Los mexicanos están tristes. No creen en la política ni en los políticos y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público, en las pláticas de café y puede leerse en los chats.
Analistas políticos y económicos realizaron para KIOSKO un diagnóstico sobre el desánimo nacional. Sus opiniones parecen provenir de un consultorio médico: aseguran que nuestro país agoniza y que sus ciudadanos padecen un cuadro agudo de desencanto, de enojo, de apatía, de desconfianza y de desesperanza.
“(México) es ahora como un paciente que se desangra gota a gota”, dice Ana María Magaloni, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El remedio, coinciden los estudiosos, es uno solo: o cambia el modelo económico y se replantea el papel del Estado o la situación terminará en un fondo de consecuencias inimaginables.
Pero ¿cómo llegamos a esta situación? La mayoría de los analistas considera que el Estado y sus instituciones no han respondido a las necesidades y expectativas de la mayor parte de la población y el gobierno se ha centrado en satisfacer los requerimientos de una élite, a la cual también se le agotaron los privilegios, pues el sector empresarial también comienza a hacer sus reclamos.
El enojo se observa incluso en eventos masivos, como cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa asistió a la inauguración del estadio de futbol del equipo Santos, en Torreón, Coahuila. Ese día el mandatario escuchó una rechifla.
Gerardo Esquivel, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex) y doctor en economía por la Universidad de Harvard, dice que la salida de la crisis es aún distante y que los indicios de recuperación son frágiles.
Agrega que en este contexto se desaprovechó un capital social muy importante para el desarrollo del país como lo es la juventud, que se está sumiendo también en el desencanto.
“Nos encontramos en un momento de transición demográfica en el cual los jóvenes han alcanzado máximos históricos en su participación dentro de la población total y en la fuerza de trabajo. Paradójicamente ni el Estado ni la sociedad parecen haberse percatado de la trascendencia de esta circunstancia crucial para el futuro del país”, dice.
De esta manera, en las familias mexicanas sucede que los padres pierden su empleo y los jóvenes no encuentran dónde colocarse.
Las consecuencias sociales de esos errores políticos son visibles en las estadísticas. La tasa de suicidios aumenta gradualmente desde 1990. En ese año, la tasa de personas que se quitaron la vida fue de 1.6 por cada cien mil individuos. En 2006, último año con el que se cuenta registro, la tasa fue de 3.2. Según el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, hace 30 años, quienes más se suicidaban eran adultos mayores, ahora la situación se revirtió. El 28.6% de los intentos se concrentra en la población de entre 15 y 19 años y 16.6% de los suicidios consumados son de jóvenes de entre 20 y 24 años.
El consumo de drogas también aumentó. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos nueve años la drogadicción aumentó 50%.
En 2002 había 158 mil personas adictas en el país y ahora son 307 mil.
Otro dato que habla de la violencia detonada por el incipiente nivel de vida, entre otros factores, es la delincuencia, la cual, año tras año, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, se incrementa 2% e involucra a cada vez más jóvenes y mujeres.
Ana María Magaloni, investigadora del CIDE, dice que México llegó al límite porque es evidente que los beneficios del régimen democrático sólo llegaron a una parte de la población y no a la mayoría. “Para ellos, para la mayoría de la población que no forma parte de la élite privilegiada, el hecho de que haya llegado el PAN a Los Pinos no significa nada porque no hay un beneficio tangible como ciudadanos y siguen siendo simples gobernados”, opina.
La Encuesta Nacional sobre Cultura Democrática y Prácticas Ciudadanas 2008, hecha por la Secretaría de Gobernación, revela que 51.8% de los mexicanos cree que México no vive en una democracia y 34.2% está poco satisfecho con el sistema.
El 35.6% de los encuestados dice que confía poco en el Presidente y 14.6% no confía nada. Pero es peor el rechazo cuando de partidos políticos se trata, pues 35.6% de plano no tiene ninguna confianza en ellos.
Además, 48.5% dijo que “estamos más cerca de un gobierno que impone, en lugar de uno que consulta” y 78.6% prefiere que el gobierno intervenga lo más posible en la solución de los problemas de la sociedad.
Para cuestionar el actuar de los partidos políticos se creó la campaña denominada “Ya bájenle. Menos dinero a partidos”, que encabeza Alianza Cívica y a la cual se han adherido 27 mil 146 personas. A través de ella se enviaron cartas a los legisladores para que en el presupuesto de Egresos se reduzca la partida presupuestal para los partidos, al considerar que sus gastos son onerosos y que deben esforzarse para convencer a la gente de votar por ellos.
Miguel Ulises Urusquieta Salgado, coordinador de proyectos de Alianza Cívica, comenta que en la población hay desconfianza y desesperanza generalizadas en contra de las instituciones públicas y del gobierno “porque hay corrupción en todas partes y hay incapacidad de su parte para resolver los problemas que vive la población”.
Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, considera que la democracia no es la culpable de la crisis en la que está sumida la sociedad mexicana. “Yo diría que, por el contrario, la democracia tuvo la mala pata de coincidir con el estancamiento económico porque en otros países la democracia fue acompañada de crecimiento, pero en México no ocurrió así, hay una baja expectativa de mejorar la calidad de vida, pero de eso, la democracia no tiene la culpa”, opina.
El especialista dice que es el modelo económico “al que nos han tenido atados” lo que ha generado un periodo de estancamiento desde 1982. Reconoce que hay malestar entre la población que considera que los partidos políticos no han estado a la altura de las necesidades que requiere el país.
“Entendemos -explica- que haya este descontento porque no hay una solución a la vista y no la ha habido en elecciones anteriores, pero también obedece a que en este sistema democrático los partidos políticos que gobiernan están más expuestos. Antes tomaban sus decisiones en un marco de opacidad autoritario y ahora la formulación de las nuevas decisiones está a la vista de todos”.
Javier Oliva Posada, académico de la UNAM y especialista en sistema político mexicano, considera que México está cercano a la “disfunción estructural” y padece una “severa elevación de los niveles de tensión”.
Esto como consecuencia de las ineficiencias en la impartición de justicia en el país, a la incapacidad de los gobiernos para cumplir con los compromisos que asumen ante la sociedad, “a la aparición de patologías sociales tendientes a la destrucción y deterioro del tejido social” y en general, añade, a la ausencia de un proyecto de nación y de un pacto “que sobrepase la agenda electoral y el análisis de la coyuntura”.
El especialista destaca que la falta de proyecto en una empresa, por ejemplo, denota desinterés respecto del destino y consecuencias de las decisiones tomadas, pero en materia política “la cosa es mucho más seria, pues implica el futuro de millones de personas y de los recursos e instituciones del país”.
La crisis institucional tiene sus más altos niveles y sus más críticas consecuencias en el aparato de justicia.
Gerardo Esquivel, académico del Colmex, asegura que a la extrema vulnerabilidad económica se suma la crítica realidad de inseguridad pública en el país. “Esta sensación de temor constante por la inseguridad propia y de las personas cercanas es una manifestación nítida de pérdida de bienestar y calidad de vida”, dice el especialista.
Ana María Magaloni, del CIDE, considera que parte del desencanto de la población mexicana obedece a que temas tan cruciales ahora como el acceso a la justicia, han quedado fuera de la agenda de los partidos políticos.
“Tenemos un sistema de justicia mediocre al que sólo accede un sector privilegiado y la mayoría no. La población se debería amparar cuando no hay un pizarrón en la escuela de su comunidad, cuando no hay un médico o, en casos extremos de detención arbitraria, pero la mayoría, 90%, no tiene acceso a ese derecho y en lugar de garantizarlo, las reformas pretenden engrosar aún más este aparato ineficiente”, dice.
La especialista insiste: “Este modelo ya está desgastado y cuando hay tanto desencanto es momento de un cambio, el cual debe venir desde la sociedad, no de los políticos… Esta crisis no puede ser infinita, es momento de un reajuste que esperemos que no tarde tanto porque esa apatía hacia lo público no es buena en términos de la construcción del país que queremos”.
Hoy se realizan votaciones federales en todo el país, y locales en 11 entidades. Su antesala estuvo opacada por los sobresaltos generados al implementar la reforma electoral y por la apatía ciudadana frente a las ofertas políticas. Los partidos gastaron 819.4 millones de pesos en campañas, al tiempo que se difundieron 23 millones de promocionales de la autoridad y de los propios institutos políticos.
La renovación de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados pondrá a prueba una vez más la maquinaria de organización del Instituto Federal Electoral (IFE), la cual prácticamente no ha tenido contratiempos operativos para alistar los comicios, pero sí numerosos litigios interpartidistas y disputas relacionadas con la aplicación del nuevo modelo de comunicación política, que en conjunto han derivado en más de 900 procedimientos sancionadores.
Los ciudadanos acuden hoy a las urnas para decidir mil 508 cargos de elección popular, pues paralelamente habrá comicios concurrentes en 11 entidades, entre las cuales destacan las disputas por las gubernaturas de Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Colima y Campeche, donde también se renovarán alcaldías y el Poder Legislativo local.
Al mismo tiempo, se renovarán las presidencias municipales y los congresos en los estados de México, Jalisco, Guanajuato y Morelos, y en el Distrito Federal las delegaciones políticas y la Asamblea Legislativa.
El reto fundamental es remontar la participación más baja de la historia (41.8 por ciento) registrada en el más reciente antecedente de elecciones intermedias, en 2003.
El desafío es complejo, debido al descrédito de los partidos políticos, que en los últimos años favoreció en gran medida la irrupción de una nueva convocatoria: ir a las urnas, pero para anular el sufragio o inscribir nombres de candidatos no registrados.
A esos llamados han confluido intereses diversos, desde las organizaciones ciudadanas formadas expresamente para manifestar su hartazgo frente a la clase política nacional hasta la orientación interesada de medios electrónicos para alentar un rechazo social a la reforma electoral, que modificó el modelo de comunicación política.
Los alcances de la convocatoria –que ha sido lo que más llamó la atención de la campaña– no podrán ser conocidos más que por la vía de las encuestas, toda vez que el cómputo oficial echará a todos a la clasificación de votos nulos, junto con aquellos en los que ciudadanos hayan errado al momento de sufragar.
En ese contexto, el IFE se ha centrado en la importancia de convocar a la participación para consolidar el sistema democrático, enfatizado en la organización de los comicios.
En ese renglón, todo está dispuesto para la instalación de 139 mil 181 casillas en todo el país, tan sólo para la elección federal, a la cual están convocados 77 millones 481 mil 874 ciudadanos inscritos en el listado nominal, 40 millones 127 mil 950 mujeres (51.79 por ciento) y 37 millones 353 mil 924 hombres (48.21 por ciento).
Como funcionarios de casilla, participarán 982 mil 500 ciudadanos. Paralelamente, los partidos han distribuido representantes, con porcentajes de cobertura similares a los de la elección de 2006.
En 98 por ciento de las casillas habrá representantes de más de tres partidos. Nuevamente el PRI es el que desplegará más militantes, ya que acreditó representantes en 97 por ciento de las casillas. Lo siguen el PAN, con 95.25 por ciento, y el PRD, con 80.95.
Nueva Alianza, en su segunda participación en elecciones federales, echará mano otra vez de la estructura magisterial para cubrir 80.86 por ciento de las mesas receptoras. En el extremo opuesto está el Partido Social Demócrata, que sólo tendrá representantes en 21.25 por ciento.
El PVEM enviará ciudadanos a cubrir 48.52 por ciento de las casillas, el Partido del Trabajo 41.94 y Convergencia 34.48.
Se vigilará toda la jornada, en especial la fase que en 2006 generó mayor polémica: el conteo de los sufragios.
De acuerdo con el reporte del IFE, casi 30 por ciento de los funcionarios de casilla tienen un nivel escolar no mayor a la primaria terminada –8 por ciento sólo estudiaron hasta tercer grado–, en tanto que poco más de 15 por ciento tienen licenciatura o posgrados. Una cuarta parte serán jóvenes menores de 24 años.
La jornada de hoy será el clímax de un proceso precedido por las campañas más cortas de la historia, que arrancaron el 3 de mayo en medio de la crisis de influenza e implicaron un gasto, tan sólo de los partidos, de 819 millones 488 mil 876 pesos.
Fue un proceso en el que el cambio del modelo de comunicación política tuvo efectos diversos: la difusión de 23 millones de espots; el desafío de las televisoras al IFE por medio de litigios, la difusión de publicidad ilegal disfrazada y la anulación de las pantallas de la autoridad electoral y las campañas.
Igualmente, fue un proceso desgastante, dada la peculiaridad de las reformas y la instrumentación del nuevo esquema de desahogo de quejas, que implicó la realización de 907 procedimientos especiales sancionadores, 331 a nivel central y el resto en las juntas distritales.
Ambas innovaciones –el modelo de comunicación y los procedimientos sancionadores– terminaron por ser el eje de la actividad de la autoridad electoral, que por momentos parecía rebasada por la dinámica de los litigios y los desplantes de las televisoras, las cuales, entre otros aspectos, apoyaron abiertamente la irregular participación del PVEM, que aprovechó las lagunas de la legislación para obtener beneficios electorales.
Estos comicios serán observados por 418 extranjeros acredi-tados, procedentes de medio centenar de naciones –entre ellas Dinamarca, Bosnia, Palestina, Nigeria, Zambia y la República Árabe Saharaui–, quienes representan organismos electorales, cuerpo diplomático y una misión especial de la Organización de Estados Americanos
