Un individuo que estuvo preso en Guantánamo y fue liberado tras afirmar que quería regresar a su país y dedicarse a su familia es ahora uno de los comandantes que encabeza la resistencia del Talibán a la ofensiva que tiene lugar en el sur de Afganistán, según dos altos funcionarios de los servicios de inteligencia afganos.
Se trata de Abdul Qayyum, quien puede llegar a ser pronto el número dos en la jerarquía del Talibán, de acuerdo con los funcionarios, que fueron entrevistados por The Associated Press la semana pasada.
La historia de Abdul Qayyum podría dificultar al presidente Barack Obama el cumplimiento de su promesa de cerrar la base de Guantánamo y enviar a los reos a sus países de origen, a otras naciones dispuestas a aceptarlos, o juzgarlos.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseguran que el 20% de los presos de Guantánamo que son liberados se reincorporan a la lucha.
Un importante colaborador de Qayyum es otro ex preso de Guantánamo, según los funcionarios afganos y un ex gobernador de la provincia de Helmand, Sher Mohammed Akundzada. Es Abdul Rauf, quien le dijo a sus interrogadores estadounidenses que tenía pocos vínculos con el Talibán. De Guantánamo fue trasladado a una cárcel afgana y luego liberado.
Pronto se sumó nuevamente a la lucha, aseguran. Akundzada dice que le advirtió a las autoridades que no debían soltarlo.
Igual que Qayyum, Rauf es de Helmand, provincia al sur del país. Durante el gobierno del Talibán, Rauf comandó algunas unidades.
Los funcionarios de inteligencia fueron entrevistados en Helmand, donde el Talibán controla varios distritos, y hablaron a condición de no ser identificados para no sufrir represalias de la guerrilla.
Dijeron que Qayyum se hizo cargo de la campaña militar en el sur hace unos 14 meses, poco después de recuperar la libertad. Dirigía los combates desde Marja, donde las fuerzas de la OTAN tratan de desalojar a los insurgentes.
Se cree que Qayyum, cuyo nombre de guerra es Qayyum Zakir, se encuentra ahora en Quetta, en la frontera con Pakistán. Hace poco un diario paquistaní dijo que había sido detenido, pero la versión fue desmentida por Abdul Razik, ex gobernador de Kajaki, de donde es oriundo Qayyum y que es controlado por el Talibán.
Uno de los funcionarios de inteligencia dudó que haya sido arrestado. Dijo que hubo una redada en una casa en la que se encontraba Qayyum y que fueron arrestados tres colaboradores, pero que Qayyum escapó. Hace una semana se lo vio en Pishin, ciudad fronteriza a 50 kilómetros (30 millas) de Quetta, agregó.
“Es inteligente y despiadado”, aseveró Abdul Razik. “Retirará a sus fuerzas para dar pelea otro día”, acotó, aludiendo a la situación en Marja.
Qayyum tiene unos 36 años y sería allegado al líder espiritual del Talibán, el mulá Mohamad Omar. Es candidato a reemplazar al número dos en la jerarquía del Talibán, mulá Abdul Ghani Baradar, arrestado hace poco en Pakistán.
Qayyum tenía fama de sanguinario y de realizar ejecuciones sumarias cuando fue capturado en el 2001 y trasladado a Guantánamo. Según transcripciones de los interrgatorios, se identificó con el nombre de su padre, Abdula Ghulam Rasoul, y dijo que había sido reclutado por el Talibán pero que se había ido a la primera oportunidad que tuvo.
De acuerdo con las transcripciones, declaró que quería reunirse con su familia y trabajar la tierra. En 2007 fue entregado a Afganistán con otros 12 reos de Guantánamo. En Afganistán permaneció preso en la cárcel de Pul-e-Charkhi jail, en Kabul.
Un año después fue liberado.
El viceministro de justicia Faqir Ahmed Faquiryar dijo que los tribunales decidieron que “ya había pasado suficiente tiempo en la cárcel”.
Según la información recabada por AP, Qayyum dirige sus operaciones desde Quetta. Tendría a su cargo cuatro provincias: Helmand, Kandahar, Uruzgan y Zabul.
Un ex combatiente Talibán, Sharifuddin, dice que “desde Quetta designa los gobernadores y los alcaldes” de las zonas controladas por el Talibán.
