Diversas organizaciones ciudadanas plantearon a los políticos federales y locales cumplir con 10 exigencias dirigidas a terminar con la corrupción, impunidad y el monopolio de los partidos políticos.

Las organizaciones congregadas bajo el término Ciudadanos al Poder, señalaron que parte de sus demandas es abolir el fuero de los legisladores federales y estatales, así como de los funcionarios públicos, que dicen, ha sido utilizado como protección para cometer abusos de poder.

Durante una conferencia de prensa realizada en un hotel de la ciudad de México, exigieron además se eliminen los privilegios económicos que también reciben organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal Electoral (IFE), como son los pagos de comidas, teléfonos celulares, gastos de representación y seguros médicos, entre otros.

El estado de Michoacán encabeza, con un total de 265, las quejas por violaciones a los derechos humanos en este año por parte de diversas autoridades, seguido de Chihuahua y el Distrito Federal, informó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de violación a los derechos Humanos implementado por la CNDH, Michoacán es el estado que más quejas registró en materia de inseguridad de enero a octubre de este año”, indicó el organismo público en un comunicado.

La CNDH agregó que el estado de Guerrero recibió 119 quejas y Baja California 106.

En relación con los servicios de Salud, las mayores quejas las recibieron el Distrito Federal, con 449; el Estado de México, con 142; Sonora, con 71; Veracruz, con 48, y Jalisco, con 47, principalmente en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud.

En este caso, las quejas son principalmente por falta de atención a pacientes, deficiencias en el suministro de medicamentos, negligencia y prestación indebida del servicio.

En el servicio educativo, las quejas se centran en la atención deficiente, incapacidad para promover el desarrollo físico y mental de los menores y por impedir el acceso a la educación, y los estados con mayores denuncias son el Distrito Federal, con 261; el Estado de México, con 13; Tamaulipas, con seis; Baja California, con cuatro, y Oaxaca, con tres.

La CNDH explicó que el sistema de alerta permite detectar la repetición de quejas contra las autoridades en cada estado y conocer la frecuencia con que se violan los derechos humanos.

Agregó que con esta información se pretende “optimizar la protección y defensa de los derechos humanos, así como la promoción, estudio y difusión de los mismos” en todo el país

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que la problemática en el sistema penitenciario puede tener solución si se suman esfuerzos en un trabajo conjunto con autocrítica.

Durante su participación en la IV Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en Guaymas, Sonora, el ombudsman nacional destacó que la CNDH tiene el compromiso de llevar a cabo la tarea de supervisión de lo que sucede en cada uno de los 428 centros de reclusión que existen en el país.

Precisó que la reinserción a la sociedad sólo se puede dar con base en el trabajo, capacitación laboral, educación, salud y deporte; asimismo se requieren estrategias políticas y recursos económicos que permitan en buena medida lograr estos objetivos.

Ante autoridades federales y directores penitenciarios de la República, refirió que corresponde a este organismo llevar a cabo la supervisión penitenciaria e instrumentación del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Plascencia Villanueva consideró que el Estado, a través de las instituciones públicas, debe cumplir no sólo con readaptar socialmente a los internos, sino también prevenir la aparición de comportamientos antisociales o de conductas delictivas.

Durante su exposición relativa a la Recomendación General 18/2010: Derechos Humanos y Administración Penitenciaria, indicó que existe rezago legislativo y carencias en centros penitenciarios de varios estados de la República.

Además, dijo, se encontraron instalaciones en condiciones de abandono carentes de sanidad, por lo que se requiere inversión presupuestal para cumplir con el compromiso de una readaptación social basada en el trabajo, educación, deporte y cultura.

Señaló que 46 por ciento de los centros de reclusión carece de equipo, capacitación y remuneración adecuados para que el personal de seguridad y custodia pueda realizar sus funciones, situación que con la sobrepoblación penitenciaria se complica.

Un total de 1.728 mujeres fueron asesinadas entre enero de 2009 y junio de 2010 en dieciocho de los 32 estados de México, informaron hoy organizaciones civiles internacionales, de acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Defensor del Pueblo.

