Cuatro de los prisioneros más importantes sospechosos de terrorismo fueron trasladados secretamente a la prisión de la base naval de Guantánamo en 2003, años antes de lo que informó el gobierno, y luego fueron enviados a prisiones secretas extranjeras, antes que el Tribunal Supremo les permitiera asesoría legal, pudo saber The Associated Press.
Gracias a esos traslados, Estados Unidos pudo interrogar a los detenidos en “lugares encubiertos” de la CIA durante dos años más sin que hablaran con sus abogados u observadores de derechos humanos, y sin que pudieran apelar ante los tribunales de EU. De haber continuado en Guantánamo tres meses más, habrían disfrutado de estos derechos.
“Era un juego de apariencias para ocultar a los detenidos de los tribunales”, dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Seton Hall Jonathan Hafetz, que representó a varios de los detenidos.
El hecho de que el gobierno los sacara de Guantánamo ilustra el temor que tenía el gobierno del presidente George W. Bush de que la Corte Suprema derogara el secretismo del programa de detenciones. Demuestra, además, la insistencia del gobierno de Bush en que los terroristas quedaran presos fuera del sistema judicial estadounidense.
La llegada y rápida partida de Guantánamo fueron investigadas por la AP mediante los manifiestos de vuelo y entrevistas con funcionarios y ex funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con el programa de detenciones de la CIA. Todas ellas hablaron a condición de guardar el anonimato.
Funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Pentágono y la CIA fueron consultados sobre la transferencia de prisioneros, que era tan secreta que incluso muchas personas allegadas al programa de detención de la CIA no estaban enteradas. El vocero de la CIA George Little dijo que “los llamados lugares negros (de detención) y los métodos para interrogar hábilmente a los prisioneros, usados según las normas del departamento de Justicia, quedaron en el pasado”.
Por lo menos cuatro miembros de Al-Qaeda, algunos de los más importantes capturados hasta ahora por la CIA, están entre los transferidos: Abu Zubaydah, Abd al-Nashiri, Ramzi Binalshibh y Mustafa al-Hawsawi. Binalshibh y Al-Hawsawi colaboraron en la planificación de los ataques del 11 de septiembre. Al-Nashiri tramó el ataque del año 2000 contra el destructor USS Cole. Zubaydah facilitaba los desplazamientos de Al-Qaeda. Los confesos terroristas pasaron meses en el extranjero y soportaron algunas de las técnicas de interrogación más duras en la historia de EU. El vuelo de transferencia de prisioneros visitó cinco prisiones de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania, Marruecos y Guantánamo.
La falta de una política contra el crimen en Venezuela es la razón por la que este país figura entre los más inseguros del mundo, de acuerdo a recientes estudios estadísticos, afirmó hoy el criminólogo Gonzalo Himiob.
En declaraciones a periodistas, el también catedrático de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) dijo que “el principal problema en Venezuela es la falta de una política criminal que implique la prevención, control y represión del crimen”.
Lamentó que el gobierno venezolano aplique “políticas efectistas que buscan dar la impresión en la población de que se está luchando contra el crimen con fines políticos”, pero sin combatir el problema con una iniciativa “estructural”.
En las últimas semanas, el tema de la inseguridad ha estado en el tapete en Venezuela, luego de que el diario El Nacional publicara en su portada una fotografía de una morgue en Caracas en la que se veían decenas de cuerpos desnudos y ensangrentados.
El rotativo caraqueño explicó que su intención era alertar sobre los elevados niveles de homicidios que hay en Venezuela, aunque la Fiscalía decidió abrir un procedimiento por considerar que la imagen era perturbadora para los menores de edad.
De igual manera, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que en 2009 fueron asesinadas 19 mil 133 personas en Venezuela, mientras que en ese año habrían ocurrido 19 mil 917 secuestros.
