La oficina de Naciones Unidas en México advirtió que las reformas contra el aborto aprobadas en 18 estados del país son un retroceso y vulneran el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres.
En el Día Internacional de la Mujer, el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en México, Magdy Martínez Solimán, recordó que los Estados miembros de la ONU deben respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
En conferencia de prensa, llamó al gobierno a adoptar candados para evitar que legisladoras estén destinadas desde las campañas electorales a ser sustituidas por suplentes varones.
En conferencia de prensa, consideró que para cumplir con la representación política de las mujeres el gobierno no necesita invertir dinero, ya que el precio de esa modificación “se cotiza en una divisa igualmente preciada: la de la voluntad política a favor de la igualdad”.
El representante del organismo internacional dijo que 57.6% de las mexicanas no ingresan al mercado laboral, sino que se instalan en “áreas grises” como la informalidad y el trabajo no remunerado.
Entre los principales rezagos que presenta la población femenina a nivel nacional están la mortalidad materna y la representación política, reiteró.
Mónica Orozco, directora general de Evaluación y Desarrollo del Instituto Nacional de las Mujeres, informó que al inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón los casos de mortalidad materna eran 60 por cada 100 mil nacidos vivos y que actualmente se ubican en 58 decesos por el mismo número.
Al conmemorar la fecha, organizaciones feministas se manifestaron en la capital del país para defender sus derechos sexuales y reproductivos y exigir la aprobación de la interrupción legal del embarazo en las legislaciones de todo el país.
Condenaron que grupos fundamentalistas pretendan socavar, por decreto, el derecho de las mujeres a decidir
La propuesta federal para combatir la obesidad y el sobrepeso se “restringe a proponer el cambio de hábitos y adopción de estilos de vida saludables, colocando la responsabilidad de las elecciones alimentarias en la población”, lo que hace que se “invisibilicen” las dimensiones de problemas sociales y “quita responsabilidad a la política de salud gubernamental”, planteó el Observatorio de Política Social y de Derechos Humanos.
Mediante un documento, dicha organización dijo que ante la propuesta del gobierno, presentada bajo el nombre de Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, “debemos estar pendientes de las acciones que se realizarán para prevenir y tratar la obesidad infantil”.
La organización, que depende de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide-Social), hace un llamado a “presionar para que los intereses comerciales de las empresas de alimentos procesados no prevalezcan por encima del interés público”.
La agrupación, que preside Clara Jusidman, señala que los efectos de la obesidad afectan directamente el derecho que tiene toda persona a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, así como el derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del mas alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
La obesidad infantil, refiere, se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.
La diabetes mellitus, la apnea del sueño —trastorno que provoca en las personas el dejar de respirar cuando duermen—, el asma, la gloméruloesclerosis —término que se utiliza para describir el tejido cicatrizado que se presenta dentro del riñón en los vasos sanguíneos llamados glomérulos y que ayudan a los riñones a filtrar la orina de la sangre— y los cálculos biliares, entre otros.
A partir de la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Observatorio establece que el Estado tiene la “obligación de asegurar, como mínimo, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos, por lo cual deben adoptar medidas preventivas.
“Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los principales problemas de salud, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades epidémicas y endémicas”.
El Observatorio afirma que ante eso “el gobierno ha sido omiso en desarrollar políticas de protección a la salud y prevención de la obesidad, que regulen y sancionen la publicidad de alimentos chatarra, informe a la población de los severos daños que ocasiona el consumo de estos productos y promueva la oferta de alimentos de buena calidad”
El crimen organizado “socava las bases de la democracia” y debe ser combatido con cooperación y rigor, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en un mensaje leído hoy ante la VIII Reunión de Ministros de Justicia de las Américas.
“La defensa de la democracia supone también el combate al crimen organizado trasnacional en todas sus formas”, pues se trata de un fenómeno que “afecta directamente la vida de los ciudadanos” y, por tanto, “socava las bases” de la confianza, dice el mensaje enviado por Insulza al encuentro ministerial que se celebra en Brasilia.
Según el programa oficial del encuentro, Insulza participaría hoy y mañana en la reunión de autoridades de Justicia, pero fuentes de la OEA explicaron que debió cancelar su asistencia por problemas de agenda.
En su mensaje, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó además a las autoridades reunidas en Brasilia a reforzar los mecanismos de combate a la corrupción, que también afecta la confianza de los ciudadanos en la democracia.
Según Insulza, “no basta con aprobar y legislar sobre derechos”, sino que también es necesario “velar por su efectiva y correcta aplicación”.
La búsqueda de mecanismos de cooperación que permitan un mejor combate al crimen organizado en el ámbito interamericano es uno de los principales objetivos de la VIII Reunión de Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales Generales de las Américas.
Documentos difundidos este miércoles en la apertura de la cita atribuyen la mayoría de los 27 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registran anualmente en América Latina a personas vinculadas a las bandas del crimen trasnacional.
También sostienen que el tráfico de drogas es una de las mayores amenazas a la seguridad ciudadana, y moviliza en la región unos 320.000 millones de dólares al año, una cifra que supera el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países latinoamericanos
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró anoche que el jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, es su candidato a dirigir un nuevo organismo de integración regional por el que abogan los países de América Latina y el Caribe.
“Lula es mi candidato”, dijo Chávez a periodistas, al comentar que una vez deje la presidencia de Brasil al vencedor de los comicios del próximo mes de octubre en ese país “va a quedar con mucho tiempo disponible”.
Chávez, que participó hoy en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe que se celebra en Cancún (México), destacó que “Lula no está viejo”, y elogió su talla como estadista, su trayectoria sindicalista y su desempeño como presidente del país.
“Sería un gran aporte que Lula (de 64 años) se dedique a tiempo completo a organizarnos, con su experiencia, sus años, con el respeto que todos los tenemos”, declaró el presidente venezolano, tras la sesión de hoy de la reunión que une al Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo.
Los 32 países asistentes tratan de avanzar en un nuevo organismo internacional que les represente y colme su “vocación natural” de unidad, según destacó el presidente mexicano, Felipe Calderón, durante el discurso inaugural de la bautizada como “Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe”.
Al respecto, el presidente dominicano, Leonel Fernández, sostuvo más tarde en declaraciones a Efe que la idea de crear un nuevo organismo se ve “con simpatía”, pero algunos países creen que requiere “mayor madurez, mayor claridad y mayor definición”.
El principal avance hasta el momento ha sido la presentación de una propuesta para crear un grupo de trabajo que analice la “multiplicidad de asociaciones” existentes en la región y formule una propuesta “de cómo se articularía la nueva realidad institucional regional de América Latina y el Caribe”
