Tres diarios suecos reprodujeron hoy en su edición de papel la caricatura de Mahoma como un perro hecha en 2007 por el dibujante Lars Vilks, tras la detención en Irlanda y EEUU de varias personas acusadas de planear su asesinato.

El diario “Dagens Nyheter” justificó su decisión en un editorial señalando que una amenaza contra Vilks es por extensión “una amenaza contra todos los suecos”, mientras que el tabloide “Expressen” defendió la iniciativa como una toma de postura a favor de la libertad de expresión.

“Lo hacemos como parte de un material de fondo para que el lector pueda formarse una idea de por qué el dibujo de Vilks es controvertido. Es una apreciación periodística normal, no hay ninguna provocación, sólo información”, afirmó Daniel Sandström, redactor jefe de “Sydsvenskan”, el otro diario implicado.

El tabloide “Aftonbladet”, que difundió el dibujo hace tres años, rechazó hacerlo ahora al considerar que no tiene valor informativo.

“Nerikes Allehanda”, un periódico de la ciudad sueca sureña de Örebro, publicó el 19 de agosto de 2007 el dibujo de Vilks en un editorial en el que defendía la libertad de expresión y criticaba la negativa de dos centros culturales a autorizar una exposición con dibujos de aquél, en los que se caricaturizaba al profeta.

La difusión del dibujo provocó protestas de varios países islámicos y Vilks recibió amenazas de muerte telefónicas, además de que un grupo vinculado a la red terrorista Al Qaeda puso precio un mes después a su cabeza al ofrecer una recompensa de 100.000 dólares para quien lograra asesinarle.

Vilks había denunciado en enero pasado nuevas amenazas días después de que un hombre intentara atacar con un hacha en Aarhus (Dinamarca) a Kurt Westergaard, uno de los dibujantes del rotativo “Jyllands Posten” y que también caricaturizó a Mahoma en 2005.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó hoy a una mujer del estado de Pensilvania de estar vinculada con un supuesto plan para asesinar al caricaturista sueco

La Cruz Roja suspendió sus servicios en Culiacán y Navolato, luego de que un comando irrumpió en las instalaciones de la capital y en su intento por rematar a un paciente hirió a la operadora de radio Genoveva Roguer, quien falleció horas después.

El jefe de socorristas, José Vidal González Zamora, dijo que el cierre de las clínicas será al menos durante los próximos tres días, en espera de que el gobierno del estado les garantice seguridad para desempeñar su trabajo.

Personal del Cuerpo Voluntario de Bomberos de la ciudad y de Protección Civil municipal tomaron a su cargo las ambulancias de la Cruz Roja para apoyar en los servicios de urgencia. Incluso, las llamadas de emergencia fueron desviadas a la central de Bomberos.

Refirió que hay temor en el personal de la institución, sobre todo entre paramédicos y socorristas que auxilian a heridos en balaceras, porque los delincuentes les han arrebatado a los lesionados y los amagan. “Hemos solicitado protección a las autoridades policiacas, pero éstas han guardado silencio”.

La mañana de ayer, un grupo de sicarios baleó a un hombre que conducía un vehículo sobre el fraccionamiento Los Ángeles. La víctima, quien fue alcanzada por una bala, aceleró la marcha y se dirigió a las instalaciones de la Cruz Roja, distante a unos tres kilómetros del ataque.

Al llegar a la institución se bajó de su auto y corrió en busca de ayuda; detrás venían sus agresores, quienes dispararon con rifles de alto poder. Recibió dos balazos, pero no murió, y una más alcanzó a la radio operadora. El herido fue remitido al Hospital General, donde es atendido bajo vigilancia policiaca.

El pasado 17 de enero, sobre la carretera México-Nogales, un comando armado interceptó una ambulancia de la Cruz Roja, obligó al personal a descender y remató a una mujer herida de bala que era trasladada desde el municipio de Badiraguato.

Derivado de este evento, en el que murió María Armida Pérez Quintero, de 42 años, el personal voluntario reclamó a las autoridades policiacas el reciente retiro de la vigilancia en sus instalaciones, ante el temor de ser atacados.

Los socorristas de Mazatlán se solidarizaron con sus compañeros de Culiacán y Navolato, sin suspender sus servicios. Comentaron que por instrucciones de la Dirección Municipal de ese organismo, los pacientes heridos en enfrentamientos son trasladados desde hace un mes a hospitales distintos a la Cruz Roja, en prevención a este tipo de ataques

