Cuatro de los prisioneros más importantes sospechosos de terrorismo fueron trasladados secretamente a la prisión de la base naval de Guantánamo en 2003, años antes de lo que informó el gobierno, y luego fueron enviados a prisiones secretas extranjeras, antes que el Tribunal Supremo les permitiera asesoría legal, pudo saber The Associated Press.
Gracias a esos traslados, Estados Unidos pudo interrogar a los detenidos en “lugares encubiertos” de la CIA durante dos años más sin que hablaran con sus abogados u observadores de derechos humanos, y sin que pudieran apelar ante los tribunales de EU. De haber continuado en Guantánamo tres meses más, habrían disfrutado de estos derechos.
“Era un juego de apariencias para ocultar a los detenidos de los tribunales”, dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Seton Hall Jonathan Hafetz, que representó a varios de los detenidos.
El hecho de que el gobierno los sacara de Guantánamo ilustra el temor que tenía el gobierno del presidente George W. Bush de que la Corte Suprema derogara el secretismo del programa de detenciones. Demuestra, además, la insistencia del gobierno de Bush en que los terroristas quedaran presos fuera del sistema judicial estadounidense.
La llegada y rápida partida de Guantánamo fueron investigadas por la AP mediante los manifiestos de vuelo y entrevistas con funcionarios y ex funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con el programa de detenciones de la CIA. Todas ellas hablaron a condición de guardar el anonimato.
Funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Pentágono y la CIA fueron consultados sobre la transferencia de prisioneros, que era tan secreta que incluso muchas personas allegadas al programa de detención de la CIA no estaban enteradas. El vocero de la CIA George Little dijo que “los llamados lugares negros (de detención) y los métodos para interrogar hábilmente a los prisioneros, usados según las normas del departamento de Justicia, quedaron en el pasado”.
Por lo menos cuatro miembros de Al-Qaeda, algunos de los más importantes capturados hasta ahora por la CIA, están entre los transferidos: Abu Zubaydah, Abd al-Nashiri, Ramzi Binalshibh y Mustafa al-Hawsawi. Binalshibh y Al-Hawsawi colaboraron en la planificación de los ataques del 11 de septiembre. Al-Nashiri tramó el ataque del año 2000 contra el destructor USS Cole. Zubaydah facilitaba los desplazamientos de Al-Qaeda. Los confesos terroristas pasaron meses en el extranjero y soportaron algunas de las técnicas de interrogación más duras en la historia de EU. El vuelo de transferencia de prisioneros visitó cinco prisiones de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania, Marruecos y Guantánamo.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy su indignación ante la violación de 154 mujeres, perpetrada por milicianos armados al este de la República Democrática del Congo (RDC).
“Dada la gravedad del hecho”, Ban enviará al subsecretario general para el mantenimiento de la paz del organismo, Atul Khare, y pedirá a su representante especial para violencia sexual en conflictos, Margot Wallstrom, para que preparen la respuesta de la ONU al ataque.
El incidente ocurrió a finales de julio pasado, cuando milicianos del grupo armado Mai-Mai y de las Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda atacaron comunidades en Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo.
Los Mai-Mai son milicianos congoleses y las Fuerzas democráticas de liberación de Rwanda son rebeldes hutus relacionados con el genocidio ruandés de 1994.
“Este es otro ejemplo tanto del nivel de la violencia sexual como de la inseguridad que continúan azotando a la República Democrática del Congo”, expresó el titular de la ONU al urgir a las partes en conflicto a unirse al proceso de paz.
Asimismo, pidió al gobierno congolés que investigue el incidente, someta a juicio a los responsables y renueve sus esfuerzos para poner fin a la inseguridad en el este congoleño.
De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, alrededor de ocho mil mujeres fueron violadas durante el año pasado por alguna de las facciones armadas que combaten en la República Democrática del Congo
La ley SB 1070 de Arizona dejó un mal ejemplo en Estados Unidos, y ahora otros 22 estados estudian normas parecidas, sin entender que afecta sus mercados y condiciones sociales, dijo el cónsul mexicano de Chicago, Manuel Rodríguez Arriaga.
