El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global”.
El ámbito de ACTA es amplio, incluyendo la falsificación de bienes físicos, así como la “distribución en Internet y las tecnologías de la información”.
En octubre de 2007, los Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón anunciaron que negociarían ACTA. Además, los siguientes países se han unido a las negociaciones: Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá.2 Las negociaciones de ACTA se llevan en secreto. El 22 de mayo de 2008 un documentado de discusión sobre el acuerdo fue filtrado a través de Wikileaks, lo cual fue seguido de múltiples noticias en los medios.
En un principio estaba planeado que las negociaciones concluyeran a finales de 2008,1 sin embargo en noviembre de 2008 la Comisión Europea afirmó que estas continuarían durante 2009.
En la siguiente ronda de negociaciones (la sexta) el anfitrión fue Corea del Sur, en Seúl, del 4 a 6 de noviembre de 2009.8 En la quinta ronda de negociaciones, en Marruecos en julio 2009, los participantes indicaron que su intención era concluir el acuerdo “lo antes posible en 2010″.9 Según Nueva Zelanda, ACTA establecería “un nuevo marco legal internacional” y “el objetivo de ACTA es poner un nuevo, y más alto punto de referencia sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual al que los países se pueden unir voluntariamente.”
Términos y plazos similares aparecen actualmente en el borrador del tratado SECURE de la Organización de Aduana Mundial, y los críticos han argumentado que las previsiones de antievasión del Título I de la Digital Millennium Copyright Act era de igual modo aprobado después de políticas ocultas vía los tratados negociados a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Los gobiernos del mundo deberían intensificar sus esfuerzos para limitar el acceso a los sedantes que se suelen añadir subrepticiamente a la bebida de las mujeres para limitar su capacidad de resistirse a los abusos sexuales y de recordarlos después, advirtió el miércoles la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Los depredadores sexuales pueden conseguir fácilmente dichos fármacos pese a los esfuerzos por controlarlos, agregó en su informe anual el organismo de fiscalización independiente y cuasi judicial encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización de la ONU sobre drogas.
Los gobiernos deberían adoptar medidas urgentes para limitar el acceso a dichos sedantes y llamar la atención del público sobre los riesgos de dejar alimentos y bebidas sin atender durante encuentros públicos como las fiestas, dijo.
“El fenómeno de las drogas cita-violación, aunque bastante nuevo, se está extendiendo rápidamente a medida que los abusadores sexuales intentan eludir los controles más estrictos utilizando sustancias no restringidas por las convenciones internacionales sobre fármacos”, dijo el organismo con sede en Viena en una declaración adjunta al informe.
El abuso del flunitrazepam -que se vende bajo la marca Rohypnol- se ha reducido, gracias a los esfuerzos internacionales, pero el reporte dijo que los delincuentes usan ahora ácido gama-hidroxibutírico -conocido como GHB- o ketamina y gama-butirolactone, o GBL.
“Como en muchos países la mayoría de estos fármacos están disponibles con facilidad, suelen caer en manos criminales”, dijo la junta.
Aunque GHB fue puesto bajo control internacional en el 2001, no todos los países han estipulado regulaciones a nivel nacional, agrega. Mientras tanto, ketamina y GBL siguen al margen de las convenciones sobre fármacos y por lo tanto pueden conseguirse fácilmente.
“Los narcotraficantes obtienen las sustancias en cuestión por medio de farmacias en Internet y el sistema postal, o por manufactura ilícita”, dijo el informe.
Para hacer frente al problema, la junta instó a los gobiernos a trabajar en colaboración con las industrias farmacéutica y química y asegurarse de que la policía y los fiscales tengan la autoridad legal para tomar acciones adecuadas contra los perpetradores o sospechosos.
“En muchos países, el uso de sustancias para facilitar la comisión de un delito no constituye delito”, dijo el informe.
Una delegación de alto nivel de expertos procedentes de países con tecnología nuclear avanzada han llegado a Irán para examinar el sistema de seguridad nuclear del país, anunció ayer el portavoz del Organismo iraní de la Energía Atómica, Ali Shirzadian.
La delegación comenzó su trabajo el sábado y durante las próximas dos semanas estudiará la seguridad nuclear del país desde diferentes aspectos, agregó.
Shirzadian, citado por la agencia de noticias estudiantil Isna, no aportó otros detalles como el número de expertos y los países a los que pertenecen.
Las grandes potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, acusan a Irán de ocultar, bajo su programa civil, otro de naturaleza clandestina y aplicaciones bélicas, cuyo objetivo sería la adquisición de armamento nuclear, alegación que el gobierno de Teherán rechaza.
El conflicto se ha agravado en las últimas semanas, después de que el régimen iraní rechazara un acuerdo para intercambiar uranio a 3.5% otro enriquecido a 20%, en las condiciones que dice necesitarlo para el citado reactor de Teherán.
En abierto desafío a la comunidad internacional, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, ordenó, además, iniciar el enriquecimiento a 20% en la central de Natanz, al centro del país.
Algunos expertos han indicado que aunque Irán puede enriquecer a esos niveles, dudan de que tenga la tecnología necesaria para inyectarlo en los reactores
El líder supremo de la revolución iraní, ayatola Ali Jameneí, negó el viernes que el programa nuclear de su país tengan como fin último la construcción de una bomba atómica, ya que lo impiden “las creencias religiosas”.
En tanto, expertos iraníes hallaron un yacimiento de gas al sur del país, donde calculan reservas cercanas a los 12 trillones de pies cúbicos, dijo el director de la oficina de prospecciones del Ministerio de Petróleo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró ningún registro de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya aplicado el préstamo por 500 millones de dólares que el Banco Mundial otorgó para programas diseñados contra el cambio climático.
Por ello, el máximo órgano fiscalizador en nuestro país solicitó a la Secretaría de Hacienda la reintegración a las arcas públicas de esos recursos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2008, se detectó que sobre el préstamo concedido por el Banco Mundial para aplicar en el programa “Política de desarrollo sobre el cambio climático” y que fue contratado por el gobierno de México, no hay evidencia de que se haya destinado a ningún proyecto de inversión.
De los cientos de auditorías que aplica la ASF para verificar el uso de los recursos públicos federales, cumplimiento de metas y desempeño de los programas sociales o económicos, se realizan sólo 62 a asuntos de coyuntura.
La Auditoría revisó el 100% de los recursos contratados por el gobierno federal con el Banco Mundial por 500 millones de dólares, equivalentes a 6 mil 800 millones de pesos, que debieron ser aplicados en proyectos de la Semarnat.
Cuando el Banco Mundial entregó el crédito, los diputados federales de la pasada Legislatura lanzaron críticas a la conveniencia de éste y los espacios para su aplicación, ya que el destino de los recursos consignados en el contrato no se vinculaba con obras productivas.
La ASF concluyó que no hay documentos que comprueben en dónde quedaron los recursos, tampoco hay informes sobre los resultados esperados y mucho menos obtenidos.
“Los términos pactados en el contrato de préstamo no definen los tiempos en los que se realizarían las reuniones para intercambiar puntos de vista sobre los logros avanzados durante la realización del programa, ni para elaborar los informes sobre su implementación, situación que obstaculiza la programación y evaluación del cumplimiento de los objetivos y las metas del programa y de las acciones pactadas en el contrato”, detalla el órgano fiscalizador
