El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó hoy a los grupos de indígenas amazónicos que mantienen las protestas contra su Gobierno para lograr mayores competencias y recursos para las autonomías que les fueron creadas.
En rueda de prensa, Morales ratificó que su Gobierno ha atendido la mayoría de las demandas de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) y criticó a esa organización por la forma en que se desarrolla la marcha de protesta iniciada el pasado 21 de junio en la región nororiental de Beni.
En concreto, el presidente se refirió a la pausa que desde hace más de una semana cumplen los indígenas, tras haber recorrido más de 200 de los 1.200 kilómetros que pretenden cubrir para llegar hasta La Paz y ante la posibilidad de lograr acuerdos con el Ejecutivo.
“Yo era marchista, que yo sepa nunca hay marcha con descanso de cuatro, cinco, diez días, después quieren retomar la marcha. Ojalá que puedan reflexionar y no conviertan la marcha de la Cidob en una chacota (burla)”, sostuvo.
Además expresó su preocupación “como dirigente sindical” por la “mala imagen” que algunos líderes indígenas le están dando a la Cidob al insistir con la marcha.
A decir de Morales, que aún es el máximo líder de los productores de coca del centro del país, esos dirigentes “están desgastando” a esa organización “por capricho, por soberbia o por intereses de carácter personal”.
El mandatario también criticó el pedido de los indígenas de subir de 7 a 18 el número de escaños que tienen las etnias minoritarias en la Cámara de Diputados porque consideró que ello sería injusto para los grupos mayoritarios.
La Cidob analizará en las próximas horas el reinicio de la marcha a La Paz porque hoy no se pudo instalar el diálogo con el Gobierno.
No obstante, los indígenas decidieron recorrer 20 kilómetros desde su actual ubicación en Ascensión de Guarayos (Santa Cruz, este) hasta el pueblo de Momené, en la misma región, debido a que se quedaron sin agua, informó a Efe el dirigente de la etnia mojeña Isidro Yujo.
La Cidob también protesta contra el proyecto de Ley Marco de Autonomías que promueve el Ejecutivo, porque según los indígenas, el documento no incluye todas las propuestas del sector.
La norma es la última de las cinco leyes orgánicas que debe aprobar el Parlamento hasta el próximo 22 de julio para la implementación de la Constitución promulgada el año pasado.
El Congreso, de mayoría oficialista, iniciará este martes el análisis del documento, que ya fue aprobado por la Comisión de Constitución en ausencia de los opositores
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas anunció la reapertura del Centro Regional de Información y Documentación del Pueblo Maya (CRID) que tiene entre sus objetivos compilar, resguardar, organizar, conservar y difundir el patrimonio cultural y documental de la Institución.
La delegada en Yucatán del CDI, Diana Canto Moreno, indicó que el proyecto de Centros Regionales de Información y Documentación (CRID) se inició en 1996 en algunas de las delegaciones estatales del entonces Instituto Nacional Indigenista.
El CRID Yucatán, señaló, pertenece a una red nacional de centros de información ubicados en 18 entidades federativas, algunos de ellos en delegaciones de la CDI, Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena, museos regionales, radiodifusoras culturales indigenistas, albergues escolares, bibliotecas de universidades estatales y bibliotecas públicas .
Diana Canto precisó que el CRID Yucatán se fundó el 7 de febrero de 2000 y sus instalaciones estaban en la calle 58 entre 53 y 55, y no fue sino hasta hace dos años cuando se trasladó a las oficinas actuales de la CDI. Su creación se realizó mediante un convenio con los Fondos Regionales de Maxcanú, Valladolid y Peto que aportaron equipo y mobiliario.
El CRID Yucatán , a cargo del Ing. Freddy Poot Sosa, ofrece también servicios de información especializada en pueblos indígenas como soporte para la toma de decisiones tanto de los propios pueblos como de las instituciones federales, estatales y municipales.
Resguarda información en distintos soportes (libros, revistas, videos, CD´s) de todos los pueblos indígenas de México y particularmente del pueblo Maya y cuenta con dos mil 550 libros, 280 videos, 75 discos compactos de música indígena, 350 revistas especializadas en asuntos indígenas y el Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de Peto.
