El asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas fue condenado por el Sistema de la ONU en México, el cual señaló que “indigna y preocupa” el nivel de violación a la seguridad de los migrantes en el país.
El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, Magdy Martínez-Solimán, expresó que “el sistema está indignado frente al nivel preocupante que ha tomado la violación a la seguridad de los migrantes”.
Ante ello, refrendó el compromiso de esa instancia para “seguir trabajando con sus contrapartes, para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes”.
Martínez-Solimán reconoció en un comunicado que México se ha convertido en un país de tránsito para casi 400 mil migrantes al año, quienes enfrentan cada vez más peligros en su recorrido hacia el norte.
Detalló que ante el flujo migratorio que hay en el país y su “extrema vulnerabilidad”, las agencias de la ONU en México brindan asistencia directa a través de organizaciones no-gubernamentales, casas del migrante y promoción de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo recalcó su disposición a seguir colaborando con el gobierno y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el respeto a los derechos humanos, seguridad e integridad de todo extranjero que se encuentre en el país.
De igual forma, Magdy Martínez-Solimán expresó la solidaridad del Sistema de la ONU en México con las familias de los migrantes asesinados.
Las armas que el narcotráfico usa en América Latina tienen origen en Estados Unidos, advirtió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en declaraciones a la prensa costarricense.
Organizaciones narcotraficantes armadas están amenazando al poder militar de algunos países, lo que constituye uno de los temas de mayor complejidad en el combate a esa actividad ilegal, advirtió, Insulza al diario costarricense La Nación.
“Lo peor no es que las armas las produzcan malvados narcotraficantes, no: son armeros norteamericanos quienes venden las armas que después los narcotraficantes trasladan”, señaló Insulza, quien esta mañana finalizó una breve visita a Costa Rica.
“El flujo de armas desde el Norte no está siendo detenido. Sin acción en ese campo, vamos a tener un problema serio”, apuntó el funcionario de nacionalidad chilena, tras indicar que “hay que buscar formas de limitar la cantidad de armas que los narcotraficantes adquieren”.
“La lucha al narcotráfico tiene temas espinudos, no queda duda”, y “uno tiene que ver con que los grupos armados de narcotraficantes están en algunos países amenazando la hegemonía del Ejército”, advirtió.
En materia de combate al narcotráfico en Costa Rica, en el cuatrienio de mayo de 2006 a mayo de 2010, fueron decomisadas más de 94 toneladas de cocaína.
También fueron requisados en efectivo por lo menos 17.5 millones de dólares, unos 275 mil euros (alrededor de 373 mil dólares), y 513.8 millones de colones (unos 917 mil dólares); además, se incautaron al menos 390 armas y 367 vehículos, según información oficial.
Además, 312 organizaciones narcotraficantes fueron desarticuladas, 40 de ellas de accionar internacional y 272 nacionales -94 de éstas de carácter familiar.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy su indignación ante la violación de 154 mujeres, perpetrada por milicianos armados al este de la República Democrática del Congo (RDC).
“Dada la gravedad del hecho”, Ban enviará al subsecretario general para el mantenimiento de la paz del organismo, Atul Khare, y pedirá a su representante especial para violencia sexual en conflictos, Margot Wallstrom, para que preparen la respuesta de la ONU al ataque.
El incidente ocurrió a finales de julio pasado, cuando milicianos del grupo armado Mai-Mai y de las Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda atacaron comunidades en Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo.
Los Mai-Mai son milicianos congoleses y las Fuerzas democráticas de liberación de Rwanda son rebeldes hutus relacionados con el genocidio ruandés de 1994.
“Este es otro ejemplo tanto del nivel de la violencia sexual como de la inseguridad que continúan azotando a la República Democrática del Congo”, expresó el titular de la ONU al urgir a las partes en conflicto a unirse al proceso de paz.
Asimismo, pidió al gobierno congolés que investigue el incidente, someta a juicio a los responsables y renueve sus esfuerzos para poner fin a la inseguridad en el este congoleño.
