Cuatro de los prisioneros más importantes sospechosos de terrorismo fueron trasladados secretamente a la prisión de la base naval de Guantánamo en 2003, años antes de lo que informó el gobierno, y luego fueron enviados a prisiones secretas extranjeras, antes que el Tribunal Supremo les permitiera asesoría legal, pudo saber The Associated Press.

Gracias a esos traslados, Estados Unidos pudo interrogar a los detenidos en “lugares encubiertos” de la CIA durante dos años más sin que hablaran con sus abogados u observadores de derechos humanos, y sin que pudieran apelar ante los tribunales de EU. De haber continuado en Guantánamo tres meses más, habrían disfrutado de estos derechos.

“Era un juego de apariencias para ocultar a los detenidos de los tribunales”, dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Seton Hall Jonathan Hafetz, que representó a varios de los detenidos.

El hecho de que el gobierno los sacara de Guantánamo ilustra el temor que tenía el gobierno del presidente George W. Bush de que la Corte Suprema derogara el secretismo del programa de detenciones. Demuestra, además, la insistencia del gobierno de Bush en que los terroristas quedaran presos fuera del sistema judicial estadounidense.

La llegada y rápida partida de Guantánamo fueron investigadas por la AP mediante los manifiestos de vuelo y entrevistas con funcionarios y ex funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con el programa de detenciones de la CIA. Todas ellas hablaron a condición de guardar el anonimato.

Funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Pentágono y la CIA fueron consultados sobre la transferencia de prisioneros, que era tan secreta que incluso muchas personas allegadas al programa de detención de la CIA no estaban enteradas. El vocero de la CIA George Little dijo que “los llamados lugares negros (de detención) y los métodos para interrogar hábilmente a los prisioneros, usados según las normas del departamento de Justicia, quedaron en el pasado”.

Por lo menos cuatro miembros de Al-Qaeda, algunos de los más importantes capturados hasta ahora por la CIA, están entre los transferidos: Abu Zubaydah, Abd al-Nashiri, Ramzi Binalshibh y Mustafa al-Hawsawi. Binalshibh y Al-Hawsawi colaboraron en la planificación de los ataques del 11 de septiembre. Al-Nashiri tramó el ataque del año 2000 contra el destructor USS Cole. Zubaydah facilitaba los desplazamientos de Al-Qaeda. Los confesos terroristas pasaron meses en el extranjero y soportaron algunas de las técnicas de interrogación más duras en la historia de EU. El vuelo de transferencia de prisioneros visitó cinco prisiones de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania, Marruecos y Guantánamo.

Argentina fue el primer país en América Latina al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, ésto desde la reforma del Código Civil realizada el pasado 31 de julio. A partir de ése momento 72 parejas conformadas por hombres y 31 por mujeres han contraído matrimonio.

Datos del Registro Civil revelan que para septiembre ya están programadas otras 38 bodas tan sólo en Buenos Aires, provincia en la que se han dado más matrimonios homosexuales.

Además, 300 parejas, algunas casadas y otras no, iniciaron gestiones para que los niños que ya crían en forma conjunta, sean biológicos o adoptivos de uno de los dos, queden reconocidos como hijos legítimos de la pareja en el momento de celebrarse el matrimonio.

Mientras que otras 100 parejas pidieron asesoría jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) para iniciar trámites de adopción conjunta ante la Justicia.

Según Pedro Paradiso, responsable de asuntos legales de CHA, se estima que el 20 por ciento de las parejas del mismo sexo está interesado en adoptar, y otro 10 por ciento quiere convertirse en padres o madres mediante técnicas de fertilización asistida.

El promedio de edad de los hombres que se casaron durante el último mes con otros hombres es, al menos en la ciudad de Buenos Aires, de 57 años, así como la mayoría de las parejas masculinas llevaba al menos diez años de convivencia

Los crímenes de proporciones históricas cometidos en la República Democrática del Congo (RDC) requieren la creación de un tribunal penal especial para impedir que continúe la impunidad y el sufrimiento de miles de congoleños, urgió hoy Le Monde.

El periódico francés comentó este viernes en su editorial los “innegables crímenes y masacres” cometidos en ese país africano, tras conocerse el borrador del informe de las Naciones Unidas que refiere un posible genocidio en la RDC entre 1993 y 2003.

Si bien el reporte final den la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) -que será publicado en los próximos días- se centra en una década, la impunidad no ha cesado y los congoleños siguen siendo torturados, afirmó el diario.

“¿Qué se necesita para que esta tragedia movilice a lo que se describe como la ‘comunidad internacional’ -ONU y sus organismos especializados, así como a las grandes potencias que a menudo son los primeros en explotar las riquezas la RDC?”, se preguntó.