“En esas provincias no pasa nada sin su aprobación”, afirmó
El juez Baltasar Garzón, el mismo que procesó al dictador Augusto Pinochet, que desmanteló el aparato político y económico de la organización terrorista vasca ETA, que ha perseguido a los capos más importantes de la droga y a los líderes de las mafias rusa e italiana, y que está investigando las torturas cometidas en la cárcel de Guantánamo (Cuba) durante el gobierno de George W. Bush, podría acabar sentado en el banquillo de los acusados e inhabilitado hasta 20 años.
Las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, le acusan de prevaricación. Es decir, de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975). Y el juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, hace unos días lo corroboró.
En un auto hecho público, Varela sostiene que el magistrado en realidad no pretendió investigar los “horrendos crímenes del franquismo”, sino que actuó con la finalidad de “eludir la decisión del legislador sobre el régimen localizador y exhumación de las víctimas”.
Es decir, le acusa de declararse competente para investigar las denuncias de las víctimas de Franco, no por ellas, sino para controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de miles de desaparecidos de la Guerra Civil.
Aunque Garzón puede impugnar el auto, sus posibilidades de éxito son muy pocas. Y será la Sala de lo Penal, formada por cuatro jueces (tres conservadores y uno progresista), la que decida si abre o no un juicio contra él.
En el caso de que lo abra, de acuerdo con el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), será la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial la que decida si le suspende provisionalmente durante el juicio y hasta que recaiga en la causa “sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”.
Uno de varios procesos
No es el único proceso abierto contra el magistrado. Hasta hace unos días pesaban sobre Garzón dos querellas más. Una de ellas, que no fue admitida a trámite, la presentó un abogado del caso “Gürtel”, una trama de corrupción instruida por el propio Garzón y en la que están implicados medio centenar de miembros del opositor Partido Popular (conservador, PP). José Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa, cabecilla de la trama, le acusó de prevaricación, al espiar las conversaciones en los locutorios de la cárcel entre el propio Correa y su abogado.
El juez podía haber sido condenado a entre 2 y 6 años de cárcel, pero no fue admitida a trámite. Aun así, el Colegio de Abogados de Madrid anunció ya su intención de querellarse porque, según su decano, Antonio Hernández Gil, la orden de practicar esas escuchas “no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente a los valores constitucionales decantados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
A esta nueva querella se une otra ya existente que el Tribunal Supremo sí admitió. En esta ocasión vino de la mano de los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes acusan a Garzón de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, en un caso que data de 2005 y 2006, cuando el juez dirigió unos cursos en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso en la Audiencia Nacional de Madrid. Los cursos fueron patrocinados por el Banco de Santander, que aportó 300 mil dólares. Los letrados consideran que el patrocinio de estos cursos podría estar relacionado con la decisión de Garzón de archivar, a su regreso a España, una causa que tenía pendiente contra directivos del Banco de Santander, entre ellos el propio Botín. Y denuncian que Garzón ocultó el salario que cobró en esos cursos y que fue él personalmente quien solicitó al Banco de Santander, cuyo presidente estaba imputado en un caso que llevaba él, que los patrocinara.
Garzón, a través de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha negado haber recibido jamás “ni directa ni indirectamente fondos provenientes del Santander”. Ha reiterado su inocencia y califica las acusaciones de “absurdas y esperpénticas”; asegura también que ha sido tratado peor que un ciudadano cualquiera sólo por el hecho de pertenecer al poder judicial, aunque según él se encuentra tranquilo, a la espera de que llegue el momento de defenderse.
Pero si llega ese momento y el juez se sienta en el banquillo de los acusados, deberá abandonar todos los casos que tiene, incluyendo aquellos que giran en torno a la banda armada ETA, o las investigaciones de los delitos de torturas y malos tratos cometidos en Guantánamo en la administración W. Bush, una querella presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que el mismo Garzón admitió y cuyo juicio, en caso de llevarse a cabo, convertiría a España en el primer país del mundo en iniciar un proceso penal para investigar la torturas cometidas en la controvertida base militar de EU
Mañana se cumplirán ocho años de la llegada de los primeros sospechosos de terrorismo a Guantánamo, donde permanecen 198 detenidos, con muchos de los cuales el gobierno de Estados Unidos aún no sabe qué hacer.