De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, alrededor de ocho mil mujeres fueron violadas durante el año pasado por alguna de las facciones armadas que combaten en la República Democrática del Congo
La comisión de presupuesto del IFE aprobó que se solicite a los legisladores recursos por más de 10 mil millones de pesos, lo que ya incluye las prerrogativas de los partidos políticos, el inicio del año electoral con miras al 2012 y el voto de los mexicanos en el extranjero para el mismo año.
Según el anteproyecto que será presentado al Consejo General el próximo viernes, la partida para las instituciones políticas quedaría en 3 mil 163 millones de pesos y 7 mil para la operación del Instituto.
En este contexto, el programa de voto de los mexicanos en el extranjero ocuparía 95 millones de pesos, mientras que 169.6 millones se destinarían para la operación de módulos de atención de la credencial de elector, entre otras cosas.
Era por la adrenalina, la sensación de ser el primero en penetrar tumbas indígenas y ver esos “monitos” resguardar huesos sin olor. Aunque el saqueo era por el dinero, por la necesidad de alimentar a sus nueve hijos cuando Ramón Gómez Maldonado ya había intentado casi todo para sobrevivir: jornalero en Sinaloa, Sonora, California y Arizona, deportado a ratos en Tijuana, obrero en Guadalajara.
A Ramón le tocó una época dorada de los descubrimientos arqueológicos en México, pero de eso no sabe, sólo recuerda que por una pieza, en la década de los 50, le daban mil pesos. Todas tenían su precio y sus clientes, que iban hasta su casa en el pueblo de Santa Rosalía o a Magdalena, en Jalisco. “Ahora esas piezas son muy valiosas, de 50 mil o 100 mil pesos. Había de muchas, había unas como de guerreros, grandes; todos esos monos que tenían lanzas valían muchos centavos, a nosotros nos pagaban por mitad, los que hacían negocio eran los que venían por ellas”.
Antes de que llegaran los primeros arqueólogos a la zona, él encontró desde vasijas de barro pintadas y puntas de flecha de obsidiana, hasta figuras de indígenas de medio metro. “Había muchos pozos con monos”, es la manera en que Ramón explica el naciente auge del saqueo de las “tumbas de tiro” (túnel de cuatro a seis metros que conduce a dos cámaras labradas bajo tierra; son parte de la “tradición Teuchitlán”, que data de 300 a 400 años d.C.).
A sus 81 años de edad, Gómez Maldonado prefiere dejar la actividad a los jóvenes; hace un año todavía acompañó a un grupo, pero la experiencia ya no es como antes, como cuando sacaban de hasta 30 piezas por excavación.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no dio respuesta oficial sobre el tema; especialistas nacionales e internacionales coinciden en que México es uno de los países con mayor saqueo de bienes culturales y su región occidente una de las más afectadas por ello en América Latina.
De los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados por el INAH a junio de este año, se considera que 40% de ellos han sufrido saqueos, según Blanca Paredes, investigadora de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien comparte estadísticas personales a falta de cifras oficiales. Con base en el seguimiento de noticias y casos denunciados, la arqueóloga calcula que se presentan de 20 a 30 destrucciones de sitios por día.
Entre todos los sitios registrados como lugares de vestigios prehispánicos, sólo 176 en 19 estados de la república son considerados “zonas arqueológicas” abiertas al público.
Para el director de la División de Objetos Culturales y de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Edouard Planche, la situación de alto saqueo en México sólo se compara con países en conflictos bélicos como Irak, Camboya, Afganistán y Colombia, o con Guatemala.
