El secretario mexicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira, descartó hoy que se vaya a lograr un acuerdo final en la próxima cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en Cancún a finales de año, pero insistió en la necesidad de cerrar medidas operacionales.
En concreto, apuntó al recorte de emisiones causadas por la deforestación y la movilización de la ayuda a los países en desarrollo a corto plazo.
Elvira, que participó hoy como invitado en Bruselas en un Consejo de Ministros europeos de Medioambiente, también descartó que esa reunión vaya a ser un mero trámite y que no se consigan resultados concretos.
“Por su puesto que no estamos buscando un trámite. México no busca trámites. El presidente (mexicano, Felipe) Calderón ha definido con mucha claridad que es un proceso difícil pero necesario para el mundo”, indicó.
“Tenemos que definir las decisiones operacionales y las metas que queremos lograr en Cancún y, entonces, pensar en las formas legales de las decisiones”, agregó.
Elvira indicó que México tendrá preparados sus objetivos para la cumbre hacia junio o julio, cuando los explicará a todas las partes con vistas a obtener la misma respuesta de la comunidad internacional.
“México desea realizar el trabajo de puente entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, para acercar a los países en desarrollo y países desarrollados, para lograr resultados concretos”, concluyó.
En cuanto al formato legal de esos resultados, señaló: “No lo sabemos, no es el momento de definirlos; los tenemos que integrar de manera importante”.
Asimismo indicó que, antes de llegar a Cancún, su país quiere ver algunas señales claras por parte de los países desarrollados, para”demostrar que se puede combatir el cambio climático con decisiones operacionales.
En cuanto a la naturaleza de la reunión de Cancún, Elvira afirmó que, por el momento, se plantea una cumbre a nivel de ministros de Medioambiente.
“Ésta es la primera fase. No estamos pensando ahora en la presencia de jefes de estado, porque si éstos asisten es porque tendremos la conclusión final” de un acuerdo contra el calentamiento global, apostilló
Unos 30.000 pobladores de la Amazonía ecuatoriana acusan de sus desgracias a Chevron, a la cual reclaman indemnizaciones por 27.000 millones de dólares mediante un juicio ambiental que para la petrolera estadounidense es el mayor intento de “fraude” que debe enfrentar.
El reclamo que tramita la justicia de Ecuador es ocho veces superior a lo que ExxonMobil gastó (3.400 millones de dólares) para descontaminar y compensar a unas 32.000 personas por el derrame de 50.000 toneladas de crudo cuando el buque Exxon Valdez chocó contra un arrecife en Alaska en 1989.
“A mi abuelito le aparecieron granos en la piel y fuertes dolores de estómago”, cuenta a la AFP Lenin Salinas, quien vive en una vetusta casa de madera que está a unos metros del pozo Shushufindi 38 perforado por Texaco (hoy Chevron), que exploró crudo desde la década de 1960 en la selva ecuatoriana.
Manuel, un campesino de 80 años patriarca de los Salinas, y sus descendientes se consideran afectados por las operaciones de Chevron entre 1964 y 1990 a causa de la contaminación que, según los demandantes, derivó en enfermedades como el cáncer que dejaron unos mil muertos.
Según relata, durante años su familia bebió agua de pozo “envenenada” por residuos de petróleo y sustancias tóxicas que fueron depositados sin control en piscinas abiertas junto a la vivienda, lo que incluso “mató” los cultivos.
En abril de 2007, el presidente Rafael Correa expresó que colonos e indígenas heredaron de Texaco una contaminación “30 veces mayor” que la del Exxon Valdes, lo que denunció como un “crimen de lesa humanidad”.
El mandatario socialista, reelegido hasta 2013, señaló que “ha habido exterminio de pueblos enteros por la contaminación” que él ha constatado in situ, y que “existen campesinos cuyas tierras no producen y están enfermos con cáncer”.
“Esas acusaciones (sobre cáncer) son infundadas porque no han presentado evidencias médicas para sustentarlas. Se trata de un fraude”, declaró a la AFP el portavoz de Chevron para América Latina, James Craig, este fin de semana en un recorrido por varios pozos que estuvieron a cargo de la petrolera.
Agregó que “hablan de mil muertos por cáncer y no presentan el nombre de una sola persona que haya muerto por cáncer, ni un informe médico o certificado de defunción”.
“Si hablan de indemnizaciones por muertes, ¿a quiénes se debería indemnizar? Hablan sin sustento”, manifestó Craig, admitiendo empero que aún falta la limpieza de 264 piscinas con desechos petroleros que corresponde al consorcio entre Texaco y el Estado ecuatoriano vigente entre 1972 y 1992.
