Mariano Torres, dirigente estatal del Partido del Trabajo en Hidalgo, desautorizó las declaraciones del senador Ricardo Monreal Ávila, en torno a la presunta separación de este organismo político de la alianza Hidalgo nos Une.
Afirmó que su partido permanece adentro de la coalición opositora y no hay posibilidad alguna de salirse y apoyar como su candidato al senador José Guadarrama Márquez.
El líder petista dijo que luego de conocer las declaraciones del coordinador de la bancada de su partido en el Senado, se comunicaron con la dirigencia nacional, donde aclararon que no se reconsidera la alianza para esta entidad. “El senador no tiene rango de dirigente y no pertenece a la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN), ni a la Coordinadora Nacional, su dicho es a título personal”, afirmó.
Ponen distancia de Monreal
Torres aseguró que respetan lo señalado por Monreal Ávila; sin embargo, el Partido del Trabajo sigue trabajando en la alianza Hidalgo nos Une, ya que es un acuerdo nacional que no puede ser tratado por ningún miembro como un asunto personal y explicó que se han tratado puntos específicos de las acciones electorales que le corresponden a cada partido.
Las voces sobre una presunta adhesión de Guadarrama Márquez al Partido del Trabajo no tienen fundamento especifico, ni tampoco existe posibilidad de que el partido lo nombre como su candidato, ya que la coalición está registrada ante los órganos electorales del estado.
“No existe esta posibilidad de que Guadarrama Márquez sea nuestro abanderado y sobre los señalamientos de que abandona la alianza Hidalgo nos Une, no pasaría nada, sería como el caso de Francisco Xavier Berganza Escorza, del Partido Convergencia. Los aspirantes se salen pero la alianza opositora al PRI sigue”, explicó.
Como Partido del Trabajo, afirmó que ofrecen al menos 50 mil votos para la coalición.
El PT permanece firme en la coalición desde el pasado 3 de febrero en que fue aprobado sumarse, pese a las declaraciones del senador Monreal y no hay un cambio de postura. Lo que señaló el legislador no es la postura del partido, asentó
El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero dio la bienvenida a la propuesta de reforma política que presentará la bancada del PRI.
Y dio a conocer su punto de vista de los tres grandes objetivos que se persiguen: Acercar a los ciudadanos a la política con iniciativas y candidaturas ciudadanas; generar más gobernabilidad y mayorías estables y una democracia efectiva para generar bienes públicos y la necesidad de combatir la impunidad política.
“Todo esto es fortalecer el músculo ciudadano y su participación directa en las decisiones políticas. Sé que va a haber más temas a este respecto. Y estamos abiertos”, dijo.
Como se anuncióen medios periodisticos, la propuesta de los priístas que será presentada el martes, incluye la acotación del fuero, nuevos mecanismos ante la ausencia total del presidente de la República y dotar de nuevas facultades a la CNDH.
Buscando consensos
Madero dijo que esas iniciativas —junto con la del Dia— deben sumarse a la iniciativa del presidente Calderón para buscar los consensos necesarios.
El panista dijo que no hay que aferrarse a los cómos sino centrarse en los tres objetivos citados. “Estamos rezagados del mundo en el diseño institucional de nuestro sistema político”, dijo.
“Yo estoy muy entusiasmado esperando las propuestas de los otros grupos parlamentarios mayoritarios del Senado, del PRI, del PRD.
“Creo que deben sumarse a la iniciativa del presidente Felipe Calderón, para que en conjunto sacar los consensos en donde podamos construirlos.
“Pero lo fundamental no es aferrarse a las fórmulas o mecanismos de los cómos, sino los objetivos fundamentales.
“Bienvenidas las propuestas del PRD, del Dia, del PRI y las que se van a presentar por los ciudadanos como ya han venido organizaciones que representan a las mujeres, con las que hemos hablado y que ellas hablan también de incorporar el tema de la paridad en la representación política, donde están los temas del federalismo, la reducción de las prerrogativas a los Partidos Políticos, un sólo IFE, la Ley de Radio y Televisión”.
El senador del PRI, Francisco Arroyo, dijo que la propuesta del presidente Felipe Calderón, enviada el 15 de diciembre, tiene una serie de insuficiencias.
Lo anterior, dijo, porque sólo toca a los partidos y al Congreso, no al Ejecutivo ni la calidad de los órganos de Estado.
Arroyo dijo que al tener varios documentos, existe la obligación de las comisiones unidas de dictaminar todas las iniciativas.
Explicó que con las diferentes propuestas con que contarán para trabajar, se espera un trabajo mucho más profesional.
