Los megaproyectos en México se llevan a cabo de forma autoritaria

Organizaciones sociales comunidades y movimientos de diversos estados del país denunciaron ante los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas ONU sobre Empresas y Derechos Humanos que existe una permanente violación de sus garantías individuales por las actividades empresariales legales e ilegales casi siempre impulsadas por las instituciones y funcionarios del Estado mexicano

En una reunión privada los representantes y líderes de estas organizaciones detallaron los obstáculos que las comunidades y personas violentadas en sus derechos enfrentan también en los procesos de acceso a la justicia y en la defensa de sus garantías

Ayer en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado este grupo de trabajo de la ONU destacó que durante su visita de 10 días a nuestro país se ha observado una cierta tradición en la cual los proyectos de inversión tienden a ser impuestos de manera algo autoritaria sin una cultura de diálogo y de conciliación

Pavel Sulyandziga presidente de dicho grupo insistió en que la cultura de diálogo social en general no está bien instalada en la práctica cotidiana especialmente en los países en desarrollo

Por su parte Dante Pesce otro de los integrantes advirtió que los temas relacionados con las consultas de los llamados megaproyectos se promueven de manera tardía en México por que se fomentan en la fase de desarrollo del mismo proyecto y no en la etapa de diseño con lo cual ya casi nada se puede perfeccionar o hacer

Incluso dijo se observa otra práctica de ocultar información que llevan a cabo las empresas

Desgraciadamente vemos en el país un alto nivel de desconfianza En estos días recibimos más de 200 testimonios de comunidades indígenas que hablan de desconfianza institucional y nos presentaron 61 casos en los que los que hay problemas por la falta de someter a consulta los proyectos indicó Pesce

La más reciente de estas reuniones se realizó el pasado fin de semana en San Francisco Xochicuatla donde la comunidad indígena otomí se enfrenta desde hace varios años a la empresa Higa consorcio que construye con el apoyo de los gobiernos federal y del estado de México la carretera Toluca Naucalpan sobre territorios bosques y bienes del pueblo originario

En este encuentro 28 organizaciones comunidades y movimientos de los estados de México Guerrero Puebla Tlaxcala y Chiapas entre otros denunciaron que existe una política de criminalización que no sólo se ejecuta desde la esfera del Estado sino también desde particulares vinculados principalmente a los consorcios y grupos empresaria les interesados en el despojo de los territorios bosques y bienes
comunes de los pueblos

Los megaproyectos en México se llevan a cabo de forma autoritaria

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