La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado propuso reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para que todos los pensionados y jubilados queden exentos de pagar este gravamen.En entrevista, el senador Carlos Jiménez Macías, vocero del tricolor en la Cámara alta, dijo que la pensión o jubilación no debe verse como una concesión gratuita o generosa pues es un derecho y a lo largo de la vida laboral a las personas se les descuenta una parte de su salario para ello.
Estimó que los pensionados y jubilados pagaron lo que correspondía del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante su vida laboral, ya que el gravamen se calcula con base en el salario completo, lo que incluye el concepto de ahorro para el retiro y otras prestaciones.
‘Dicho monto ya fue enterado a las autoridades hacendarias en su momento, mediante declaración del patrón o del mismo trabajador’, añadió.
El vocero de los senadores del PRI consideró que el ISR es un gravamen sustancial para los ingresos públicos, pues es la base de todos los sistemas fiscales del mundo, incluyendo el mexicano, pero que no debe pasarse por alto la seguridad social.
‘La contribución impositiva es considerada una herramienta indispensable para efectuar una justa distribución de la riqueza generada al gravar los ingresos de personas físicas o morales de manera equilibrada’, añadió.
El legislador por San Luis Potosí señaló que pesar que el ISR se cobra sólo al tres por ciento de los jubilados, la exención de su pago debe ser un derecho para todos los trabajadores que ya contribuyeron al desarrollo del país.
‘Es increíble que el gobierno mexicano no comprenda el significado y los alcances de la seguridad social’, subrayó Jiménez Macías
Si bien por muchos años las personas que tenemos algo que ver con los impuestos y su cálculo nos hemos quejado de lo complicado que es el procedimiento para determinar el ISR en sus pagos provisionales y declaración anual. Cuando nos dieron la noticia del IETU estuvimos al borde de un colapso, no solo porque es un impuesto adicional que aparentemente grava lo mismo: El ingreso, pero que en realidad genera un pago sobre flujo de efectivo, del cual no sabemos si al final de la producción este va a ser utilidad o no.
Explico, El ISR es un impuesto que grava las UTILIDADES generadas por una empresa, o persona física, esto, tomando en cuenta importantes deducciones como las de salarios pagados por poner un ejemplo. Entonces una vez que de los ingresos se descuentan estas deducciones, tenemos una base para pagar.
Qué pasa con el IETU, este impuesto, para empezar, no considera deducciones como la de los salarios, sino que su base es los flujos de efectivo, es decir el dinero que entró, sin importar si es ganancia o no, solo lo que se cobró. Sobre eso se va al 17.5% sin tomar en cuenta mucho más.
Ejemplo: una empresa que Factura $ 60,000 pesos en un mes, genera un pago provisional de $1,000 considerando sus deducciones y costos, pero si se cobrara el mismo mes los $ 60,000 tendría que pagar además 10, 500 de IETU a grandes rasgos.
¿Entonces con cual se quedan?
Por Linda Ramos
Nuestra Carta Magna establece la obligación, a cuanta persona viva y trabaje en el país, de contribuir a las arcas públicas en la medida de sus posibilidades. Como casi todo se politiza y se sujeta a interpretaciones variopintas, alguien ha decidido cosas tan sui géneris como no gravar a los pobres, sin ofrecer una explicación convincente de qué se debe entender por pobre, o exentar ciertas actividades, como la agricultura.
Aquí, con el pretexto de que los agricultores son pobres -sin hacer caso a los priistas, quienes vociferan que gracias a sus gobiernos revolucionarios y sus repartos agrarios los agricultores salieron de la pobreza (sic)- los exentan o sujetan a tratamientos especiales.
Asimismo existe una canasta “básica” que está exenta, pero que nadie se ha tomado el tiempo de estudiar quién consume. No se sujeta al pago de impuestos a los sindicatos, no vaya a ser que se ponga al descubierto cómo han hecho sus fortunas ciertos personajes, ni a los partidos políticos se les exige el mínimo de rendición de cuentas.
Con esto y la necedad de las autoridades de pedir los famosos requisitos fiscales en facturas y recibos, para procesarlos y aceptarlos como deducibles, y su miedo a dejar un solo impuesto en el caso del IETU e ISR y la complejidad de los formatos y cálculos que se piden para llenarlos, una cada vez mayor proporción de empresas ha optado por la informalidad, al no registrarse en el padrón y así evadir todo tipo de contribución al fisco.
En el despacho encargado de estudiar estos asuntos, también se les ha olvidado estudiar qué tan justo y equitativo es el esquema imperante de deducibles para familias y empresas, lo cual se lograría analizando cuál es la tasa efectiva de pago de cada causante, y como consecuencia existe la presunción de que algunos causantes, personas físicas y morales de bajos ingresos, pagan más impuestos que los de muy altos ingresos, sin que nadie diga ni haga nada.
Luego vamos al lado del gasto y vemos cosas tan sorprendentes como el presupuesto para el sector salud, o educación, que desperdicia una nada despreciable cantidad en burocracia y gastos excesivos de administración, con duplicidades y sin un estándar de trabajo que garantice un mínimo de productividad y eficiencia, lo cual deja sin servicios de calidad justamente al segmento más bajo de la población, a los pobres, quienes deben sacar recursos de donde puedan para atenderse en servicios privados de dudosa calidad, pero que al menos les dan la sensación de que están siendo atendidos.
Luego viene la parte que los gobiernos dedican a infraestructura urbana básica, como agua potable, alcantarillado, parques y jardines, alumbrado público, mercados y pavimentación, áreas donde observamos una presencia de servicios informales, ofreciendo todo tipo de bienes y servicios, que resultan ser los verdaderos beneficiarios de esos gastos.
