Los dirigentes nacionales del PRI y el PAN entraron en una confrontación por el tema de las alianzas electorales. La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, aseguró que firmó con el presidente nacional del Partido Acción Nacional, César Nava, un acuerdo para que el blanquiazul no realizara una coalición electoral en los comicios que se celebraran el próximo año en el estado de México, mientras que Nava rechazó la existencia de ese pacto.
Anoche Beatriz Paredes aseguró que ella tiene una copia del documento en el que está la firma de Nava y que de se ser necesario podría ser sometido a peritos e investigadores para que se acredite que la rúbrica del presidente del PAN es auténtica.
La diputada priísta dijo que la firma del pacto fue atestiguada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del estado de México.
“Efectivamente, se firmó un acuerdo entre el presidente del PAN y la presidenta del PRI y fue testigo el secretario de Gobernación”, dijo Paredes durante una entrevista de televisión con la periodista Adela Micha.
Este documento “existe y yo tengo una copia de él, César Nava tiene una copia y los testigos tienen una copia”, aseguró.
Al detallar el contenido del documento Paredes dice que “básicamente es la decisión de los partidos políticos de no participar en alianzas en las elecciones locales por un periodo determinado”.
“No firmé”
Las declaraciones de Paredes se dan un día después de que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer que se había firmado un acuerdo entre el PAN y el PRI.
En respuesta a Peña Nieto, ayer mismo, César Nava afirmó que “nunca” hubo un acuerdo con el PRI para evitar las alianzas electorales con el PRD en algunos estados, a cambio de que los legisladores priístas aprobaran el incremento en el IVA en la discusión del paquete económico del año pasado.
En entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola dijo que “el PAN y su dirigente no hicieron compromiso alguno previo a la formación de las alianzas. No estaríamos dispuestos a condicionar nuestra actuación a la inclusión de otros, en este caso el PRI, nuestras decisiones han sido libres, absolutamente autónomas de cualquier ámbito, incluyendo el ámbito gubernamental”.
—¿No hubo un documento firmado entre Beatriz Paredes y Nava? —le preguntó Loret de Mola a Nava.
—No lo hubo, no lo hay —respondió el líder del PAN.
A la postura de Nava se sumó Octavio Germán Olivares, presidente del PAN en el estado de México, quien aseguró que es mentira que su partido haya firmado un documento con el PRI comprometiéndose a no ir en alianza en las próximas elecciones: “Como dirigente del PAN en el estado de México no he firmado ningún documento, si el gobernador (Peña Nieto) tiene las pruebas de que se firmó ese documento, que las presente”. Dijo que si es necesario su partido podría construir una alianza con la izquierda para buscar quitarle la gubernatura al PRI en las elecciones estatales de 2011.
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado propuso reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para que todos los pensionados y jubilados queden exentos de pagar este gravamen.En entrevista, el senador Carlos Jiménez Macías, vocero del tricolor en la Cámara alta, dijo que la pensión o jubilación no debe verse como una concesión gratuita o generosa pues es un derecho y a lo largo de la vida laboral a las personas se les descuenta una parte de su salario para ello.
Estimó que los pensionados y jubilados pagaron lo que correspondía del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante su vida laboral, ya que el gravamen se calcula con base en el salario completo, lo que incluye el concepto de ahorro para el retiro y otras prestaciones.
‘Dicho monto ya fue enterado a las autoridades hacendarias en su momento, mediante declaración del patrón o del mismo trabajador’, añadió.
El vocero de los senadores del PRI consideró que el ISR es un gravamen sustancial para los ingresos públicos, pues es la base de todos los sistemas fiscales del mundo, incluyendo el mexicano, pero que no debe pasarse por alto la seguridad social.
‘La contribución impositiva es considerada una herramienta indispensable para efectuar una justa distribución de la riqueza generada al gravar los ingresos de personas físicas o morales de manera equilibrada’, añadió.
El legislador por San Luis Potosí señaló que pesar que el ISR se cobra sólo al tres por ciento de los jubilados, la exención de su pago debe ser un derecho para todos los trabajadores que ya contribuyeron al desarrollo del país.
‘Es increíble que el gobierno mexicano no comprenda el significado y los alcances de la seguridad social’, subrayó Jiménez Macías
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, defendió la conveniencia de estudiar a nivel europeo la creación de una tasa para los buscadores de internet por el uso de las redes de los operadores de telecomunicaciones “si beneficia al usuario”.
“Es una opción abierta que hay que estudiar, que hay que analizar, y no sólo desde un punto de vista de un sólo país sino europeo e incluso global”, dijo Sebastián en Bruselas, tras participar en una reunión de ministros de Industria sobre la situación el sector del motor en la Unión Europea.
El ministro hacía referencia así al rechazo expresado hace unos días por el presidente de Telefónica, César Alierta, a que los buscadores de internet usen las redes de telecomunicaciones “sin pagar nada”, una argumentación respaldada después por Vodafone.
“Si la opción es que logremos un uso más barato, más eficiente y una mejora para los internautas, que tengan internet de más calidad y más barato, entonces será una buena opción a estudiar”, dijo Sebastián.
