El arresto de dos indígenas implicados en el reciente asesinato de un periodista en el sur del país supuestamente por un incidente de tránsito, comenzó a provocar dudas sobre la eficacia oficial para resolver ataques a la prensa en un México visto como el más peligroso en la región para el ejercicio periodístico.
Los detenidos declararon que el periodista Jorge Alberto Ochoa Martínez, director del semanario El Sol de la Costa, circulaba en sentido contrario y al no ceder el paso a un taxi se generó una discusión que llevó a que un tercero -aún prófugo- le disparara en una ocasión, informó el jueves el procurador estatal Albertico Guinto.
“Fue un hecho fortuito y circunstancial”, aseguró Guinto sobre el crimen del 29 de enero. Fue el tercer periodista asesinado en el transcurso de 2010.
Agregó que los indígenas detenidos eran supuestos pasajeros del taxi e incitaron al chofer para que diera muerte al periodista.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras dijo el viernes en un comunicado que el supuesto móvil del crimen de Ochoa es “poco creíble”. Afirmó que las explicaciones “están lejos de responder al reto que implica la lucha contra la impunidad y la protección de una prensa gravemente amenazada”.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido desde hace algunos años sobre los riesgos que enfrenta la prensa en diversas zonas del país, el cual enfrenta una creciente violencia del narcotráfico. Algunos crímenes de periodistas han sido directamente atribuidos a grupos del narcotráfico en represalia por su trabajo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado el asesinato de 60 periodistas desde el 2000 y ha dicho que la impunidad es el sello característico de las agresiones.
Carlos Lauria, del Comité para la Protección de Periodistas, dijo el viernes a la AP no contar con suficiente información para expresarse sobre las afirmaciones de la Procuraduría estatal sobre el caso Ochoa, aunque consideró que “lo cierto es que Guerrero se ha convertido en uno de los estados más letales en México”.
Esta semana, las organizaciones internacionales han puesto especial atención en la ciudad fronteriza norteña de Reynosa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que ocho periodistas fueron secuestrados en Reynosa en un lapso de dos semanas, uno de los cuales habría muerto al parecer por tortura. Lauría dijo que la CPJ ha podido corroborar cinco secuestros de periodistas.
“La realidad es que México se ha convertido claramente en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, en América Latina sin duda, y uno de los más peligrosos en el mundo”, señaló.
El Estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes, así como hay “serias restricciones” a los derechos humanos, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado este miércoles.
En el informe de casi 300 páginas, la CIDH observa un “debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela” que “ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos” en el país.
El Estado no ha “garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno” del presidente Hugo Chávez.
“Se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”, señaló la Comisión.
Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por parte de la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
La CIDH destacó que este informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, toda vez que el gobierno de Chávez se niega a permitirla desde 2002.
Caracas se rehúsa alegando que el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el gobierno de facto que se instaló durante 48 horas durante el fallido golpe militar de abril de 2002 contra Chávez.
Precisamente desde 2002 el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha incluido a Venezuela en un capítulo en su informe anual que dedica a aquellos países del continente donde los derechos humanos estarían más comprometidos.
La negativa del gobierno de Chávez a permitir la visita “debilita seriamente el sistema de protección colectivo” creado por la OEA, consideró la CIDH.
La comisión subrayó la falta de “condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor” en Venezuela.
Asimismo, constató “un patrón de impunidad” en casos de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas y personas que participaron en manifestaciones.
La CIDH reconoció los avances del gobierno de Chávez en materia social, económica y cultural, pero indicó que en aras de cumplir con las demandas de la población en estas áreas “no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales”.
La comisión identificó también en Venezuela restricciones a manifestaciones pacíficas, un “ambiente hostil” contra la oposición, inseguridad ciudadana, estado precario de los presos y, sobre todo, “la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos”.
Todos estos factores “contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela”, concluyó la CIDH.
La Comisión instó al gobierno de Venezuela a tomar los correctivos necesarios para revertir la deficiente situación de los derechos humanos, como permitir un ambiente propicio para el disenso político y el respeto de la independencia de los poderes públicos.
Nueve acusados de participar en la matanza de 45 indígenas en el estado sureño de Chiapas en 1997 recobraron el jueves su libertad, un día después de que la Suprema Corte revocó los procesos en su contra por considerar que estuvieron basados en irregularidades.
Los nueve, también indígenas, fueron liberados la madrugada del jueves con la mirada puesta en rehacer su vida, luego de pasar 12 años en un penal de la comunidad de El Amate, al sur de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas y a unos 690 kilómetros al sureste de la ciudad de México.
“No tengo nada, lo perdí todo, ya no puedo ni regresar porque me lo quitaron todo”, dijo a la AP Mariano Díaz Chilorio, uno de los indígenas liberados.
“Sólo sé que estamos libres y que vamos a comenzar de cero con mis compañeros, pero no es justo que nos encarcelaran 12 años sin haber hecho nada. Dios es testigo que digo la verdad”, añadió.