El CRID-Yucatán atiende a investigadores, docentes, estudiantes y público en general. Entre los servicios que ofrece están el préstamo y consulta en sala de lectura, préstamo interbibliotecario, orientación y asesoría especializada y autorización para el uso de acervos audiovisuales
El grupo armado Sendero Luminoso (SL) busca ganarse el apoyo de los cocaleros de cara a las elecciones municipales en Perú, a través de ataques como los de esta semana que dejaron cuatro muertos, estimaron desde el viernes analistas.
“Este año hay elecciones municipales y regionales y el 2011 presidenciales, es un período bastante atractivo para cometer atentados, sobre todo cuando hay alcaldes ligados a cocaleros”, dijo Ricardo Soberón, consultor en temas de seguridad, en un encuentro con la prensa extranjera.
“Sendero Luminoso, que está dividido en dos facciones, ve con simpatía las elecciones y no creo que haya una directiva de boicotearlas, como ocurría desde 1980″, abundó el analista Rubén Vargas.
El 2009 los abogados del fundador de SL, Abimael Guzmán, dijeron que éste había dado luz verde desde prisión para que sus simpatizantes participen en procesos electorales.
Sendero Luminoso está dividido en dos facciones: la de “Artemio”, que reconoce a Guzmán, y la facción del camarada “José” que rechaza al líder histórico y promueve una alianza con traficantes para sobrevivir.
“Ya no ocurren ataques contra civiles y que más bien debemos esperar más acciones armadas contra policías y militares”, que actúan en el valle cocalero del Alto Huallaga (nororiente) y el valle del Río Apurímac Ene (VRAE, sureste), señaló Vargas.
“En el Alto Huallaga se está aplicando un miniplan Colombia, un modelo americano contra el narcotráfico con la policía como soporte de la erradicación de cocales y de programas de desarrollo alternativo en beneficio de 3.000 cocaleros”, recordó Soberón.
Los dos analistas resaltan que la estrategia antidrogas ha logrado avances en el Alto Huallaga, en contraste con la aplicada en el VRAE, donde la estrategia es exclusivamente peruana y basada en mayor presencia militar.
El VRAE es más importante como surtidor de droga a los narcotraficantes que el Alto Huallaga, señalaron los analistas, que enfatizaron la existencia de “zonas liberadas” donde no hay presencia de las autoridades.
“El gobierno está preocupado por la evolución del narcotráfico en el VRAE y por ello incrementa la compra de material militar”, como el anuncio reciente de adquirir ocho helicópteros rusos (MI-17 y MI-35) y 12 aviones brasileños Tucano, indicó Soberón.
Uno de los atentados de esta semana ocurrió precisamente el martes en el Alto Huallaga, donde senderistas asesinaron a dos erradicadores de coca y a un policía.
Ese ataque fue perpetrado por la facción senderista liderada por el camarada Artemio, que había declarado el 2009 una tregua. Pero un ataque policial para capturar a Artemio el 27 de abril rompió la tregua.
En el VRAE el jueves murió un policía y dos senderistas durante un enfrentamiento en la región Ayacucho entre seguidores del camarada “José” y fuerzas combinadas de la policía y mlitares.
Perú es el segundo productor mundial de cocaína con más de 300 toneladas según Naciones Unidas, y es, además, uno de los mayores productores de hojas de coca junto a Bolivia y Colombia.
En el país operan carteles mexicanos y colombianos del narcotráfico, siendo Europa y Estados Unidos el principal destino de la cocaína peruana, según las autoridades lcoales.
El dinosaurio quedó enterrado en una duna de arena que se derrumbó, quizá hace unos 185 millones de años, y posiblemente era herbívoro y uno de los parientes más viejos de los enormes animales conocidos después como saurópodos, según un reporte de investigación presentado en la edición del martes de la gaceta PLoS One, de la Biblioteca Pública de Ciencia estadounidense.
