El secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, David T. Johnson, pidió una mayor cooperación de Venezuela en el combate al narcotráfico, informó hoy el diario colombiano El Tiempo.
Y manifestó que también despertó el interés de su país el hecho que “integrantes del Ejército venezolano, al parecer, estaban involucrados de alguna manera con este contrabando de sustancias ilícitas”.
“Quisiéramos una relación de cooperación con Venezuela y, en cierto modo, existe, pero no en la profundidad que quisiéramos”, declaró el funcionario en una entrevista que publicó este miércoles el periódico.
Johnson llamó la atención sobre el número de vuelos no identificados que, según dijo, están saliendo de territorio venezolano con sustancias ilícitas hacia Centroamérica y Africa Occidental.
“Si usted observa el rastreo de esos vuelos que van hacia la isla La Española, Honduras y Africa Occidental es de suponer que estos están transportando productos ilícitos”, afirmó el alto funcionario estadunidense.
Admitió que existe preocupación en Estados Unidos por los “pocos” esfuerzos que ha hecho el gobierno venezolano frente a la lucha que se libra a nivel internacional para frenar el tráfico de drogas y su producción.
El presidente en funciones de Nigeria, Goodluck Jonathan, ordenó hoy que se lleve a cabo una “profunda investigación” de la matanza que tuvo lugar el domingo pasado en la que murieron más de 500 personas, en su mayoría mujeres y niños cristianos, en las afueras de la ciudad central de Jos.
Según el portavoz de Jonathan, Ima Niboro, el presidente también ha dado órdenes a los jefes de los servicios de seguridad de que controlen la situación en la zona para prevenir nuevas situaciones de violencia en Jos, capital del estado de Plateau.
El Gobierno del estado de Plateau informó ayer de que al menos 500 personas había sido asesinadas, supuestamente por pastores musulmanes fulani, que atacaron tres aldeas de las afueras de la ciudad de Jos en la madrugada del domingo, aunque la Policía afirma que fueron 55 las personas que murieron.
Según testigos presenciales, los pastores, que estaban armados con revólveres, fusiles, metralletas y machetes, atacaron a los residentes de los pueblos de Dogo Nahawa, Zot y Ratsat, cuya población es mayoritariamente cristiana.
La masacre, que ha sido condenada por numerosas organizaciones nigerianas y por EEUU, el Reino Unido, Francia y el Vaticano, llevó a Jonathan a destituir al Consejero de Seguridad Nacional, el general retirado Sarki Mukhtar, al que sustituyó por Aliyu Gusua, que ya ocupó ese mismo puesto en dos ocasiones.
El gobernante nigeriano se reunió ayer con los jefes de los servicios de seguridad en Abuya para decidir las medidas que se van a tomar en respuesta a la matanza, mientras que el portavoz del ejército, Galadima Shekari, anunció que se enviarían más soldados a la zona.
“La situación ahora es de calma y, por la información que yo he recibido, puedo asegurar que el Ejército tiene el control”, afirmó Shekari.
La Policía del estado de Plateau ha informado de que 93 personas han sido detenidas en relación con el ataque, la mayoría de ellos de la etnia fulani
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, urgió anoche a senadores del PRI a otorgar al Ejército mexicano un marco legal moderno y efectivo para cumplir con sus tareas de lucha contra el crimen organizado, aunque no necesariamente sea en los términos propuestos por el presidente Felipe Calderón.
Anoche, el grupo de senadores priistas que procesará la reforma en materia de Seguridad Nacional se reunió durante dos horas 30 minutos con el general Guillermo Galván, para discutir diversas inquietudes que tienen respecto de la propuesta presidencial.
De acuerdo con la información recabada por este diario, los senadores priistas le expusieron al secretario de la Defensa su preocupación en torno a la propuesta presidencial sobre Seguridad Nacional, que incluye la creación de la Fuerza Militar Permanente, pues lo consideran una iniciativa más mediática que efectiva.
Así, insistieron en que después de hacer un análisis minucioso de los términos de la propuesta, consideran que no resuelve el problema de regular el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública, incluso uno de los legisladores le comentó que la iniciativa presidencial la observan similar a lo ocurrido con la Ley de Extinción de Dominio, que fue usada para golpear políticamente al tricolor y al Congreso de la Unión, y hasta el momento no la aplican.
Los legisladores federales le plantearon su preocupación por los errores cometidos por el gobierno federal con las nuevas figuras jurídicas que le han otorgado al Poder Ejecutivo y le adelantaron que ellos prefieren basar la reforma en la propuesta del perredista Tomás Torres Mercado, presentada el año pasado, para regular la presencia de los militares, con plazos perentorios.
De acuerdo con el relato, el secretario de la Defensa les comentó que está dispuesto a reunirse con todos los grupos de senadores que deseen platicar con él para conocer los requerimientos de la milicia; pero les insistió en que el Ejército necesita con urgencia de un mejor marco jurídico para emprender la lucha contra el crimen organizado, ya que la violencia de los cárteles y las bandas que los ayudan es cada vez mayor
Directivos de medios de comunicación de Durango, Coahuila y Sonora, reunidos con los integrantes de la misión internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresaron ayer su repudio al clima de violencia que se vive en México contra la actividad periodística y firmaron un acuerdo en el que exigen a los gobiernos federal y estatales garantizar el libre ejercicio del periodismo.
Durante una reunión privada en la ciudad de Durango, los comunicadores de 20 medios, impresos y electrónicos, coincidieron en la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo los asesinatos de los reporteros ocurridos en la región, para impedir que la impunidad incentive más ataques y amenazas.
Durango y Coahuila registran los más recientes crímenes contra periodistas: Valentín Valdés Espinosa, Bladimir Antuna García, Eliseo Barrón Hernández y Carlos Ortega Samper.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, celebró que los directivos hayan atendido la invitación de la organización y se comprometió a que este año se darán cursos para los periodistas, como lo solicitaron los editores.
El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL y presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, llamó a los medios de comunicación a unirse en un frente común para impedir que la violencia y la intimidación hacia comunicadores continúen extendiéndose y que, en cambio, sea la vocación de informar la que prevalezca frente al silencio.
Los directivos de medios también demandaron que las autoridades federales que participan en operativos contra el crimen organizado —Ejército, Policía Federal y PGR— garanticen un adecuado flujo de información sobre los hechos de violencia que se registran en las entidades, y elogiaron la existencia de vocerías federales, como ocurre en Sinaloa, entre otros estados.
Al finalizar la reunión, los integrantes de la misión de la SIP y los editores firmaron una declaración conjunta, que será publicada hoy en todos sus medios.
Además de los citados, también incluyó a Bob Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa; Juan Fernando Healy, vicepresidente para México de la Comisión de Libertad de Expresión; José Santiago Healy, Julio Muñoz y Ricardo Trotti.
Esta misión se reunió el lunes en la ciudad de México con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y con el titular de la PGR, Arturo Chávez y la subprocuradora Arelí Gómez.
En este encuentro el grupo de directivos de la SIP fue informado sobre la reestructuración de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas, encuadrada en la Procuraduría General de la República, lo que la SIP recibió con gran beneplácito