El estudio del INE también determinó que Caracas es la ciudad más insegura del mundo con una tasa de 233 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Himiob explicó que otro problema que agrava la situación de inseguridad es la impunidad que existe en Venezuela, país en el que se terminan sentenciando siete de cada 100 homicidios y se producen apenas tres condenas por esa cantidad de asesinatos.
“De cada 100 homicidios, se producen siete sentencias, de las cuales cuatro son absolutorias y tres condenatorias. Es decir, por cada 100 homicidios en Venezuela, hay tres condenados y 93 ni siquiera llegan a sentencia”, precisó.
El también integrante del Foro Penal Venezolano (FPV) aseguró que mientras el gobierno mantenga esa política “errada” de lucha contra el crimen, los resultados seguirán siendo que Venezuela se mantendrá como uno de los países más violentos del mundo.
Hamiob agregó que otro problema es que el gobierno venezolano se niega a recibir cualquier sugerencia que sea realizada por expertos que provengan de la oposición, por lo que cuestionó la “falta de apertura política” del Ejecutivo.
“Yo creo que mientras se siga por este camino no se verá mejora alguna. Creo que hay falta de capacidad y falta de apertura política, porque el gobierno rechaza cualquier sugerencia sobre el tema que venga de las personas que piensan diferente”, concluyó
Los ejercicios Panamax de protección al Canal interoceánico, con la participación de 19 países, finalizaron hoy con el reconocimiento del Comando Sur de Estados Unidos de que son una de las prácticas multinacionales más grandes del mundo.
“Los ejercicios Panamax son sumamente importantes, están entre los más grandes ejercicios multinacionales alrededor del mundo”, dijo en rueda de prensa el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Douglas Frasser.
Unos dos mil elementos de 19 países, entre ellos Alemania como observador, participaron de la actividad entre el 16 y 27 de agosto, tanto en aguas panameñas como en trabajos de mesa en Panamá, Colombia, Honduras y Estados Unidos.
El objetivo central de las maniobras fue preparar a las fuerzas navales de la región en apoyar a Panamá en caso de un eventual ataque a la vía por la que transita el 5.0 por ciento del comercio mundial.
“Nos da la oportunidad de adquirir experiencias, operando en conjunto, aprendiendo, desarrollando confianza y siendo capaces de apoyar al gobierno en la defensa del Canal”, indicó Frasser.
“El Canal de Panamá es importante desde el punto de vista global y desde el punto de vista regional”, añadió.
El viceministro panameño de Seguridad, Alejandro Garúz, manifestó por su parte que “el Canal se encuentra en Panamá, pero está al servicio del mundo y somos todos los países del hemisferio los obligados a defender este punto de servicio”.
Durante los ejercicios, en su mayoría en mesa, y con actividades “en vivo” en las riberas de ríos y costas en Panamá, los participantes simularon una rebelión campesina local que crece hasta convertirse en la planeación de un atentado contra el Canal.
Los encargados de Panamax esperan que en el próximo año se incremente la actividad “en vivo” con la participación de más buques y efectivos.
Frasser indicó que además de trabajar en aspectos relacionados con prevenir ataques al Canal de Panamá, los participantes también se entrenan en atención a desastres y en combate al narcotráfico, y el terrorismo, “amenazas del siglo XXI”.
Mencionó que la experiencia ha permitido actuar de manera rápida en eventos recientes como los terremotos de Haití y Chile de este año.
Mientras Frasser señaló que se analiza incluir a otros países europeos, Garúz reveló que Alemania manifestó su interés de participar de manera activa.
Los ejercicios anuales arrancaron en 2002 sólo con Panamá, Chile y Estados Unidos hasta llegar ahora a tener 19 países participantes.
Este año participaron, entre otros, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
El despliegue de mil 200 efectivos de la Guardia Nacional a partir de esta semana en la frontera sur de Estados Unidos responde más a un estrategia política para ganar votos que a un verdadero riesgo en la región, opinaron expertos.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó en junio pasado que ciudades fronterizas estadounidense como San Diego, El Paso, Nogales y McAllen, se encuentran entre las más seguras en el país y tienen una reducción en sus niveles de delincuencia desde hace años.
