconoció en forma coherente y reiterada haber dirigido esa siniestra fábrica de torturas, también llamada S-21. Cinco jerarcas del régimen totalitario están detenidos actualmente, pero Duch es el primero en ser juzgado y el único que ha colaborado con la justicia.
Después de 72 días de audiencias, numerosos incidentes, acusaciones de corrupción y presiones del poder político camboyano, el proceso entra en una etapa crucial con los alegatos del procurador, las partes civiles y la defensa. No se espera el veredicto antes del primer trimestre de 2010.
“Es una semana muy importante para el pueblo camboyano y las víctimas del régimen jemer rojo que perdieron a sus allegados”, afirmó Reach Sambath, portavoz del tribunal. “Han esperado tanto tiempo. Por fin se acercan a la paz”, agregó.
La audiencia será transmitida por televisión en todo el país y el tribunal indicó que miles de personas habían pedido acceso a la sala de audiencias, donde un vidrio a prueba de balas separa al público de las partes en el proceso. La corte señaló las pruebas más abrumadoras sobre la responsabilidad de Duch, fiel servidor de la delirante utopía marxista de Pol Pot, que costó la vida a unos dos millones de personas, o sea la cuarta parte de la población de Camboya, muertos a causa de las torturas, de agotamiento o malnutrición.
Los magistrados se basaron en los archivos colosales dejados por los jemeres rojos cuando dejaron el poder, así como fotografías y confesiones escritas, todos registrados escrupulosamente. Los expertos, supervivientes y testigos también hablaron de las uñas arrancadas, las quemaduras, las descargas eléctricas sobre los genitales, los golpes. Un tratamiento destinado a arrancar a esos enemigos, reales o imaginarios, diversas confesiones, aunque fuesen incoherentes.
Después de haber confesado lo que querían escuchar, los torturados eran llevados a Choeung Ek, cerca de Phnom Penh, para ser liquidados. Duch se presentó en la audiencia como un burócrata celoso, ansioso de no decepcionar a sus superiores. Sin embargo, siempre se protegió tras el temor de ser ejecutado él mismo, junto con su familia, para explicar su devoción a la causa.
También desmintió el papel político en la jerarquía jemer roja que le adjudica la fiscalía. La defensa y la acusación deberán concentrarse en la cuestión de la sinceridad de su confesión, de la cual dependerá en último término una condena, o no, a cadena perpetua, la pena máxima considerada por el tribunal.
“Su personalidad es hacer un buen trabajo y agradar a sus superiores. De director de prisión profesional, se ha convertido en acusado profesional”, observó irónicamente Heather Ryan, observadora del proceso para Open Society Justice Initiative.
François Roux, el abogado francés del acusado, quiere inscribir la actitud de su cliente en el centro de la reflexión judicial. “¿Acaso este hombre, que acepta haber cometido crímenes contra la Humanidad, puede volver hoy a la Humanidad?” Otros cuatro dirigentes jemeres rojos esperan en prisión el momento de ser juzgados, quizás en 2011.
Pero ellos desmienten enérgicamente las acusaciones en su contra.