De ese total, solo en trece estados fueron reportados 1.076 asesinatos de mujeres y sólo ha habido 40 sentencias, indicó un grupo de integrantes de la Misión Internacional por Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, en una reunión con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia.

En respuesta a este reporte, el ombudsman mexicano dijo a los activistas que la CNDH trabaja en la elaboración de un Informe Especial sobre Feminicidios y Desaparición de Mujeres en el país.

Agregó que el informe tiene como objetivos auxiliares a disminuir el fenómeno, esclarecer crímenes, localizar víctimas y castigar a los responsables.

El término feminicidio fue acuñado tras la serie de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, norte de México, donde desde 1993 fueron asesinadas unas 500 jóvenes y la mayoría de esos casos no ha sido resuelta.

Los activistas propusieron al presidente de la CNDH impulsar la tipificación del feminicidio, promover el registro estadístico de los casos relacionados con los homicidios y la violencia contra las mujeres, así como sancionar a los servidores públicos que cometieron violaciones a sus derechos humanos.

Plascencia, quien ofreció su colaboración para proteger los derechos de las mujeres de la región, recordó que en la pasada reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la CNDH planteó la creación del Observatorio Iberoamericano en materia de migración y trata de personas, propuesta que fue aceptada.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja y solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), la adopción de medidas cautelares para que se garantice la integridad física y emocional del universitario José Darío Álvarez Orrantia.

El pasado 29 de octubre el agraviado fue herido de bala durante una manifestación realizada frente al Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Participaba de manera pacífica, dijo la CNDH, en una marcha contra la violencia en esa ciudad fronteriza, cuando presuntos elementos de la Policía Federal lo hirieron con arma de fuego, por lo que fue trasladado al Centro Médico de Especialidades de la entidad.

A través de un comunicado, el organismo detalló que José Juan Álvarez, padre del estudiante, interpuso una queja ante la Comisión Nacional “por la insistencia de servidores públicos de la PGR de tomarle declaración a pesar de que su condición de salud es delicada”.

La CNDH dijo que ofreció al padre apoyo legal y atención psicológica. Además de que también abogados del Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), agregó, se han entrevistado con personal médico del nosocomio donde el agraviado está siendo atendido y con autoridades de la Universidad.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4º de la Ley de la CNDH así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, el organismo nacional detalló que dio inicio a las investigaciones y pidió dichas medidas precautorias con el propósito de evitar la consumación de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación.

“De acuerdo a lo dispuesto por el mencionado artículo 118, las medidas precautorias se solicitan para un plazo de 30 días el cual podrá ser prorrogado por el tiempo que resulte necesario”, agregó la CNDH.

La institución encabezada por el ombudsman Raúl Plascencia explicó que permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que en lo que va del año logró la libertad anticipada de 363 indígenas de diversas etnias del país que cumplían condenas en diversos penales del país.

El organismo autónomo nacional informó en un comunicado que de las libertades gestionadas ante las autoridades competentes, 267 correspondieron al fuero común y 96 al fuero federal.

Asimismo destacó que a través del Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad para Indígenas, la CNDH atiende las peticiones de asesoría jurídica de mujeres y hombres que buscan el beneficio de la libertad anticipada.

El organismo advirtió que en ocasiones el ejercicio indebido de la función pública y la prestación inadecuada del servicio son factores que violentan los derechos indígenas en México.

Destacó que para contrarrestar los casos de intimidación, amenazas y detención arbitraria que existe en el país, lleva a cabo en diversos estados de la República talleres y cursos de capacitación a servidores públicos, personal penitenciario y de seguridad.

Además, mediante el Programa de Libertad para Indígenas pretende que los liberados se reintegren a su entorno familiar y cultural para que contribuyan a la productividad de sus comunidades y de la nación.

La CNDH refirió que también se desarrollaron las Jornadas por los Derechos Indígenas, con el objetivo de impulsar la observancia, la promoción y el respeto de los derechos humanos de ese sector de la población, así como salvaguardar el respeto irrestricto a su dignidad como personas.

La Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analiza la instalacion de un observatorio regional para estudiar el problema de trata en la zona centro del pais.