Estos tipos no contribuyen nada al erario, aunque existe una bien identificada red de corrupción y rentas que cobran ciertos personajes, que se encargan de repartir entre una compleja estructura burocrática y de rentistas que ejercen todo tipo de funciones, abarcando áreas tan diversificadas como el coyotaje, puestos organizativos y directivos en partidos políticos, líderes de acarreos, golpeadores, invasores, rateros, tratantes de blancas, productores de pornografía, revendedores de entradas a espectáculos, falsificadores de documentos, gestores y cuanta ocupación ilegal se nos ocurra.
Cuantificar los ingresos de estos tipos es muy difícil, si no es que imposible. De ahí la necedad de algunos en sugerir que la mejor forma de tratarlos y meterlos al redil sea mediante un impuesto generalizado al consumo, pero como esto les suena a los defensores de pobres como tecnocracia malévola, pues seguirá durmiendo el sueño de los justos.
Se dice en los manuales y textos de finanzas públicas que un objetivo (no el único) de la política fiscal es promover una redistribución del ingreso, cobrando más a los más ricos y gastando más en los más pobres.
Podemos ver que en nuestro sufrido país esto no aplica en absoluto, aunque en el discurso de cualquier político de medio pelo seguramente figura. Entonces muy pocos pagan lo que deben y muchos no pagan en absoluto. Muy pocos se benefician del gasto y las grandes mayorías se hacen “justicia”, si así se puede llamar, por su propia cuenta, al no pagar, utilizar los servicios públicos como si fueran sólo de ellos y darse el lujo de comprar voluntades y favores de servidores públicos.
No hemos hablado del tan llevado y traído gasto social y sus programas, porque sobre el tema hay que decir primero que su diseño incentiva que la gente prefiera seguir siendo pobre en lugar de buscar mecanismos para salir de su situación por sus propios medios.
Luego hay que decir que se derrocha en gastos de administración y burocracia, al existir varias instancias que “vigilan” la aplicación de los recursos, pero que no se toman el tiempo y el espacio para evaluar a fondo los programas. La famosa encuesta que se utiliza para medir la pobreza está demasiado politizada, es limitada y parcial, pero esto tampoco nadie lo dice.
Así, la política fiscal se ha ido llevando, dadas las circunstancias, por el mejor camino posible, aunque convendría trabajar en un nuevo diseño, que tome en cuenta que lo que conviene hacer es mantener el equilibrio de las finanzas, garantizar la sostenibilidad a largo plazo y hacer que las mayoría contribuya. Todo lo demás se puede dejar fuera.
En el contexto de la discusión de una reforma fiscal, así como una reforma de Estado, el sector empresarial se manifestó a favor de imponer un impuesto generalizado al consumo y eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR), en caso contrario, se fomentaría el riesgo de perder el grado de inversión.
Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo estar en favor de la imposición de un impuesto generalizado al consumo, sin precisar la tasa, y acusó a los partidos de privilegiar sus propios intereses políticos.
“En la reforma que pretenden modernizar al país hay intereses de tipo político que obstaculizan la aprobación de las reformas que requiere el país para modernizarse; eso no es aceptable y nos genera una enorme preocupación”, dijo el representante del sector empresarial.
La Confederación Patronal de México (Coparmex) dijo que la reforma política del Ejecutivo va en el sentido correcto; “ahora corresponde a los legisladores enriquecerla y no bloquearla. Si nuestra economía muestra signos de estancamiento y crisis, se debe a las serias deficiencias de nuestro sistema político”, dijo el organismo en un comunicado.
Lo ideal para las empresas sería pagar sólo el Impuesto Empresarial a Tasa Única que tenga una tasa competitiva y que sea “fácil de pagar”, dijo Paredes.
El sector proyecta que este año la economía mexicana crecerá arriba de 4% y se generarán entre 400 y 500 mil empleos al año, aunque, de aprobarse las reformas, la expectativa sería mejor.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) pide que se aplique un único impuesto general que “termine con los privilegios fiscales, aumentar los ingresos tributarios del país, y un impuesto generalizado a productos y servicios”. En comunicado, el organismo apoya un IVA generalizado de 12% y un Impuesto sobre la Renta (ISR) de 25%, con la creación de una canasta básica de exención de medicinas y alimentos.
El Congreso de la Unión aprobó en noviembre de 2009 las modificaciones fiscales que, en su mayoría, entraron en vigor el 1 de enero pasado.
Según la consultoría PricewaterhouseCoopers, el objetivo de la reforma fiscal es adoptar medidas tendientes a superar la contingencia económica en el corto plazo y fortalecer el sistema impositivo debido a la situación por la que atraviesan las finanzas públicas como consecuencia del impacto negativo de un entorno financiero y económico mundial desfavorable, por lo que las distintas modificaciones a las disposiciones fiscales son recaudatorias.
Blanca García Ocampo, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), dijo que en la discusión de la reforma fiscal se optará por la creación de un solo impuesto, ya sea ISR o IETU, y que, en todo caso, se busque la forma de ampliar la base gravable.
La declaración se dio durante la firma del convenio entre la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) y la AMCP, cuyo objetivo es asesorar a pymes que no saben utilizar la factura electrónica, otra de las nuevas disposiciones del código fiscal.
Arturo Mendicuti, presidente de la Canaco, dijo que existe un universo de 179 mil negocios que no saben operar una factura electrónica, por lo cual, la Federación concedió iniciar con las sanciones hasta 2011 para este sector.
