Un tribunal federal revocó las sentencias que se impusieron a cuatro integrantes de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace, al considerar que el delito cometido no es competencia de la normativa federal sino de la local.
La resolución del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del DF deja así sin efecto las sentencias que había dictaminado el Juzgado 16 de Distrito del Reclusorio Norte en contra de los probables responsables y ordenó que el caso sea estudiado nuevamente.
El 24 de diciembre del 2009, el titular del referido juzgado, Augusto Octavio Mejia Ojeda, impuso sentencias de 47 años de cárcel para Cesar Freyre Morales; 28 años para Juana Hilda González Lomelí, y 30 años para los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz.
Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima, promovió una apelación al considerar que dichas penas era “blandengues”, y no correspondían a la gravedad del delito que se cometió. Exigió condenas que alcanzaran de los 86 a los 96 años de prisión.
La resolución de la causa penal fue turnada al Segundo Tribunal Unitario el cual, concluido su análisis, determinó revocar todas las sentencias impuestas, ya que las características del ilícito no se encuadran al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“El secuestro por lo general no se comete en la hipótesis del delito federal; el delito de secuestro debía ser sancionado pero por la ley local, ya que en este caso los hechos sucedieron en el Distrito Federal”, apuntó en su resolución el Magistrado del Segundo Tribunal, Ricardo Paredes Calderón.
En este contexto, se comunicó al Juzgado 16 de Distrito que las sentencias que impuso han quedado sin efecto, y se le otorgó un plazo de dos meses para que dicte una nueva resolución que se sustente en el Código Penal del DF
El Colegio de Abogados Católicos de México interpondrá la semana próxima una solicitud de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avalaron el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción.
El presidente de ese colegio, Armando Martínez, señaló en entrevista que ‘ya estamos preparando toda la documentación necesaria para interponer, de conformidad con las prerrogativas que otorga la Constitución a los ciudadanos, la solicitud de juicio político’.
Adelantó que acudirán a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso contra los ministros, por lo que los abogados católicos consideran una ‘flagrante violación a los derechos de los niños’.
El representante legal de la Arquidiócesis de México dijo que espera que los legisladores panistas también hagan frente a esta situación porque, según él, ‘los ministros han vulnerado y lacerado los derechos de los menores’.
De acuerdo con Armando Martínez diversos sectores de la sociedad comienzan a cuestionar ‘fuertemente’ los posicionamientos de los ministros, ‘porque se han guiado más por cuestiones políticas que por jurídicas’.
Advirtió que confrontarán las posiciones de los ministros con lo que dictan los tratados internacionales sobre los derechos de los niños, porque para el Colegio de Abogados Católicos de México ‘más que interpretar, ellos legislaron e hicieron un grave daño a los menores’.
‘Nos estamos basando en los tratados internacionales en donde se habla del interés superior del menor, y es una irresponsabilidad dejar el interés superior del menor al lado’, indicó el jurista.
Al solicitar juicio político contra los ministros, puntualizó, se pretende llamar a la responsabilidad y a la conciencia o al menos dejar un precedente en las instituciones de una enérgica protesta ‘por las decisiones políticas de quienes deben estar lo más alejado de la política”
Las cinco mil ejecuciones registradas en China en 2009 sitúan al gigante asiático como el país donde más de aplica la pena de muerte, castigo al que fueron sometidas un total de 5 mil 679 personas en todo el mundo ese año.
La ONG italiana contra la pena capital “Nessuno tocchi Caino” (Que nadie toque a Caín) presentó en Roma un informe que asegura que en China se llevaron a término cerca del 88 % de las penas capitales ejecutadas en todo el mundo el año pasado, seguida de Irán, con por lo menos 402, y de Irak, con 77 como mínimo.
“Aunque la pena capital sigue siendo considerada en China un secreto de Estado, en los últimos años se han sucedido noticias, también de parte de fuentes oficiales, en base a las que las condenas a muerte dictadas por los tribunales chinos han disminuido hasta el 30 %, con respecto al año anterior” , indica el informe.
“Tal disminución ha sido más significativa a partir de enero de 2007, cuando entró en vigor la reforma en base a la que toda condena de muerte dictada en China por tribunales de rango inferior, debe ser revisada por la Corte Suprema” , añade.
“Nessuno tocchi Caino” cita datos del diario “China Daily” , que ha informado de que la Corte Suprema china ha anulado el 15 % de las condenas a muerte que examinó en 2007 y el 10 % en 2008.
“A pesar de estas primeras señales de un, al menos aparente, enfoque garantista, en la trituradora judicial de China” , indica la ONG, se han seguido procesando y ajusticiando a algunas personas “sin la debida transparencia” , según han denunciado varios abogados chinos.