Pero el portavoz sostiene que esa reparación es responsabilidad de la estatal Petroecuador por su participación en el consorcio y luego de que la empresa estadounidense invirtiera 40 millones de dólares para limpiar otras 162 piscinas y seis áreas de derrames hasta 1998 como era su obligación.
Las piscinas del pozo Shushufindi 38 están siendo rehabilitadas por Petroecuador. “Lo que es crudo ya sacaron”, dice Lenin Salinas, quien desde la parte alta de su vivienda anota que “el cafetal fue desbrozado por la contaminación”.
Según Craig, la querella -que ha sido conocida por seis jueces ecuatorianos y tiene 200.000 fojas- está en la fase final tras ser interpuesta en 2003 y ha sido “politizada” por las autoridades de Ecuador.
Chevron enfrenta la demanda luego de que un tribunal de Nueva York le ordenó en 2001 someterse a la jurisdicción de Ecuador, siendo el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera estadounidense a responder ante la justicia de otro país.
En su contraofensiva, la transnacional planteó un arbitraje internacional para que el Estado ecuatoriano complete la reparación y además reclama 1.600 millones de dólares por desequilibrios comerciales durante sus operaciones en el país, que, asegura, le dejaron utilidades por 497 millones.
El pasado jueves, una corte estadounidense negó un pedido ecuatoriano de suspender dicho arbitraje.
Ecuador es el miembro más pequeño de la OPEP con una producción diaria de 486.000 barriles en 2009.
Una perra ha velado durante más de quince días el cadáver de otro can, que murió atropellado por un vehículo, en la cuneta de una carretera del centro de España, sin separarse de su compañero en todo ese tiempo.
La Asociación ‘El Refugio’ indicó hoy que, tras recibir llamadas de automovilistas que llevaban viendo al animal desde hacía varios días en la carretera que une El Espinar (Segovia) con Ávila, lograron dormirle con dardos disparados con una cerbatana y recogerlo a la espera de que sea adoptado.
El presidente de la organización protectora de animales, Nacho Paunero, relató que Dulcinea, una perra de color blanco y gris, mestiza y de aproximadamente un año de edad, se jugaba la vida entre los camiones y automóviles para proteger a su compañero, que no tuvo tanta suerte y yacía muerto en la cuneta.
Ese es el testimonio que le hicieron llegar varios conductores que, según Paunero, observaban cómo Dulcinea defendía al parecer al otro perro, ya muerto.
Y aunque durante unos instantes se apartara, porque se asustaba de la gente, siempre volvía con él, según los testimonios.
Ante las numerosas llamadas de las personas preocupadas porque Dulcinea también fuese atropellada, acudieron varios voluntarios de ‘El Refugio’ a intentar capturarla con dardos anestésicos lanzados con una cerbatana.
De acuerdo con Paunero, el primer día fue imposible porque la perra esquivó los dos dardos que disparó una de las voluntarias y ya fue imposible acercarse a ella.
Al día siguiente, y con la seguridad de que allí seguiría Dulcinea acompañando al otro perro, los voluntarios acudieron de nuevo, al igual que otras personas que también intentaban capturarla.
Tras subrayar que, durante 2008, han sido atropellados cerca de tres mil perros en las carreteras españolas, Paunero dijo que Dulcinea ha tenido mucha suerte, está en perfecto estado y ahora lo que quieren es encontrarle una familia que la adopte
El 70% de los zoológicos del país opera bajo amplios márgenes de ilegalidad, según resultados de una verificación que llevó a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2009.
Entre las irregularidades detectadas están la posesión de animales de procedencia ilícita; incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad; realización de liberaciones irresponsables de fauna sin prever el impacto ambiental y trato indigno a los animales.
En la revisión a los zoológicos, el personal operativo no acreditó la procedencia legal de la fauna que albergaban, así como de las colecciones de pieles y esqueletos.
Además se detectó ausencia de planes de manejo e informes anuales. Y en algunos, la falta de un sistema de marcaje en los especímenes y la no actualización del inventario de animales. Se detalla que en 33 de los 49 zoológicos verificados existieron circunstancias ilegales, que derivaron en el “aseguramiento precautorio” de 3 mil 107 ejemplares.
La Profepa señaló que los centros evaluados representan 48% de los establecimientos registrados ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En la revisión de documentación interna de los zoológicos se encontraron “indicios de que se hacen liberaciones de ejemplares que los zoológicos ya no puede mantener, sin contar con autorización de la Semarnat. Liberaciones que no garantizan que no haya riesgo hacia la fauna local o nativa de México”.
En el país hay 101 zoológicos con registro ante la autoridad federal. Los centros con mayor número de aseguramientos están en San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima y Yucatán
