Nos lo tenían que decir, es la única forma en que simplemente nos podemos poner a trabajar.

Desde que supimos que el Estado de Arizona estaba imponiendo una legislación local (o estatal allá en Estados Unidos) migratoria, racista; México se puso a mover sus hilos diplomáticos para apoyar a organizaciones pro derechos del migrante en EU, contra dicha Ley.

Aunque ha sido un movimiento de estira y afloja entre el gobierno estatal de Arizona como con el gobierno federal de Barack Obama y naciones latinoamericanas, una jueza federal ha suspendido los dos apartados que se ven como racistas en dicha ley. La Ley SB1070

Pero hace unas horas se da a conocer por vías NO diplomáticas (que son casi siempre mucho más confiables que los canales oficiales) que en 27 estados de la unión, hay Secure Communities.

¿Qué es Secure Communities?

Bueno un programa del sistema de migración del Departamento de Estado de Estados Unidos para que sean seguras las comunidades para los norteamericanos siempre y cuando solo gente que este registrada trabaje ahí.

¿Cómo?

Como lo lee, así que el plan Secure Communities es un programa de Estado que permite a la gente en diversas localidades el que �??para que sean seguras, hay que acusar o señalar quienes son (si se sabe) o se sospecha sean, inmigrantes ilegales�?�.

Así que quizá haya una pírrica victoria ante la Ley SB1070 que sabe ya a triunfo por una suspensión provisional de una Juez federal en EU, pero el Secure Communities del departamento de estado, es mucho peor y está en la mitad del país.

¿Quién hace bien las cosas en México?, por lo visto nadie.

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Profundo malestar genera la ley antiinmigrante en Arizona entre la opinión pública nacional al considerarla discriminatoria y prever que perjudicará mucho a los mexicanos que viven en ese estado fronterizo.

Prevalece el escepticismo sobre la capacidad del gobierno del presidente Calderón para revertir la referida ley y repunta la desaprobación a la manera en cómo está enfrentando la cuestión migratoria, en general, con Estados Unidos, según se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.

Ampliamente conocida ha resultado entre los mexicanos la aprobación de la llamada Ley Arizona que criminaliza a los migrantes ilegales en ese estado norteamericano y permite a la policía detener a cualquier sospechoso de ser indocumentado (enterados, 80%). La reacción de la población es de generalizada indignación.

Existe consenso en pensar que esta disposición migratoria perjudicará mucho a los mexicanos que viven en Arizona (76%), dice la tabla 1, y se cree que tiene un fin discriminatorio hacia los extranjeros (80%); nueve de cada diez mexicanos con teléfono desaprueba que la policía de ese estado norteamericano pueda detener a alguien que sospeche esté indocumentado y que, si no demuestra su estancia legal, se le acuse de delito y se le pueda encarcelar como castigo.

Para la opinión pública, ni el argumento de que los indocumentados quitan oportunidades de empleo, salud y educación a los norteamericanos justifica considerarlos como delincuentes (91%), señala la tabla 2.

La promulgación de la Ley Arizona perjudica la imagen del gobierno mexicano en materia de protección de los connacionales inmigrantes en Estados Unidos; 51% (registra la tabla 3) opina que el presidente Calderón está tratando mal o pésimo este asunto, nueve puntos más que en enero de 2008, además de que 64% piensa que no está haciendo lo suficiente para resolver este problema