Cuando el cadáver acribillado a balazos de Anwarai fue encontrado cerca de Muqur, en el sur de Afganistán, “los habitantes estaban contentos”, sostiene Fazal Haq.
Anwarai había sido condenado por un “juez” que dependía del “gobierno fantasma” de los talibanes.
“Anwarai tenía 35 años y aguardaba en la carretera, donde robaba a las personas que regresaban de la ciudad con sus compras”, señaló Fazal Haq, un habitante de Muqur de 22 años, interrogado por teléfono.
Pero hace cuatro meses, Anwarai robó la moto de un talibán. Más tarde fue encontrado, asesinado de dos balazos en el pecho y uno en la cabeza, junto a una carretera.
“Antes, los talibanes hacían justicia lejos de la ciudad y se ocultaban. Ahora están a menos de 3 km de Muqur y los habitantes vienen a verlos para que resuelvan sus problemas”, explica Fazal.
La historia de este ladrón insignificante ilustra un problema que no es nuevo, pero que está cobrando magnitud mientras la insurrección gana terreno. En la mayoría de las provincias, los talibanes disponen de un “gobernador”, de “jueces” y de “jefes de policía” que dirigen la vida de los habitantes.
“Los talibanes tienen un gobierno fantasma en 33 de las 34 provincias del país”, asegura un alto responsable de la inteligencia militar de la OTAN en Kabul. A nivel nacional, su jefe, el mulá Mohammad Omar, “tiene un gobierno preparado para tomar el poder, con ministros designados” el día que caiga el gabinete del presidente Hamid Karzai, según esta fuente, que está preocupada por “la expansión” de la insurrección.
“Hay un gobierno talibán fantasma, estructuras talibanes, y es cierto que la población se dirige a ellos”, reconoce Jalid Pashtoon, diputado de la provincia de Kandahar, un bastión talibán.
“Sus gobernadores participaban en el régimen de los talibanes antes de su caída en 2001. Son jóvenes, dinámicos, resueltos e influyentes. Y los habitantes vienen a verlos porque imparten una justicia expeditiva, considerada más eficaz que la justicia común”, explicó a la AFP este diputado, que apoya a Hamid Karzai.
“Nuestro gobierno está minado por la corrupción y no hace su trabajo, los habitantes se alejan de él y piden el arbitraje de los talibanes”, agregó.
“Nosotros tenemos gobernadores, responsables de distritos, una corte militar para cada provincia y una corte civil para resolver los problemas cotidianos”, confirmó Yusuf Ahmadi, un portavoz del comando talibán, al ser interrogado por teléfono.
Los jueces talibanes hacen justicia ya se trate de disputas entre vecinos, robos o matrimonios mal arreglados.
“No es necesario cortar una mano en el caso de un robo o lapidar a personas que se dedicaron al sexo fuera de los vínculos del matrimonio”, afirma el responsable talibán del distrito de Archi, en la provincia de Kunduz.
“Los que deben ser castigados son golpeados o detenidos en las casas de los jefes de las tribus”, aclara.
Un habitante de la provincia de Kandahar (sur), Mohammad Jan, destaca que de todas maneras, los habitantes no tienen alternativa. “Ellos tienen miedo de las represalias si piden ayuda a la policía o a la justicia. Los talibanes controlan la región y no se puede hacer nada”, se lamenta
La autoridades israelíes destruyeron el miércoles dos casas palestinas y un galpón construidos sin permiso en el sector oriental anexado de Jerusalén, según la policía y testigos. Esta acción ocurre menos de 24 horas después del anuncio por Israel de la construcción de 900 viviendas judías en Jerusalén-este, que provocó un fuerte rechazo internacional, en especial de Estados Unidos, y acaba de colocar un nuevo obstáculo a un reinicio del proceso de paz israelo-palestino.
Estas casas fueron destruidas en diferentes barrios de Jerusalén-este pues fueron construidas sin permiso, indicó el Comité Israelí contra las Destrucciones de Casas (ICAHD), una ONG israelí. La primera, situada en el barrio de Issawiya, fue destruida por orden de un tribunal, indicó a la AFP el portavoz de la policía.
“Los habitantes del barrio bloquearon varias carreteras que conducían a la vivienda y lanzaron piedras contra la policía. No hubo detenidos”, precisó el vocero Micky Rosenfeld. Según un fotógrafo de la AFP, decenas de policías y militares, la mayoría con equipos antidisturbios, fueron desplegados durante la operación. Hubo escaramuzas, pero sin heridos.
La Autoridad Palestina denunció esta acción. “Mientras Israel continúa construyendo más implantaciones ilegales, demuele más casas palestinas en Jerusalén-este ocupada (…) y crea una situación de apartheid de facto en el lugar”, deploró el negociador Saeb Erakat.
