Durango.- José Luis López Ibáñez, presidente de la Comisión de Justicia de la 64 Legislatura, indicó que son al menos 13 cambios los que se deben hacer dentro de la reforma penal, pero queda la duda si se agotarán en la presente semana.
En tanto, Juan Cruz Martínez, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), confió en que se tendrá una intensa actividad pero reconoció que el periodo extraordinario no fue bien planeado, de modo que las comisiones apenas se están reuniendo, cuando eso debió ser un trabajo previo.
Labores. Una comisión especial ha determinado que este año será declarado “de la implementación del nuevo sistema penal”, punto que será tratado en las próximas sesiones extraordinarias.
La Comisión de Justicia tiene en proceso dos iniciativas en análisis que son las concernientes a la Ley de Defensoría Pública y de Justicia Alternativa. “Tengo entendido que la Ley Orgánica de la Procuraduría está lista. También en Comisión de Hacienda no procedieron dos iniciativas que hablaban de reformar las leyes de ingresos del 2008 y ya venció, no tiene caso”, explicó López Ibáñez.
“Aquí sí hay trabajo, si se quiere trabajar. Deberíamos de ampliar los periodos legislativos”, opinó el panista.
“Nosotros quisiéramos que fuera un periodo extraordinario muy productivo, apenas se reunieron las comisiones para dictaminar las iniciativas que se han planteado en materia legal y, bueno, esperamos que puedan ayudar a paliar los problemas de impunidad que se dan”, dijo Cruz Martínez.
Pero admitió que apenas se revisan las iniciativas y faltan los dictámenes de las comisiones. “No fue totalmente planeado porque esto se hizo por la designación de los alcaldes y para no irnos en blanco, pues dijeron que se metieran otras cosas. Pero el objetivo principal del periodo no son las reformas, si no poner a los presidentes municipales. Ése es el fondo”, subrayó el ex legislador petista
Con toque de queda, el alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Servando López Moreno, respondió a la creciente ola de violencia, robos y pandillas en el municipio, y se aplicará a partir de las 12 de la noche. López Moreno informó mediante un comunicado de prensa que dicha medida se tomó después de una reunión con autoridades policiacas, de los tres niveles de gobierno, que buscan evitar la creación de pandillas, pues es en la noche cuando menores de edad circulan por las calles de Miguel Alemán. La medida surgió después del incremento de robos domiciliarios y daños a áreas municipales que son efectuados en su mayoría por menores de edad
La Suprema Corte de Justicia ordenó a un tribunal federal revisar el tema del salario de los consejeros del IFE. La sentencia se dio en junio de 2003, ante dos demandas de amparo promovidas por el entonces consejero Jaime Cárdenas, quien impugnó reducciones a sus percepciones en 2001 y 2002.
Los ministros de la Segunda Sala de la Corte evitaron pronunciarse sobre el fondo del tema, y prefirieron ordenar a un tribunal federal revisar los amparos, luego de que había rechazado hacerlo.
“Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en el presente asunto procede devolver los autos y escrito de expresión de agravios al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que previno en su conocimiento”, se lee en la sentencia elaborada por el ministro Salvador Aguirre.
En los amparos, registrados con los expedientes 681 y 683, ambos con terminación 2003, Cárdenas sostenía que la Constitución garantiza a los consejeros del IFE una remuneración igual a la de los ministros de la Corte, pero señaló que han ganado menos, debido a disposiciones presupuestales que les impiden obtener un salario mayor al del Presidente.
Cuando inició el litigio, en 2001, la Corte informó al Juzgado que tramitó las demandas, que los ministros ganaban 149 mil pesos mensuales siete mil pesos más que los consejeros, además de unos 32 mil pesos extra cada mes por diversas prestaciones.
Cárdenas se basó en la fracción tercera del artículo 41 de la Constitución, que textualmente dice: “La retribución que perciban el consejero presidente y los consejeros electorales será igual a la prevista para los ministros de la Suprema Corte de Justicia”.
El consejero también afirmaba que es inconstitucional disminuir los salarios de los servidores públicos, lo que sucedió en el IFE a raíz de medidas incluidas en el Presupuesto de 2001.
En primera instancia, un juez federal negó los amparos promovidos por Cárdenas, que en su momento fueron criticados por algunos de sus colegas en el IFE
El mandatario estatal, Ismael Hernández Deras, descartó posibles riesgos en los cuatro distritos electorales por cuestiones de inseguridad, sobre todo para que participe la ciudadanía como funcionario de casilla al señalar que será muy importante la trayectoria y el proyecto de los precandidatos o candidatos en el proceso electoral federal del 2009.
El gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras, mencionó que no hay riesgos para que los electores no participen como funcionarios de casilla.
“En el entorno nacional hay circunstancias más graves en otros lados, en Durango depende mucho de la responsabilidad que se tiene y en ese caso de quienes definen a sus abanderados, que en este caso son los institutos políticos los que tendrán que ser muy escrupulosos y cuidar el perfil y la postulación de sus representantes”.
Dijo que otro tema menor es el origen de los recursos para las actividades de sus campañas, por lo que ahí cada partido político tendrá que vigilar que no se filtre un solo peso del crimen organizado para una campaña político-electoral.
Además el jefe del Ejecutivo informó que ya se hizo el planteamiento generalizado de todos los mandatarios al Gobierno Federal para enfrentar la situación que prevalece en el entorno nacional, “estamos en una etapa muy violenta y muy compleja en todo el país, Durango no es la excepción y sin duda la ola violenta arrastra a regiones muy concretas en el estado”.
La capacidad de reacción de los grupos especializados de la lucha contra del crimen organizado se está ampliando para cada estado, por lo que se espera que lleguen más elementos de las fuerzas federales y muchas de las decisiones no son anunciadas o su llegada a la entidad.
“Tenemos que seguir en la lucha y nosotros los hemos planteado, tanto el Gobierno Estatal y como el Municipal, a la Federación que donde digan con base a la estrategia contra el crimen organizado se está dispuesto a coadyuvar”, aseguró.
De nueva cuenta, como lo manifestara la semana anterior, Hernández Deras dijo que nunca se hubiera imaginado los niveles de descomposición y de enfrentamiento entre grupos del crimen organizado y entre éstos y corporaciones policiacas.
Manifestó que esta situación que impera la asume con responsabilidad y serenidad, ya que es el compromiso para con los duranguenses.
Sobre el origen del armamento para atentar en contra de algunas demarcaciones de policía, aseguró que la entrada se da por la frontera con los Estados Unidos, ya que el mayor negocio de armas se concentra en la línea fronteriza con México.
La responsabilidad del país vecino es más grande porque el traslado del armamento que entra es sorprendente y será el Centro de Información para la Seguridad Nacional (Cisen) el que tendrá que dar información, opinó.
El mandatario estatal Ismael Hernández Deras dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) está por formalizar y dar a conocer sobre la instalación de cinco ministerios públicos federales que en este momento se tienen tres: en Durango, Gómez y Santiago Papasquiario, y ya se solicitó el apoyo con infraestructura a las administraciones estatal y municipales.
Esto va a repercutir para que la Procuraduría se dé abasto y atienda mejor su trabajo para la atención de un cáncer muy grave para la sociedad mexicana y para los duranguenses, por lo que la respuesta es que se dotará con computadoras y mobiliario necesario, aseguró
