El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lanzará este mes una prueba piloto, con miras a establecer de manera permanente un programa para repartir casi 10 millones de prendas de ropa, zapatos, tenis y otros artículos decomisados en las aduanas y tianguis, para entregarse a las familias de regiones marginadas.
El presidente de la Comisión Especial de Estudiar, Analizar, Evaluar y Supervisar, el perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez, informó lo anterior y comentó que de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se decomisaron 5 millones de prendas de vestir, usadas y nuevas que entraron de manera ilegal al país; además de otras 4.9 millones incautadas en bodegas y tianguis.
El legislador adelantó que el SAE establecerá un programa piloto para conocer la manera en cómo se deberá operar esta propuesta, así como identificar las condiciones en las que viven las comunidades más marginadas del territorio mexicano, a fin de que sean éstas las más beneficiadas.
“Para combatir la pobreza tenemos de ir a fondo, ya resultan insuficientes los programas sociales con los que se cuentan , por lo que se deben hacer esfuerzos conjuntos entre los tres niveles de gobierno para enfrentar este problema”, dijo.
El legislador presentó en la Comisión Permanente un Punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal instrumentar la coordinación entre las instituciones correspondientes para que a través de las tiendas Diconsa, la distribución de los bienes incautados sean distribuidos entre la población de escasos recursos a nivel nacional.
Hernández Rodríguez refirió que en los últimos dos años el gobierno federal decomisó cinco millones de prendas de vestir usadas y nuevas que entraron en forma ilegal al territorio nacional, cuyo valor aproximado es de 420 millones de pesos.
Destacó que cuando lo incautado se destruye se incurre en un conflicto de interés social que obliga a la búsqueda de alternativas de aprovechamiento que, sin fomentar perversos círculos comerciales, ayuden a paliar en algo la condición de 50.6 millones de compatriotas que habitan en alguno de los 54 municipios más pobres, que no tienen ni siquiera para una muda de ropa
El presidente Barack Obama anunció este martes una nueva estrategia para “enfrentar el complicado desafío del consumo de las drogas y sus consecuencias” con el aporte de nuevos recursos para la prevención y el tratamiento para reducir el consumo en el mercado mas grande de estupefacientes del mundo.
El nuevo enfoque refuerza los programas comunitarios antidrogas, estimula a los proveedores médicos a detectar problemas de drogas antes de que se afiance la drogadicción y expande el tratamiento más allá de los centros especializados a las instalaciones regulares del cuidado de la salud.
“Al afianzar la prevención con base en la comunidad, expandir el tratamiento, reforzar la aplicación de la ley y trabajar en colaboración con nuestros socios globales reduciremos el consumo de drogas y el gran daño que causa a nuestras comunidades”, dijo Obama.
“Confío que cuando demos los pasos delineados en esta estrategia haremos a nuestra nación más fuerte y a nuestro pueblo más saludable y seguro”, agregó.
El plan -el primero relativo a las drogas anunciado por la Casa Blanca de Obama- se propone reducir el consumo juvenil de drogas en un 15% en los próximos cinco años y lograr reducciones similares en el uso crónico de drogas, muertes por drogas y automovilistas drogados.
En una entrevista el lunes, Gil Kerlikowske, director del programa antidrogas, dijo que la nueva pauta “cambia la discusión acerca de poner fin a la guerra contra las drogas y reconoce que tenemos la responsabilidad de reducir nuestro propio consumo de drogas en este país”.
Kerlikowske criticó estrategias anteriores que medían el éxito con el recuento del número de niños y adolescentes que no habían probado la marihuana. A la vez, dijo, aumenta el número de muertes por sobredosis tanto de drogas como de remedios recetados.
“Es importante que encaremos y lidiemos de frente con esta situación”, agregó
La gobernadora del estado fronterizo de Arizona, en Estados Unidos, tiene cinco días para promulgar o vetar una ley que criminaliza la inmigración de personas sin permisos para residir y trabajar en el país.
La firma de Jan Brewer es el último paso para que entre en vigencia la norma aprobada el lunes por el Senado estatal, que permitirá a las fuerzas de seguridad buscar y arrestar a todo aquel inmigrante que no tenga sus papeles en regla.
“Con la nueva normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus documentos de identidad en caso de que tengan una ’sospecha razonable’ de que pueda ser un indocumentado”, explicó la corresponsal de asuntos hispános de BBC Mundo, Marcia Facundo.
La medida podría afectar principalmente a miles de inmigrantes latinoamericanos que cruzan la frontera desde México y que son contratados por día desde la calle.
Los indocumentados no son los únicos que serían criminalizados en caso de que entre en vigencia la legislación conocida SB 1070. Todo aquel que transporte a una de estas personas estará cometiendo un crimen. Contratarlos también será ilegal
El senador republicano Rusell Pearce le explicó recientemente a BBC Mundo que la iniciativa tiene como objetivo “quitar las esposas que atan a los policías” y ponerlas “a los malos”. “Somos una nación de leyes y la ley es lo que importa”.
Sin embargo, el Consejo Nacional de la Raza considera que la medida es “alarmante e inconstitucional”.