En conferencia de prensa para anunciar la tercera edición anual de la Semana de los Derechos Laborales en Chicago organizada por el Consulado, el diplomático llamó a destruir mitos e invertir en la protección y mejoría del trabajo del inmigrante.
Dijo que cada año se requieren 500 mil trabajadores no calificados, pero Estados Unidos sólo ofrece cinco mil visas para cubrir esta necesidad, y existen empresas que incumplen la ley en busca de un beneficio inmediato y se aprovechan de los trabajadores inmigrantes.
“Se ha documentado con estudios que si se prescindiera en Estados Unidos de los inmigrantes, se perdería un estimado de 651 mil millones de dólares en su Producto Interno Bruto”, precisó Rodríguez.
“No hay mejor inversión en las empresas que crear condiciones favorables para sus trabajadores y acabar con mitos como el que afirma que por cada inmigrante se pierde un trabajo para un estadunidense”, aseguró el cónsul.
Agregó que un trabajador inmigrante seguro, sano y bien pagado significa mejoría para su familia, su comunidad, para Estados Unidos y su país de origen.
La Semana Laboral, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 3 de septiembre, coincide este año con la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos, el primer lunes de septiembre.
El funcionario agregó que se descentralizarán las operaciones consulares para llegar a los mexicanos e hispanos en general, a los suburbios de Rockford, Aurora, Waukegan, Joliet y Calumet Park.
Participan en este evento 22 instituciones, entre ellas siete agencias gubernamentales federales y estatales, cinco sindicatos, cuatro organizaciones no gubernamentales y cinco grupos de abogados que darán asesoría a trabajadores inmigrantes.
El consulado de Chicago ofrece con este evento asistencia y protección laboral a los trabajadores inmigrantes.
La Semana se realiza de manera simultánea en 22 ciudades estadunidenses, organizadas por las respectivas oficinas consulares del gobierno mexicano
La secretario de Estado estadounidense, Hillary Clinton, manifestó en una conversación telefónica con el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, la disposición de EE.UU a acoger a disidentes cubanos.
El gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto “dentro de la normativa vigente” a recibir a aquellos disidentes cubanos excarcelados por la mediación de la Iglesia Católica y el gobierno español que manifiesten su deseo voluntario de vivir en dicho país.
Clinton realizó estas declaraciones en el marcó de una conversación en la que felicitó al ejecutivo español por su esfuerzo “en el proceso de acompañamiento del diálogo entre la Iglesia y el gobierno de Cuba” que dio como resultado el compromiso de la excarcelación de 52 disidentes detenidos en la llamada Primavera Negra del 2003.
Por el momento 26 de esos 52 presos ya han sido excarcelados y fueron inicialmente trasladados a España para, una vez allí, decidir su destino.
Uno de esos 26 excarcelados, Arturo Pérez de Alejo, comunicó su deseo de viajar a Estados Unidos y se encuentra a la espera de recibir la autorización definitiva por parte de la embajada de este país, según comunicó él mismo a la agencia Europa Press.
Este podría ser el caso de algunos otros de los que todavía se encuentran en prisión que rechazaron viajar a España y mostraron su deseo de ser trasladados a Estados Unidos o de quedarse en Cuba.
Las primeros disidentes llegaron a España el 13 de julio y se espera que la liberación del resto de los que aún quedan en prisión se produzca en un plazo de cuatro meses.
Junto a los 26 excarcelados viajaron también los miembros de su familia y según fuentes del Ministerio de Exteriores de España a los disidentes se suman un total de 150 personas que ya han sido acogidas en ese país
El juicio al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, en La Haya, ha vuelto a colocar el tema de los llamados “diamantes sangrientos” en el centro de la atención internacional.
¿Qué son los “diamantes sangrientos”?