Los mexicanos están tristes. No creen en la política ni en los políticos y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público, en las pláticas de café y puede leerse en los chats.
Analistas políticos y económicos realizaron para KIOSKO un diagnóstico sobre el desánimo nacional. Sus opiniones parecen provenir de un consultorio médico: aseguran que nuestro país agoniza y que sus ciudadanos padecen un cuadro agudo de desencanto, de enojo, de apatía, de desconfianza y de desesperanza.
“(México) es ahora como un paciente que se desangra gota a gota”, dice Ana María Magaloni, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El remedio, coinciden los estudiosos, es uno solo: o cambia el modelo económico y se replantea el papel del Estado o la situación terminará en un fondo de consecuencias inimaginables.
Pero ¿cómo llegamos a esta situación? La mayoría de los analistas considera que el Estado y sus instituciones no han respondido a las necesidades y expectativas de la mayor parte de la población y el gobierno se ha centrado en satisfacer los requerimientos de una élite, a la cual también se le agotaron los privilegios, pues el sector empresarial también comienza a hacer sus reclamos.
El enojo se observa incluso en eventos masivos, como cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa asistió a la inauguración del estadio de futbol del equipo Santos, en Torreón, Coahuila. Ese día el mandatario escuchó una rechifla.
Gerardo Esquivel, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex) y doctor en economía por la Universidad de Harvard, dice que la salida de la crisis es aún distante y que los indicios de recuperación son frágiles.
Agrega que en este contexto se desaprovechó un capital social muy importante para el desarrollo del país como lo es la juventud, que se está sumiendo también en el desencanto.
“Nos encontramos en un momento de transición demográfica en el cual los jóvenes han alcanzado máximos históricos en su participación dentro de la población total y en la fuerza de trabajo. Paradójicamente ni el Estado ni la sociedad parecen haberse percatado de la trascendencia de esta circunstancia crucial para el futuro del país”, dice.
De esta manera, en las familias mexicanas sucede que los padres pierden su empleo y los jóvenes no encuentran dónde colocarse.
Las consecuencias sociales de esos errores políticos son visibles en las estadísticas. La tasa de suicidios aumenta gradualmente desde 1990. En ese año, la tasa de personas que se quitaron la vida fue de 1.6 por cada cien mil individuos. En 2006, último año con el que se cuenta registro, la tasa fue de 3.2. Según el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, hace 30 años, quienes más se suicidaban eran adultos mayores, ahora la situación se revirtió. El 28.6% de los intentos se concrentra en la población de entre 15 y 19 años y 16.6% de los suicidios consumados son de jóvenes de entre 20 y 24 años.
El consumo de drogas también aumentó. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos nueve años la drogadicción aumentó 50%.
En 2002 había 158 mil personas adictas en el país y ahora son 307 mil.
Otro dato que habla de la violencia detonada por el incipiente nivel de vida, entre otros factores, es la delincuencia, la cual, año tras año, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, se incrementa 2% e involucra a cada vez más jóvenes y mujeres.
Ana María Magaloni, investigadora del CIDE, dice que México llegó al límite porque es evidente que los beneficios del régimen democrático sólo llegaron a una parte de la población y no a la mayoría. “Para ellos, para la mayoría de la población que no forma parte de la élite privilegiada, el hecho de que haya llegado el PAN a Los Pinos no significa nada porque no hay un beneficio tangible como ciudadanos y siguen siendo simples gobernados”, opina.
La Encuesta Nacional sobre Cultura Democrática y Prácticas Ciudadanas 2008, hecha por la Secretaría de Gobernación, revela que 51.8% de los mexicanos cree que México no vive en una democracia y 34.2% está poco satisfecho con el sistema.
El 35.6% de los encuestados dice que confía poco en el Presidente y 14.6% no confía nada. Pero es peor el rechazo cuando de partidos políticos se trata, pues 35.6% de plano no tiene ninguna confianza en ellos.
Además, 48.5% dijo que “estamos más cerca de un gobierno que impone, en lugar de uno que consulta” y 78.6% prefiere que el gobierno intervenga lo más posible en la solución de los problemas de la sociedad.
Para cuestionar el actuar de los partidos políticos se creó la campaña denominada “Ya bájenle. Menos dinero a partidos”, que encabeza Alianza Cívica y a la cual se han adherido 27 mil 146 personas. A través de ella se enviaron cartas a los legisladores para que en el presupuesto de Egresos se reduzca la partida presupuestal para los partidos, al considerar que sus gastos son onerosos y que deben esforzarse para convencer a la gente de votar por ellos.