El senador por Guanajuato dijo que Manlio Fabio Beltrones se ha involucrado profundamente en la reforma política de su bancada, por lo que se espera un documento interesante
La bancada priista en la Cámara de Diputados propuso disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos y aumentar el porcentaje de aportaciones de simpatizantes y militantes.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar dijo que para ello es necesario llevar a cabo reformas a los artículos 41 y 116 de la Constitución y a los artículos 32, 78 y 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
En el documento se indica que se pretende reducir el monto de los recursos económicos de que disponen los partidos políticos para sus gastos ordinarios y de campaña y generar un esquema en el que se pueda aumentar el porcentaje de aportaciones que simpatizantes y militantes pueden hacer a un partido político.
“Esto conlleva una inducción para que los partidos realicen un esfuerzo mayor para incrementar sus ingresos propios producto de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, así como buscar otras fuentes de financiamiento que estén dentro del marco de la legalidad, pero que no dependan directamente del gasto público”.
Con esta iniciativa se busca cambiar a un esquema que garantice que las organizaciones políticas cuenten con recursos necesarios para desarrollar sus funciones, “pero no con el alto costo que hoy representan para el erario público”.
Subraya que México no sólo se ubica en el último lugar de los países en transición democrática, sino que es el segundo más caro en la obtención de cada voto.
Se explica que, según datos del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2006 los partidos políticos obtuvieron 4 mil 175 millones 367 mil pesos: 2 mil 68 millones 375 mil para actividades ordinarias y 37 millones 110 mil pesos para actividades específicas.
El informe señala que en las elecciones presidenciales cada voto costó 35 dólares, mientras que en otros países con una experiencia electoral consolidada el costo del sufragio varía entre uno y tres dólares.
Agrega que entre el año 2000 y 2008 han existido 16 partidos políticos nacionales, que han costado a los mexicanos más de 25 mil millones de pesos. “El tránsito de un sistema de partido hegemónico a uno plural ha sido un proceso sumamente costoso”
La transparencia y el derecho de acceso a la información son elementos cada vez más relevantes durante los procesos electorales, pues constituyen la base para la formación de criterios con los cuales el ciudadano decide su voto, afirmó el IFAI.
La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, señaló que si bien están obligados a responder solicitudes de información a través del Instituto Federal Electoral (IFE), los partidos políticos deben difundir información sin que medie solicitud alguna.
Tal es el caso de los documentos básicos y reglamentación interna, directorio de cargos y sueldos, convocatorias para elegir dirigentes y candidatos, resoluciones de órganos disciplinarios que hayan causado estado, así como recursos públicos canalizados a sus órganos estatales e informes ordinarios y de campaña.
“Anteriormente la autoridad electoral estaba sujeta al escrutinio público y de partidos, en tanto que los organismos políticos únicamente lo estaban al de la autoridad electoral”, expuso la titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Durante la conferencia “Procesos electorales y transparencia”, en la Universidad Autónoma de Puebla, refirió que en la más reciente reforma electoral, el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) introdujo un capítulo específico en materia de transparencia de los institutos políticos.
“De esta manera, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público y del ámbito federal, se convierten en sujetos obligados indirectos en materia de transparencia”, afirmó Peschard Mariscal.
Destacó que el acceso a la información adquiere un papel relevante precisamente en el marco democrático, al sancionar políticamente al partido en el gobierno por su mal desempeño, a través de la alternancia, o bien premiándolo, al ratificarlo con su voto.
“La jornada electoral es el momento crucial de la relación entre ciudadano y Estado, y alcanza su mayor efecto a partir de la información con que cuenta el sufragante para definir el sentido de su voto”, detalló la comisionada presidenta.
La funcionaria federal aseveró que “con toda la información a mano se constituye un voto responsable que se vuelve corresponsable con el conjunto de los electores y el gobierno emanado del voto”.
Reconoció que la opinión que consignan los medios de comunicación, líderes de opinión y los propios actores políticos con base en el ejercicio del derecho de acceso a la información, se traslada a amplios sectores sociales a efecto de nutrir las preferencias electorales.
Por ello advirtió que “el debate en torno a la libertad de expresión o la promoción de obra gubernamental tiene que ver con el tipo de información que se difunde”.
En referencia al estrecho vínculo entre la construcción de gobernabilidad y transparencia, la ex consejera del IFE planteó la existencia de tres vertientes de análisis: la transparencia de los actores políticos, la organización de los comicios y la decisión ciudadana.
En el caso de la transición a la democracia en México, recordó que la regulación electoral introdujo paulatinamente el componente de transparencia en diferentes esferas de la actividad partidista: prerrogativas, fiscalización y organización de los comicios