Familiares, amigos y compañeros de iglesias cristianas esperaron más de 14 horas afuera del penal para ver finalmente salir a los nueve indígenas. Otros 20 ya habían sido liberados en agosto también por un fallo de la Suprema Corte.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar con presuntas relaciones con funcionarios gubernamentales atacó a tiros una reunión de oración de indígenas activistas católicos que simpatizaban con los rebeldes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Acteal, una localidad de Chiapas.
A lo largo de varias horas, los agresores mataron a 45, entre ellos infantes de dos meses de edad.
Los indígenas acusados siempre negaron su culpabilidad y tras varios años de recursos jurídicos, su caso llegó a la Suprema Corte que revisó recursos promovidos por 51 sentenciados por la masacre. De ellos, 29 ya quedaron en libertad y a 22 se les repondrá el juicio.
José Antonio Caballero, abogado defensor de los acusados, dijo a la AP que la liberación era un acto que pone en evidencia las irregularidades del sistema de justicia mexicano. Adelantó que buscarán la amnistía para los indígenas que no han sido liberados.
Dijo, sin embargo, que “el corazón del problema es que no se ha hecho justicia ni a las víctimas ni a los acusados”. Por ello se manifestó a favor de que algún organismo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigue los hechos para finalmente esclarecer lo sucedido y castigar a los verdaderos responsables.
Entre las irregularidades que han sido señaladas se encuentran que los sospechosos, quienes hablan en su mayoría la lengua tzotzil, no tuvieron acceso a intérpretes. Al parecer, además, fiscales tomaron fotografías de los hombres y se las mostraron a los testigos, quienes luego los identificaron como sus atacantes.
“Me dejaron resentimiento y mucho dolor… ya no tengo nada, otra vez a comenzar y ya estoy viejo, tengo 72 años. Es muy triste esto. Pero tampoco tengo ganas de venganza ni nada de eso”, dijo Ignacio Gómez Gutiérrez, otro de los acusados que fue liberado.
Siete nativos de la etnia amazónica machiguenga dieron positivo al virus de la gripe porcina en Perú, lo que desató la alarma de defensores de los derechos indígenas por una posible propagación del mal entre esas comunidades vulnerables a enfermedades occidentales. Sin embargo, un funcionario sanitario del Cusco informó que los afectados ya fueron recuperados y no hay otros casos en la comunidad.
La organización no gubernamental Survival dijo el miércoles que los pueblos indígenas en todo el mundo son particularmente vulnerables por poseer un sistema inmunológico débil, vivir en la pobreza y tener entre ellos altas tasas de enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades coronarias. Survival dijo que los siete casos de indígenas contagiados aparecieron en la comunidad de Timpia, de unos 600 habitantes, ubicada en la zona del Bajo Urubamba, en el departamento del Cusco, a unos 500 kilómetros al sudeste de Lima.
Fernando Pérez, director de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud del Cusco, dijo el miércoles a medios que los casos se registraron hace unas tres semanas, y que actualmente todos los afectados ya están recuperados, no habiéndose reportado ningún otro enfermo de gripe porcina en la comunidad. Aclaró que los nativos de la etnia machiguenga del Bajo Urubamba, a unos 500 kilómetros al sudeste de Lima, son indígenas totalmente incorporados a la vida occidental, que viajan constantemente entre sus comunidades y ciudades cercanas.
“No estamos hablando de población realmente de riesgo que son las comunidades que tienen las reservas”, dijo Pérez. Aseguró que se realiza una constante vigilancia epidemiológica sobre la gripe porcina en las comunidades selváticas, lo que sirvió para detectar el mal en Timpia y tomar las medidas oportunas del caso.
En Perú se han reportado a la fecha 45 muertes por gripe porcina y 5.743 casos confirmados del mal, de los cuales 359 aparecieron en la región del Cusco. Un poblador de Timpia, Felipe Semperi, quien se encontraba en la ciudad de Quillabamba, y fue contactado por la AP vía telefónica, dijo que “ha habido casos (de gripe porcina en Timpia) porque muchos han bajado (a la comunidad), trabajadores del municipio, arquitectos, ingenieros del Cusco, y de Arequipa también”.
Señaló que los habitantes de su comunidad tienen encuentros esporádicos con nativos en contacto inicial, cuando éstos se acercan a su región para cubrir algunas de sus necesidades.
Stafford Lightman, profesor de Medicina en la Universidad de Bristol, dijo a Survival que la propagación del virus entre los indígenas amazónicos tendría un efecto “devastador, infectando a comunidades enteras simultáneamente”. Para Stephen Corry, director de Survival, actualmente en tiempos de una pandemia global como la de gripe porcina, “es más importante que nunca que sus derechos territoriales (de los indígenas) sean reconocidos y protegidos antes de que sea demasiado tarde”.
Señaló que los indígenas en todo el mundo enfrentan las amenazas de madereros ilegales, terratenientes, cazadores furtivos e incluso turistas, que invaden sus tierras y les llevan enfermedades contra las que no tienen inmunidad