Miguel Ulises Urusquieta Salgado, coordinador de proyectos de Alianza Cívica, comenta que en la población hay desconfianza y desesperanza generalizadas en contra de las instituciones públicas y del gobierno “porque hay corrupción en todas partes y hay incapacidad de su parte para resolver los problemas que vive la población”.
Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, considera que la democracia no es la culpable de la crisis en la que está sumida la sociedad mexicana. “Yo diría que, por el contrario, la democracia tuvo la mala pata de coincidir con el estancamiento económico porque en otros países la democracia fue acompañada de crecimiento, pero en México no ocurrió así, hay una baja expectativa de mejorar la calidad de vida, pero de eso, la democracia no tiene la culpa”, opina.
El especialista dice que es el modelo económico “al que nos han tenido atados” lo que ha generado un periodo de estancamiento desde 1982. Reconoce que hay malestar entre la población que considera que los partidos políticos no han estado a la altura de las necesidades que requiere el país.
“Entendemos -explica- que haya este descontento porque no hay una solución a la vista y no la ha habido en elecciones anteriores, pero también obedece a que en este sistema democrático los partidos políticos que gobiernan están más expuestos. Antes tomaban sus decisiones en un marco de opacidad autoritario y ahora la formulación de las nuevas decisiones está a la vista de todos”.
Javier Oliva Posada, académico de la UNAM y especialista en sistema político mexicano, considera que México está cercano a la “disfunción estructural” y padece una “severa elevación de los niveles de tensión”.
Esto como consecuencia de las ineficiencias en la impartición de justicia en el país, a la incapacidad de los gobiernos para cumplir con los compromisos que asumen ante la sociedad, “a la aparición de patologías sociales tendientes a la destrucción y deterioro del tejido social” y en general, añade, a la ausencia de un proyecto de nación y de un pacto “que sobrepase la agenda electoral y el análisis de la coyuntura”.
El especialista destaca que la falta de proyecto en una empresa, por ejemplo, denota desinterés respecto del destino y consecuencias de las decisiones tomadas, pero en materia política “la cosa es mucho más seria, pues implica el futuro de millones de personas y de los recursos e instituciones del país”.
La crisis institucional tiene sus más altos niveles y sus más críticas consecuencias en el aparato de justicia.
Gerardo Esquivel, académico del Colmex, asegura que a la extrema vulnerabilidad económica se suma la crítica realidad de inseguridad pública en el país. “Esta sensación de temor constante por la inseguridad propia y de las personas cercanas es una manifestación nítida de pérdida de bienestar y calidad de vida”, dice el especialista.
Ana María Magaloni, del CIDE, considera que parte del desencanto de la población mexicana obedece a que temas tan cruciales ahora como el acceso a la justicia, han quedado fuera de la agenda de los partidos políticos.
“Tenemos un sistema de justicia mediocre al que sólo accede un sector privilegiado y la mayoría no. La población se debería amparar cuando no hay un pizarrón en la escuela de su comunidad, cuando no hay un médico o, en casos extremos de detención arbitraria, pero la mayoría, 90%, no tiene acceso a ese derecho y en lugar de garantizarlo, las reformas pretenden engrosar aún más este aparato ineficiente”, dice.
La especialista insiste: “Este modelo ya está desgastado y cuando hay tanto desencanto es momento de un cambio, el cual debe venir desde la sociedad, no de los políticos… Esta crisis no puede ser infinita, es momento de un reajuste que esperemos que no tarde tanto porque esa apatía hacia lo público no es buena en términos de la construcción del país que queremos”.
Unos 12,6 millones de los inmigrantes en Estados Unidos para 2008 poseían la residencia legal, de ellos 3,3 millones mexicanos, según nuevas cifras divulgadas este martes por el departamento de Seguridad Interior.
La mitad de esas personas obtuvieron la residencia legal luego del año 2000, precisó un informe del departamento. Detrás de México, los países con mayor cantidad de residentes legales en Estados Unidos para 2008 eran Filipinas (570.000), India (520.000), China (510.000), República Dominicana (420.000), Cuba (350.000) y El Salvador (340.000).
Cuatro estados congregaban a casi el 60% de los residentes legales: California (3,4 millones), Nueva York (1,5 millones), Texas (1,2) y Florida (1,1). Se estima que otros 12 millones de inmigrantes sin papeles se encuentran en el país, dos tercios de ellos hispanos.
El gobierno de Barack Obama se ha comprometido a impulsar una reforma migratoria que legalice a los indocumentados con condiciones, como el pago de una multa y que estudien inglés.
Intentos de reforma migratoria fracasaron en el Congreso estadounidense en 2006 y 2007
