TEPJF ratifica multas del IFE al PRD por el 2006

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó hace unos momentos las multas aplicadas por el IFE al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el plantón de Reforma y por haber impedido el funcionamiento del Congreso para la toma de posesión del Presidente de la República el 1 de diciembre del 2006.

En sesión de aproximadamente dos horas, el pleno de magistrados avaló las decisiones adoptadas por el IFE el año pasado, con las que se “individualizaron” y redujeron dichas multas de 20 a 10 millones de pesos por impedir la rendición del último informe de Fox y de 15 a 7.5 por el plantón de Paseo de la Reforma.

Asimismo, quedó firme la sanción por 22 millones de pesos a ese partido, por haber impedido el funcionamiento del Congreso el 1º de diciembre del 2006, durante la toma de posesión del Presidente de la República, Felipe Calderón.

En este último caso, los magistrados electorales advirtieron que se trató de un hecho que revistió una “gravedad mayor” porque se puso en riesgo el funcionamiento normal del gobierno de la república, lo que pudo causar un daño al régimen político democrático.

La presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, suscribió el proyecto y señaló que con esta sanción, el Consejo General del IFE cumplió “a cabalidad”, lo ordenado por el Tribunal de individualizar las sanciones al especificar los agravios por tres conductas distintas a las que se les había aplicado una multa global de 57 millones.

Reiteró que “lo que se está sancionando por el IFE, son los acuerdos del PRD que ordenaron que se afectaran los actos del Legislativo, así como el apoyo de ese partido político a los campamentos instalados en Avenida Reforma. Se están sancionando conductas del partido político”, subrayó.

También se tomó en cuenta el momento, situación jurídica y la situación política en que se desplegó la conducta infractora, así como el ente u órgano de gobierno contra el que se dirigieron los actos sancionados; la regla o principio constitucional transgredido, y el bien jurídico tutelado que se afectó.

También se consideraron para este fallo, dijo, los recursos económicos materiales y humanos utilizados para cometer la falta, la reincidencia, el beneficio que obtuvo con la decisión adoptada, el daño causado al régimen político democrático o sistema jurídico, enfatizó

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