Los llamados “diamantes de conflicto” o “diamantes sangrientos”, son piedras en bruto que han sido relacionadas con las guerras en Sierra Leona, Angola, Liberia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Los defensores de los derechos humanos alegan que grupos guerrilleros en esos países usan los miles de millones de dólares procedentes de la venta de los diamantes de las minas que controlan para comparar armas y financiar guerras.
¿Quiénes son las víctimas?
Se estima que los diamantes contrabandeados desde zonas en conflicto representan sólo el 5% del total en circulación. Aun así, su impacto en las guerras parece ser considerable. Mark Doyle, analistas señalan que no es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África -Angola, Sierra Leona y R. D. del Congo- hayan tenido lugar en países productores de diamantes. Se estima que por lo menos 800.000 personas murieron durante los 27 años de guerra en Angola, donde los rebeldes controlaban vastas zonas diamantíferas. El conflicto en la R. D. del Congo ha causado la muerte de más de dos millones de personas a raíz de la violencia, el hambre y las enfermedades, según estimaciones de organismos de ayuda.
¿Qué se ha hecho para evitar el comercio de “diamantes de sangre”?
En un intento de frenar uno de los principales “motores” de la guerra en África, en 2003 entró en vigor un acuerdo de certificación conocido como Proceso Kimberley (el nombre de una localidad de explotación de diamantes en Sudáfrica). El plan es producto de años de negociaciones y fue acordado en una conferencia internacional en la ciudad suiza de Interlaken, a la que asistieron cancilleres de más de 30 países.
¿En qué consiste el Proceso Kimberley?
El sistema exige a los países africanos la exportación de diamantes con una certificación de “libres de conflicto”, mientras que los países importadores se comprometen a adquirir en el mercado internacional sólo diamantes certificados. También se contemplan reglas para verificar el origen de diamantes ya cortados, pulidos y en manos de fabricantes de joyas. En el Proceso Kimberly participan 49 miembros que representan a 75 países.
¿Es efectivo el Proceso Kimberley?
Algunas organizaciones humanitarias han criticado al Proceso Kimberley señalando que la certificación de los diamantes no debe ser responsabilidad de los países productores, sino ser verificada por un organismo independiente. Señalan que sin verificación independiente, los certificados mismos serán objeto de un comercio ilegal. Según un informe publicado por Global Witness (organización que llama la atención sobre la relación entre recursos naturales y violaciones de derechos humanos), el comercio de la piedra preciosa sigue financiando conflictos armados, sobre todo en África.
La organización indicó en su investigación (hecha en Estados Unidos) que la mayoría de los lugares que venden diamantes al por menor no pudieron demostrar que tienen controles claros para frenar el comercio de piedras que puedan financiar conflictos armados.
¿Cómo saber si un diamante es “sangriento”?
A pesar de que el Proceso Kimberley no hace certificaciones individuales, en su sitio de internet ha publicado una leyenda llamada “Sistema de Garantías” (que complementa pero es distinta del proceso) que deberían tener todas las facturas de diamantes provenientes de joyeros confiables. La leyenda asegura que el diamante facturado “fue comprado de fuentes legítimas no implicadas en la financiación de conflictos y de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas. El abajo firmante garantiza que estos diamantes están libres de conflicto, basado en el conocimiento personal y/o garantías por escrito presentadas por el proveedor de estos diamantes”. En tanto, Amnistía Internacional y Global Witness publicaron una guía con preguntas para formular a los vendedores, como ¿puedo ver una copia de la política de su compañía sobre los diamantes de zonas en conflicto? o ¿puede mostrarme una garantía escrita de su proveedor de diamantes que demuestre que la pieza no procede de zonas de guerra? Las organizaciones defensoras de los derechos humanos confían en que las preguntas de los consumidores sean un paso más en la lucha contra los “diamantes sangrientos”.
¿Qué tienen que ver Naomi Campbell, Charles Taylor y Nelson Mandela con los “diamantes sangrientos”?