La especie bautizada como Seitaad ruessi tenía entre tres y 4,5 metros (10 a 15 pies) de largo y de 90 centímetros a 1,2 metros (tres a cuatro pies)de alto.
Sus huesos sobresalían de una piedra arenisca en la base de un precipicio, debajo de una vivienda antigua de los indígenas anasazi, también incrustada en las rocas.
Los humanos surgieron mucho después que los dinosaurios, pero los investigadores creen que los huesos podrían haber estado a la vista cuando los primeros indígenas vivieron en la zona.
El nombre Seitaad viene de “Seit’aad”, un monstruo de arena que enterraba a sus víctimas en las dunas, según una leyenda de los indios navajos, dijeron los investigadores.
La otra parte del nombre, ruessi, es un homenaje al poeta y naturalista Everett Ruess que desapareció en el sur de Utah en 1934.
Entender cómo vivieron los dinosaurios y cómo los afectaron los cambios en su ambiente es importante para entender el mundo y sus cambios ahora, dijo Mark Loewen, paleontólogo en el Museo de Historia Natural e instructor en el Departamento de Geología y Geofísica en la Universidad de Utah.
Al esqueleto, muy bien conservado para su antigüedad, le falta la cabeza, un dedo de las patas y el hueso inferior de la mandíbula, dijo Loewen aunque aclaró que la erosión podría haber sido un factor en su desaparición.
El nuevo dinosaurio es similar a otros sauropodomorfos, un suborden de dinosaurios, que han sido encontrados en Sudamérica y el sur de Africa, y que también eran vegetarianos, dijo Loewen. Pero Seitaad tenía una garra en sus extremidades delanteras, lo que sugiere que podría haberla usado para defenderse.
Unos 30.000 pobladores de la Amazonía ecuatoriana acusan de sus desgracias a Chevron, a la cual reclaman indemnizaciones por 27.000 millones de dólares mediante un juicio ambiental que para la petrolera estadounidense es el mayor intento de “fraude” que debe enfrentar.
El reclamo que tramita la justicia de Ecuador es ocho veces superior a lo que ExxonMobil gastó (3.400 millones de dólares) para descontaminar y compensar a unas 32.000 personas por el derrame de 50.000 toneladas de crudo cuando el buque Exxon Valdez chocó contra un arrecife en Alaska en 1989.
“A mi abuelito le aparecieron granos en la piel y fuertes dolores de estómago”, cuenta a la AFP Lenin Salinas, quien vive en una vetusta casa de madera que está a unos metros del pozo Shushufindi 38 perforado por Texaco (hoy Chevron), que exploró crudo desde la década de 1960 en la selva ecuatoriana.
Manuel, un campesino de 80 años patriarca de los Salinas, y sus descendientes se consideran afectados por las operaciones de Chevron entre 1964 y 1990 a causa de la contaminación que, según los demandantes, derivó en enfermedades como el cáncer que dejaron unos mil muertos.
Según relata, durante años su familia bebió agua de pozo “envenenada” por residuos de petróleo y sustancias tóxicas que fueron depositados sin control en piscinas abiertas junto a la vivienda, lo que incluso “mató” los cultivos.
En abril de 2007, el presidente Rafael Correa expresó que colonos e indígenas heredaron de Texaco una contaminación “30 veces mayor” que la del Exxon Valdes, lo que denunció como un “crimen de lesa humanidad”.
El mandatario socialista, reelegido hasta 2013, señaló que “ha habido exterminio de pueblos enteros por la contaminación” que él ha constatado in situ, y que “existen campesinos cuyas tierras no producen y están enfermos con cáncer”.
“Esas acusaciones (sobre cáncer) son infundadas porque no han presentado evidencias médicas para sustentarlas. Se trata de un fraude”, declaró a la AFP el portavoz de Chevron para América Latina, James Craig, este fin de semana en un recorrido por varios pozos que estuvieron a cargo de la petrolera.
Agregó que “hablan de mil muertos por cáncer y no presentan el nombre de una sola persona que haya muerto por cáncer, ni un informe médico o certificado de defunción”.
