El proyecto de ley de medios audiovisuales atenta a la libertad de expresion

Entidades de prensa argentinas e internacionales criticaron duramente el jueves el proyecto de ley de medios audiovisuales de la presidenta Cristina Kirchner y advirtieron que amenaza la libertad de expresión y la seguridad jurídica, en un comunicado.

Paralelamente, este viernes, más de un centenar de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentaron en la redacción del diario Clarín, en la capital argentina.

“Consideramos que los principios constitucionales e internacionales de reconocimiento y garantía a la libertad de expresión, y la prohibición de la censura previa, se ven amenazados a partir de disposiciones que otorgan a los gobernantes amplios criterios de discrecionalidad”, señala el documento.

La enérgica declaración surgió del “Encuentro por la Libertad de Expresión”, realizado el jueves en Buenos Aires con directivos de una docena de entidades, entre ellas la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

“El proyecto de ley representa una clara amenaza a la seguridad jurídica y de las inversiones de los licenciatarios, a partir de su retroactividad y consecuente afectación de derechos adquiridos”, apunta la declaración.

Las entidades empresarias reaccionaron con dureza ante el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que Kirchner envió al Congreso para reemplazar la norma que data de 1980, y que originó un amplio y acalorado debate en la sociedad.

El gobierno argumenta que el objetivo es terminar con los monopolios informativos, pero la oposición cuestiona diversos artículos del proyecto y enmarca la iniciativa en una dura batalla que el matrimonio Kirchner mantiene con el poderoso grupo Clarín.

Las asociaciones estiman que la importancia de la ley “requiere un debate profundo” para “forjar un alto grado de consenso en la sociedad, que garantice su supervivencia”.

El objetivo del oficialismo es sancionar la norma antes del 10 de diciembre próximo, cuando asuma el nuevo congreso surgido del comicio del 28 de junio, en el que el Gobierno perdió su hegemonía en ambas cámaras.

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