“Esta ley es una afrenta a los derechos civiles y convertirá a todos los latinos en sospechosos en sus propias comunidades, sin importar su estatus migratorio”, declaró Janet Murguía, presidenta del Consejo.
Para persuadir a la gobernadora Brewer de que rechace la norma, grupos en contra de la ley han realizado vigilias frente a su casa.
Si Brewer promulga la legislación, Arizona se convertiría en el primer estado de Estados Unidos en criminalizar este tipo de inmigración.
Se estima que más de 10 millones de personas viven y trabajan en el país sin la documentación adecuada
En esta urbe, ser joven es lidiar con prejuicios: “Nos miran y miran a un delincuente. Dejaron de vernos como el futuro de México. La gente piensa: ‘¿Joven?, va a hacer algo malo’, hasta uno ya se la creyó. La muerte es tan cotidiana que al caminar dices: ‘¡Ah, mira! Aquí quebraron a éste, acá al otro y allá aquél’. Me apodan Chave, tengo 20 años, soy estudiante de preparatoria y realmente ser joven en Ciudad Juárez es todo un caso”.
“Si mínimo no traes una identificación electoral, tú no eres nadie. Y si a ellos (la policía) les da la gana, tú eres sospechoso: todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”: Jorge, de 23 años, Ciudad Juárez.
Homicidio es lo que acabó con cinco mil 69 jóvenes mexicanos de entre 15 y 29 años en 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Mil 27 asesinatos más que hace diez años. Éstas es la segunda causa de muerte en jóvenes. En Ciudad Juárez está el récord de ejecuciones juveniles, seguida de Tijuana. Entre estos dos municipios fronterizos sumaron mil 94 casos. La guerra contra el narcotráfico sólo explica parte de las estadísticas. Leer más…
El 70% de los zoológicos del país opera bajo amplios márgenes de ilegalidad, según resultados de una verificación que llevó a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2009.
Entre las irregularidades detectadas están la posesión de animales de procedencia ilícita; incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad; realización de liberaciones irresponsables de fauna sin prever el impacto ambiental y trato indigno a los animales.
En la revisión a los zoológicos, el personal operativo no acreditó la procedencia legal de la fauna que albergaban, así como de las colecciones de pieles y esqueletos.
Además se detectó ausencia de planes de manejo e informes anuales. Y en algunos, la falta de un sistema de marcaje en los especímenes y la no actualización del inventario de animales. Se detalla que en 33 de los 49 zoológicos verificados existieron circunstancias ilegales, que derivaron en el “aseguramiento precautorio” de 3 mil 107 ejemplares.
La Profepa señaló que los centros evaluados representan 48% de los establecimientos registrados ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En la revisión de documentación interna de los zoológicos se encontraron “indicios de que se hacen liberaciones de ejemplares que los zoológicos ya no puede mantener, sin contar con autorización de la Semarnat. Liberaciones que no garantizan que no haya riesgo hacia la fauna local o nativa de México”.
En el país hay 101 zoológicos con registro ante la autoridad federal. Los centros con mayor número de aseguramientos están en San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima y Yucatán
La Corte Suprema rusa revirtió un fallo de 2003 que había ordenado el arresto de Platon Lebedev, socio del magnate del petróleo Mijaíl Jodorkovsky, aunque la decisión no llevaría a su liberación, ya que ambos están procesados por acusaciones más recientes. Es poco frecuente que Rusia siga, como en este caso, una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos, que en 2007 había determinado que los derechos de Lebedev habían sido violados en su arresto y su detención antes del juicio.
Jodorkovsky, quien en un momento llegó a ser el hombre más rico del país gracias al petróleo, también fue arrestado en 2003. Ambos detenidos cumplen condenas a ocho años de prisión por fraude y evasión de impuestos, luego de un juicio teñido de intereses políticos. Los socios ahora están siendo enjuiciados por segunda vez. El caso de Jodorkovsky es considerado un ejemplo de los castigos que reciben quienes desafían al primer ministro y ex presidente Vladimir Putin. Las nuevas acusaciones contra el empresario parecen destinadas a mantenerlo preso por muchos años.
Cuando se le preguntó el martes si la decisión de la Corte significaba que Lebedev saldría en libertad, el fiscal respondió “No”, casi en un grito y salió rápidamente del tribunal sin más declaraciones. El abogado de Lebedev, Vladimir Krasnov, dijo que el gobierno quería enviar una señal a Europa de que apoya los valores democráticos, pero que no haría las cortes más independientes ni liberaría a Jodorkovsky ni a Lebedev.
“Sí, reconocieron la decisión de la corte europea para no quedar mal. Pero, ¿significa esto que algo cambiará? No”, dijo Krasnov a The Associated Press afuera del tribunal. La corte europea había fallado que Rusia violó los derechos de Lebedev al retenerlo antes del juicio aun cuando el período legal había terminado, que fue ilegal excluir tanto a Lebedev como a su abogado de la audiencia de detención y que los trámites de dos apelaciones eran demasiado lentos.
