La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que continuará el diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), siempre y cuando no haya actos de violencia, tras instalarse en la plancha del Zócalo capitalino.

“Un diálogo no puede entenderse como una licencia para realizar ilícitos, no es una patente o autorización”, expresó el titular de esta dependencia, Javier Lozano, en la clausura de la Reunión Anual de Industriales.

Comentó que no se prevén acciones adicionales que se puedan llevar a cabo tras el anuncio del plantón por parte del SME que estará por tiempo indefinido en dicho lugar.

“La verdad es que nosotros no tenemos ninguna acción o reacción adicional a ello, es decir seguiremos con los procesos de liquidación en sus términos y con la mesa de diálogo que se ha instalado en la Secretaría de Gobernación con integrantes que finalmente están tratando de reinsertarse al mercado”, explicó.

En conferencia de prensa, Lozano Alarcón exhortó a los electricistas a llevar a cabo sus manifestaciones o expresiones públicas sin afectar los derechos de terceros, así como que cada autoridad haga lo que le corresponde.

Comentó que a la fecha se han acumulado más de 190 averiguaciones previas por distintas razones contra ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, de los cuales ya se tienen identificados a algunos presuntos responsables y “estaremos atentos a su evolución”.

Tras la clausura de la Reunión Anual de Industriales RAI 2010 organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), mencionó que hasta ahora hay dos mil 125 ex empleados en proceso de reclutamiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

El dirigente de la disidencia del SME, Alejandro Muñoz, informó que preparan una carta que dirigirán al presidente Felipe Calderón para pedirle su apoyo, a fin de acelerar el proceso de contratación de los electricistas a la CFE.

En ese contexto, el integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) explicó que ello ayudaría a bajar la presión del conflicto entre las autoridades y los ex empleados de la extinta compañía de Luz y Fuera del Centro (LyFC).

Aseguró que a diferencia de lo que pide el grupo de Martín Esparza Flores, los liquidados estarían de acuerdo en que “no se comenzara con una contratación colectiva, pero si comenzar por bloques dependiendo de la propia necesidad del servicio”.

En conferencia de prensa, dijo que al menos 27 mil trabajadores que ya se liquidaron eligieron la vía pacífica y porque quiere trabajo,” y si no se le da, pues la gente comenzará a desesperarse”.

Muñoz Reséndiz subrayó que aunque existen problemas jurídicos de reconocimiento del sindicato, hay un compromiso de las autoridades de ofrecer una contratación para que ingresen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque este proceso no ha comenzado

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó créditos por un total de 101 millones de dólares para financiar parcialmente dos proyectos de energía eólica que sumarán un total de 318 megawatts (MW) en el estado de Oaxaca, México.

Los proyectos ayudarán a establecer una masa crítica de energía renovable en el país, proporcionando electricidad a empresas privadas y generando empleos e ingresos para comunidades rurales de bajos recursos, informó en un comunicado.

El organismo multilateral señaló que los proyectos forman parte de la estrategia de México para diversificar su matriz energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta estrategia, expresada en la legislación aprobada en noviembre de 2008, incluye un Programa Especial para el
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Programa Especial de Cambio Climático, y se espera que ambas contribuyan a lograr el objetivo aspiracional del país, propuesto por el presidente Felipe Calderón, de reducir en 50 por ciento, para el año 2050, el nivel de las emisiones alcanzadas en 2000.

El Directorio Ejecutivo del BID aprobó un préstamos de 50 millones de dólares destinado a la complejo eólica Eurus, de 250.5 MW, que está siendo desarrollado por Acciona Energía México (AEM), una subsidiaria de propiedad absoluta de Acciona Energía SA de España.

Este es, de lejos, el complejo de energía eólica más grande que se haya construido en América Latina y el Caribe, destacó.

Indicó que Cemex de México, un productor mundial de cemento y concreto, es un socio del proyecto de Eurus y comprará toda su electricidad en virtud de un acuerdo de compra y autosuministro de energía de 20 años.

Cemex espera que Eurus y otros proyectos de autoabastecimiento le permitan satisfacer un porcentaje significativo de las necesidades energéticas de sus operaciones en México.

El BID también facilitará un préstamo adicional de hasta 30 millones de dólares provenientes del Fondo de Tecnología Limpia del Fondo de Inversión Climática (CIF, según sus siglas en inglés) para el proyecto Eurus, cuyo costo total será de cerca de 600 millones de dólares.

Se anticipa que fondos adicionales de financiamiento a largo plazo para el proyecto sean aprobados por otras instituciones financieras multilaterales, instituciones financieras de desarrollo y bancos comerciales.