El director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos en El Paso, Fernando García, dijo que la presencia de la Guardia Nacional en la zona limítrofe “fue una decisión política del presidente Barack Obama”.
“Fue una decisión que no fue basada en criterios de seguridad y que, a final de cuentas, trata de complacer a grupos de poder que han sido extremistas y xenófobos”, aseveró.
García descartó que el envío de la Guardia Nacional sea una concesión demócrata para ganar algún voto republicano que pudiera dar una mayoría y llevar a aprobar una reforma migratoria.
“Ese es el planteamiento que han dicho funcionarios de la Casa Blanca, pero, si esa fuera la estrategia, hasta ahora no les ha funcionado, porque no importa qué tan duros se pongan contra los migrantes el presidente y los demócratas, no ha habido republicano que quiera entrarle a la reforma migratoria”, sostuvo.
El director nacional del Comité de Servicios Amigos de las Américas (AFSC), Christian Ramírez, señaló que el despliegue de militares en la zona, además de satisfacer demandas republicanas, se aleja de una reforma y convierte al tema en electoral.
“Claro está, la lógica de los demócratas, del presidente Obama y los dirigentes en el Congreso, es que asumen que si les conceden a los republicanos que la frontera está fuera de control” ganarían algún voto republicano.
Pero “al conceder eso, (los demócratas) están indicando que efectivamente la única forma de resolver el fenómeno migratorio es la fuerza del Estado en contra de la población indocumentada”, agregó Ramírez.
“Supuestamente la estrategia, dicen los demócratas, es que al conceder esto, los republicanos van a votar entonces en favor de una reforma migratoria”, añadió el directivo de la AFSC.
Sin embargo, “a final de cuentas de lo que se trata aquí no es de resolver el fenómeno migratorio ni la problemática que aqueja a las comunidades fronterizas, sino de usar estos dos temas como comodines políticos: seguridad y migración” de cara a la elección en noviembre.
Los soldados de la Guardia Nacional estarán en la frontera durante un año en operación de apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza, mientras esa corporación recluta y prepara a mil 200 nuevos agentes.
Los dos especialistas recordaron que en 2006 el entonces presidente George W. Bush ordenó desplegar seis mil guardias nacionales en la frontera, mientras la Patrulla Fronteriza encontraba y capacitaba a seis mil nuevos agentes.
Esa solución no resolvió el fenómeno migratorio y ahora se repite la misma fórmula
Los primeros contingentes de los 524 soldados de la Guardia Nacional que realizarán labores de vigilancia en la frontera entre Arizona y México, comenzarán a llegar a la zona la próxima semana, informó hoy una fuente oficial.
El teniente Valentine Castillo, vocero de la Guardia Nacional de Arizona, indicó que los soldados han recibido ya semanas de entrenamiento para esta misión y precisó que el primer grupo llegará a la frontera el próximo 30 de agosto.
El envío de tropas forma parte del despliegue de mil 200 soldados solicitado por el presidente Barack Obama en mayo pasado para incrementar la vigilancia a lo largo de la frontera con México.
Los soldados estarán asignados a cubrir áreas entre los puertos de entrada y servirán de apoyo a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Los militares no podrán hacer detenciones, pero alertarán a las corporaciones civiles de actividades sospechosas a lo largo de la zona limítrofe.
Arizona, con 524 efectivos, ocupará casi la mitad de los mil 200 soldados que serán desplegados. Otros 250 soldados serán enviados a la frontera de Texas, 224 a California y 72 más a Nuevo México.
Una oficina de coordinación nacional para el despliegue, contará con otros 130 elementos
El restablecimiento de la convivencia pacífica en la sociedad mexicana, es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno y fuerzas políticas, afirmó aquí la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.
