Un tribunal federal revocó las sentencias que se impusieron a cuatro integrantes de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace, al considerar que el delito cometido no es competencia de la normativa federal sino de la local.
La resolución del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del DF deja así sin efecto las sentencias que había dictaminado el Juzgado 16 de Distrito del Reclusorio Norte en contra de los probables responsables y ordenó que el caso sea estudiado nuevamente.
El 24 de diciembre del 2009, el titular del referido juzgado, Augusto Octavio Mejia Ojeda, impuso sentencias de 47 años de cárcel para Cesar Freyre Morales; 28 años para Juana Hilda González Lomelí, y 30 años para los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz.
Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima, promovió una apelación al considerar que dichas penas era “blandengues”, y no correspondían a la gravedad del delito que se cometió. Exigió condenas que alcanzaran de los 86 a los 96 años de prisión.
La resolución de la causa penal fue turnada al Segundo Tribunal Unitario el cual, concluido su análisis, determinó revocar todas las sentencias impuestas, ya que las características del ilícito no se encuadran al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“El secuestro por lo general no se comete en la hipótesis del delito federal; el delito de secuestro debía ser sancionado pero por la ley local, ya que en este caso los hechos sucedieron en el Distrito Federal”, apuntó en su resolución el Magistrado del Segundo Tribunal, Ricardo Paredes Calderón.
En este contexto, se comunicó al Juzgado 16 de Distrito que las sentencias que impuso han quedado sin efecto, y se le otorgó un plazo de dos meses para que dicte una nueva resolución que se sustente en el Código Penal del DF
“En el Cereso sí hay represión y mucha. Cuando va Derechos Humanos a visitarnos las custodias no se nos despegan. Te escuchan en todo momento y te sientes presionada; y si dices por qué estás ahí te ponen pies y manos donde no van [tergiversan todo] y aunque no te amenazan directamente, sí te advierten: oye, si sigues con las entrevistas te puede afectar en tu caso…”
Habla Alma Yareli Salazar Saldaña, trabajadora doméstica de 26 años de edad, recién liberada del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Guanajuato, donde purgó tres años de una sentencia de 27, a la que fue condenada como responsable de homicidio en razón de parentesco por haber sufrido un aborto espontáneo en octubre de 2007 en esta ciudad.
Declarada inocente por el magistrado Miguel Valadez Reyes, del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, Alma Yareli es la única integrante de un grupo de siete jóvenes sentenciadas a largas penas de encierro que ha recuperado su libertad. En una entrevista concedida a La Jornada aquí esta mañana, pidió para sus compañeras que permanecen tras las rejas:
Justicia, que las liberen pronto. Y al preguntarle qué opina sobre el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, según el cual aquí no hay mujeres presas por abortar, afirma: Para él, ellas son un cero a la izquierda.
Al relatar su pesadilla en la cárcel, recuerda que la mañana del 21 de octubre de 2007 “desperté con dolores y sangrado; fui al baño y se me rompió la fuente. Y no supe más. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, como a los 15 minutos, el producto estaba sin vida, no respiraba. Y como no podía faltar al trabajo, me lo llevé a la zapatería, para ver si reaccionaba, pero no… Y en la noche, cuando salí, lo envolví en una sudadera y lo dejé en la calle [del Calvario]. Sé que fue un gravísimo error”.
Después de varios días, la Policía Ministerial la localizó. “Cuando me detienen preguntan por otra persona, nunca me dijeron de qué me acusaban. Me suben a la camioneta y me iban pegando todo el camino; me insultaban: ‘hija de tu puta madre di la verdad, no te hagas pendeja’; pero repito, nunca me dijeron de qué estaba acusada, sólo me preguntaban ‘di con quién ibas cuando dejaste a la bebé’”
Sin pruebas concluyentes para inculparla por homicidio, el Ministerio Público la consignó al juez Carlos Alberto Llamas y éste la condenó a partir de un dictamen de autopsia dogmático, y por lo tanto irrelevante, según la resolución absolutoria que emitió el magistrado Valadez Reyes, ex procurador de Justicia estatal, al admitir el recurso de apelación interpuesto por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a favor de Alma Yareli.
Para los peritos de la Procuraduría estatal, la joven abandonó a su niña viva en la calle, donde, según ellos, murió de frío, pues al levantar el cadáver éste presentaba la misma temperatura que las piedras de la calle Calvario (sic). Sin embargo, un perito en discordia demostró que Alma Yareli no recibió atención médica durante la expulsión del producto y ofreció como evidencia el hecho de que al ser localizado el cuerpo en la vía pública, el cordón umbilical del producto no contenía restos de sangre, señal inequívoca de que ya había expirado cuando la joven lo abandonó por temor a tener problemas familiares, lo que ahora reconoce como un gravísimo error.
Sin atención médica, ni educación reproductiva, fue condenada en primera instancia a 27 años de prisión. ¿Qué sentiste en ese momento?, le pregunta La Jornada. Se me cayó el mundo encima. 27 años y medido se dicen fácil, pero pensar que uno va a vivirlos encerrada entre cuatro paredes, es algo que no se puede describir. Sólo pensé, qué voy a hacer, mis hijos van a crecer, no van a venir a verme, me van a abandonar. Me voy a quedar sola en el olvido.