“Los momentos más ‘calientes’ para las ejecuciones son aquellos que llegan en las proximidades de las fiestas. El Gobierno chino suele ‘celebrar’ las fiestas nacionales ajusticiando a un gran número de condenados” , apunta el informe.
Este estudio, que cuenta con el apoyo de la vicepresidenta del Senado italiano, Emma Bonino, precisa que, de los 43 países que contemplan la pena capital en su código penal, 36 son dictaduras o regímenes autoritarios, y explica que muchos de esos países no publican estadísticas oficiales sobre las ejecuciones, por lo que éstas han podido ser incluso más.
Según la ONG, el cuarto lugar lo ocupa Arabia Saudí, con por lo menos 69 ejecuciones, y el quinto, un país democrático y occidental, Estados Unidos, que llevó a cabo 52 penas capitales en 2009, seguido de Yemen, con 30 como mínimo.
En el caso de EU, en 2009 las ejecuciones se incrementaron respecto a las 37 de 2008 y las 42 de 2007, por efecto de la moratoria que estuvo en vigor desde septiembre de 2007 a mayo de 2008, a la espera de la sentencia de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad del protocolo de la inyección letal.
Las ejecuciones estadounidenses en 2009 tuvieron lugar en once Estados: Texas (24) , Alabama (6) , Ohio (5) , Georgia (3) , Oklahoma (3) , Virginia (3) , Florida (2) , Carolina del Sur (2) , Tennessee (2) , Indiana (1) y Misuri (1) .
En la lista de países ejecutores del máximo castigo en 2009, publicada por “Nessuno tocchi Caino” , figuran además otros dos estados democráticos: Japón y Botsuana, con siete y una ejecuciones, respectivamente.
Según la ONG, “la evolución positiva hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo que se registra desde hace más de diez años se confirmó en 2009 y también en los primeros seis meses de 2010″ , ya que los países o territorios que han decido abolirla por ley son 154.
Además, el año pasado continuó la tendencia a la baja en las ejecuciones de penas de muerte, después de las 5 mil 735 contabilizadas en 2008 y las 5 mil 851 de las que se tienen datos en 2007.
En 2009, al menos 607 ejecuciones (585 en 2008) se aplicaron en países de mayoría musulmana, muchas de ellas ordenadas por tribunales islámicos en una “rigurosa” aplicación de la Sharia, mientras que por lo menos ocho menores fueron ajusticiados en ese mismo año en todo el mundo, frente a los 13 del año anterior.
“En Europa, Bielorrusia sigue siendo la única excepción en un continente totalmente libre de la pena de muerte. En 2009 no se efectuaron ejecuciones, pero en marzo de 2010 dos hombres fueron ajusticiados por homicidio. En 2008 habían sido efectuadas por lo menos cuatro ejecuciones” , según el informe de la ONG
Una jueza envía a Lindsay Lohan a la cárcel durante 90 días tras fallar que la actriz violó una orden judicial en un caso de drogas.
El fallo llegó durante una audiencia fijada para la estrella de ”Mean Girls” después de que no acudió a una cita en la corte en mayo. Desde entonces ha tenido que utilizar un brazalete en el tobillo para que las autoridades supervisen el nivel de alcohol en su sangre.
Lohan estaba promocionando un proyecto cinematográfico en el Festival de Cannes y dijo que le habían robado su pasaporte.
Semanas más tarde, el brazalete envió un alerta después de que Lohan acudió a la entrega de los premios de cine MTV y a las fiestas que les siguieron. Los fiscales consideraron que se trataba de una violación ”relacionada con el alcohol”.
Los fiscales tenían esperanzas de presentar reportes elaborados a partir de las señales que envía el brazalete, con el fin de mostrar que la actriz también había violado una orden judicial que le prohibía beber.
Un tribunal de Argentina comenzó ayer a juzgar al ex dictador Jorge Videla por el fusilamiento de una treintena de presos en 1976, en un proceso considerado por organismos humanitarios como el más importante después del histórico juicio a las Juntas Militares, en 1985. Junto con Videla, se sientan en el banquillo de los acusados otros 24 imputados. Todos deberán responder por los delitos de “homicidio calificado” y “aplicación de torturas”. Videla, de 84 años, tiene cáncer de próstata.
La Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) ordeno la inmediata liberacion de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que fueron detenidos y sentenciados de 31 a 112 anos de prision por los enfrentamientos y conflictos registrados en la comunidad de San Salvador Atenco, en febrero y mayo de 2006.
Los ministros de la Primera Sala del alto tribunal, como lo adelanto un servidor, acordaron girar un telegrama dirigido a los penales en donde se encuentran recluidos los pobladores de Atenco, para que sean liberados de inmediato.
Los integrantes de la Corte llegaron a la conclusion de que en su caso se utilizaron pruebas ilegales o insuficientes, para acusarlos de un delito que no cometieron.
