Reestructura de la policia en Baltimore será costosa

Meses antes de que Freddie Gray falleciese a consecuencia de una fractura de cuello sufrida durante lo que la fiscalía de Baltimore calificó de detención ilegal, la alcaldesa de la ciudad y el comisario de la policía dijeron que el departamento de policia en Baltimore necesitaba reformas y pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos ayuda para revisar el mal comportamiento de los agentes.

Ahora que Gray está enterrado, seis agentes enfrentan cargos por su muerte y las calles de la ciudad han recuperado una precaria calma, los críticos se preguntan si los dirigentes locales son capaces de implementar el cambio que la policia en Baltimore necesita sin la supervisión directa e intensiva asociada a una investigación completa sobre derechos civiles que resultaría en un decreto extrajudicial.

La alcaldesa, la demócrata Stephanie Rawlings-Blake, ya se manifestó en contra de esta posibilidad alegando que privaría a los líderes de Baltimore de su capacidad de decidir en la lucha contra el crimen en una de las ciudades más violentas del país, con más de 200 homicidios al año.

“Nadie quiere que el Departamento de Justicia venga y se haga cargo de nuestra ciudad”, dijo la semana pasada.

Los líderes de la ciudad deberían dar la bienvenida a la supervisión federal, porque se duda que cualquier departamento de policía pueda solucionar este problema desde dentro, dijo Erwin Chemerinsky, decano de la Universidad de California-Escuela de Derecho Irvine.

Los decretos extrajudiciales han sido mayoritariamente efectivos desde que el Congreso respondió a la golpiza a Rodney King en 1994 en Los Ángeles concediendo al Departamento de Justicia poder para denunciar a los departamentos de policía por violaciones de los derechos civiles. Los Ángeles superó el trance y demostró su efectividad, dijo Chemerinsky, que estudió los esfuerzos de reforma allí.

“Creo que en Los Ángeles hay menos probabilidad de un uso excesivo de la fuerza hoy en día, hay una policía menos racista, que antes del decreto extrajudicial”, dijo.

El Departamento de Justicia ha cerrado acuerdos con otros 21 departamentos de policía desde entonces; Seattle y Nueva Orleáns están actualmente sometidos a uno de estos acuerdos mientras que en Cleveland se está negociando.

Funcionarios de Justicia están en conversaciones también con la policía de Ferguson, en el estado de Missouri, donde la muerte del joven negro de 18 años Michael Brown por disparos de un agente blanco inició un debate nacional sobre el uso de la fuerza policial contra negros. La investigación federal sobre derechos civiles en Ferguson encontró patrones de prejuicios raciales y tácticas policiales discriminatorias.

Un decreto extrajudicial es una forma de acuerdo negociado con el Departamento de Justicia que evita una demanda de derechos civiles mientras que los departamentos de policía afectados acceden a implementar una serie de reformas bajo la supervisión de una entidad independiente.

El Departamento de Justicia ya anunció una investigación federal independiente sobre la muerte de Gray. Y una investigación más amplia sobre derechos civiles no comenzaría a menos que las autoridades federales concluyan que la revisión voluntaria actual es insuficiente.

Este tipo de acuerdos crean también nuevos retos. Puede tomar más de una década que los departamentos de policía cumplan sus requerimientos y mientras los gastos aumentan: El reciclaje de agentes, nuevas contrataciones y la modificación de políticas de uso de la fuerza pueden costar decenas de millones de dólares.

“Las ciudades no quieren invertir sus escasos recursos en el costoso proceso de reformar un departamento de policía”, dijo Stephen Rushin, profesor adjunto externo de Derecho en la Universidad de Illinois que trabaja en un libro sobre reformas en la policía. “Habitualmente, consume las inversiones en escuelas, carreteras, parques y otras cosas que la ciudad va a valorar”.

No obstante, la ciudad gasta ya millones de dólares en acuerdos legales con personas que supuestamente sufrieron lesiones o muertes en sus familias a manos de la policía. La alcaldesa y el comisario de policía, Anthony Batts, pidieron la revision del Departamento de Justicia el año pasado luego de que el diario The Baltimore Sun cifrase en 5,7 millones de dólares los pagos efectuados para resolver más de 100 demandas por mala conducta policial desde 2011.

La revision voluntaria debería resultar en recomendaciones y dar a la ciudad acceso a fondos federales para ponerlas en práctica, pero no serán aplicadas por ninguna orden tribunal o monitor independiente.

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