El presidente peruano, Alan García, soporta uno de sus peores momentos por la fuga de un empresario de televisión a quien concedió un indulto en diciembre, que fue revocado el sábado pasado ante la evidencia de que era falsa la enfermedad que esgrimió para obtener el beneficio.
El empresario José Enrique Crousillat, ex dueño de América TV que había sido condenado en 2006 a ocho años de cárcel por corrupción al vender la línea editorial de la televisora al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, se ha convertido ahora en el hombre más buscado de Perú.
La Dirección Nacinal de Migraciones ha declarado que se ha declarado en “alerta roja” y puesto fotos de Crousillat en aeropuertos y todos los puestos fronterizos para evitar su fuga, aunque medios de prensa señalan que ya estaría fuera del país.
El caso ha puesto en aprietos al presidente García cuyo gobierno afronta discrepancias entre sus principales figuras sobre si el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, que defendía la supuesta legalidad del indulto, debe o no renunciar a su cargo.
Pastor había prometido que si García anulaba el indulto renunciaría, recordó este lunes el congresista Mauricio Mulder, influyente figura del gobierno y ex secretario general de partido oficialista.
“Hay momentos en que el cargo de ministro exige este tipo de renuncias que se deben asumir”, Dijo Mulder, secundado por su colega Mercedes Cabanillas, ex ministra del Interior, quien afirmó que “hay una palabra empeñada (del ministro) que se debe honrar”.
Otra legisladora, Olga Cribilleros, dijo que si ella fuera responsable del indulto renunciaría de inmediato para evitar un escándalo y anotó que está demostrado que las razones para indultar a Crousillat carecían de fundamento.
Abiertamente en contra se pronunció el ex primer ministro Jorge del Castillo, quien opinó que no hay motivo para la renuncia del ministro Pastor, mientras que Carlos Arana, secretario del oficialista Partido Aprista, estimó que lamentablemente Pastor “se dejó llevar por lo que le informaron funcionarios de evaluar el indulto”.
Por su parte, el primer ministro Javier Velásquez subrayó que por ahora la prioridad del gobierno es ubicar a Crousillat y que oportunamente se establecerán los niveles de responsabilidad.
“No voy a discutir si fue o no el señor Pastor responsable de esto, tengo otra percepción del tema, pero la prioridad ahora es ubicar a Crousillat”, aseveró.
Velázquez dijo que comparte la indignación de la mayoría de los peruanos, en el sentido de que Crousillat se ha burlado de un gesto, de una concesión otorgada por el presidente.
García otorgó al empresario el indulto en diciembre por razones humanitarias en base a documentos médicos según los cuales estaba el borde de la muerte. Sin embargo, tras ser liberado apareció en lugares públicos gozando de buena salud.
Según denunció la prensa, Crousillat inició gestiones legales para volver a retomar la propiedad de América TV, lo que alarmó a los grupos periodísticos El Comercio y La República, actuales dueños de ese canal.
El mandatario anuló el indulto luego de que un juez de Lima ordenara el viernes la detención de Crousillat para ser procesado por engañar a la justicia, dado que para la Fiscalía existirían claros indicios de inexactitud en la información relativa a su estado de salud.
El Partido Nacionalista, del opositor Ollanta Humala, estimó que el indulto que se otorgó es “una vergüenza para el país” y para el presidente García.
América TV es la principal cadena televisiva del Perú.
El crimen organizado “socava las bases de la democracia” y debe ser combatido con cooperación y rigor, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en un mensaje leído hoy ante la VIII Reunión de Ministros de Justicia de las Américas.
“La defensa de la democracia supone también el combate al crimen organizado trasnacional en todas sus formas”, pues se trata de un fenómeno que “afecta directamente la vida de los ciudadanos” y, por tanto, “socava las bases” de la confianza, dice el mensaje enviado por Insulza al encuentro ministerial que se celebra en Brasilia.