La presidenta de la Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (Cedht), Maria de la Luz Vazquez avila, informo que la CNDH ha considerado la instalacion de este organismo en el estado de Puebla o Hidalgo, sin embargo esperan que la entidad pueda ser la sede por la problematica que enfrenta la entidad en este tema.

La sede ademas apoyaria a las victimas de este ilicito en la region, prevendria y capacitaria a los interesados para combatir el problema en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Queretaro, Tlaxcala y Distrito Federal.

Este Observatorio se sumara a los 10 existentes en el resto del pais, refirio.

Tlaxcala ha sido identificada como uno de los estados exportadores de mujeres con fines de explotacion sexual en el pais a nivel internacional.

Debido a esto la ombudsman dijo que sera el proximo ano cuando inicie operaciones el observatorio y dara a conocer la situacion de trata en los estados del centro del pais.

Dijo que en el estado existen al menos cuatro casos reportados de trata, no obstante tienen una decena de denuncias por la desaparicion de adolescentes y jovencitas en el estado

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dispusó que el personal de sus oficinas regionales en Tijuana, B. C.; Nogales, Son.; Ciudad Juárez, Chih. y Reynosa, Tams., esté en las garitas por donde se presume se realizarán las deportaciones a raíz de la entrada en vigor de la Ley SB1070, en Arizona.

El organismo lamentó que los estados norteamericanos de Florida, Michigan, Alabama, Nebraska, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia y Texas estén en favor del ordenamiento.

A través de un comunicado, la CNDH sostuvo que la entrada en vigor de la Ley SB1070, en Arizona, representa una amenaza al ejercicio pleno de los derechos humanos de los migrantes.
Informó que verificará al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que recibe a los connacionales deportados, para que los trate con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
La Ley SB1070, dijo la Comisión Nacional, vulnera los principios de no discriminación, de igualdad jurídica y de libertad contra la detención arbitraria.

Por lo que, agregó, ha monitoreado el desarrollo de los hechos en torno de las posibles violaciones a derechos humanos que representa dicho ordenamiento.

Explicó que trabaja coordinadamente con organizaciones como Ángeles de la Frontera, Human Borders, American Civil Liberties Union (ACLU) y Network Borders for Human Rights para articular acciones prontas y expeditas en favor de migrantes mexicanos indocumentados en la Unión Americana.

Recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su red consular en Estados Unidos tienen la obligación de brindar a los connacionales orientación, apoyo y asesoría legal, en el marco de su responsabilidad, para la salvaguarda y defensa de sus derechos humanos.

Detalló que ofrece atención y orientación gratuitas, durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, por las posibles violaciones a derechos humanos que surjan de la aplicación de la Ley SB1070 en Arizona o de cualquier omisión por parte de nuestras autoridades consulares.

Para mayor información sobre la presentación de quejas la CNDH puso a disposición su número de lada gratuito 01 888 889 7080 y su página electrónica www.cndh.org.mx.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al secretario de Gobernación, Francisco Blake, y al secretario de Gobierno del DF, José Ángel Ávila, que adopten medidas cautelares para preservar el derecho a la vida de los integrantes del SME que permanecen en huelga de hambre.

Asimismo, solicitó les solicitó privilegiar el diálogo y la negociación política con la finalidad de “construir acuerdos y lograr una solución al conflicto dentro de la legalidad, sin afectar derechos de terceros”.

Luego de enviar oficios a las respectivas secretarías, la Comisión indicó en un comunicado que les fue solicitado que pongan al alcance de los huelguistas servicios e instrumentos médicos que puedan garantizar una reacción oportuna en caso de que su estado de salud agrave.

La solicitud se logró luego de que se pidiera al organismo intervenir luego de que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaran el pasado 25 de abril una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.

En el documento, la CNDH explica que la solicitud de medias cautelares a las dependencias, que forma parte del expediente CNDH/2/2010/2520/Q, tienen fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley del organismo, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.

Finalmente, aseguró que permanecerá atenta a la evolución de los hechos y en su momento emitirá la resolución que corresponda.