Recordó el genocidio contra los tutsis en la vecina Ruanda en 1994 y el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPI-R), con sede en Arusha, Tanzania; las atrocidades en Sierra Leona y su corte especial; así como los casos de la ex Yugoslavia y Camboya.

En ese sentido, subrayó la necesidad de crear un tribunal para la RDC, al asegurar que aunque el TPI-R está lleno de imperfecciones, “es mejor que se haga justicia de alguna manera en Arusha, a que la injusticia se mantenga de forma permanente para las víctimas congoleñas”.

Para Le Monde, la experiencia de los conflictos recientes muestra que no hay retorno a la paz sin un camino de justicia.

“Ya es hora de tomar en cuenta el crimen de proporciones históricas perpetrado en la RDC. El informe de ACNUDH puede ser la base para establecer un tribunal que haga justicia a miles de congoleños”, concluyó

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy su indignación ante la violación de 154 mujeres, perpetrada por milicianos armados al este de la República Democrática del Congo (RDC).

“Dada la gravedad del hecho”, Ban enviará al subsecretario general para el mantenimiento de la paz del organismo, Atul Khare, y pedirá a su representante especial para violencia sexual en conflictos, Margot Wallstrom, para que preparen la respuesta de la ONU al ataque.

El incidente ocurrió a finales de julio pasado, cuando milicianos del grupo armado Mai-Mai y de las Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda atacaron comunidades en Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo.

Los Mai-Mai son milicianos congoleses y las Fuerzas democráticas de liberación de Rwanda son rebeldes hutus relacionados con el genocidio ruandés de 1994.

“Este es otro ejemplo tanto del nivel de la violencia sexual como de la inseguridad que continúan azotando a la República Democrática del Congo”, expresó el titular de la ONU al urgir a las partes en conflicto a unirse al proceso de paz.

Asimismo, pidió al gobierno congolés que investigue el incidente, someta a juicio a los responsables y renueve sus esfuerzos para poner fin a la inseguridad en el este congoleño.

De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, alrededor de ocho mil mujeres fueron violadas durante el año pasado por alguna de las facciones armadas que combaten en la República Democrática del Congo

La secretario de Estado estadounidense, Hillary Clinton, manifestó en una conversación telefónica con el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, la disposición de EE.UU a acoger a disidentes cubanos.

El gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto “dentro de la normativa vigente” a recibir a aquellos disidentes cubanos excarcelados por la mediación de la Iglesia Católica y el gobierno español que manifiesten su deseo voluntario de vivir en dicho país.

Clinton realizó estas declaraciones en el marcó de una conversación en la que felicitó al ejecutivo español por su esfuerzo “en el proceso de acompañamiento del diálogo entre la Iglesia y el gobierno de Cuba” que dio como resultado el compromiso de la excarcelación de 52 disidentes detenidos en la llamada Primavera Negra del 2003.

Por el momento 26 de esos 52 presos ya han sido excarcelados y fueron inicialmente trasladados a España para, una vez allí, decidir su destino.

Uno de esos 26 excarcelados, Arturo Pérez de Alejo, comunicó su deseo de viajar a Estados Unidos y se encuentra a la espera de recibir la autorización definitiva por parte de la embajada de este país, según comunicó él mismo a la agencia Europa Press.

Este podría ser el caso de algunos otros de los que todavía se encuentran en prisión que rechazaron viajar a España y mostraron su deseo de ser trasladados a Estados Unidos o de quedarse en Cuba.

Las primeros disidentes llegaron a España el 13 de julio y se espera que la liberación del resto de los que aún quedan en prisión se produzca en un plazo de cuatro meses.

Junto a los 26 excarcelados viajaron también los miembros de su familia y según fuentes del Ministerio de Exteriores de España a los disidentes se suman un total de 150 personas que ya han sido acogidas en ese país

El juicio al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, en La Haya, ha vuelto a colocar el tema de los llamados “diamantes sangrientos” en el centro de la atención internacional.

¿Qué son los “diamantes sangrientos”?

Los llamados “diamantes de conflicto” o “diamantes sangrientos”, son piedras en bruto que han sido relacionadas con las guerras en Sierra Leona, Angola, Liberia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Los defensores de los derechos humanos alegan que grupos guerrilleros en esos países usan los miles de millones de dólares procedentes de la venta de los diamantes de las minas que controlan para comparar armas y financiar guerras.

¿Quiénes son las víctimas?