El comando que asesinó a un responsable del Hamas en Dubái en enero utilizó pasaportes “diplomáticos”, afirmó este domingo el jefe de la policía del emirato, incrementando la presión sobre Israel, a cuyos servicios secretos se ha atribuido la operación.
El responsable policial, Dhahi Jalfan, también aseguró que fue un allegado al dirigente palestino Mahmud al Mabhuh, asesinado el 19 de enero en un hotel de Dubái, quien informó al comando sobre sus movimientos.
“Hay informaciones que la policía de Dubái no quiere hacer públicas por el momento, especialmente en lo referente a los pasaportes diplomáticos utilizados por miembros del comando”, declaró Jalfan sin más precisiones al diario Al Bayan, órgano del gobierno de este emirato.
La policía de Dubái reveló que los miembros del comando que mató a Mabhuh tenían seis pasaportes británicos, tres irlandeses, un francés y un alemán.
Este asunto provocó fuertes tensiones diplomáticas entre Israel y esos cuatro países europeos, que pidieron explicaciones a los respectivos embajadores israelíes, aunque ningún gobierno ha acusado directamente a Israel de la operación.
Sin embargo, Jalfan, que se declaró “seguro al 99%, si no al 100% de que el Mosad está detrás del asesinato”, afirmó el sábado que los investigadores tenían pruebas, entre ellas escuchas telefónicas, sobre la implicación de los servicios de espionaje israelíes en el asesinato.
La prensa israelí dio a entender que el Mosad es efectivamente responable de la muerte de Mabhuh y el ministro de Industria y ex ministro de Defensa israelí Binyamin Ben Eliezer afirmó este domingo que las operaciones realizadas por el Mosad sólo necesitan el aval del primer ministro.
“Todo depende del primer ministro. No está obligado a dar cuentas al gobierno cuando el jefe del Mosad obtiene la autorización de actuar”, declaró Ben Eliezer, manteniendo la ambigüedad sobre la posible responsabilidad del Mosad. “No sé si fuimos nosotros, pero lo importante para mí es el resultado”, se limitó a decir.
“No temo las repercusiones internacionales. Nadie espera que el mundo reaccione con calma a un acontecimiento tan dramático (…) Por ese motivo, hay que seguir avanzando, dentro de seis meses ya nadie hablará del tema, todo irá bien”, agregó.
Citando a fuentes no identificadas próximas al Mosad, el periódico británico Sunday Times aseguró el domingo que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con los miembros del comando del Mosad, en la sede de los servicios secretos en Tel Aviv, antes de que éste viajase a Dubái para eliminar a Mabhuh.
El primer ministro dio entonces su aprobación a la misión, “que no estaba considerada como demasiado complicada ni arriesgada”, agregó.
Las marcas de quemaduras encontradas en el cuerpo de Mahmud Al Mabhuh indican que fue inmovilizado mediante una pistola paralizante y la presencia de sangre en su nariz sugiere que podría haber sido asfixiado, afirmó el Sunday Times.
El jefe de la policía de Dubái aconsejó por otra parte al Hamas (acrónimo en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica palestino) que lleve a cabo “una investigación interna sobre la persona que filtró la información sobre los desplazamientos precisos de Mabhuh al comando que lo asesinó”.
“Las informaciones sobre la fecha de llegada de Mabhuh a Dubái habían sido transmitidas al comando por un individuo del entorno más cercano de Mabhuh”, agregó Jalfan en declaraciones al diario Al Ittihad, órgano del gobierno del emirato vecino de Abu Dhabi.

El asesinato del gobernador de la provincia de Caquetá (sur), Luis Francisco Cuéllar, atribuido por el gobierno a las FARC, conmueve este miércoles a Colombia, en momentos en que se esperaba la liberación de otros rehenes por esa guerrilla marxista.
Cuéllar, plagiado en su residencia de Florencia, la capital de Caquetá, es velado este miércoles en esa ciudad y sus restos serán trasladados a Bogotá el jueves para su entierro.
El gobernador, elegido con el apoyo del Movimiento Social Indígena en octubre de 2007, había sido secuestrado cuatro veces antes de asumir como mandatario regional en Caquetá, una zona de fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su secuestro y posterior asesinato es el más grave ocurrido en Colombia desde que el presidente Alvaro Uribe asumió en agosto de 2002, y ha levantado críticas a la política de seguridad de su gobierno.
Además, es un baldazo de agua fría en momentos en que se esperaba la liberación unilateral de dos militares rehenes de las FARC, que había sido anunciada por esa guerrilla desde abril pasado.
Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones del próximo marzo, aseveró que “hubo un descuido en la protección que se le brindó al gobernador, teniendo en cuenta su cargo, que vivía en una zona como Caquetá y que tenía un cuadro de altísimo riesgo por sus anteriores secuestros”.
“También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar”, agregó.
Al conocerse la noticia del secuestro del gobernador, Uribe ordenó su rescate a las fuerzas militares, así como el de 24 militares y policías que las FARC mantiene cautivos.
Uribe confirmó la muerte de Cuéllar la noche del martes y refirió que había sido degollado por los guerrilleros que sentían el hostigamiento militar, para evitar hacer disparos que pudieran señalar su ubicación.
Para el ex diputado provincial Oscar Tulio Lizcano, quien también fue rehén de las FARC, el asesinato del gobernador “es un campanazo” sobre la situación de seguridad en Colombia.
“Se necesita una reingeniería a la política de seguridad democrática”, dijo Lizcano, al referirse a la estrategia del gobierno de Uribe, que ha privilegiado la acción militar frente a las guerrillas a lo largo de los últimos siete años.
En tanto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseveró que “el secuestro y posterior asesinato del gobernador constituye una grave infracción a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, que tiene por propósito sustraer a la población civil de los rigores de la confrontación armada”.
“La muerte violenta del gobernador hace parte del plan de acciones violentas que acostumbran realizar las FARC en las épocas previas a los procesos electorales, como el (legislativo) de marzo próximo”, señaló en un comunicado.
Para el analista León Valencia, de la Corporación Nuevo Arcoiris, que analiza el conflicto colombiano, este hecho muestra que las FARC “se están reactivando” y pidió desarrollar otras estrategias para combatirlas.
“Es necesario avivar una política más integral en las zonas donde se está actuando militarmente. Hay que hacer mayores inversiones en el gasto social, porque en algunas regiones hay una situación económica que permmite a la guerrilla ganar simpatías y reclutar nuevos miembros”, dijo Valencia a la AFP.
Organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales como la ONU -a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-, la Unión Europea y Amnistía Internacional (AI) condenaron el hecho y llamaron al gobierno de Uribe a llevar a los responsables ante la justicia.
El último plagio de un mandatario regional en Colombia ocurrió en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, muerto durante un fallido rescate en 2003.
Este año se había producido el secuestro de dos concejales, uno en el departamento (provincia) de Huila, en el suroeste, y otro en el de Guaviare, sureste, según la organización País Libre, que lleva estadísticas del conflicto colombiano.