El ex presidente de Liberia, Charles Taylor está siendo juzgado en el Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona, en La Haya, acusado, entre otros cargos, de usar “diamantes de sangre” para financiar a la guerrilla de Sierra Leona durante una guerra civil que le costó la vida a decenas de miles de personas. Taylor ha rechazado 11 cargos en su contra que incluyen responsabilidad en asesinatos, violaciones, terrorismo, mutilaciones y el reclutamiento de niños combatientes. Durante el juicio a Taylor, se pidió el testimonio de la modelo británica Naomi Campbell quien aseguró que le entregaron unas piedras “de aspecto sucio” luego de una cena de beneficencia en 1997, organizada por el Fondo Nelson Mandela para la Infancia, a la cual Taylor también estuvo invitado. Ella aseguró haberlas entregado al ex director del Fondo, Jeremy Ractliffe, como donación para obras de caridad.
Ractliffe explicó que decidió esconder las piedras porque quería proteger la reputación del Fondo y del ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela y evitar que fueran vinculados con los “diamantes sangrientos”. El ex director del Fondo entregó los diamantes a la policía de Sudáfrica y renunció al Consejo Administrativo del Fondo
La empresa de seguridad privada Xe Services, la antigua Blackwater, pagará una multa de 42 millones de dólares al Gobierno de EU por haber violado en cientos de ocasiones leyes comerciales y haber exportado armas a Afganistán.
En virtud del acuerdo, que no ha sido publicado aún pero que ha sido adelantado por el New York Times en su edición digital, Xe evitará así un proceso judicial por la violación de cientos de leyes comerciales de EU relacionadas con el control de exportaciones.
Esas violaciones incluían exportaciones ilegales de armas a Afganistán, propuestas no autorizadas para entrenar tropas en el sur de Sudán y proveer formación de francotirador a agentes de la policía taiwanesa, según indicaron fuentes de la empresa y del Gobierno conocedoras del acuerdo al diario.
Una fuente de la compañía confirmó el acuerdo, si bien el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, no pudo ratificar inmediatamente la noticia.
El acuerdo se cerró después de largas conversaciones y negociaciones entre Xe y el Departamento de Estado que trató las violaciones como infracciones administrativas, permitiendo así a la empresa de seguridad privada evitar cargos penales.
El pacto no resuelve, sin embargo, otros problemas legales que tienen Blackwater y sus ex directivos y otros empleados.
Esos litigios incluyen cargos por tráfico de armas y obstrucción a la Justicia contra cinco ex ejecutivos, entre ellos el ex presidente; una investigación federal por presunto intento de soborno de funcionarios iraquíes; y la detención de dos ex agentes acusados de asesinato por la muerte de dos afganos el año pasado.
El New York Times afirma que el acuerdo permitirá a Xe seguir optando por contratos gubernamentales.
Blackwater perdió el año pasado su mayor contrato con el Departamento de Estado cuando prescindió de la empresa para proveer la seguridad diplomática a su personal destacado en la embajada de Bagdad, a raíz de la polémica suscitada tras la matanza de 2007.
El 16 de septiembre de 2007 un grupo de agentes de Blackwater disparó contra los civiles que se encontraban en la plaza bagdadí de Al Nasur, lo que dejó un saldo de 17 muertos y 27 heridos.
Pese a ello, Xe sigue teniendo contratos de seguridad con el Departamento de Estado y la CIA en Afganistán.
En junio, el departamento que dirige Hillary Clinton adjudicó a Xe un contrato de seguridad de 120 millones de dólares para sus oficinas regionales de Afganistán, y la CIA le otorgó un contrato de 100 millones para su puesto en Kabul, según el periódico.
El régimen de control de exportaciones del Departamento de Estado requiere la aprobación gubernamental para transferencias de cierto tipo de tecnología militar o de información de EE.UU. a otros países, pero Blackwater se saltó las leyes a la hora de buscarse contratos.
De acuerdo con el New York Times, la empresa también violó la ley cuando introdujo armas automáticas y otro tipo de material militar para su personal en Irak y Afganistán.
En algunos casos intentó ocultar sus actividades, según el Gobierno. En una ocasión Blackwater escondió armas destinadas a Irak en contenedores con comida para perros
