Tras detectarse que los aproximadamente mil 500 millones de pesos que cada año obtienen los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) por la prestación de sus servicios de custodia, resguardo y traslado de valores y mercancías, no han sido ingresados o reportados a las arcas estatales por lo menos en los últimos cinco años, la bancada del PAN solicitó la comparecencia de David Garay Maldonado, titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), instancia la que están adscritos los 14 mil policías que conforman la corporación Auxiliar.
Durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados del estado de México, Carlos Madrazo Limón, dio a conocer que según informes oficiales (oficio OSFEM/062/2010) del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) que verifica ingresos y egresos del gobierno estatal, los CUSAEM no reportan ningún tipo de ingreso, bajo el argumento que no es un ente público.
Lo anterior pese a que el mismo David Garay Maldonado, titular de la ASE, aseguró a través del oficio con número 2020F1A000/ASE/229/10, emitido el 8 de julio del 2010, que los CUSAEM “son auxiliares de la seguridad pública y, en consecuencia de la Agencia de Seguridad Estatal”, precisó en su intervención el panista Madrazo Limón, durante la sesión del pleno Legislativo que se registra esta tarde.
Desde la máxima tribuna de la entidad, el ex senador de la República, sostuvo que en el supuesto que los CUSAEM no pertenezcan al gobierno estatal y por ende no reportan ni un peso de los mil 500 millones de pesos que ingresan cada año, tampoco lo hacen a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que no reportan ni un pago impuestos, al argumentar que son un ente público adscrito al gobierno del estado de México (GEM).
“Se detectó que los elementos de los CUSAEM que portan armas, lo hacen amparados bajo la licencia colectiva de uso de armas de fuego número 139, la cual fue otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Agencia de Seguridad Estatal, lo cual podría constituir una grave falta a la normatividad en la materia”, precisó el legislador albiazul durante su intervención.
Los principales usuarios de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar, son empresas privadas e incluso públicas, así como personas particulares que contratan el servicio de guardaespaldas (caso “JJ”), junto con la custodia de camiones de carga y mercancías en general, este último servicio es prestado, prácticamente, en todo el territorio estatal e incluso nacional.
En el año 2007 los policías de CUSAEM, según su ex titular Evangelina Lara Alcántara, tuvieron ingresos superiores a mil 500 millones de pesos, a través de los 3 mil 300 clientes, a los que les brindaban servicio de guardia con alrededor de 14 mil de sus policías.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, tuvo una primera conversación con el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Blake Mora, para avanzar en los temas en común, como la Cédula de identidad.
En entrevista Valdés Zurita subrayó que el proyecto sobre ese documento “ya desbordó” el trabajo realizado por ambas instituciones, por lo que ahora corresponde al Congreso de la Unión hacer las reformas legales para que se ponga en marcha.
Adelantó, sin embargo, que en los próximos días se reunirá con el nuevo secretario de Gobernación para revisar el asunto, lo referente a la administración de los tiempos de Estado y demás temas que componen la agenda común.
El consejero subrayó que así lo pactaron en una llamada telefónica que sostuvo la víspera con Blake Mora, con quien refrendó el compromiso de defender la actualización del Padrón Electoral y trabajar con el grupo plural de la Cámara de Diputados en el tema.
El funcionario electoral deslindó al órgano electoral de impulsar una reforma legal para la Cédula, pues explicó que los trabajos que se venían haciendo sobre ese tema entre ambas instancias ahora son competencia de los legisladores.
“Es un tema que ya desbordó a las autoridades que estuvimos trabajando. El grupo plural seguramente aprovechará de las experiencias y negociaciones de los trabajos técnicos entre el IFE y Segob, pero le corresponde al trabajo legislativo y a la Cámara procesar una reforma legal para que se resuelva a profundidad y de largo plazo”, externó.
Valdés Zurita enfatizó también la importancia de atender y resolver el tema, a efecto de que el proceso electoral de 2012 no se vea afectado en los instrumentos que le dan “garantía de legalidad y legitimidad” a los comicios
Con la petición de que se inscriba en letras de oro el nombre de Carlos Monsiváis en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, se realizó hoy, en el recinto de San Lázaro, un homenaje póstumo al escritor mexicano al cumplirse este día un mes de su muerte.
Con un minuto de aplausos, intelectuales, diputados y autoridades reconocieron la trayectoria del ensayista, quien a lo largo de su vida se interesó por la cultura y se preocupó por las causas sociales del país.
Durante el acto, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Kenia López, destacó que Monsiváis practicó diversos géneros literarios en su obra, logrando la perfecta conjugación de la crónica y el ensayo.