Se estima que los diamantes contrabandeados desde zonas en conflicto representan sólo el 5% del total en circulación. Aun así, su impacto en las guerras parece ser considerable. Mark Doyle, analistas señalan que no es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África -Angola, Sierra Leona y R. D. del Congo- hayan tenido lugar en países productores de diamantes. Se estima que por lo menos 800.000 personas murieron durante los 27 años de guerra en Angola, donde los rebeldes controlaban vastas zonas diamantíferas. El conflicto en la R. D. del Congo ha causado la muerte de más de dos millones de personas a raíz de la violencia, el hambre y las enfermedades, según estimaciones de organismos de ayuda.

¿Qué se ha hecho para evitar el comercio de “diamantes de sangre”?

En un intento de frenar uno de los principales “motores” de la guerra en África, en 2003 entró en vigor un acuerdo de certificación conocido como Proceso Kimberley (el nombre de una localidad de explotación de diamantes en Sudáfrica). El plan es producto de años de negociaciones y fue acordado en una conferencia internacional en la ciudad suiza de Interlaken, a la que asistieron cancilleres de más de 30 países.

¿En qué consiste el Proceso Kimberley?

El sistema exige a los países africanos la exportación de diamantes con una certificación de “libres de conflicto”, mientras que los países importadores se comprometen a adquirir en el mercado internacional sólo diamantes certificados. También se contemplan reglas para verificar el origen de diamantes ya cortados, pulidos y en manos de fabricantes de joyas. En el Proceso Kimberly participan 49 miembros que representan a 75 países.

¿Es efectivo el Proceso Kimberley?

Algunas organizaciones humanitarias han criticado al Proceso Kimberley señalando que la certificación de los diamantes no debe ser responsabilidad de los países productores, sino ser verificada por un organismo independiente. Señalan que sin verificación independiente, los certificados mismos serán objeto de un comercio ilegal. Según un informe publicado por Global Witness (organización que llama la atención sobre la relación entre recursos naturales y violaciones de derechos humanos), el comercio de la piedra preciosa sigue financiando conflictos armados, sobre todo en África.

La organización indicó en su investigación (hecha en Estados Unidos) que la mayoría de los lugares que venden diamantes al por menor no pudieron demostrar que tienen controles claros para frenar el comercio de piedras que puedan financiar conflictos armados.

¿Cómo saber si un diamante es “sangriento”?

A pesar de que el Proceso Kimberley no hace certificaciones individuales, en su sitio de internet ha publicado una leyenda llamada “Sistema de Garantías” (que complementa pero es distinta del proceso) que deberían tener todas las facturas de diamantes provenientes de joyeros confiables. La leyenda asegura que el diamante facturado “fue comprado de fuentes legítimas no implicadas en la financiación de conflictos y de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas. El abajo firmante garantiza que estos diamantes están libres de conflicto, basado en el conocimiento personal y/o garantías por escrito presentadas por el proveedor de estos diamantes”. En tanto, Amnistía Internacional y Global Witness publicaron una guía con preguntas para formular a los vendedores, como ¿puedo ver una copia de la política de su compañía sobre los diamantes de zonas en conflicto? o ¿puede mostrarme una garantía escrita de su proveedor de diamantes que demuestre que la pieza no procede de zonas de guerra? Las organizaciones defensoras de los derechos humanos confían en que las preguntas de los consumidores sean un paso más en la lucha contra los “diamantes sangrientos”.

¿Qué tienen que ver Naomi Campbell, Charles Taylor y Nelson Mandela con los “diamantes sangrientos”?

El ex presidente de Liberia, Charles Taylor está siendo juzgado en el Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona, en La Haya, acusado, entre otros cargos, de usar “diamantes de sangre” para financiar a la guerrilla de Sierra Leona durante una guerra civil que le costó la vida a decenas de miles de personas. Taylor ha rechazado 11 cargos en su contra que incluyen responsabilidad en asesinatos, violaciones, terrorismo, mutilaciones y el reclutamiento de niños combatientes. Durante el juicio a Taylor, se pidió el testimonio de la modelo británica Naomi Campbell quien aseguró que le entregaron unas piedras “de aspecto sucio” luego de una cena de beneficencia en 1997, organizada por el Fondo Nelson Mandela para la Infancia, a la cual Taylor también estuvo invitado. Ella aseguró haberlas entregado al ex director del Fondo, Jeremy Ractliffe, como donación para obras de caridad.

Ractliffe explicó que decidió esconder las piedras porque quería proteger la reputación del Fondo y del ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela y evitar que fueran vinculados con los “diamantes sangrientos”. El ex director del Fondo entregó los diamantes a la policía de Sudáfrica y renunció al Consejo Administrativo del Fondo

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