China detuvo a casi mil defensores de los derechos humanos el año pasado

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Las autoridades chinas detuvieron a cerca de 1.000 defensores de los derechos humanos en 2014, denunció este lunes una ONG, que acusó al presidente chino de establecer el “peor registro de violaciones de derechos humanos desde mediados de la década de 1990”.

En su informe anual, el grupo Chinese Human Rights Defenders (CHRD, Defensores de los Derechos Humanos en China) precisó que esta cifra es similar al número de detenidos en total en los dos años anteriores. De antemano sabemos que los defensores de los derechos humanos en China son una especie perseguida de personas, por lo cual las organizaciones no gubernamentales tienen que dar esta información fuera de la propia China.

“Desde la llegada de Xi [Jinping] al poder, las autoridades han lanzado un asalto implacable y despiadado contra las libertades fundamentales para reforzar el dominio absoluto sobre el espacio en rápida disminución de la sociedad civil, con los defensores de los derechos humanos como blanco”, escribió el grupo.

Según CHRD, este número de arrestos es el mayor desde mediados de la década de 1990, tras la masacre de Tiananmén.
En 2014, el grupo registró un total de 995 casos de activistas y defensores de derechos humanos detenidos. Los arrestos en el conjunto de los dos años anteriores ascienden a 1.160.

El informe llega poco después de que cinco defensores de los derechos de las mujeres fueran detenidos en Pekín por organizar protestas contra el acoso sexual durante el Día Internacional de la Mujer. Amnistía Internacional calificó las detenciones de “escalofriantes” y la Unión Europea exigió su liberación.

Más de 200 activistas, abogados y periodistas, entre otros, fueron detenidos en junio con motivo del 25º aniversario de la masacre de Tiananmén y en otoño durante la oleada de protestas prodemocracia en Hong Kong.

Tras asumir la presidencia en 2012, Xi Jinping lanzó una campaña contra críticos al gobierno con cientos de detenidos o encarcelados. Sin embargo, China sostiene que protege los derechos legales de sus ciudadanos, entre ellos, la libertad de reunión, expresión, religión y prensa.

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