Indicó que gracias a su estilo, la crónica fue revalorada en México, renovó las formas de crónica periodística, el ensayo literario y del pensamiento contemporáneo en el país y en América Latina, forjando un lenguaje distintivo en México.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) , Consuelo Sáizar, se dijo satisfecha del homenaje que el Congreso de la Unión le hizo a dicho polígrafo, y confió en que se consolide la solicitud para que se inscriba en letras de oro el nombre de Monsiváis.
A nombre de la coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, la diputada Laura Margarita Suárez González, reconoció que pese a las fuertes críticas que siempre hizo a su partido, las manifestó de frente y de manera abierta.
En el acontecimiento también estuvieron los escritores Elena Poniatowska, Marta Lamas y Eduardo Lizalde; así como el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alfonso de Maria y Campos, y el titular del Museo del Estanquillo, Moisés Rosas
Integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz de la Cámara de Diputados acordaron impulsar un programa para la renovación del parque vehicular a nivel nacional.
Ello, toda vez que a partir de 2005 han entrado al país cerca de 4.8 millones de autos usados con carencias físico-mecánicas que les hacen exceder los niveles de emisiones contaminantes.
Los legisladores se comprometieron a analizar el tema y presentar iniciativas para conformar un proyecto de ley que tenga en cuenta la renovación vehicular para sustituir aquellas unidades que tengan una antigüedad considerable.
En sesión de trabajo, el presidente de esa instancia legislativa, Melchor Sánchez propuso estudiar la renovación que se ha llevado a cabo en países como Alemania, España y Brasil, para instrumentar aquí ese tipo de programas que detonan el mercado interno.
A su vez, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan José Guerra Abud propuso establecer un incentivo fiscal a las empresas automotrices que se encarguen de “chatarrizar” las unidades.
“Es decir, por cada auto destruido se emitirá un certificado que podrá ser utilizarlo como deducible fiscal”, planteó.
Establecer además, un fondo en el gobierno federal para canjear autos viejos por un monto a definir, que se utilice y descuente del total del valor de un automóvil nuevo en las compañías automotrices que participen en el programa.
En la reunión, los diputados conocieron un informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que señala que en 2007 el siete por ciento de los accidentes automovilísticos registrados se debió a fallas del automóvil.
De acuerdo a peritos, estas fueron atribuidas al escaso mantenimiento que se les brinda a vehículos de edad avanzada, mientras que para el 2009 ese índice se incrementó a 11 por ciento.
Destaca que a partir del 22 de agosto del 2005, el Ejecutivo federal autorizó la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, derivado de lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, no se fijaron las disposiciones normativas y la infraestructura para verificar la calidad de los vehículos en materia de emisiones de contaminantes y de condiciones mecánicas necesarias para su operación segura.
Ante ese panorama, los diputados de la Comisión Especial de la Industria Automotriz acordaron, para el siguiente periodo de sesiones que inicia en septiembre, tener listas las bases del proyecto de ley para que se apruebe
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó iniciar el proceso de juicio político en contra del exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, por su presunta responsabilidad en el caso de la tragedia de la guardería ABC.
El documento, firmado por los 7 grupos partidistas y que debe pasar por una etapa de consulta técnica incluye al PAN, que está dispuesto a acompañar este proceso siempre y cuando se revisen también casos como los de Oaxaca, Atenco y Lydia Cacho.
El PRI aseguró que no se trata de una propuesta electorera, sino que se encuentra apegada al proyecto del ministro Arturo Zaldívar
La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los Coordinadores Parlamentarios de la Cámara de Diputados protestan enérgicamente por la información publicada en el número 1754 de la Revista Proceso que titula: El Narco en el Congreso.
En un comunicado, dijeron que son afirmaciones sin fundamento. Proceso tiene la obligación de documentarlas con veracidad y puntualidad o de lo contrario hacer las aclaraciones pertinentes, apuntó.
No es válido que con ardides publicitarios se pretenda demeritar una institución como el Congreso de la Unión, ya que publicaciones sin soporte legal o jurídico afectan el desarrollo de la República y la vida democrática del país.
Mantenemos nuestra firme decisión de preservar el respeto a la libertad de prensa, inclusive, defendemos el derecho de la revista Proceso para exponer la conducta periodística en los perfiles de libertad que ellos mismos han definido.
Sin embargo, nos inconformamos abiertamente cuando, amparados en ese ejercicio, se lanzan aseveraciones sin pruebas que involucran a un Poder de la Unión y dañan la dignidad individual de sus miembros.
Lamentamos profundamente este suceso y demandamos las aclaraciones correspondientes, señala el documento