Según el programa oficial del encuentro, Insulza participaría hoy y mañana en la reunión de autoridades de Justicia, pero fuentes de la OEA explicaron que debió cancelar su asistencia por problemas de agenda.
En su mensaje, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó además a las autoridades reunidas en Brasilia a reforzar los mecanismos de combate a la corrupción, que también afecta la confianza de los ciudadanos en la democracia.
Según Insulza, “no basta con aprobar y legislar sobre derechos”, sino que también es necesario “velar por su efectiva y correcta aplicación”.
La búsqueda de mecanismos de cooperación que permitan un mejor combate al crimen organizado en el ámbito interamericano es uno de los principales objetivos de la VIII Reunión de Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales Generales de las Américas.
Documentos difundidos este miércoles en la apertura de la cita atribuyen la mayoría de los 27 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registran anualmente en América Latina a personas vinculadas a las bandas del crimen trasnacional.
También sostienen que el tráfico de drogas es una de las mayores amenazas a la seguridad ciudadana, y moviliza en la región unos 320.000 millones de dólares al año, una cifra que supera el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países latinoamericanos
Nuestra Carta Magna establece la obligación, a cuanta persona viva y trabaje en el país, de contribuir a las arcas públicas en la medida de sus posibilidades. Como casi todo se politiza y se sujeta a interpretaciones variopintas, alguien ha decidido cosas tan sui géneris como no gravar a los pobres, sin ofrecer una explicación convincente de qué se debe entender por pobre, o exentar ciertas actividades, como la agricultura.
Aquí, con el pretexto de que los agricultores son pobres -sin hacer caso a los priistas, quienes vociferan que gracias a sus gobiernos revolucionarios y sus repartos agrarios los agricultores salieron de la pobreza (sic)- los exentan o sujetan a tratamientos especiales.
Asimismo existe una canasta “básica” que está exenta, pero que nadie se ha tomado el tiempo de estudiar quién consume. No se sujeta al pago de impuestos a los sindicatos, no vaya a ser que se ponga al descubierto cómo han hecho sus fortunas ciertos personajes, ni a los partidos políticos se les exige el mínimo de rendición de cuentas.
Con esto y la necedad de las autoridades de pedir los famosos requisitos fiscales en facturas y recibos, para procesarlos y aceptarlos como deducibles, y su miedo a dejar un solo impuesto en el caso del IETU e ISR y la complejidad de los formatos y cálculos que se piden para llenarlos, una cada vez mayor proporción de empresas ha optado por la informalidad, al no registrarse en el padrón y así evadir todo tipo de contribución al fisco.
En el despacho encargado de estudiar estos asuntos, también se les ha olvidado estudiar qué tan justo y equitativo es el esquema imperante de deducibles para familias y empresas, lo cual se lograría analizando cuál es la tasa efectiva de pago de cada causante, y como consecuencia existe la presunción de que algunos causantes, personas físicas y morales de bajos ingresos, pagan más impuestos que los de muy altos ingresos, sin que nadie diga ni haga nada.
Luego vamos al lado del gasto y vemos cosas tan sorprendentes como el presupuesto para el sector salud, o educación, que desperdicia una nada despreciable cantidad en burocracia y gastos excesivos de administración, con duplicidades y sin un estándar de trabajo que garantice un mínimo de productividad y eficiencia, lo cual deja sin servicios de calidad justamente al segmento más bajo de la población, a los pobres, quienes deben sacar recursos de donde puedan para atenderse en servicios privados de dudosa calidad, pero que al menos les dan la sensación de que están siendo atendidos.
Luego viene la parte que los gobiernos dedican a infraestructura urbana básica, como agua potable, alcantarillado, parques y jardines, alumbrado público, mercados y pavimentación, áreas donde observamos una presencia de servicios informales, ofreciendo todo tipo de bienes y servicios, que resultan ser los verdaderos beneficiarios de esos gastos.