“Si hablan de indemnizaciones por muertes, ¿a quiénes se debería indemnizar? Hablan sin sustento”, manifestó Craig, admitiendo empero que aún falta la limpieza de 264 piscinas con desechos petroleros que corresponde al consorcio entre Texaco y el Estado ecuatoriano vigente entre 1972 y 1992.
Pero el portavoz sostiene que esa reparación es responsabilidad de la estatal Petroecuador por su participación en el consorcio y luego de que la empresa estadounidense invirtiera 40 millones de dólares para limpiar otras 162 piscinas y seis áreas de derrames hasta 1998 como era su obligación.
Las piscinas del pozo Shushufindi 38 están siendo rehabilitadas por Petroecuador. “Lo que es crudo ya sacaron”, dice Lenin Salinas, quien desde la parte alta de su vivienda anota que “el cafetal fue desbrozado por la contaminación”.
Según Craig, la querella -que ha sido conocida por seis jueces ecuatorianos y tiene 200.000 fojas- está en la fase final tras ser interpuesta en 2003 y ha sido “politizada” por las autoridades de Ecuador.
Chevron enfrenta la demanda luego de que un tribunal de Nueva York le ordenó en 2001 someterse a la jurisdicción de Ecuador, siendo el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera estadounidense a responder ante la justicia de otro país.
En su contraofensiva, la transnacional planteó un arbitraje internacional para que el Estado ecuatoriano complete la reparación y además reclama 1.600 millones de dólares por desequilibrios comerciales durante sus operaciones en el país, que, asegura, le dejaron utilidades por 497 millones.
El pasado jueves, una corte estadounidense negó un pedido ecuatoriano de suspender dicho arbitraje.
Ecuador es el miembro más pequeño de la OPEP con una producción diaria de 486.000 barriles en 2009.
El arresto de dos indígenas implicados en el reciente asesinato de un periodista en el sur del país supuestamente por un incidente de tránsito, comenzó a provocar dudas sobre la eficacia oficial para resolver ataques a la prensa en un México visto como el más peligroso en la región para el ejercicio periodístico.
Los detenidos declararon que el periodista Jorge Alberto Ochoa Martínez, director del semanario El Sol de la Costa, circulaba en sentido contrario y al no ceder el paso a un taxi se generó una discusión que llevó a que un tercero -aún prófugo- le disparara en una ocasión, informó el jueves el procurador estatal Albertico Guinto.
“Fue un hecho fortuito y circunstancial”, aseguró Guinto sobre el crimen del 29 de enero. Fue el tercer periodista asesinado en el transcurso de 2010.
Agregó que los indígenas detenidos eran supuestos pasajeros del taxi e incitaron al chofer para que diera muerte al periodista.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras dijo el viernes en un comunicado que el supuesto móvil del crimen de Ochoa es “poco creíble”. Afirmó que las explicaciones “están lejos de responder al reto que implica la lucha contra la impunidad y la protección de una prensa gravemente amenazada”.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido desde hace algunos años sobre los riesgos que enfrenta la prensa en diversas zonas del país, el cual enfrenta una creciente violencia del narcotráfico. Algunos crímenes de periodistas han sido directamente atribuidos a grupos del narcotráfico en represalia por su trabajo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado el asesinato de 60 periodistas desde el 2000 y ha dicho que la impunidad es el sello característico de las agresiones.
Carlos Lauria, del Comité para la Protección de Periodistas, dijo el viernes a la AP no contar con suficiente información para expresarse sobre las afirmaciones de la Procuraduría estatal sobre el caso Ochoa, aunque consideró que “lo cierto es que Guerrero se ha convertido en uno de los estados más letales en México”.
Esta semana, las organizaciones internacionales han puesto especial atención en la ciudad fronteriza norteña de Reynosa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que ocho periodistas fueron secuestrados en Reynosa en un lapso de dos semanas, uno de los cuales habría muerto al parecer por tortura. Lauría dijo que la CPJ ha podido corroborar cinco secuestros de periodistas.
“La realidad es que México se ha convertido claramente en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, en América Latina sin duda, y uno de los más peligrosos en el mundo”, señaló.