En visita donde tomó protesta a Álvaro Ibarra Hinojosa como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien sucede a Miguel Ángel Lozano, la también diputada federal señaló que de cara a los comicios de 2012 y en el sentido a la existencia el Estado, dicho asunto es prioritario
“Creo que es un compromiso de todas las instituciones políticas, de todos los órdenes de gobierno, y desde luego de todas las fuerzas políticas, de restablecer los niveles de tranquilidad que requiere la sociedad para su convivencia pacífica y para el desarrollo de sus actividades productivas”
“Esa es la prioridad, no sólo en función de las elecciones, sino porque es lo que le da sentido a la existencia del estado”, apuntó en conferencia de prensa.
Respecto a la selección de candidatos para las siguientes contiendas electorales, subrayó que “los partidos políticos tienen que adoptar todas las medidas necesarias para que de ninguna manera la delincuencia organizada penetre en ninguno de los niveles en los partidos políticos, creo es un factor crucial para la sociedad mexicana”.
En segundo término, expuso, México siempre ha sabido enfrentar momentos difíciles de su historia “y nuestro pueblo no se ha doblegado y quienes tenemos la obligación de representar sus expectativas, tampoco podemos doblegarnos”.
“Yo tengo la certeza de que habremos de superar esta etapa difícil que atraviesa la vida nacional y vamos a preservar el estado democrático de derecho y eso significa que es importante que en México se realicen todas las elecciones establecidas en el marco constitucional, tanto de orden federal, como en los órdenes federales”
Paredes Rangel expuso que hay zonas del país con problemas graves y delicados, donde los ciudadanos exigen soluciones, ante focos de alarma, pero se debe buscar la prevalencia del estado de derecho.
Dentro de este marco, manifestó su pésame a víctimas de la delincuencia organizada, “nosotros estamos convencidos de que son asuntos muy serios, de los que no hay que sacar raja electoral”.
En el caso del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, dijo que “el PRI condena enérgicamente ese homicidio, condena a los criminales y como la mayoría de la sociedad nuevoleonesa y otras fuerzas políticas, exigimos su esclarecimiento”.
“Sabemos que se avanzó en el esclarecimiento del mismo y no caeremos en el juego de inculpaciones”, enfatizó la dirigente nacional priísta.
Consideró naturales las críticas al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, pero la problemática de seguridad compete a los tres órdenes de gobierno y “como toda la sociedad neoleonesa estamos demandando mayor eficacia”.
En torno a la muerte de 72 migrantes extranjeros en Tamaulipas, insistió en la postura del PRI para que “la política migratoria mexicana respete de manera absoluta los derechos humanos”, con una estrategia específica y combatir el tráfico de personas.
En otro orden, insistió en el objetivo de contar con “un partido cercano al pueblo, comprometido con encontrar las soluciones que está demandando el estado de Nuevo León, queremos un partido muy atento a las preocupaciones de la ciudadanía”.
Reconoció además la labor de medios de comunicación en la cobertura de los eventos “que sacuden a esta región, tanto los de naturaleza informativa, como los muy difíciles problemas de carácter delincuencial que han asolado al estado de Nuevo León”.
Reiteró su defensa a la libertad de expresión y todos los instrumentos legales para defender el periodismo libre como puntal de desarrollo democrático del país.
A la ciudadanía de Nuevo León afectada por fenómenos naturales, indicó que ayer la bancada del PRI acordó impulsar iniciativas para simplificar el acceso a recursos federales ante contingencias, como las hidrometeorológicas.
A la par, se deberá impulsar un compromiso con la sociedad en la planeación urbana y el impacto del cambio climático en el país.
Señaló que el PRI se mantiene en contacto con el gobernador para ver la forma en que puedan coadyuvar en la solución de problemas que aquejan a la entidad, no sólo los naturales, sino también los de seguridad.