El titular de Industria consideró que el impuesto sería “beneficioso” si los operadores de telecomunicaciones como Telefónica deciden trasladar al consumidor los ingresos adicionales que reciban de los buscadores, “que se nutren” de sus inversiones en redes
Nuestra Carta Magna establece la obligación, a cuanta persona viva y trabaje en el país, de contribuir a las arcas públicas en la medida de sus posibilidades. Como casi todo se politiza y se sujeta a interpretaciones variopintas, alguien ha decidido cosas tan sui géneris como no gravar a los pobres, sin ofrecer una explicación convincente de qué se debe entender por pobre, o exentar ciertas actividades, como la agricultura.
Aquí, con el pretexto de que los agricultores son pobres -sin hacer caso a los priistas, quienes vociferan que gracias a sus gobiernos revolucionarios y sus repartos agrarios los agricultores salieron de la pobreza (sic)- los exentan o sujetan a tratamientos especiales.
Asimismo existe una canasta “básica” que está exenta, pero que nadie se ha tomado el tiempo de estudiar quién consume. No se sujeta al pago de impuestos a los sindicatos, no vaya a ser que se ponga al descubierto cómo han hecho sus fortunas ciertos personajes, ni a los partidos políticos se les exige el mínimo de rendición de cuentas.
Con esto y la necedad de las autoridades de pedir los famosos requisitos fiscales en facturas y recibos, para procesarlos y aceptarlos como deducibles, y su miedo a dejar un solo impuesto en el caso del IETU e ISR y la complejidad de los formatos y cálculos que se piden para llenarlos, una cada vez mayor proporción de empresas ha optado por la informalidad, al no registrarse en el padrón y así evadir todo tipo de contribución al fisco.
En el despacho encargado de estudiar estos asuntos, también se les ha olvidado estudiar qué tan justo y equitativo es el esquema imperante de deducibles para familias y empresas, lo cual se lograría analizando cuál es la tasa efectiva de pago de cada causante, y como consecuencia existe la presunción de que algunos causantes, personas físicas y morales de bajos ingresos, pagan más impuestos que los de muy altos ingresos, sin que nadie diga ni haga nada.
Luego vamos al lado del gasto y vemos cosas tan sorprendentes como el presupuesto para el sector salud, o educación, que desperdicia una nada despreciable cantidad en burocracia y gastos excesivos de administración, con duplicidades y sin un estándar de trabajo que garantice un mínimo de productividad y eficiencia, lo cual deja sin servicios de calidad justamente al segmento más bajo de la población, a los pobres, quienes deben sacar recursos de donde puedan para atenderse en servicios privados de dudosa calidad, pero que al menos les dan la sensación de que están siendo atendidos.
Luego viene la parte que los gobiernos dedican a infraestructura urbana básica, como agua potable, alcantarillado, parques y jardines, alumbrado público, mercados y pavimentación, áreas donde observamos una presencia de servicios informales, ofreciendo todo tipo de bienes y servicios, que resultan ser los verdaderos beneficiarios de esos gastos.
Estos tipos no contribuyen nada al erario, aunque existe una bien identificada red de corrupción y rentas que cobran ciertos personajes, que se encargan de repartir entre una compleja estructura burocrática y de rentistas que ejercen todo tipo de funciones, abarcando áreas tan diversificadas como el coyotaje, puestos organizativos y directivos en partidos políticos, líderes de acarreos, golpeadores, invasores, rateros, tratantes de blancas, productores de pornografía, revendedores de entradas a espectáculos, falsificadores de documentos, gestores y cuanta ocupación ilegal se nos ocurra.
Cuantificar los ingresos de estos tipos es muy difícil, si no es que imposible. De ahí la necedad de algunos en sugerir que la mejor forma de tratarlos y meterlos al redil sea mediante un impuesto generalizado al consumo, pero como esto les suena a los defensores de pobres como tecnocracia malévola, pues seguirá durmiendo el sueño de los justos.
Se dice en los manuales y textos de finanzas públicas que un objetivo (no el único) de la política fiscal es promover una redistribución del ingreso, cobrando más a los más ricos y gastando más en los más pobres.
Podemos ver que en nuestro sufrido país esto no aplica en absoluto, aunque en el discurso de cualquier político de medio pelo seguramente figura. Entonces muy pocos pagan lo que deben y muchos no pagan en absoluto. Muy pocos se benefician del gasto y las grandes mayorías se hacen “justicia”, si así se puede llamar, por su propia cuenta, al no pagar, utilizar los servicios públicos como si fueran sólo de ellos y darse el lujo de comprar voluntades y favores de servidores públicos.
No hemos hablado del tan llevado y traído gasto social y sus programas, porque sobre el tema hay que decir primero que su diseño incentiva que la gente prefiera seguir siendo pobre en lugar de buscar mecanismos para salir de su situación por sus propios medios.
Luego hay que decir que se derrocha en gastos de administración y burocracia, al existir varias instancias que “vigilan” la aplicación de los recursos, pero que no se toman el tiempo y el espacio para evaluar a fondo los programas. La famosa encuesta que se utiliza para medir la pobreza está demasiado politizada, es limitada y parcial, pero esto tampoco nadie lo dice.
Así, la política fiscal se ha ido llevando, dadas las circunstancias, por el mejor camino posible, aunque convendría trabajar en un nuevo diseño, que tome en cuenta que lo que conviene hacer es mantener el equilibrio de las finanzas, garantizar la sostenibilidad a largo plazo y hacer que las mayoría contribuya. Todo lo demás se puede dejar fuera.