La arqueóloga de la Universidad Estatal de Nueva York, Elizabeth Stone, que ha estudiado el saqueo en Irak, compara el peligro de robo de los bienes culturales mexicanos con lo que ocurrió en aquel país en guerra; además, se lamenta: “El saqueo es un problema de los países pobres, que son los que tienen mayor riqueza arqueológica. La gente rica en el Occidente compra y no le importa de dónde vienen las piezas; nadie piensa que es ilegal, arrestan a muy pocos, hay la complicidad de académicos en algunas ocasiones, que van con donadores ricos en lugar de llevar la pieza al museo”.
En los pueblos de la región occidente del país se sale a los campos no sólo a sembrar, sino a buscar monitos, es decir, figuras antropomorfas de hasta 2 mil años de antigüedad que los habitantes de la zona excavan a solicitud de intermediarios que a su vez las llevan a coleccionistas de México y el extranjero.
Antes y después de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 (que, entre otras cosas, prohíbe el saqueo, posesión sin permiso, comercialización y tráfico de piezas arqueológicas por considerarse patrimonio nacional), las figuras que los campesinos saquean de sus tierras y venden a 500, 3 mil o hasta 50 mil pesos aparecen luego en catálogos de galerías o en páginas de internet de países donde comercializar bienes muebles arqueológicos no es un delito federal.
Si un europeo compra en su país una pieza prehispánica y el gobierno mexicano quiere reclamarla, éste puede argumentar que la compró “de buena fe” sin conocer su procedencia ilegal.
“Existe una falta de claridad en la propiedad estatal, en el vínculo que une al Estado con su patrimonio arqueológico”, considera el abogado Jorge Sánchez Cordera, integrante del comité de expertos de la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la UNESCO.
El catálogo en línea de piezas precolombinas de la casa de subastas Sotheby’s, con sedes en Londres y Nueva York, muestra una “mujer de Jalisco sentada” que se vendió en 3 mil 738 dólares, y un “jorobado de Jalisco agachado” en 2 mil 875 dólares, ambas originarias de la región occidente mexicana y vendidas junto con lotes de de los estados de Veracruz, Colima, y las regiones maya y olmeca, con precios de hasta 600 mil dólares por pieza.
La galería parisina Binoche Renaud Giquello —que ya tuvo una denuncia del gobierno mexicano por una subasta de piezas producto de excavaciones clandestinas realizadas el 14 de junio— exhibe en su página web una pieza de “actualidad”: una máscara funeraria teotihuacana en piedra verde a 125 mil euros. Aunque de dudosa autenticidad, también es fácil observar ofertas de objetos prehispánicos a la venta en portales de internet como eBay o Mercado Libre, entre otros.
“No hay nada especial para internet, aplicamos la ley con las figuras delictivas que puedan adecuarse… Mucha de esta comercialización se realiza desde portales del extranjero y resulta muy complejo; son muchas cuestiones técnicas que no están reguladas en nuestro país ni en otros”, explica René Salazar Montes, ministerio público y director de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes de la PGR.
El problema es también de desconocimiento. Si no se sabe qué se tiene, tampoco se puede saber qué se saquea o comercializa ilegalmente. Para la arqueóloga Blanca Paredes, no basta con declarar zona arqueológica un lugar si se quiere proteger de saqueo, sino hacer inventarios de lo que se posee en cada sitio.
“Todo el país es una zona arqueológica… la institución (INAH) no se da abasto. Se habla de que el saqueo ocupa entre el tercer y cuarto lugar en delitos en el mundo, después del tráfico de drogas. Mucha gente lo relaciona con quienes se dedican al narco, porque se toma como otro elemento de poder el vender estos objetos, de obtener ganancias, pero también cierto prestigio. Estas redes son más fuertes y sólidas de lo que podemos suponer, pero como institución no nos hemos abocado sobre un control o una base de datos de lo que está pasando a nivel de denuncias”, opina Paredes.
Esa base de datos de denuncias tampoco está en la Procuraduría General de la República (PGR). Según René Salazar, no hay denuncias por saqueo y las denuncias por robo de piezas se realizan en cada delegación o municipio. No se tiene a nivel federal una lista.
La PGR descarta el vínculo del tráfico ilícito de bienes culturales con el narcotráfico, incluso la existencia misma de “redes” de saqueadores y comerciantes de piezas arqueológicas, pero tampoco han descubierto cómo operan exactamente saqueadores y comerciantes, dice René Salazar Montes.
“Si tuviéramos identificadas bien las formas, tendríamos ya mejores resultados. Lo que nosotros creemos es que se sacan por aduanas, por carretera o por avión, pero haciéndolas pasar por artesanías… Si la droga la sacan en grandes cantidades, pues a veces figuras pequeñas pueden salir ocultas bajo cualquier cobertura”, complementa Salazar.
Para Edouard Planche, de la UNESCO, “el tráfico de objetos culturales está estrechamente vinculado al tráfico de drogas y armas, e involucra el mismo tipo de personas y es difícil cuantificar qué tan grande es y cuánto dinero genera”.
El proyecto “No al abuso infantil”, de Carlos Felipe Aviña, se convirtió en el primer finalista de Iniciativa México, de un total de 25 que concursan para llegar a los cinco proyectos finalistas de esta propuesta de la sociedad civil.
“Esto es un tabú, la gente no quiere oír hablar del abuso sexual a menores, de este problema que es tan difícil. Quiero darle a los niños un espacio de seguridad”, justificó Aviña, oriundo de Jalisco.
En una transmisión televisiva que unió a Cadenatres, Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión y Foro TV, así como a cadenas de radio y periódicos de todo el país, el público fue testigo anoche del primer programa para establecer a los finalistas de Iniciativa México.
En el primer programa, se votó a través de mensajes SMS, de internet y por vía telefónica por los cinco proyectos del rubro dedicado a Justicia y Derechos Humanos, en el cual estuvieron como finalistas programas de apoyo a mujeres golpeadas, a reos, a personas con capacidades diferentes o a niños que sufrieron abuso sexual.
La votación que se cerró pasada la medianoche dio como ganador al programa “No al abuso infantil”, que promovió Aviña en su estado, quien agradeció pasar a la final del este proyecto impulsado por medios de comunicación.
“Estoy muy contento, tenemos que transformar a nuestra sociedad para que esto ya no se dé. Tenemos que apoyar a nuestros niños, cuidarlos, protegerlos”, expresó el primer ganador al filo de esta madrugada.
Los conductores del programa televisivo de Iniciativa México, Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento, informaron que habrá otros cuatro programas posteriores para elegir a los finalistas en los rubros de Desarrollo Comunitario, Calidad de Vida, Buen Gobierno y Rendición de Cuentas, así como Medio Ambiente.
Carlos Felipe Aviña fundó el Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, y lamentó que en muchas ocasiones el abuso sexual de menores no sea catalogado como grave.
El Consejo Consultivo, integrado por los medios de comunicación, determinó salvar para el certamen final del proyecto de Iniciativa México el programa “Llamadas que Cambian Vidas“, de Mariana Baños, dedicado a rescatar y ayudar a mujeres que enfrentan violencia de género.
El proyecto “No al abuso infantil” obtuvo 28.19% de los votos, seguido del programa “Yo También Quiero Trabajar”, de Abigaíl Hernández, dedicado a ofrecer empleo a personas con capacidades diferentes, el cual obtuvo 22.43 por ciento de apoyo.
El tercer sitio fue para el programa de apoyo a las mujeres maltratadas (19.60%) de Mariana Baños. El cuarto lugar lo ocupó Miriam Israel con “Cuidados Paliativos” (15.46%), que ayuda a enfermos terminales a bien morir. El quinto lugar fue para el trabajo de la religiosa Antonia Brenner, relativo al apoyo para reos en la cárcel de Tijuana (14.32%).
El primer lugar del rubro “Justicia y Derechos Humanos obtuvo dos millones de pesos como aporte para su programa en bien de los menores abusados sexualmente y los otros cuatro obtuvieron un millón de pesos cada uno.