Estos tipos no contribuyen nada al erario, aunque existe una bien identificada red de corrupción y rentas que cobran ciertos personajes, que se encargan de repartir entre una compleja estructura burocrática y de rentistas que ejercen todo tipo de funciones, abarcando áreas tan diversificadas como el coyotaje, puestos organizativos y directivos en partidos políticos, líderes de acarreos, golpeadores, invasores, rateros, tratantes de blancas, productores de pornografía, revendedores de entradas a espectáculos, falsificadores de documentos, gestores y cuanta ocupación ilegal se nos ocurra.
Cuantificar los ingresos de estos tipos es muy difícil, si no es que imposible. De ahí la necedad de algunos en sugerir que la mejor forma de tratarlos y meterlos al redil sea mediante un impuesto generalizado al consumo, pero como esto les suena a los defensores de pobres como tecnocracia malévola, pues seguirá durmiendo el sueño de los justos.
Se dice en los manuales y textos de finanzas públicas que un objetivo (no el único) de la política fiscal es promover una redistribución del ingreso, cobrando más a los más ricos y gastando más en los más pobres.
Podemos ver que en nuestro sufrido país esto no aplica en absoluto, aunque en el discurso de cualquier político de medio pelo seguramente figura. Entonces muy pocos pagan lo que deben y muchos no pagan en absoluto. Muy pocos se benefician del gasto y las grandes mayorías se hacen “justicia”, si así se puede llamar, por su propia cuenta, al no pagar, utilizar los servicios públicos como si fueran sólo de ellos y darse el lujo de comprar voluntades y favores de servidores públicos.
No hemos hablado del tan llevado y traído gasto social y sus programas, porque sobre el tema hay que decir primero que su diseño incentiva que la gente prefiera seguir siendo pobre en lugar de buscar mecanismos para salir de su situación por sus propios medios.
Luego hay que decir que se derrocha en gastos de administración y burocracia, al existir varias instancias que “vigilan” la aplicación de los recursos, pero que no se toman el tiempo y el espacio para evaluar a fondo los programas. La famosa encuesta que se utiliza para medir la pobreza está demasiado politizada, es limitada y parcial, pero esto tampoco nadie lo dice.
Así, la política fiscal se ha ido llevando, dadas las circunstancias, por el mejor camino posible, aunque convendría trabajar en un nuevo diseño, que tome en cuenta que lo que conviene hacer es mantener el equilibrio de las finanzas, garantizar la sostenibilidad a largo plazo y hacer que las mayoría contribuya. Todo lo demás se puede dejar fuera.
Los dueños de discotecas, bares y centros de espectáculos denunciaron que “para operar sin problemas” otorgan sobornos que van desde 15 mil pesos hasta un millón de pesos al mes.
Los beneficiados por las mordidas son tanto las autoridades como los vecinos, expuso Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), en una reunión con diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
“Cuando hay corrupción, hay dos partes: un empresario y un verificador. Todos están involucrados. No importa quién lo pida, al final de cuentas se da”, mencionó el dirigente. Agregó que detrás de cada verificador está el director Jurídico y de Gobierno de la delegación, quien firma las actas.
Pero el dinero no se queda sólo entre las autoridades. Rivera reveló que incluso algunas juntas vecinales han sido convencidas con joyas, autos y casas para que acepten el funcionamiento de algún negocio.
Por esa razón, mencionó, la creación del Instituto de Verificación, que estará constituido por ciudadanos y operará a partir de marzo, no es garantía para acabar con la corrupción. Incluso previó un aumento: “Ahora vamos a ser verificados por dos autoridades: una, la delegación y otra, el instituto”.
Rivera dijo que las trabas y huecos legales impiden la adquisición transparente de los permisos y licencias que se requieren para operar.
Los diputados locales se comprometieron a presentar propuestas de reformas a la ley. Con ese objetivo han programado foros con investigadores, ciudadanos, padres de familia y funcionarios