El BID aprobó por separado otro préstamo hasta por 280 millones de pesos (unos 21 millones de dólares) para financiar un complejo eólico de 67.5 MW que está desarrollando Eléctrica del Valle de México, S. de R.L. de C.V., una filial de EDF Energies Nouvelles S.A. de Francia.

Mencionó que cuatro filiales de Wal-Mart de México, una de las mayores cadenas minoristas del país, comprarán la electricidad producida por este proyecto en virtud de un acuerdo de compra y autosuministro de energía de 15 años, como parte del objetivo de Wal-Mart de utilizar el 100 por ciento de energía renovable en sus operaciones en México.

El préstamo del BID, junto con los créditos previstos de los prestamistas multilaterales y bilaterales, podrían cubrir hasta 103 millones de dólares del costo total del proyecto EVM, estimado en 190 millones de dólares.

“Estos proyectos son el fruto de la estrategia pionera de México para apoyar las condiciones reglamentarias y financieras a través de las cuales la energía renovable pueda mejorar la seguridad energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

“También demuestran que incluso en medio de una crisis financiera, las asociaciones estratégicas entre gobiernos, empresas privadas e instituciones financieras de desarrollo pueden conducir a inversiones que simultáneamente promuevan el desarrollo humano y un crecimiento económico sostenible”, agregó.

El organismo mencionó que ambos proyectos han incluido en sus planes la obtención de créditos de reducción certificada de emisiones.

El proyecto Eurus se beneficiará de la venta de créditos de carbono por un total de 600 mil toneladas de emisiones evitadas de CO2 por año. En tanto, el proyecto EVM está actualmente en proceso de obtención de créditos por hasta 168 mil toneladas de emisiones evitadas de C02 por año.

El terreno en el cual se encuentran las turbinas eólicas de ambos proyectos, ha sido alquilado a los ejidos locales (los ejidos son un sistema tradicional mexicano de propiedad comunal de la tierra).

Estos proyectos generarán puestos de trabajo y un flujo constante de ingresos en base a los arrendamientos otorgados por estas comunidades, refirió el BID.

Ambos proyectos se beneficiarán de los fuertes vientos que soplan en el estado de Oaxaca, que posee uno de los mejores potenciales para energía eólica del planeta. México ha decidido desarrollar por lo menos dos mil 500 MW de capacidad eólica en este estado.

Las autorizaciones para desarrollar unos dos mil MW (incluidos los complejos financiados en parte por el BID) ya han sido emitidas en beneficio de varios promotores privados.

El gobierno mexicano estima que un total de cinco mil millones de dólares se invertirán para construir estos nuevos parques eólicos en 2012, y que serán capaces de satisfacer aproximadamente cuatro por ciento de la demanda eléctrica del país.

La construcción de estas instalaciones generará unos 10 mil puestos de trabajo en forma directa e indirecta, y alrededor de 374 puestos de trabajo permanentes se crearán para su operación y mantenimiento

Se quemó la última carta de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Por improcedente, la juez Guillermina Coutiño Mata negó de manera definitiva un amparo a los trabajadores de la compañía, quienes pedían no ser afectados por el decreto presidencial de extinción de la empresa.

“Después de analizar los argumentos propuestos por la parte quejosa se llegó a la conclusión de que no son inconstitucionales, y por ello se negó el amparo”, dice la sentencia.

Aseguró que las declaraciones del Presidente de la República sobre el tema no limitan ni restringen los derechos de los más de 40 mil trabajadores que perdieron su empleo ayer hace dos meses.

“(El decreto) no tiene como finalidad directa e inmediata privarles de su fuente de empleo, sino que se trata de un medio para evitar que siga funcionando una entidad pública que no cumple de manera eficiente con el objetivo de interés público y social para el que fue creada”, aseguró la titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.

Respecto de las secretarías de Gobernación, del Trabajo, Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, la juez argumentó que no se demostró que estas autoridades despidieran a los afectados.

“La propuesta formulada por el secretario de Hacienda, al Presidente de la República, de extinguir Luz y Fuerza… no afectan el interés jurídico de la parte quejosa (los empleados), ya que la emisión del decreto reclamado es un acto propio del Ejecutivo Federal”, aseguró la impartidora de justicia.

Además, recalcó que “los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado, cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas siga subsistiendo, con el propósito de que conserven la fuente de su empleo”.

A principios de noviembre pasado, Coutiño Mata falló en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues otorgó una llamada suspensión provisional, con lo que se validó la relación entre los trabajadores y su sindicato.

Sin embargo, esta semana, la misma juez negó a los trabajadores que no tomaron su liquidación el derecho a la seguridad social