El 11 de enero de 2002 tocó tierra en Guantánamo un avión militar con veinte hombres, que viajaron encapuchados y amarrados con correas al suelo de la nave, y fueron internados en una especie de jaulas.
Su llegada transformó una base de segunda categoría, con una dotación militar escasa, en el penal más defendido y polémico del mundo.
El aniversario ocurre diez días antes de la fecha límite que se impuso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para vaciar las celdas, una promesa que no cumplirá, como admitió.
La orden del cierre fue uno de sus primeros actos tras llegar a la Casa Blanca, un anuncio cargado del simbolismo de la ruptura con la política de su antecesor, George W. Bush, que quiso convertir a Guantánamo en un lugar al margen de las leyes estadunidenses y del derecho internacional.
Pero Obama no contó con la resistencia de miembros del Congreso, incluso de su propio partido, a traer a algunos de los detenidos a Estados Unidos, al tiempo que sobreestimó la disponibilidad de sus aliados a aceptar a otros reclusos.
Las organizaciones de derechos humanos usaron hoy el aniversario para presionar a Obama para que no ceda a las demandas de los que prefieren el status quo.
El Gobierno “debería renovar su promesa de cerrar la prisión de forma rápida y responsable”, dijo la asociación Human Rights Watch en un comunicado.
Y Human Rights First, otra asociación humanitaria, recalcó que “cada día que el penal está abierto es un regalo para la máquina de propaganda de Al Qaeda”.
La tarea de encontrar un destino a los prisioneros se le ha complicado al gobierno con el atentado fallido contra un avión con destino a Detroit el día de Navidad, presuntamente llevado a cabo por un nigeriano entrenado en Yemen
Al-Qaida en la Península Arábiga, que se atribuyó la responsabilidad del fallido atentado a un avión estadounidense, es liderada por un yemení que llegó a ser un ayudante cercano de Osama bin Laden. El grupo se formó en enero de este año, cuando su líder, Naser Abdel Karim al-Wahishi, anunció que se fusionaban organizaciones de Arabia Saudí y de Yemen.
Al-Wahishi, conocido por el alias de Abu Basir, fue uno de los 23 integrantes de al-Qaida que se escaparon de una prisión yemení en el 2006. El y muchos extremistas que están hoy en Yemen se encuentran en la lista de los más buscados en Arabia Saudí. Al menos dos ex detenidos en la prisión militar estadounidense en Bahía de Guantánamo, Cuba, que fueron liberados en noviembre del 2007, aparecieron luego como comandantes de al-Qaida en Yemen.
Said al-Shihri, liberado de un programa de rehabilitación saudí el año pasado, es un subjefe de la organización en Yemen. Otro ex detenido de Guantánamo, Abu al-Hareth Muhammad al-Oufi, apareció en enero como comandante de al-Qaida en un video clip que lo mostraba con una cartuchera de balas. Al-Qaida en la Península Arábiga ha sido responsabilizada de una serie de ataques en Yemen, incluido uno contra la embajada estadounidense en San’a y atentados suicidas contra visitantes surcoreanos.
El grupo dio señales recientemente de que pensaba atacar fuera de Yemen. El joven nigeriano acusado por el atentado del 25 de diciembre en un avión de Northwest Airlines a punto de aterrizar en Detroit había estado en Yemen este año, según el gobierno yemení. La primera operación fuera de Yemen fue un fallido atentado con una bomba contra el jefe antiterrorista de Arabia Saudí en agosto. Al hacerse responsable del atentado, al-Qaida instó a sus simpatizantes a expulsar a los “infieles” de la península arábiga.
Los expertos consideran que el grupo tienen unos pocos cientos de combatientes. Al parecer cuenta con muchos fondos y la protección de varias tribus yemeníes, en especial en el este del país. Yemen, de donde provienen los antepasados de bin Laden, ha sido un reducto para al-Qaida por la debilidad del gobierno central y su terreno agreste que brinda protección. En el 2000 en ese país, un atentado suicida en la costa de Adén mató a 17 marineros estadounidenses del destructor Cole.