Madre de tres menores –un niño de 10, una niña de seis años y una bebé de año tres meses, que concibió en el penal–, ahora que dejó atrás el Cereso, Alma Yareli se declara “contenta, feliz, libre. Pero recuperar a tu familia no es fácil. En esos tres años que perdí allá adentro, mis hijos se adaptaron con mi mamá y mi ex suegra. Y me dicen ‘te quiero mucho, pero me quedo con mi abuela’. Ellos no entienden la realidad ni el porqué. A veces mi hija me dice Yareli, y a veces mamá”.
¿Qué es lo que te da más miedo cuando estás presa? Que te trasladen a otra cárcel. Eso es lo que más angustia ahorita a mis compañeras, porque sería más difícil para sus familias visitarlas. Por eso entiendo por qué firmaron las cartas en que dizque ya no quieren entrevistas con la prensa. Y es que cada vez que haces algo por tu bien, puede venir un traslado porque dicen que alteras el orden dentro del Cereso.
Tras el arresto de Lindsay Lohan, y aunque se dijo que pasaría sólo 23 días en prisión, ahora se dice que podría estar libre en 14 días.
Steve Whitmore, vocero del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, declaró a RadarOnline.com que la pena de Lohan, inicialmente de 90 días, quedaría en sólo dos semanas.
“Lindsay Lohan será puesta en libertad el 1 o 2 de agosto”, expresó.
Además, tendrá permitido consumir sustancias de prescripción médica, pese a que el padre de la actriz declaró que es adicta a ellas.
La actriz podrá consumir Adderall, usada para tratar el déficit de atención, informó la página abcnews.go.com.
Inicialmente la joven de 24 años fue sentenciada a 90 días de prisión por violar los términos de su libertad condicional.
El actor Wesley Snipes fue sentenciado a 36 meses de prisión por evasión de impuestos.
De acuerdo con el sitio Perez Hilton, el protagonista de Blade había apelado esta decisión del juez previamente impuesta en el 2008, argumentando que la sentencia era irrazonable.
Pero este viernes un tribunal federal de apelaciones negó el reclamo de Snipes.
Hace dos años Snipes fue declarado culpable de no presentar declaraciones de impuestos desde 1999 hasta 2001 y no pagar al gobierno más de 12 millones de dólares.
Se desconoce dónde y cuando comenzará su estancia en la cárcel.
Una jueza envía a Lindsay Lohan a la cárcel durante 90 días tras fallar que la actriz violó una orden judicial en un caso de drogas.
El fallo llegó durante una audiencia fijada para la estrella de ”Mean Girls” después de que no acudió a una cita en la corte en mayo. Desde entonces ha tenido que utilizar un brazalete en el tobillo para que las autoridades supervisen el nivel de alcohol en su sangre.
Lohan estaba promocionando un proyecto cinematográfico en el Festival de Cannes y dijo que le habían robado su pasaporte.
Semanas más tarde, el brazalete envió un alerta después de que Lohan acudió a la entrega de los premios de cine MTV y a las fiestas que les siguieron. Los fiscales consideraron que se trataba de una violación ”relacionada con el alcohol”.
Los fiscales tenían esperanzas de presentar reportes elaborados a partir de las señales que envía el brazalete, con el fin de mostrar que la actriz también había violado una orden judicial que le prohibía beber.
El Movimiento por la Justicia 5 de Junio pidió al gobierno de Sonora que inicie una averiguación contra el ex mandatario estatal, Eduardo Bours, por obstruir las investigaciones en el caso del incendio de la guarderÃa ABC ocurrido hace exactamente un año.
En la ceremonia luctuosa organizada por la administración pública estatal, Manuel Alfredo RodrÃguez Amaya mencionó que “hoy, hace un año, por la corrupción, tráfico de influencias y corrupción pagamos una elevada cuota de dolor”.
“Exigimos justicia, que se integre una averiguación previa contra el ex gobernador, Eduardo Bours, por obstruir la justicia y el tráfico de influencias”, dijo.
“Al señor Felipe Calderón (Presidente de la República) le decimos que no hay nada que festejar de este bicentenario (de la Independencia), no tenemos libertad, seguimos siendo esclavos de saqueadores y asesinos en este paÃs y están por todas partes”, señaló.
En el evento, celebrado en la Plaza de la Bandera y que estuvo encabezado por el Gobernador, Guillermo Padrés ElÃas, se izó la bandera a media asta como señal de luto.
RodrÃguez Amaya exigió además la destitución del actual procurador de Justicia del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez, quien se desempeña en el cargo desde antes del incendio en la estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Asimismo los deudos solicitaron un enjuiciamiento administrativo contra todos los funcionarios que por no cumplir con su labor dieron origen a la tragedia.
Al evento acudieron padres de algunos niños fallecidos en el siniestro y también de niños que resultaron con lesiones.
Por su parte, el gobernador Guillermo Padrés ElÃas al hacer uso de la palabra dijo que “debemos un perdón”.
“Tomados de la mano tenemos que encontrar la reconciliación. Tenemos que recorrer hombro con hombro el camino de la justicia”, dijo.
“Me indigna la indiferencia para con aquellos que sufren, siento el dolor de las familias y el de una sociedad que fue excluida por un gobierno frÃo e indiferente. Me lastima la injusticia, el dolor y la marginación”, manifestó.
La tarde de este sábado se celebrará una marcha, la cual ha sido convocada por el Movimiento por la Justicia 5 de Junio, conformado por deudos de los niños fallecidos.
La manifestación comenzará en el exterior de la bodega que albergaba la guarderÃa ABC y se dirigirá a las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora
