Era por la adrenalina, la sensación de ser el primero en penetrar tumbas indígenas y ver esos “monitos” resguardar huesos sin olor. Aunque el saqueo era por el dinero, por la necesidad de alimentar a sus nueve hijos cuando Ramón Gómez Maldonado ya había intentado casi todo para sobrevivir: jornalero en Sinaloa, Sonora, California y Arizona, deportado a ratos en Tijuana, obrero en Guadalajara.
A Ramón le tocó una época dorada de los descubrimientos arqueológicos en México, pero de eso no sabe, sólo recuerda que por una pieza, en la década de los 50, le daban mil pesos. Todas tenían su precio y sus clientes, que iban hasta su casa en el pueblo de Santa Rosalía o a Magdalena, en Jalisco. “Ahora esas piezas son muy valiosas, de 50 mil o 100 mil pesos. Había de muchas, había unas como de guerreros, grandes; todos esos monos que tenían lanzas valían muchos centavos, a nosotros nos pagaban por mitad, los que hacían negocio eran los que venían por ellas”.
Antes de que llegaran los primeros arqueólogos a la zona, él encontró desde vasijas de barro pintadas y puntas de flecha de obsidiana, hasta figuras de indígenas de medio metro. “Había muchos pozos con monos”, es la manera en que Ramón explica el naciente auge del saqueo de las “tumbas de tiro” (túnel de cuatro a seis metros que conduce a dos cámaras labradas bajo tierra; son parte de la “tradición Teuchitlán”, que data de 300 a 400 años d.C.).
A sus 81 años de edad, Gómez Maldonado prefiere dejar la actividad a los jóvenes; hace un año todavía acompañó a un grupo, pero la experiencia ya no es como antes, como cuando sacaban de hasta 30 piezas por excavación.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no dio respuesta oficial sobre el tema; especialistas nacionales e internacionales coinciden en que México es uno de los países con mayor saqueo de bienes culturales y su región occidente una de las más afectadas por ello en América Latina.
De los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados por el INAH a junio de este año, se considera que 40% de ellos han sufrido saqueos, según Blanca Paredes, investigadora de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien comparte estadísticas personales a falta de cifras oficiales. Con base en el seguimiento de noticias y casos denunciados, la arqueóloga calcula que se presentan de 20 a 30 destrucciones de sitios por día.
Entre todos los sitios registrados como lugares de vestigios prehispánicos, sólo 176 en 19 estados de la república son considerados “zonas arqueológicas” abiertas al público.
Para el director de la División de Objetos Culturales y de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Edouard Planche, la situación de alto saqueo en México sólo se compara con países en conflictos bélicos como Irak, Camboya, Afganistán y Colombia, o con Guatemala.
La arqueóloga de la Universidad Estatal de Nueva York, Elizabeth Stone, que ha estudiado el saqueo en Irak, compara el peligro de robo de los bienes culturales mexicanos con lo que ocurrió en aquel país en guerra; además, se lamenta: “El saqueo es un problema de los países pobres, que son los que tienen mayor riqueza arqueológica. La gente rica en el Occidente compra y no le importa de dónde vienen las piezas; nadie piensa que es ilegal, arrestan a muy pocos, hay la complicidad de académicos en algunas ocasiones, que van con donadores ricos en lugar de llevar la pieza al museo”.
En los pueblos de la región occidente del país se sale a los campos no sólo a sembrar, sino a buscar monitos, es decir, figuras antropomorfas de hasta 2 mil años de antigüedad que los habitantes de la zona excavan a solicitud de intermediarios que a su vez las llevan a coleccionistas de México y el extranjero.
Antes y después de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 (que, entre otras cosas, prohíbe el saqueo, posesión sin permiso, comercialización y tráfico de piezas arqueológicas por considerarse patrimonio nacional), las figuras que los campesinos saquean de sus tierras y venden a 500, 3 mil o hasta 50 mil pesos aparecen luego en catálogos de galerías o en páginas de internet de países donde comercializar bienes muebles arqueológicos no es un delito federal.
Si un europeo compra en su país una pieza prehispánica y el gobierno mexicano quiere reclamarla, éste puede argumentar que la compró “de buena fe” sin conocer su procedencia ilegal.
“Existe una falta de claridad en la propiedad estatal, en el vínculo que une al Estado con su patrimonio arqueológico”, considera el abogado Jorge Sánchez Cordera, integrante del comité de expertos de la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la UNESCO.
El catálogo en línea de piezas precolombinas de la casa de subastas Sotheby’s, con sedes en Londres y Nueva York, muestra una “mujer de Jalisco sentada” que se vendió en 3 mil 738 dólares, y un “jorobado de Jalisco agachado” en 2 mil 875 dólares, ambas originarias de la región occidente mexicana y vendidas junto con lotes de de los estados de Veracruz, Colima, y las regiones maya y olmeca, con precios de hasta 600 mil dólares por pieza.
La galería parisina Binoche Renaud Giquello —que ya tuvo una denuncia del gobierno mexicano por una subasta de piezas producto de excavaciones clandestinas realizadas el 14 de junio— exhibe en su página web una pieza de “actualidad”: una máscara funeraria teotihuacana en piedra verde a 125 mil euros. Aunque de dudosa autenticidad, también es fácil observar ofertas de objetos prehispánicos a la venta en portales de internet como eBay o Mercado Libre, entre otros.
“No hay nada especial para internet, aplicamos la ley con las figuras delictivas que puedan adecuarse… Mucha de esta comercialización se realiza desde portales del extranjero y resulta muy complejo; son muchas cuestiones técnicas que no están reguladas en nuestro país ni en otros”, explica René Salazar Montes, ministerio público y director de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes de la PGR.
El problema es también de desconocimiento. Si no se sabe qué se tiene, tampoco se puede saber qué se saquea o comercializa ilegalmente. Para la arqueóloga Blanca Paredes, no basta con declarar zona arqueológica un lugar si se quiere proteger de saqueo, sino hacer inventarios de lo que se posee en cada sitio.
“Todo el país es una zona arqueológica… la institución (INAH) no se da abasto. Se habla de que el saqueo ocupa entre el tercer y cuarto lugar en delitos en el mundo, después del tráfico de drogas. Mucha gente lo relaciona con quienes se dedican al narco, porque se toma como otro elemento de poder el vender estos objetos, de obtener ganancias, pero también cierto prestigio. Estas redes son más fuertes y sólidas de lo que podemos suponer, pero como institución no nos hemos abocado sobre un control o una base de datos de lo que está pasando a nivel de denuncias”, opina Paredes.
Esa base de datos de denuncias tampoco está en la Procuraduría General de la República (PGR). Según René Salazar, no hay denuncias por saqueo y las denuncias por robo de piezas se realizan en cada delegación o municipio. No se tiene a nivel federal una lista.
La PGR descarta el vínculo del tráfico ilícito de bienes culturales con el narcotráfico, incluso la existencia misma de “redes” de saqueadores y comerciantes de piezas arqueológicas, pero tampoco han descubierto cómo operan exactamente saqueadores y comerciantes, dice René Salazar Montes.
“Si tuviéramos identificadas bien las formas, tendríamos ya mejores resultados. Lo que nosotros creemos es que se sacan por aduanas, por carretera o por avión, pero haciéndolas pasar por artesanías… Si la droga la sacan en grandes cantidades, pues a veces figuras pequeñas pueden salir ocultas bajo cualquier cobertura”, complementa Salazar.
Para Edouard Planche, de la UNESCO, “el tráfico de objetos culturales está estrechamente vinculado al tráfico de drogas y armas, e involucra el mismo tipo de personas y es difícil cuantificar qué tan grande es y cuánto dinero genera”.
La empresa de seguridad privada Xe Services, la antigua Blackwater, pagará una multa de 42 millones de dólares al Gobierno de EU por haber violado en cientos de ocasiones leyes comerciales y haber exportado armas a Afganistán.
En virtud del acuerdo, que no ha sido publicado aún pero que ha sido adelantado por el New York Times en su edición digital, Xe evitará así un proceso judicial por la violación de cientos de leyes comerciales de EU relacionadas con el control de exportaciones.
Esas violaciones incluían exportaciones ilegales de armas a Afganistán, propuestas no autorizadas para entrenar tropas en el sur de Sudán y proveer formación de francotirador a agentes de la policía taiwanesa, según indicaron fuentes de la empresa y del Gobierno conocedoras del acuerdo al diario.
Una fuente de la compañía confirmó el acuerdo, si bien el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, no pudo ratificar inmediatamente la noticia.
El acuerdo se cerró después de largas conversaciones y negociaciones entre Xe y el Departamento de Estado que trató las violaciones como infracciones administrativas, permitiendo así a la empresa de seguridad privada evitar cargos penales.
El pacto no resuelve, sin embargo, otros problemas legales que tienen Blackwater y sus ex directivos y otros empleados.
Esos litigios incluyen cargos por tráfico de armas y obstrucción a la Justicia contra cinco ex ejecutivos, entre ellos el ex presidente; una investigación federal por presunto intento de soborno de funcionarios iraquíes; y la detención de dos ex agentes acusados de asesinato por la muerte de dos afganos el año pasado.
El New York Times afirma que el acuerdo permitirá a Xe seguir optando por contratos gubernamentales.
Blackwater perdió el año pasado su mayor contrato con el Departamento de Estado cuando prescindió de la empresa para proveer la seguridad diplomática a su personal destacado en la embajada de Bagdad, a raíz de la polémica suscitada tras la matanza de 2007.
El 16 de septiembre de 2007 un grupo de agentes de Blackwater disparó contra los civiles que se encontraban en la plaza bagdadí de Al Nasur, lo que dejó un saldo de 17 muertos y 27 heridos.
Pese a ello, Xe sigue teniendo contratos de seguridad con el Departamento de Estado y la CIA en Afganistán.
En junio, el departamento que dirige Hillary Clinton adjudicó a Xe un contrato de seguridad de 120 millones de dólares para sus oficinas regionales de Afganistán, y la CIA le otorgó un contrato de 100 millones para su puesto en Kabul, según el periódico.
El régimen de control de exportaciones del Departamento de Estado requiere la aprobación gubernamental para transferencias de cierto tipo de tecnología militar o de información de EE.UU. a otros países, pero Blackwater se saltó las leyes a la hora de buscarse contratos.
De acuerdo con el New York Times, la empresa también violó la ley cuando introdujo armas automáticas y otro tipo de material militar para su personal en Irak y Afganistán.
En algunos casos intentó ocultar sus actividades, según el Gobierno. En una ocasión Blackwater escondió armas destinadas a Irak en contenedores con comida para perros
Autoridades suecas lanzaron una orden de arresto contra Julian Assange, el fundador del sitio Wikileaks, que en semanas recientes reveló documentos secretos sobre la guerra de Afganistán, acusado de violación.
El director de comunicación de la fiscalía sueca, Karin Rosander, dijo a la agencia de noticias de Países Bajos BNO News, que la orden de arresto fue emitida en relación con dos eventos separados.
De acuerdo con esta acusación, una mujer acusa a Assange, cuyo paradero se desconoce, de violación, mientras otra de acoso sexual.
Assange es el fundador de Wikileaks, que es un sitio web que publica informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia religiosa, corporativa o gubernamental, preservando el anonimato de sus fuentes.
Wikileaks dispone de más de 90 mil ficheros, entre informes escritos y videos, en su mayoría clasificados como secretos, que dan cuenta sobre la guerra sucia librada por Estados Unidos y aliados de la OTAN en Afganistán e Irak, entre enero de 2004 y diciembre de 2009.
Los documentos proporcionan un retrato devastador de la contienda afgana, al revelar cómo las fuerzas de la coalición intervencionista han matado a cientos de civiles en “operaciones” de comandos especiales, las cuales nunca fueron denunciadas y no salieron a la luz.
Reflejan en particular detalles de unos 144 ataques contra civiles de los denominados grupos de tareas, desde ametrallamientos a individuos -ataques selectivos- hasta incursiones aéreas masivas, con resultado de centenares de bajas inocentes.
La publicación de estos documentos causó una enome polémica en la comunidad internacional, en particular en Estados Unidos, cuando el Pentágono indicó que la revelación de esas informaciones en forma ilegal podrían traer consecuencias negativas para las tropas en Afganistán.
El Departamento de Defensa indicó que se reservaría el derecho de acusar a la página de incitar al robo de propiedad del gobierno si las conclusiones de la investigación conjunta que está desarrollando con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) pudieran respaldar este cargo
La primera agencia de inteligencia del pueblo. Así se autodescribe WikiLeaks, el sitio en internet que ha causado furor tras la revelación de unos 91 mil documentos militares sobre la guerra de Afganistán.
Cuenta con un personal mínimo —cinco personas— y un pelotón de voluntarios que trabajan sin goce de sueldo para evaluar la información que cualquiera puede enviar. Desde su fundación, en diciembre de 2006, ha dado varios golpes certeros, como cuando difundió, en noviembre de 2009, más de medio millón de mensajes del 11-S, incluyendo comunicaciones de autoridades federales y locales, y también de particulares, generando críticas por violación a la privacidad.
WikiLeaks se ha convertido en el dolor de cabeza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En abril difundió el video “Muerte Colateral”, donde muestra el ataque de un helicóptero estadounidense que acabó con la vida de 15 personas en Irak. Más de cuatro millones de personas vieron la cinta en las primeras 72 horas desde que fue colgado en YouTube.
En 2007, la organización exhibió el manual utilizado por los soldados en Campo Delta, Guantánamo, que les permitía negar el acceso de los presos a la Cruz Roja hasta por cuatro semanas.
También difundió la cuenta de correo electrónico en Yahoo de Sarah Palin y la “Biblia” secreta de la Cienciología.
El rostro público de WikiLeaks es su fundador, el australiano Julian Assange; pero detrás de este fenómeno están disidentes chinos, hackers, programadores de computadoras y expertos en tecnología, en una organización dirigida por Sunshine Press.
Los voluntarios que revisan el material que llega a WikiLeaks incluyen expertos en lingüística, informática y derecho.
Además, la gente que trabaja para este sitio mantiene contacto con reporteros y empresas periodísticas.
“WikiLeaks podría convertirse en una herramienta periodística tan importante como el Acta de Libertad de Información”, pronosticó recientemente la revista Time. WikiLeaks busca, a fin de cuentas, y a decir de Assange, “transparencia radical”. Cuantos menos secretos haya, mejor. Se define como una organización “apolítica” que recibe “documentos de interés político, diplomático, histórico o ético”.
El ser un sitio web les da dos grandes ventajas: puede llegar a más gente —tienen presencia en YouTube y Twitter— y les permite garantizar a sus fuentes —los whistleblowers, o soplones— el anonimato. Ni la gente que trabaja de WikiLeaks conoce las identidades de sus fuentes. Así no hay que mentir, dicen.
Su servidor principal (de los más de 20 que tiene en el mundo) está en Suecia, país reconocido por sus estrictas leyes de protección de fuentes. Que la información esté encriptada es otro medio para proteger tanto los datos como a quien los proporcionó. WikiLeaks es una herramienta tan poderosa que el propio Assange ha dicho que “si un gobierno o empresa quisiera remover su contenido, tendría prácticamente que desmantelar internet”.
Al ser un página web, no está sometida a las mismas restricciones que la prensa tradicional. No sólo eso; ha entrado al quite en donde los medios no han podido. En el caso del helicóptero, Reuters había tratado de obtener el video, pero WikiLeaks lo logró antes, lo desencriptó y subió a las redes sociales. Algo similar sucedió con el llamado Reporte Minton (2006) sobre un incidente de desechos tóxicos en Costa de Marfil que, según la ONU, afectó a unas 100 mil personas. A The Guardian le negaron el reporte, pero WikiLeaks logró difundirlo el 14 de septiembre de 2009.
El sitio ha sido multireconocido: en 2008, la revista británica The Economist le otorgó el premio a “Nuevos Medios”, y lo msimo hizo en 2009 Amnistía Internacional, por la publicación de un reporte oficial sobre asesinatos y desapariciones extrajudiciales en Kenia.
WikiLeaks tiene también su talón de Aquiles: funciona a través de donaciones —no acepta dinero del gobierno o corporaciones—, y Assange asegura que para mantenerse requeriría de unos 779 mil dólares al año. Associated Press, Los Angeles Times y la National Newspaper Publishers Association lo apoyan financieramente en casos de demandas legales.
Pero WikiLeaks no siempre consigue recursos, lo que retrasa el proceso de evaluación de información —cuenta con alrededor de 1.2 millones de documentos en su base de datos—, o de decodificación de videos o materiales. La organización considera pasar al modelo de “subasta”, vendiendo la información al mejor postor, so pena de perder su credibidad.
La misma premisa de WikiLeaks, “abolir el secretismo oficial”, resulta controvertida. Su política es de “divulgación indiscriminada, sin consideración con la privacidad, la propiedad intelectual y la seguridad”, dijo a The Guardian Steven Aftergood, difusor de de documentos filtrados en el blog Secrecy News.
Controvertido y para muchos un dolor de cabeza, así es WikiLeaks; parece que llegó para quedarse y, a través de internet, cambiar la manera de difundir noticias
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Anders Fogh Rasmussen, negó hoy que haya propuesto a los talibanes en Afganistán negociaciones de paz, como han afirmado varios medios en las últimas semanas.
“He oído la información acerca de que los talibanes han rechazado negociar con la OTAN, pero de hecho la OTAN nunca ha ofrecido negociaciones, simplemente porque ese proceso debe ser dirigido por el gobierno afgano”, afirmó Rasmussen en un videomensaje.
El secretario general recordó que el gobierno afgano realizó el mes pasado una reunión con los líderes tribales del país en el intento de discutir posibles soluciones al conflicto.
No obstante, ese contacto no incluyó ninguna propuesta por parte de la OTAN para iniciar un proceso de paz.
Asimismo, el próximo 20 de julio el gobierno tiene previsto realizar en Kabul una conferencia sobre desarrollo que, a juicio de Rasmussen, muestra “un claro signo de que el joven gobierno afgano está tomando cada vez más confianza y se está encontrando a gusto”.
La estrategia aliada en Afganistán consiste en formar un Ejército y policía nacionales, capaces de asumir la seguridad del país.
Rasmussen también reconoció en el videomensaje que el elevado número de bajas entre los Aliados deberá continuar en los próximos meses debido al desplazamiento de las tropas hacia los feudos talibanes de Kandahar y del centro de Helmand
Funcionarios militares necesitarán la aprobación del Pentágono para dar entrevistas y otro tipo de comunicaciones a reporteros, de acuerdo con una orden del secretario de Defensa Robert Gates emitida poco después de que el otrora principal general en Afganistán, Stanley McChrystal, fuera despedido por sus comentarios a una revista.
La orden, emitida por Gates el viernes en un memorándum corto enviado a personal civil y militar en todo el mundo, pide a los funcionarios que se aseguren de no traspasar límites o emitir información de forma no intencionada que el Pentágono no quiere difundir.
La orden, que entró en vigor con carácter de inmediato, fue reportada por primera vez por el diario The New York Times en su portal de internet y, según la información disponible, empezó a ser formulada mucho antes de que McChrystal sorprendiera a sus jefes con sus críticas y quejas de que sus superiores no sabían lo que iba a ocurrir en un artículo de la revista Rolling Stones.
“No quedamos contentos con el contenido y no quedamos contentos de no saber sobre eso”, dijo el subsecretario de Defensa, Douglas Wilson, esta semana. Aun así, Wilson prometió que no se creará una “cortina de hierro” entre el Pentágono y los medios.
Al parecer, los oficiales deberán filtrar las solicitudes de entrevistas a través de una oficina central en el Pentágono. “Tenemos a demasiada gente hablando con los medios fuera de los canales usuales, a veces ofreciendo información que es simplemente incorrecta, fuera de contexto, no autorizada, o infundada”, dijo Gates.
El general David Petraeus, nombrado para sustituir a McChrystal, pidió ayer en Afganistán la unidad de civiles y militares para rechazar al Talibán y estabilizar el país
